Control fiscal: la roca de Sísifo

Va aprobando rauda, complacida, la reforma de control fiscal que el contralor Felipe Córdoba propone. A sólo dos debates pendientes, la aplanadora parlamentaria acogerá medidas para prevenir el riesgo de asalto al erario, pero asegurándose de que naufraguen en las contralorías regionales. Conocedoras imbatibles de las artes que conducen al robo de los recursos públicos, estas mayorías de la politiquería se avienen a mecanismos de advertencia anticipada en contratos con el Estado, mas no tocan las cuevas de Alibabá donde éste pierde $55 billones al año y recupera la migaja del 0,4% del saqueo. “El parágrafo [que mantiene las contralorías] fue construido con el Congreso, no por la Contraloría”, le confiesa Córdoba a Yamid Amat, “y yo respeto la autonomía del Congreso”. Extenuante debió de ser el muñequeo con este megapoder de la venalidad, que por enésima vez canta victoria. Para no mencionar el reparto de puestos a los honorables entre los 1670 nuevos cargos que el contralor estima necesarios para tecnificar la entidad y darle la eficacia que le falta.

Podrá el funcionario dotarla de especialistas, podrá vigilar en tiempo real y sumar al control posterior el de advertencia contra el pillaje, pero quedará montado el aparato que sostiene el modelo yo te elijo-tú me vigilas, fuente viva de corrupción. De las 32 contralorías departamentales, sólo dos presentan riesgo moderado de corrupción; la abrumadora mayoría ofrece riesgo alto o muy alto, dice Transparencia. Elocuente el caso del contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, apresado esta semana por encabezar una red de alcaldes y funcionarios que traficaba fallos contra dinero, puestos, contratos y bienes muebles e inmuebles. Su riqueza alcanzó $13.000 millones en un suspiro. Botón de muestra que confirma la regla: el mandatario elegido paga sus votos con puestos y contratos; concejales o diputados nombran a sus respectivos contralores, que reciben canonjías por engavetar hallazgos fiscales en la contratación. Las contralorías son instrumento privilegiado de la repartija entre partidos: es el modelo político.

Si la ley no modula la reforma en ciernes, si no elimina las contralorías regionales, Córdoba verá impotente el efecto contrario al que dice buscar: su reforma agudizará la politización de la entidad y la recuperación de las billonadas perdidas será un sueño. Ojalá el control de advertencia no derive en coadministración, en cuya virtud podrían los funcionarios de la contraloría (y los políticos que los avalan) usar su poder de veto para negociar coimas  con los contratistas del Estado, so pena de paralizar proyectos.

Siempre uñón, impúdico, se apresura el Consejo Gremial a proponer la creación de un consejo asesor público-privado, dizque para acompañar a la Contraloría en estos menesteres. No creo que el contralor general deba tener una junta directiva para ejercer el cargo que la Constitución y la Ley le confían, replicó al punto Felipe Córdoba. Esa no es función de los gremios que, además, “son sujeto de control porque algunos de ellos administran recursos públicos. La Contraloría es un órgano autónomo […] los gremios existen para defender intereses privados; la Contraloría, para velar por el interés público”.

En la trágica disyuntiva de escoger entre dos males (la clase política y el gran empresariado), se inclinó el contralor por la primera. Mas no todo se ha perdido: si no fuera dable suprimir las contralorías regionales, que se escojan los contralores por concurso de méritos, público, monitoreado por académicos de las más altas calificaciones éticas y profesionales. No más empujar la roca cuesta arriba, condenados, como Sísifo, a verla rodar de nuevo para reemprender eternamente la faena.

 

 

Comparte esta información:
Share

Salud: un pasito adelante, un salto atrás

Se desborda Gustavo Morales, portavoz de las EPS, en elogios a la política de salud consignada en el Plan de Desarrollo y el Acuerdo de Punto Final. Signo ominoso de que no será éste el gobierno que ataque las causas de la crisis, llegada a su clímax tras 27 años de larguezas del Estado con los mercaderes de la enfermedad. No tocará el modelo Ley-100, en virtud del cual renuncia el Estado a prestar el servicio público de salud, derecho fundamental que confía a negociantes particulares; a quienes entrega, por contera, los fondos del sector y su manejo, a la mano de Dios, sin vigilancia ni control. Funciones por lo demás impracticables, pues el poder público se despojó de su sistema de información y de las herramientas de regulación necesarias para modular sus deudas, contener el desangre por robo continuado de recursos y desfalcos faraónicos como el de Saludcoop. El ministro de la cartera parece debatirse entre el anhelo de acertar y el deber inescapable de apadrinar un modelo de salud agonizante en la opulencia de las EPS; en la negación del servicio a la ciudadanía, en una retórica de “equidad” que es hoja de parra de medidas enderezadas a remachar el paradigma de la salud como negocio.

