por Cristina de la Torre | Sep 19, 2023 | Septiembre 2023, Policía Nacional, Guerrillas, Fascismo, Farc, ELN, Violencia, Conflicto armado, La paz, Justicia, Actores del conflicto armado
En la esperanzadora negociación con el ELN, no todo es certidumbre. ¿Se allanará esa guerrilla a dar por terminado el conflicto y a deponer las armas -meta de todo proceso de paz- como sí lo hicieron las Farc? ¿Se someterá a la justicia transicional, como en vista de la ley se sometió la cúpula de las Farc? ¿Reconocerán sus comandantes responsabilidad en el crimen de secuestro, atrocidad casi exclusiva de las guerrillas en el conflicto, como sí la reconoció el Secretariado de las Farc?
Y no es que la guerrilla de Tirofijo brillara de superioridad moral. Es que en audiencia pública de reconocimiento del delito presidida con rigor por la magistrada de la JEP, Julieta Lemaitre, y desafiados por la indignación de las víctimas, sus jefes debieron redirigir el tránsito de la fantasiosa coartada de héroes del pueblo a la condición de criminales de guerra. De la oda, a la prosa escrita con sangre ajena. Dejaron de llamar “error” de predestinados sublimes de la revolución, al torrente de secuestros que sacrificaron la libertad y, tantas veces, la vida de sus mártires en cautiverio.
Hace dos meses imputó la JEP crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 miembros del Comando Conjunto Central de las Farc: deberán ellos responder por secuestro, asesinato y desaparición forzada. Así como hace un año hizo recaer en la cúpula de ese grupo armado, por responsabilidad de mando, delitos de homicidio, tortura y violencia sexual, conexos al secuestro.
No lejos de tales infamias iría el ELN. Mientras dialoga el Gobierno con este grupo, se dispara el secuestro; en los seis primeros meses del año y para igual período de 2022, pasó de 80 a 173. No en vano hace un mes, cuando se pactó un cese al fuego, declararon sus comandantes que persistirían en el secuestro. La JEP, la Comisión de la Verdad y el Grupo de Análisis de Derechos Humanos certifican 50.770 secuestros perpetrados entre 1990 y 2018; contemplado el subregistro, elevan la cifra a 80.000. Y a las guerrillas, Farc y ELN, se les adjudica el 90.6% de esta práctica nefanda.
En análisis de la citada audiencia, Laly Catalina Peralta, Gonzalo Sánchez e Iván Orozco señalan que el secuestro degradó a la insurgencia hasta despojarla de todo rescoldo de legitimidad. Que deshumanizó lo mismo a sus víctimas que a sus victimarios. Ya se tratara del secuestro extorsivo que el Secretariado había trazado como política para financiar su guerra; ya del plagio de soldados, policías, políticos y funcionarios para canjearlos por sus presos, aquellos permanecieron años apiñados como animales entre corrales de alambre de púas que evocaban campos de concentración nazis en el corazón de la selva. Una tercera modalidad de secuestro definió la JEP: la del perpetrado por control territorial. Este se ensañó en grupos étnicos y campesinos, allí donde las Farc impusieron una dictadura de hierro como gobierno paralelo.
Cargada de símbolos, en catarsis apenas controlada entre comparecientes y víctimas, la escenificación del secuestro en aquella audiencia abundó en descripción de lazos, alambres de púas, cadenas, campos de concentración, marchas de la muerte aún para niños y ancianos; de pagos por el cuerpo del secuestrado asesinado o por el varias veces secuestrado o por el desaparecido en cautiverio. Que fueron, casi siempre, modestos propietarios y campesinos pobres. Y desembocó en el reconocimiento de responsabilidad por la cúpula de las Farc que, en todo caso, reafirmó su vocación revolucionaria: seguiremos luchando por los mismos fines, dijo, pero con otros medios. “Lo revolucionario ahora es la paz”, declaró Londoño; ningún fin, por loable que parezca, justifica medios abominables como el secuestro.
