por Cristina de la Torre | Abr 30, 2024 | Abril 2024, Conflicto armado, Conflicto interno, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, Izquierda, Paramilitarismo, Personajes, Protesta social, Sanción Social, Uribismo, Violencia
Lo dicho. La marcha del 21 de abril, multitudinaria, plural y sin partidos, fue un acontecimiento de inmensa relevancia política en nuestra historia reciente. Le antecedieron la protesta de millones de colombianos contra las Farc en 2008, el paro agrario, las movilizaciones estudiantiles de 2020 y el estallido social de 2019-21 con sus 84 asesinados, simiente del primer Gobierno de izquierda en el país más conservador de la región, único sin alternación izquierda-derecha en el poder. No hubo esta vez muertos ni heridos ni violadas ni desaparecidos ni riadas de muchachos encarcelados, ganado en su corral.
En el variado menú de exigencias descollaron, primero, la oposición a las reformas sociales del Gobierno. Descalificación de iniciativas apenas liberales deformadas por la oposición como embuchado chavista. Mas, a sólo 48 horas, aprobaba el Senado la pensional y conciliaba el Gobierno con las EPS una nueva versión de reforma a la salud. Segundo, en el generalizado “fuera Petro”, el hartazgo con su retórica vacía y la rabia de algunos contra la insurgencia que el “presidente guerrillero” encarnaría ahora. Como si no bastara la sindicación de estos adversarios, ayuda Petro al señalamiento con la incontinencia de su verbo y de sus gestos: pide en sesión pública exhibir la bandera del M-19, en recuerdo de Carlos Pizarro, “guerrero andante conmigo, después paladín de la paz asesinado”. Provocador, equívoco mensaje al servicio de la vanidad.
Pese a su leal adscripción de 40 años a la legalidad democrática, no falta quien quiera adjudicarle al presidente el mote tenebroso de “guerrillero vestido de civil”, con el que una minoría poderosa ha distinguido a los contradictores del establecimiento. Así renueva la derecha su parte en la convergencia de radicalismos con la izquierda: ambos fusionaron en un mismo hombre al izquierdista, el inconforme y el guerrillero, para negarle a la izquierda legal su posibilidad de existir y perseguirla sin contemplaciones.
Raíz primera del ardid, el Frente Nacional. Magnificó éste la amenaza de guerrillas incipientes como instrumento de una conspiración extranjera para justificar la hegemonía excluyente de los partidos liberal y conservador, que floreció en cruzada violenta contra todo lo que oliera a izquierda y contra el movimiento social que quedó así asociado a subversión. Con violencia redoblada respondieron las guerrillas, puesta la mira contra la población: en 1965 se iniciaron en secuestro en las personas de Harold Eder y Oliverio Lara. De la autodefensa saltaron a la violencia revolucionaria.
A confundir izquierdista con guerrillero tributó también la estrategia del PC de combinación de formas de lucha. Cita Jorge Orlando Melo al dirigente de esa organización Alberto Rojas, sobre el origen de la Unión Patriótica: la idea de las Farc era que esta fuera “un instrumento para la realización del plan de guerra insurreccional aprobado en la Séptima Conferencia (…) Es decir que, desde su nacimiento, la UP estaba destinada a la autodestrucción (…) al sacrificio, al matadero”. (Colombia, las Razones de la Guerra, 1921). Asesinado el grueso de su militancia legal por el paramilitarismo, la UP rompió con el PC y con las FARC.