Hará bien el Gobierno en pagar sus deudas a las EPS y saldar directamente las de los hospitales. Pero tendrá primero que saber cuánto se debe, a quién y por qué. Y ¿cómo hacerlo si carece de información propia, si en lugar de forzar la intervención de los entes de control se enreda licitando una auditoría independiente? ¿Otra hojita de parra para velar la invitación del Plan a la “autorregulación de los gastos entre agentes de la salud?

Se propone el Gobierno, de otro lado, marcarles techo a los recobros de las EPS. Más allá de la sana intención, el efecto previsible, según Carolina Corcho, Vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, es que éstas reducirán más costos negando servicios y maniatarán a los médicos. Por encima de la Constitución que manda suprimir el sistema Pos-Nopos y cubrir casi todos los servicios con los recursos que el Estado les gira (UPC), porfiarán en lo que saben hacer: Si se mantiene el Nopos, las EPS podrán apropiarse  parte sustancial de la UPC y cobrar –a menudo fraudulentamente— la mayoría de servicios por Nopos. Negocio redondo.

Tres perlas del Plan de Desarrollo dan lustre a este modelo de capitalismo montarás: primero, involuciona a la villanía del exministro Palacios que se aplicó en tiempos de Uribe a cerrar hospitales públicos por no ser “rentables”. Como si no derivaran sus penurias en gran medida de las platas que les adeudan. Como si valiera un higo la rentabilidad social. Segundo, dizque por principio de solidaridad, sacarán del Sisbén a los menos infortunados entre desdichados: 2.500.000 pobres tendrán ahora que cotizar para salud. Tercero, el Plan propone recortar el presupuesto de salud pública: la cuarta parte se convertiría en “subsidios a la oferta” (a las EPS), y los recursos no ejecutados pasarían a la Nación.

Concluye la doctora Corcho que el Acuerdo de Punto Final no corrige las fallas estructurales del sistema, origen de las deudas: “El Gobierno compra tiempo con recursos de los colombianos, aplaza la debacle”, y perpetúa el negocio de la salud. Una vez más, se trueca la misión social de la salud pública por el interés comercial. Con el agravante de que la crisis financiera y misional del sistema podrá ahora postrarlo hasta desaparecerlo. Remedios a la mano: en vez del utópico “sinceramiento” de las cuentas, imponer la intervención de los entes de control. Y allanarse al mandato de la Ley Estatutaria de Salud. Lo demás es dar un salto atrás… o al vacío.

Comparte esta información:
Share

Comisión de la Verdad: contra viento y marea

Contra la JEP activan su batería letal, a la vista de todos; contra su hermana, la Comisión de la Verdad, cierran el cerco solapadamente. Ya por estrategia de largo aliento, ya por tramas de política menuda, ya para asegurar la impunidad de muchos en los círculos del poder, este Gobierno y su partido le han declarado la guerra a la verdad. Les resulta intolerable a fuerzas políticas que cifran su quehacer en la guerra y mandan a mansalva. A contrapelo de la realidad, porfía esta ultraderecha en negar la existencia de un conflicto armado en Colombia. Argumento al canto para obstaculizar el esclarecimiento de sus raíces, de sus impactos en la sociedad, de sus responsables más allá de las Farc.

Es que la Comisión indaga en los intrincados vericuetos del sufrimiento y del miedo, hasta dar con las causas de una guerra que se ensañó en la población inerme. Hasta lograr el reconocimiento de las víctimas; el reconocimiento de sus actos por responsables morales y políticos del dolor causado; el reconocimiento de acciones de resistencia y superación de las comunidades en pleno fragor de la contienda. Hasta proponer caminos de reconciliación que permitan convivir en la diferencia, y cambios capaces de erradicar para siempre el recurso a la violencia en la política y en el conflicto social.

Del esclarecimiento de lo vivido surgirá un relato histórico matizado por la convergencia de perspectivas diversas que rescate el pasado, reinterprete el presente recogiendo la experiencia acumulada, y despeje el horizonte del porvenir. Y no se limitará a compendiar verdades: las verificará y contrastará con fuentes varias para asegurar la consistencia de los hechos y lograr un relato plural. Se trata de alcanzar explicaciones integrales sobre qué pasó, por qué pasó y quiénes fueron los responsables. Gracias a la exploración directa con víctimas y victimarios en todo el país, la Comisión identificará patrones de violencia y contextos explicativos del conflicto. Es decir, las circunstancias sociales, económicas y culturales que lo rodearon. Según los comisionados, estos contextos desbordan la descripción de los hechos y estudian sus porqué y sus paraqué.

Embrollada tarea cuando puede saltar como la liebre una víctima que mutó en victimaria. O pulverizarse los estereotipos: ¿cómo trueca un comandante de brigada su deber de protección al ciudadano en ambición de recompensa por convertirlo en falso positivo? ¿Cómo un Mono Jojoy, dizque vocero del pueblo, tortura y encierra en campos de concentración durante años y años a cientos de secuestrados?