¿Concurrirá el ELN un día a acto semejante de justicia, de reconciliación y de reintegración social y política? Por qué no.
por Cristina de la Torre | Sep 5, 2023 | Septiembre 2023, Campesinado, Crímen organizado, Conversaciones de Paz, Paz Total, Estado Social, ELN, Clan del Golfo, Violencia, Gustavo Petro, Desplazamientos, Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Tierras, Conflicto armado, Narcotráfico, La paz, Política agraria, Justicia, Corrupción, Actores del conflicto armado
Acostumbradas ciertas elites a acapararlo todo, aun allí donde había corrido sangre, se rasgan las vestiduras al primer intento del presidente Petro por reivindicar a los damnificados de la tierra. Que se cocina “expropiación expres” alerta a grandes voces la derecha aunque el Gobierno, que bien pudiera echar mano de las muchas leyes que en Colombia autorizan la expropiación de tierra feraz inexplotada, se la compra en cambio al latifundismo, a precio comercial y con recursos públicos. Es que para responder a la emergencia de millones de campesinos expropiados a bala o por amenaza de muerte, quiere el ministerio agilizar el mecanismo de compra de tierra en procesos de extinción de dominio reglados estrictamente por la norma legal.
Otro mecanismo, consagrado en la Ley de restitución de tierras, afectaría predios arrebatados a sus dueños y adquiridos después por terceros “de buena fe”. El caso de Argos, empresa del mayor conglomerado económico, ha tensionado todas las fibras del gran capital. Pero, tras 22 sentencias judiciales, nunca pudo esta firma demostrar buena fe exenta de culpa al comprar tierras habidas tras masacres y desplazamiento de campesinos en Montes de María. Hoy las “dona”, no a los labriegos, sino a una fundación de su propiedad.
Agudizada al extremo nuestra ya atávica desigualdad en propiedad agraria, no más mencionar el sistema de privilegio enardece a una franja grande del poder de fusta y al de motosierra, coligados en grosero amancebamiento de medio siglo. Si conflicto agrario y conflicto armado se retroalimentan, con Petro corren parejas desiguales: consistente se ve el marco de la reforma rural, y azaroso, el de la paz total. Y los grandes interesados en que nada cambie atizan las dificultades de la paz para ocultar bajo esa alfombra verdades de a puño, brutales en su depurada simplicidad, que el presidente expresó el 30 de agosto.
Desde 1936 se instituyó en Colombia, como en las democracias todas, que la tierra tiene función social y que, en tal virtud, se la puede expropiar si no se explota. Una y otra vez lo refrendó la ley, apunta el primer mandatario. Y, sin embargo, este Gobierno no expropia. Compra. Parafraseando su discurso, dirá que los expropiados aquí fueron los campesinos, a sangre y fuego de hombres armados aliados con funcionarios públicos que seguían órdenes de quienes se quedarían con la tierra. Senadores de la república ordenaron masacres como la de Macayepo: “votaban las leyes por la mañana y por la noche hacían las listas de los que iban a morir”. Argos se quedaría con tierra de desplazados tras la masacre, acaso pensando de buena fe que no se había regado ella con sangre; pero después de 22 fallos judiciales, no devolvía la tierra que había comprado por tres pesos. Por codicia, por egoísmo social.
Sin justicia no habrá paz, abunda el presidente: la justicia y la verdad son la antesala de la paz, así como la injusticia y la desigualdad son la antesala de la violencia. Insiste en la reconciliación, punto final de la guerra y punto inicial de una era de paz. Tenemos que dialogar, dice, pero el diálogo no puede ser sino entre iguales.