A extremismos de izquierda y de derecha y a la crueldad del conflicto responde esta inclinación a ponerle al adversario el mote de terrorista; juegan allí meras impresiones creadas por la propaganda sobre hechos difusos. Fue ésta una expresión minoritaria de aquel exultante 21 de abril, no por ello menos azarosa, cuando se pidió conjurar la inseguridad y la violencia. Ajuste el presidente su paz total, y reconozcan otros que emplazar a un guerrillero imaginario es luchar contra molinos de viento.
por Cristina de la Torre | Abr 26, 2024 | Abril 2024, Corrupción, Derecho fundamental, EPS, Estado Social, Pensiones, Política de Estado, Protesta social, Reforma a la salud, Reforma Agraria, Reforma pensional, Reforma tributaria, Salud, Seguridad social, Sistema de salud
López Pumarejo, Gaitán, Carlos Lleras, tres momentos del reformismo liberal que la caverna sofocó: al primero le opuso la Violencia, al segundo el magnicidio, al tercero el Pacto de Chicoral para sepultar la reforma agraria. Sueños siempre ahogados de los ignorados que, entre incógnitas, aciertos y asedios atrapa Petro al vuelo para darles el color y la textura de los nuevos tiempos. Sueños de la muchachada que se hizo matar en las calles, de las negritudes que lloraron de júbilo en su primera, única victoria electoral. Petro es momento de inflexión en muchos años, blanco sobre negro su discurso, según discurre de lo intolerable a lo anhelado y aterriza en lo posible: en reformas negociadas en duro muñequeo con mercaderes que arriesgan hasta un nuevo estallido social a su interés particular. A la opulencia de siempre sumaron acaparamiento de riqueza sin medida en estas décadas de economía de mercado, mientras se disparaban el hambre y las desigualdades.
Indigna el panorama. Según el PNA, 30% de los colombianos no alcanza hoy a hacer sus tres comidas. Pese a la amplia carnetización en salud, entre 2005 y 2020, 46.6% de las muertes pudieron evitarse. El año pasado registró Supersalud 1.240.000 reclamos, un tercio de ellos, casos de vida o muerte. El modelo de Salud invita al robo y al desgreño, pues nadie lo controla: billones desaparecen cada año y, sin los $23 billones que las EPS les adeudan, los hospitales desfallecen.
Los Fondos Privados de Pensiones, dice Salomón Kalmanovitz, administran en 2021 $317 billones de los colombianos, y multiplican con ellos su capital: invierten el 60% en empresas colombianas, varias de propiedad de esos Fondos. El GEA, dueño de Protección, invirtió $23 billones en empresas suyas; y el Grupo Aval, dueño de Porvenir, $6 billones en bancos de su propiedad; fuera de alianzas con Odebrecht. Son ahorros de personas que pueden haber cotizado sobre un sueldo de $5.5 millones durante 30 años, y reciben 1.8 millones; aparte, pagan prepagada y 12% a la EPS. ¡Una bribonada!
Todo ello, resultado de convertir los seguros de salud y pensiones en negocio de astutos usurpadores de la riqueza pública, y de hurtarle al Estado sus funciones económica, social, de intervención y control. Que hace agua el modelo lo confirma el propio Fukuyama, gurú de esta involución al capitalismo primitivo que quiso sellar el fin de la historia, a la caída del régimen soviético. Enmienda él la página del modelo que derivó en radical desigualdad, gracias al “atrincheramiento de las derechas que no quieren renunciar a sus privilegios Y Manuel José Cárdenas, analista internacional, fustiga a este capitalismo rentista que no transforma la riqueza en prosperidad general. Para enderezar el rumbo y mantener la democracia -escribe- los Estados deben ofrecer a sus ciudadanos seguridad, oportunidades, trabajo, prosperidad, dignidad, acabar la corrupción y los privilegios de unos pocos.
Principio del Estado social de derecho, que no nació en 1991 sino en 1936 con la Revolución en Marcha de López Pumarejo. Camino hacia el Estado promotor del desarrollo que en nuestros países fue variante del Estado de bienestar, interpeló a las mayorías con reforma agraria, tributaria, laboral, de educación laica, respeto a la propiedad (que conlleva función social) y al libre mercado (con controles).