Nada tan amenazante como la verdad para quienes querrán repetir el pacto de silencio que amparó a los promotores de la violencia liberal-conservadora, ahora en cabeza de los instigadores de esta guerra contra el pueblo justificada en la confrontación entre insurgentes y contrainsurgentes. Se entenderá el asedio a la Comisión de la Verdad. La ruidosa ausencia del Presidente en su ceremonia de inauguración. El recorte de 35% a sus fondos. El hostigamiento contra la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el país, por su eficiente apoyo a nuestra justicia transicional, que es ejemplo para el mundo. La decapitación del Centro de Memoria Histórica, fuente excelsa de información sobre la guerra, en trance de deformarse al gusto de la historia oficial que Duque reinaugura.

Perdió la caverna ya su primer round con la firma de la paz. No es seguro que pueda ganar éste contra la verdad, pues la Comisión contribuirá a sanar las heridas de la guerra. Justamente porque entiende que el conflicto no es una fatalidad sino resultado de factores que se pueden cambiar. Y porque arrestos no le faltan para luchar contra viento y marea.

 

Comparte esta información:
Share

Salud: ¿trinca de Gobierno y EPS?

Por lo visto, el acuerdo de punto final entre Gobierno y EPS para sanear las finanzas del sector Salud será la coronación del modelo atrabiliario que socializa pérdidas y privatiza ganancias. Asume aquí el Estado parte sustantiva del pasivo de las EPS y lo convierte en deuda pública que los colombianos tendremos que pagar. Son acreencias que las aseguradoras de salud han contraído con los hospitales, y los asfixian. Una billonada. Como billonada será también el pago que aquellas reciban por procedimientos y medicamentos NoPOS, sobre una facturación a menudo tramposa, exorbitante, apenas depurada de inconsistencias que saltan a la vista. Como la de cobrar dos veces por un mismo servicio o por pacientes ficticios o por prescripciones no probadas, y cuyo “sinceramiento” confía el ministro mayormente a la buena fe de buitres que pasan por palomas.

El recobro de medicamentos NoPOS se duplicó en los últimos cinco años. Ante la explosión de costos con cargo a estos recobros, mina de oro de EPS y farmacéuticas, alarma el diagnóstico del Observatorio de la Federación Médica Colombiana: “avanzamos inexorablemente –dice- hacia el colapso financiero del sistema de salud; actores con poder se apropian los recursos y a pacientes se les niegan los servicios”.

De los $10,1 billones que se les adeuda a los hospitales, sólo la décima parte le corresponde al Gobierno. Por casi todo el resto deben responder las EPS, salvo alguna porción de gastos que el Adres deberá reembolsarles, si se prueba la autenticidad de los cobros. Mas, en lugar de obligar a las EPS a pagarles a clínicas y hospitales, el ministerio se precipita a ofrecer, como graciosa concesión, la redención de una porción enorme de esos pasivos. Se habla de pagos en salmuera de $5,2 billones a las EPS del régimen contributivo y de $1,2 billones al subsidiado. Según la Asociación de Clínicas y Hospitales, los mayores deudores de los hospitales son las EPS del contributivo, señaladamente la Nueva EPS, Coomeva y Medimás. Las EPS públicas les deben $2,9 billones.

Por su parte, la Corte Constitucional se pronuncia contra el crecimiento incontenible de recobros de las EPS por medicamentos en el NoPOS. Carolina Gómez, investigadora de la UN, habla de “recobro imparable, invencible, insostenible”. Pfizer vendió  a $112.167 la droga Xalatán, que valía $14.933. Por sobrefacturación en siete medicamentos, recibió multa de $83 millones; pero había hecho utilidades ilegales de $3.817 millones.

Dice el Gobierno que quiere pagar las deudas en Salud. Pero no propone una metodología sólida para habérselas con el maremágnum de datos, papeles, recibos y facturas, hechizos muchos, deformados otros, verdaderos los menos, un caos que se reproduce como alimañas en la sobra. En la oscuridad que a todos conviene, porque es en la incertidumbre y el misterio donde los mercaderes de la salud cosechan, atesoran y reclaman hasta alcanzar el premio mayor, en ciernes, bajo la figura de punto final. Si enredo hay en las cuentas del régimen contributivo, en las del subsidiado aquellas de seguro ni existen.

Todo indica que el acuerdo de punto final se contraerá a manejar desde el centro el cáncer terminal del NoPOS y a favorecer, por enésima vez, a los dueños de las EPS. Hábiles buhoneros de la salud convertida en mercancía, beneficiarios gratuitos de un Estado que traslada sus deudas a la ciudadanía inerme. Tal como ha querido hacerlo con la deuda que Odebrecht-Sarmiento contrajo con los bancos, en impúdica operación que el Consejo Gremial defiende. Es un modelo: el de trinca del Estado con corruptos de alto vuelo, sea en la Ruta del Sol, sea en la mercantilización de la salud.

 

 

 

Comparte esta información:
Share
Share