Con todo, el acuerdo nacional no podrá ser subsidiario de una “paz total” que de momento revuelve a tirios y troyanos, a grupos armados de carácter político que apuntan a la suplantación del poder (como el ELN) con otros (como el Clan del Golfo, las autodefensas o la Oficina de Envigado) cuyo fin exclusivo es enriquecerse: una cosa es la insurgencia y, otra, el crimen organizado. Pero la fuerza de los hechos compromete en esta guerra no sólo a toda la gama de sus ejecutores armados sino a sus determinadores y a sus beneficiarios directos o indirectos. Y se sabe: sin reforma agraria, seguirá la guerra.
por Cristina de la Torre | Ago 15, 2023 | Agosto 2023, Congreso de la República, Crímen organizado, Farc, Violencia, Gustavo Petro, AUC, Fraude Electoral, Antioquia, Iván Duque, Paramilitarismo, Modelo Político, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, Justicia, Corrupción, Actores del conflicto armado
La frase, de un congresista en prisión, alude a una realidad abrumadora: se ha pasado en Colombia de la cruda incursión del narcotráfico en elecciones a la corrupción política como profesión. Se asimila el reino de la ilegalidad al negocio de la política, mientras hombres de negocios proceden como mafias. Los comicios son cada vez más una feria en mercado libre de inversión y de lucro, de lavado de activos y asalto de piratas que pasan por políticos a los recursos del Estado. Ideas, pocas o ninguna; es el poder por el poder, por el erario. A dentelladas. Lo que alarma ahora es que el fenómeno pueda penetrar en su antípoda moral: en la fuerza contestataria representada por el hombre que encaró la parapolítica, con riesgo de su propia vida, y que hoy encarna los anhelos de cambio.
Artífice de este azar, su propio hijo. Deslumbrado por los fuegos de artificio que rodean el ascenso de sectores que reclaman su parte en el poder -a menudo desde el delito y el crimen- resulta Nicolás Petro sindicado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Revela, además, financiación ilegal en la campaña del presidente. Sin pruebas para querella judicial, el daño es político: estocada directa a la yugular, desestabiliza al Gobierno y compromete su proyecto reformista. El presidente Petro está obligado a pasar de la presunción de inocencia a demostrarla. Tendrá que demostrarla por honor, y apuntando a menguar la marcha de la fronda que menea cada día nuevos pretextos para tumbarlo.
Agranda ella errores del reformador -por serlo- mientras sigue echando tierra a las vergüenzas de sus antecesores. No defenestró a Uribe por encontrarse su bancada incursa en parapolítica (narcotraficantes, políticos y empresarios en llave); ni porque corriera la ruidosa bola del enriquecimiento de sus hijos por favores del poder. Tampoco movió un dedo para emplazar a Duque cuando se sindicó a su campaña de recibir dineros del narcotraficante Ñeñe Hernández; ni cuando, suvenir de despedida, enterró la Fiscalía la investigación.
Mucha agua ha pasado bajo el puente desde el proceso 8.000, afirma Gustavo Duncan; no es el mismo río, pues ha cambiado la relación entre narcotráfico y política. El cartel de Cali aportó directamente a la campaña de Samper. Pero con la desmovilización de las AUC y las Farc, reyes del narcotráfico, los armados se desplazaron hacia la periferia y se fortaleció en su lugar el poder político de un sector económico enriquecido en el negocio: lavadores, contratistas del Estado, contrabandistas, políticos corruptos colonizaron franjas enteras del poder público y minaron la democracia. Conforme perdían poder los armados y las mafias, agencias del Estado y sus recursos se volvieron fuente privilegiada de riqueza. Ahora son empresarios especializados en contratación pública, en lavado de dinero y contrabando quienes financian las campañas, explica Duncan. Mil indicios y sospechas de tratativas con la corrupta Odebrecht salpican a los expresidentes Uribe, Santos y Duque.
Parte de la nueva capa social se integra a las elites desde su ilegalidad de origen, así como el narcotráfico movió su mercancía por la red de vías que los viejos contrabandistas habían trazado desde hace casi un siglo. Aventureros que en Antioquia, verbigracia, alcanzaron prestancia parecida a la de los paladines de la industria. ¿Ninguna distancia crítica? ¿Rige para todos la misma identidad ética edificada en la exaltación del enriquecimiento personal a toda costa?