Gonzalo Sánchez piensa que por vez primera en décadas experimenta el país un cambio real, una ruptura democrática de modelos oxidados. Si en el ámbito del poder la coalición limita al Gobierno, en el de la ideología Petro invita a romper inercias y lanza tareas de sociedad que se materializan en reformas agraria, de salud, tributaria, educativa, pensional. Si lo dejan, se dirá, Petro sería un cuarto momento del reformismo liberal, esta vez con decidida vocación socialdemócrata.
por Cristina de la Torre | Abr 24, 2024 | Abril 2024, Actores del conflicto armado, Impunidad, Iván Duque, Justicia, Policía Nacional, Protesta social, Violencia
Con solo resucitar el propósito originario de la Policía y dignificar el cuerpo de agentes que en su mayoría honran a la institución, despunta el cambio en seguridad que el país anhela. Y el milagro estribaría en liberar a la Policía de funciones militares y políticas impuestas por intereses particulares, que durante 80 años han deformado su razón de ser: la protección de la ciudadanía, hoy sitiada por la inseguridad y el crimen en campos y ciudades. La nueva cúpula de la Policía -en cabeza del general William Salamanca acompañado entre otros por las generalas Sandra Hernández, comandante para la capital y Patricia Lancheros en el Esmad- podrá iniciar el quiebre de una historia desnaturalizada por la intromisión de poderes ajenos a la institución. Una saga nefanda que la dibuja, mínimo, como guardia pretoriana de hacendados de viejo y nuevo cuño: los de fusta-escopeta y los de motosierra.
Instrumento de las dictaduras de Ospina Pérez y Rojas Pinilla, la Policía degeneró entonces en bandas de chulavitas y de pájaros consagradas a desaparecer opositores en las dos olas de la Violencia. Desde los albores del Frente Nacional, ha oficiado como fuerza contrainsurgente donde el espectro del enemigo interno, magnificado en la religión del anticomunismo, abarca lo mismo guerrillas que organizaciones sociales, partidos contestatarios y librepensadores, de recibo en cualquier democracia. En los últimos 40 años, franjas enteras de uniformados devinieron aliadas del narcotráfico y sus ejércitos de paramilitares. Y, en el levantamiento popular de 2021, se convirtió el Esmad en verdugo de su pueblo: a bala recibió la protesta social, mientras el país contemplaba atónito el engendro de un presidente disfrazado de policía en celebración de la matanza.
Al rescate de su misión, la nueva estrategia pone el acento en convivencia ciudadana y articula a sus agentes con la comunidad. Convocará cabildo abierto en los CAI para ventilar problemas públicos y soluciones. En protesta social, antepondrá el diálogo a la represión, desde una estricta formación de los agentes en derechos humanos y respeto por el derecho internacional humanitario. Al crimen organizado le anunció Salamanca guerra sin cuartel. Se fortalecerá la institución toda para atacar el multi crimen que emana del narcotráfico y, de consuno con la Fiscalía, enfrentará también el asesinato de líderes sociales y firmantes de paz.
Lo anunciado promete una transformación capaz de esquivar la manipulación de los partidos en el poder, que comprometió la neutralidad del cuerpo civil destinado a la seguridad de la ciudadanía: este mutó de institución civil a cuerpo militar contra civiles. Si a mediados del siglo pasado se politizó como adminículo de autócratas, hoy vuelve por aquellos fueros. No le sorprende al general Óscar Naranjo, exdirector de la Policía, el delirio golpista del coronel Marulanda. Hoy como ayer, obra la politización de la Fuerza Pública. Esta vez agenciada por líderes que la polarizan y se proponen dividirla entre amigos y enemigos de la paz: entre héroes de la patria y traidores a la patria, según que ataquen o defiendan el Acuerdo con las Farc. Hoy como ayer, agrega Naranjo, cambiaron los criterios de ascenso: no cuentan el profesionalismo y la pulcritud sino la lealtad al Gobierno.
