El director del DAS, Felipe Muñoz, me dirige carta para discrepar de mi afirmación aparecida en este espacio el 11 de mayo, según la cual cerrar esa entidad en este momento sería “ahogar la investigación de crímenes que conducen a la Casa de Nariño”. Estima el funcionario que tal aseveración “dista de la realidad”. Que forma parte de ideas erróneas que el proyecto de crear una nueva agencia civil de inteligencia ha suscitado, como ésta de atribuirle la intención de “tapar” o afectar la investigación de la Fiscalía por las interceptaciones ilegales. Al contrario, dice, “hemos prestado la máxima colaboración a las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido e individualizar las responsabilidades; corresponderá a la justicia fallar en derecho”. Por otra parte, Muñoz propende a la creación de una nueva entidad que, despojada de funciones que no le competen, se concentre en su misión real de inteligencia y contrainteligencia.
Loable propósito el suyo, dice de la buena fe que lo anima e informa la diligencia del alto funcionario en su colaboración con la justicia que adelanta las pesquisas del caso. Pero mi afirmación no dista de la realidad. Es conclusión inevitable de hechos revelados por la propia Fiscalía y que, al lado de la parapolítica y los falsos positivos, configuran el mayor escándalo que haya convulsionado a Colombia en décadas. Porque la cadena de implicados no se contrae a mandos medios o a dos exdirectores del DAS sino que penetra hasta la casa de Gobierno. En el último debate de Caracol con los candidatos presidenciales, Vargas Lleras habló de “una organización criminal orquestada desde la Presidencia”. Rafael Pardo señaló que la conspiración montada contra otro poder público, la Justicia, congregaba al DAS, la UIAF y la Presidencia, en un abuso inaudito de poder. Mockus señaló “una responsabilidad que la sociedad no le ha cobrado al Presidente”.
El último hecho conocido es la declaración de Germán Ospina, exdirector del Goni en la entidad, para indicar que se filtró información contra la Corte para neutralizarla, “por orden de Presidencia”. El fiscal delegado ante la Corte declaró que el alto Gobierno recibía informes contra ella y “los direccionaba”. Según la Fiscalía, el DAS sustrajo expedientes reservados e información personal de los magistrados y grabó ilegalmente sesiones de la Sala Plena con destino al Gobierno. Informó que en 2008 hubo dos reuniones en la Casa de Nariño para discutir estos pormenores con funcionarios de Palacio.
Se sabe de autos que en los últimos años el DAS derivó en policía política y funcionarios suyos resultaron asociados con paramilitares. La entidad destinada a velar por la seguridad del Estado se consagró a espiar y perseguir a quienes en ejercicio de la ley o de las libertades ciudadanas se apartaban de los intereses políticos de un gobernante en particular. El asedio tendido sobre jueces, periodistas y opositores rubricó el renacimiento de la politización de la Inteligencia del Estado, cuyo clímax tuvo lugar en tiempos aciagos de la Violencia.
Si, razón le asiste a Felipe Muñoz: hay que convertir al DAS en una entidad de carácter civil, profesional y apolítico que produzca información y análisis enderezados a garantizar la seguridad del Estado y la democracia. Pero darle ahora “cristiana sepultura”, de sopetón, como lo propone Santos, pondría en riesgo la existencia de expedientes y pruebas que desaparecerían en el remolino de la disolución. Antes ha de aparecer el director de esta orquesta, el que daba las órdenes, el responsable político. Así lo pide el Presidente de la Corte. Y el país, que se ha alzado contra la tropelía. Y quiere elegir a Mockus Presidente, para que ningún Job vuelva jamás a conspirar desde la Casa de Nari contra el poder Judicial.