Si equidad y democracia han de ser parales del acuerdo nacional, tendrán ellos que afirmarse en la profilaxis de la política. Y esta debería empezar por aplicar sanción jurídica o social a los hijos del Ejecutivo que hayan abusado de su condición de privilegio.
por Cristina de la Torre | Ago 8, 2023 | Crímen organizado, ELN, Violencia, Gustavo Petro, Reforma Rural, Derecha, Reforma Agraria, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, La paz, Acuerdos de paz, Régimen político, Proceso de paz, Modelo Económico en Colombia, Actores del conflicto armado
Si declaratoria de cese el fuego por seis meses con aval de la ONU y participación de la sociedad en el proceso con el ELN marchan por un mismo carril, se comprenderá la largueza del Gobierno en propiciar el lanzamiento político de esa guerrilla en la capital. Primer acto público ante 30 organizaciones sociales y miles de televidentes, tras haber transitado del ideal revolucionario a la guerra non sancta. ¿Abusará el ELN de esta prerrogativa política escamoteando en la negociación el fin del conflicto y la dejación de armas? Es que han insistido ellos en que su fin no es el desarme sino eliminar las causas del conflicto. Maximalismo que bloquea la negociación y, además, ante la boca del fusil no hay pueblo que valga. Empero, más allá de la historia, acaso empezara este acto público a materializar el sueño dorado de la paz, hoy encarnado sin atenuantes en el presidente Petro: migrar de las armas a la política y sellar un acuerdo nacional sobre cambios impostergables; el primero, la reforma agraria, que es mandato constitucional del Acuerdo de La Habana.
Pero el recurso a la sociedad actuante en el proceso con el ELN riñe con la determinación del grupo de persistir en la hostilización de las comunidades, conforme se disputa con otros armados el predominio en la economía subterránea. Pese a que la tregua implica respeto al derecho internacional humanitario y, por ende, a la población civil. Cruda paradoja: más de un indígena, negro, campesino, dirigente político, líder social o defensor de derechos entre los convocados al acto de paz de Corferias resentirá como una cachetada la declaración de Aureliano Carbonel, miembro negociador de esa guerrilla, cuando se le reclamó por no declarar también tregua humanitaria. Las actividades ilegales para financiar su lucha no cesarían, respondió; “en este proceso de cese la organización no puede debilitarse estratégicamente (…). Las operaciones financieras siguen”.
Siguen, pues, el secuestro, la extorsión, su alianza en el cartel del robo de crudo a Ecopetrol con encopetados empresarios; los paros armados que aterrorizan a la gente, cercenan sus libertades de opinión, de locomoción, de trabajo y la confinan al hambre entre cuatro paredes mientras la economía de la droga despliega libremente su logística. Lanzado el ELN a la conquista de la esquiva opinión, ¿tendrá futuro su receta de política en armas y hostilidad contra la población? ¿Se allanará a la estrategia de seguridad humana que persigue, ante todo, garantías para que las comunidades puedan vivir sin miedo?
Para transmitir las iniciativas de cambio de la sociedad sobre modelo económico, régimen político y justicia ambiental, creó la mesa un Comité Nacional de Participación, que resultó plural y diverso gracias a la mano niveladora de Lafaurie. Existen además otras fuentes de consulta popular como las asambleas convocadas por el presidente, las consultas populares que nutrieron el Plan Nacional de Desarrollo y los Pdet que trazaron planes de desarrollo allí donde más se sufría por la guerra. Fuentes todas que podrán abrirse como cajas de pandora y subvertir el orden de prioridades dispuesto por el ELN. Qué tal que propongan encarar primero el fin del conflicto o responder a sus víctimas o concentrarse en la reforma agraria que Petro menea como prioridad.
Qué tal si se logra el acuerdo nacional entre gobierno y oposición, sancionado por el Congreso, a partir de una reforma rural que cuenta con $5 billones iniciales para comprar millón y medio de hectáreas entre tierras malogradas en ganadería extensiva, para que viejos y nuevos propietarios vivan mejor explotándolas a derechas.