Es hora de devolverle a la Policía su carácter civil; de desprenderla del ministerio de Defensa, concentrarla en lucha contra el crimen y defensa de la ciudadanía y alejarla del conflicto armado, que es fuero del Ejército. Ojalá el replanteamiento marche sobre el entendido de que ella se debe al ciudadano, no a gremios ni a partidos políticos ni a caudillos ni a ejércitos privados. Acaso en esta bocanada de oxígeno se cuele el gusanillo del cambio de blasón: en vez de Dios y Patria, Protección y Servicio.
por Cristina de la Torre | Abr 23, 2024 | Abril 2024, Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Constitución de Colombia, Conversaciones de Paz, Corrupción, Crímen organizado, Cultivos ilícitos, ELN, Farc, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Impunidad, Justicia, La paz, Paz Total, Polarización social, Proceso de paz, Reforma Rural, Sustitución de cultivos, Violencia
Le llegó su hora a la paz: o se malogra en ciclos de violencia sin retorno o triunfa del cerco que amigos y enemigos le han tendido. De las equivocaciones de la Paz Total, por un lado; y por el otro, del cañoneo de todos los armados que convirtieron a Colombia en “una siniestra fábrica de víctimas”, a cuya vera se amasaron sin dolor capitales inmensos. Expresión de Gabriel Cifuentes Ghidini, autor de libro La Paz en su Laberinto, que todos deberíamos leer y apartes del cual me permito glosar aquí. Reflexión de hondo calado sobre el conflicto que arroja nueve millones de víctimas y cientos de miles de colombianos asesinados o desaparecidos.
En éste, su último capítulo, la crisis de orden público y la tímida presencia del Estado en los territorios más flagelados arrojan a la población en brazos de grupos criminales que se expanden en proporción directa al apocamiento de la Fuerza Pública. La paz suscrita en La Habana que el mundo aplaude y este Gobierno debía consolidar, pende de un hilo. Una calamidad. Porque ella no se contrajo a la mecánica de la reincorporación sino que diseñó soluciones a los problemas que dieron lugar al conflicto. El Acuerdo de 2016 es virtual modelo de desarrollo enderezado a vencer la exclusión y las desigualdades, y gravita sobre sobre ejes de participación política, reforma rural y combate a las economías ilegales.
De cuatro factores depende la Paz Total, señala nuestro autor: pleno reconocimiento de los Acuerdos de La Habana y su implementación; elaboración de un marco legal claro y fijación de tiempos para la negociación; fortalecimiento de la presencia militar y social del Estado en los territorios, y avance en una reforma a la justicia capaz de responder a la nueva ola de violencia. No puede el Estado renunciar a su deber de salvaguardar la seguridad y el orden público; ni cese el fuego significa abandonar comunidades a su suerte. Urge un modelo de seguridad preventiva por acción del Estado, complemento de la seguridad reactiva de la Fuerza Pública.
En el diálogo con el ELN no se vislumbra aun una salida a problemas cruciales como cese de hostilidades, desarme y reincorporación: ha dicho él que no entregaría las armas. Mas, “lejos de (sus) pretensiones estrafalarias, será inevitable la entrega de las armas, el compromiso de no seguir delinquiendo, la reparación a las víctimas y el aporte a la verdad”, apunta el autor: son esas las condiciones de la Ley, de la Constitución y del derecho internacional.
A su pretensión de incorporar reformas sociales conforme avanza la negociación, acota Cifuentes que la Constitución y el Acuerdo de 2016 abrazan ya el espectro de cambios deseables. Le resulta inconveniente avanzar en acuerdos parciales sin haber cimentado antes un pacto de base ni depuesto las armas; y, peor aun, que un actor todavía en armas lidere diálogos sociales en paridad de condiciones con el Estado. (Cogobierno armado, aventuramos aquí).
Reprocha Cifuentes a la insurgencia el haber sepultado su ideal político en las economías ilícitas, panacea de todos los armados y políticos que produjeron “una orgía de sangre y fuego”. Si la subversión se transformó en “horda criminal”, la asociación del Estado con el paramilitarismo y horrores como los falsos positivos comprometieron su legitimidad. Pasó el Estado del irrespeto a las reglas de la guerra a la inacción. Unos y otros habrán de rendir cuentas, ya nadie podrá saltarse las pruebas de la verdad y la justicia.
