Pueda ser que le caiga la justicia a Mariano Alvear, dueño del sórdido negocio llamado Universidad San Martín; ya que, para solaz del ministerio de Salud, aquella hizo la vista gorda con Palacino, el escurridizo presidente de la EPS Saludcoop. Pues uno y otro se llenaron los bolsillos con dineros de la educación y la salud, pilares del servicio público sacrificados a la avaricia que navega sobre la más grosera mercantilización de los derechos fundamentales. La Contraloría probó que Saludcoop se apropió billones arrancados a fondos públicos del sistema de salud para invertirlos en negocios privados de sus dueños; pero el sector sigue bajo la enseña del paseo de la muerte. A Alvear se le imputa desviación masiva de matrículas que familias pagan con sacrificio por equipar a sus hijos para una vida mejor. Se espera que la valiente ministra de Educación no se conforme con una intervención de circunstancia en esta universidad y en otras 40 que tiene en la mira, si también sus dueños resultan mercaderes disfrazados de educadores. De 235 universidades privadas, sólo 20 acreditan elevada calidad.
Si diera Parody el paso en firme, eliminaría el síntoma más repelente de una educación superior librada al interés particular. Pero, de no inyectar a la vez nuevos recursos a la universidad pública, crecerá al apartheid educativo: buenas universidades privadas para los menos, y malas –de garaje y públicas desfallecientes– para las mayorías. Es que el modelo va matando por inanición a la universidad pública mientras privilegia a la privada. Con enriquecimiento lícito o ilícito de sus dueños. Acaso sigan reventando entonces purulencias como esta de la San Martín que, en vez de invertir el dinero de sus estudiantes en investigación, en laboratorios, bibliotecas y docentes pagados a derechas, les monta a sus dueños negocio de carnes y restaurantes.
Los Alvear crearon la distribuidora de carne Qualité, que ofrece “alta calidad… resultado de un riguroso proceso que va desde la genética y nutrición de los animales hasta el sacrificio, maduración y comercialización de los distintos cortes de carne”. Y abrieron la cadena de restaurantes Burguer Market. Para la Fiscalía, ellos habrían incurrido en captación ilegal de rentas, desviación de fondos y enriquecimiento ilícito. Además, la San Martín estafa a sus estudiantes con carreras no aprobadas. Paga mal a sus docentes y empleados y les birla las prestaciones sociales, según revelan docenas de demandas laborales en curso. Mas, entre empresas, apartamentos y depósitos en Aruba, la Fiscalía tasa en $100 mil millones el patrimonio de los Alvear.
De las 40 universidades investigadas, al menos 15 recibirían sanción similar a la de San Martín. A la Grancolombia se la investiga por creación de un fondo extra y por financiar en 2009 la campaña presidencial de su rector, José Galat. Silvia Gette, exrectora de la Autónoma del Caribe, habría incurrido en autopréstamos, compra de acciones en clubes sociales y transferencia de un millón de dólares al extranjero. A la manera de la integración vertical de las EPS, subcontratan estas universidades con empresas de los mismos propietarios, así que todo queda en casa.
Difícil alegar autonomía universitaria para justificar el enriquecimiento de sujetos que asumen la educación como un negocio más. Parody apunta a defender la educación como derecho fundamental y servicio público con función social. Enhorabuena. Aunque esta su primera incursión apenas toca la punta del iceberg de un modelo privatizador que acentúa las desigualdades, merece el aplauso de la sociedad. De momento, que den la cara los Gette, Galat, AlibAlvear y las otras 40 universidades que esconden alforjas sospechosas.
