Con sigilo, taimadamente, a espaldas del Congreso y de la Corte Constitucional, ha suscrito el Gobierno un tratado que podría convertir el territorio de Colombia en puntal de dominio estratégico de EE UU sobre el continente. Semana revela documento del Departamento de Estado que considera a la base de Palanquero lugar ideal para realizar operaciones de amplio espectro en una región “crítica”, sobre todo, por albergar “gobiernos anti-Estados Unidos”. Léase Venezuela, aliado de Irán, el archienemigo atómico de EE UU. Uribe le asegura a la potencia del Norte una trastienda desde donde pueda librar su guerra contra Alá, si ella estalla.
En medio siglo de acuerdos militares, es la primera vez que el país se ve obligado a permitir el ingreso de aviones de guerra y el uso sin límites pre-establecidos de instalaciones y de la infraestructura de comunicaciones por tropas extranjeras. A título de lucha antidrogas, política que el propio Presidente Obama se apresta a revisar, el tratado le permite a EE UU introducir aquí “observadores aéreos de terceros países”. No andaban descaminados los presidentes de Suramérica cuando en Bariloche pusieron el dedo sobre esta llaga.
Leonino, el tratado concede todas las prerrogativas a la contraparte y a Colombia le reserva la humillante condición de cooperante. Para uniformados y contratistas, será ese gobierno el que determine sus funciones en suelo colombiano. Vienen, pues, fuerzas armadas de camuflado y de civil. Estos contratistas son miembros de compañías militares privadas que en más de un país operan como ejércitos de mercenarios e incurren a veces en asesinato, en tráfico de drogas y de armas. En 2001, la prensa denunció casos de hombres de la Dyncorp, contratada por el Departamento de Estado para operaciones de fumigación en nuestro país, que resultaron involucrados en tráfico de heroína y comercialización de anfetaminas. Hace dos años el sargento Cohen y el contratista Ruiz violaron a una menor en Tolemaida, y nada les pasó. Todos ellos gozan de libertad y buena salud. A todos los cobija inmunidad diplomática. Y todos, parentela comprendida, podrán ingresar a Colombia sin pasaporte y sin visa.
Amplio y ambiguo es el espectro de servicios que estas compañías militares privadas ofrecen en desarrollo del Plan Colombia: ya asesoran a nuestra fuerza pública, ya le brindan seguridad y entrenamiento, ya desempeñan labores de inteligencia para reunir información de interés público que el Estado renuncia a controlar. Colombia destina jugosas partidas para pagar esos servicios. Así cede el monopolio de la fuerza que las democracias entregan al Estado. Lo privatiza. Lo feria entre particulares que incursionan en actividades de responsabilidad militar, para agrietar la línea de mando entre la fuerza pública colombiana y el personal de esas empresas. Según datos del Departamento de Estado que publica la revista Zero del Externado, la Dyncorp realiza operaciones militares y participa en combate. Brindan apoyo militar la Northtrop Grumman Information Technology Internacional, Olgoonik y Chenega Federal System. De asesoría y entrenamiento militar se encargan Lockheed-Martin, Arinc Inc, Mantech, Tate Incorporated y Caci Inc.
Gracias al nuevo tratado y a los contratistas, veremos amplificarse el espíritu militarista y la intervención de un ejército extranjero en nuestra guerra. Entre tanto, el Presidente Uribe perseverará en reverencias y larguezas apenas comparables a las del mandatario que le regaló a Venezuela el petróleo de Los Monjes. O a las de aquel otro que, por darle gusto al imperio, permitió la secesión de Panamá. Tienen ellos alma de colonizados.