Cuando parece la paz enfrentar un punto de quiebre, responde el comisionado Patiño a nuevas realidades de la guerra y vira hacia la territorialización de negociaciones. En Nariño se conversa ya con quienes sí quieren la paz.
por Cristina de la Torre | Abr 19, 2024 | Abril 2024, Álvaro Uribe Vélez, Corrupción, Derecho fundamental, Industrialización, Ministerio de Salud, Política de Estado, Salud
Aplauso de pie. A casi tres décadas de haberse coronado como potencia regional en producción de vacunas, se alista Colombia para recuperar el sector que recibió de Andrés Pastrana su puntillazo final. La construcción de una planta de biológicos es proyecto tangible de la estrategia de reindustrialización de este Gobierno. Se inscribe en la batería de innovaciones y reformas que batallan por rescatar los sueños de un país hipotecado a la glotonería de elites sin hígados, esta vez en vergonzosa subordinación a las multinacionales farmacéuticas. El Ministerio de Salud y la Alcaldía de Bogotá suscriben acuerdo para construir, con socio privado estratégico, una fábrica de vacunas que reviva la producción nacional de fármacos, dinamice la investigación en biotecnología y asegure la independencia farmacéutica del país. Su meta, garantizar acceso masivo a vacunas, parte del derecho universal a la salud. En dos años largos empezaría BogotáBIO a suplir las necesidades del país.
El estropicio de Pastrana presidente fue desenlace natural del Consenso de Washington que César Gaviria había adoptado, e implicaba ceder el mercado nacional al onerosísimo producto extranjero. El héroe del Caguán cortó la inversión pública en laboratorios y centros de investigación, y puso macizo candado a la planta que en 1998 (su último año de vida) arrojó once millones de vacunas para tétanos, seis millones para tuberculosis, dos y medio para fiebre amarilla y cifras de ese orden para tuberculosis, rabia y cólera. Hacia finales de los 70 se había erradicado en Colombia la viruela. Respondía la fábrica del Estado a la demanda doméstica y exportaba a 20 países.
La Administración Pastrana echó por la borda décadas de desarrollo, señala el profesor Gabriel Cifuentes: en total dependencia tecnológica y farmacéutica, hoy importamos todo en medicamentos. Con las vacunas anti covid pagamos el precio de haber entregado la soberanía del sector, nos inclinamos ante las multinacionales y desechamos fórmulas de acción coordinada con países afines. Al cierre masivo de hospitales públicos por no ser “rentables”, sumó el Gobierno de Álvaro Uribe la circular 004 de 2006 que desregulaba en gran medida el mercado farmacéutico y daba a los medicamentos amplia libertad de precios: éstos se dispararon, como se dispararon en su segundo mandato los recobros al Fosyga. Colombia inmoló su economía y su potencial de innovación en el altar del mercado. En vez de reformular el modelo de industrialización que traía adaptándolo a los tiempos, 1991 ahogó su soberanía productiva y hoy protagoniza bufonadas: la Andi y Fenalco presentan con orgullo entre sus miembros a grandes importadoras.
La estrategia de reindustrialización apunta a articular empresas, políticas públicas en ciencia y tecnología y centros de investigación. A ella contribuirían una iniciativa del Gobierno Duque para revivir la producción de vacunas en Colombia y la disposición de Asinfar a suscribir una política industrial que impulse la producción nacional de fármacos. También la suscribe el exrector Moisés Wasserman, no sin advertir que un proyecto de tal envergadura demandaría grandes capitales público y privado. Propone una estrategia regional que produzca las vacunas en forma complementaria para los países asociados, e implicaría construir un gran potencial de investigación.
Entre franjas del empresariado atrincheradas a menudo en los privilegios del rentismo y la venalidad, brillan las que acogen la estrategia de industrialización en el sector salud. Es que -recuerda Cifuentes- vacunas y medicamentos deberían catalogarse como bienes públicos esenciales, y de allí el imperativo de reactivar el sector farmacéutico como política de Estado. Esta de rescatar la soberanía en producción de vacunas sería una reforma con sabor a revolución.
por Cristina de la Torre | Abr 16, 2024 | Abril 2024, Actores del conflicto armado, Álvaro Uribe Vélez, AUC, Clientelismo, Conflicto armado, Conflicto interno, Derecha, Desplazados, Desplazamientos, Farc, Guerrillas, Impunidad, JEP, Justicia, La paz, Paramilitarismo, Parapolítica, Partidos, Personajes, Uribismo, Violencia
Hay alborozo porque llega al fin la justicia, aunque atenuado el jolgorio por el miedo que se apoderó de esta Colombia sometida a crueldades no vistas en guerras pasadas. Así parece reaccionar el país al llamado a juicio del expresidente Uribe, salvo el círculo cada vez más encogido de sus amigos. El patriota bajado del cielo para redimir a su pueblo mutó a referente de fuerzas siniestras, de mano y corazón de piedra. No dejarán de supurar en la memoria nacional los 6.402 falsos positivos, hazaña que no lograron los dictadores del Cono Sur. Ni el homenaje que el político rindió al convicto general Rito Alejo del Río, después que la Procuraduría avalara petición de condena contra él como autor mediato del asesinato de Mario López a manos de paramilitares que jugaron fútbol con su cabeza. Muestra tenebrosa del recorrido de este hombre, hoy acusado de fraude procesal y soborno a testigos que lo vinculan a la creación de un grupo paramilitar.
Retoma la Fiscalía el expediente pletórico de pruebas de la Corte Suprema. Mas, genio y figura, se declara el procesado perseguido político, víctima de que quieran “abrirle las puertas de la cárcel sin pruebas”. Y, en uso de su proverbial habilidad manipuladora del electorado, agitará esa bandera en campaña para 2026. Pese a que el gran protagonista de la política se ha convertido en sombra del héroe, abatido bajo el fardo de sus excesos, que el país conoce ya y deplora.
Iván Cepeda, víctima en este proceso, se congratula de que nadie esté por encima de la justicia; pero invita a un acuerdo nacional construido sobre la verdad, no sobre el castigo, la venganza o la vendeta judicial. En gesto de grandeza, tiende su mano al acusado para sellar acuerdo de paz y reconciliación. Pero éste declara que no se allanará a trato igual con delincuentes, “como lo hicieron con las Farc, y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido”.
Acomodando los principios a su interés personal en cada circunstancia, nadie diría que hace sólo mes y medio propuso Uribe amnistía para recuperar derechos políticos de condenados. Y su Ley de Justicia y Paz de 2005, más que perseguir la paz, parecía una oferta de perdón, olvido e impunidad a violadores de derechos humanos. El proyecto quiso calificar como delito político la actividad paramilitar. Y la Corte Suprema determinó que sedición sólo hay en fuerzas que se oponen al Estado, no en aquellas que trabajan de consuno con él, como sucede con el paramilitarismo. Las Convivir, verbigracia, fueron organización paramilitar financiada y armada por el Estado. Pero Uribe insistió por años en su tesis: guerrillas y paramilitares podían ser beneficiarios del delito político de sedición. En tal moral acomodaticia, no sorprenden sus escrúpulos de hoy.
Este Gobierno avalaría ahora una ley de perdón judicial como instrumento de reconciliación: el proyecto anula condenas judiciales, archiva investigaciones en marcha, restablece los derechos políticos al afectado, y entrega a la persona del presidente la monárquica prerrogativa de concederlo. Recurso aplicado repetidas veces en nuestra historia, hoy entra en juego, no obstante, el derecho de las víctimas y se excluyen los delitos comunes y de lesa humanidad. En lugar de entregar poderes desbordados al príncipe, debería gestionarse en serio la ley que le falta a la paz para abordar negociación con subversivos y sometimiento con delincuentes comunes.
No se sabe si el expresidente Uribe resultaría absuelto o condenado. En todo caso, repugna crear leyes con nombre propio. Para una justicia restaurativa, ahí está la JEP con su proceso integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