El presidente invita al ELN a honrar la iniciativa popular y sus prioridades, lo insta a situarse del lado del pueblo, pero sin armas. ¡Déjenlas -les pidió- eso es lo revolucionario!
por Cristina de la Torre | May 15, 2023 | Conversaciones de Paz, Guerrillas, Fuerzas Armadas, ELN, Gustavo Petro, Modelo Político, Modelo Económico, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, Acuerdos de paz, Actores del conflicto armado, Mayo 2023
Ha prevalecido la impresión de que el Gobierno lo concede todo, y el Eln, nada. Más aun, en espacios como este se temió que el nuevo modelo de negociación con esa guerrilla condujera al cogobierno con una fuerza insurreccional en armas, pues tampoco parecía ella dispuesta a deponerlas. Pero ahora, en una de sus más acabadas exposiciones, destapa el presidente Petro el lado oscuro del Eln: ésta no es la insurgencia que apuntaba a la derrota del Estado -declaró ante 85 comandantes de las Fuerzas Armadas-; hoy se contrae a pelearse con otros armados el territorio, en pos de la economía ilícita. Es esta la razón de ser del nuevo Eln, una federación de frentes autónomos que los añosos dirigentes con nostalgia de pasado revolucionario no representarían ya. Divorciado de ideales políticos, el Eln no sería más una fuerza insurreccional sino una organización marcada por la impronta de “la plata”, por la dinámica del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
Severo mensaje envía el Presidente al tercer ciclo de conversaciones en Cuba: a la paz se arribará por una estrategia combinada de acción militar sin contemplaciones contra los circuitos del narcotráfico y políticas de desarrollo en las regiones. Destruir la economía ilícita mediante inteligencia y acción armada en el terreno, y recuperar el territorio con políticas sociales y económicas serán ahora las metas de la seguridad. Una cosa es la insurgencia, apunta Petro; otra, el engendro bifronte de dinero y terror del narcotráfico, que llenó el vacío ideológico resultante de la caída del muro de Berlín.
Señalaba esta columna las desmedidas pretensiones del Eln y la condescendencia del Gobierno en la reinstalada mesa de negociación. Todo bonhomía en los enviados del Presidente, la grosera petulancia de la contraparte humillaba la mano tendida del Gobierno. Mas la imagen que se proyectaba no era gratuita: exigía aquella cambio de modelos económico y político. Y éste operaría por decisiones acumulativas de la mesa, bajo tácita vigilancia (armada) de la guerrilla: cambio que se aprobara en la mesa debía traducirse en su respectiva política de Gobierno. Se cruzarían así líneas rojas del Estado de derecho que, si imperfecto, sólo podía reformarse en reglada lid democrática. Ejecutar medidas antes de un acuerdo final era invertir la secuencia de cualquier negociación de paz. Y era cogobernar.
“El Estado no abdica, se fortalece en beneficio de todos”, declara el manifiesto de 20 intelectuales y exnegociadores de paz, apuntando al buen éxito del proyecto de paz total. Juan Camilo Restrepo, Rafael Pardo, Enrique Santos, Jorge Orlando Melo, el general Fredy Padilla de León y Eduardo Pizarro, entre ellos, señalan que estos procesos son una concesión del Estado a grupos armados fuera de la ley, que debe redoblar medidas para garantizar el orden público. El cese el fuego sólo debe pactarse al final de la negociación, previa concentración de los armados y en zonas delimitadas. Pero es urgente buscar ya un cese de hostilidades contra la población civil. Objetivo primordial de los acuerdos de paz es la desmovilización de los armados, su integración a la democracia y el abandono de las armas. La ley de sometimiento tendrá que servir para combatir empresas criminales de enorme rédito económico, no para patrocinar rotación de elites delincuenciales.
En ruidoso viraje del trato prodigado al Eln hasta ahora, le quita Petro su hoja de parra y le advierte que el hecho de negociar con él no implica abandonar el combate contra su economía ilícita, ni permitir más violencia contra la población civil.
Coda. Colombia espera acción inmediata de la Fiscalía para indagar la desembozada amenaza de golpe de Estado proferida por el coronel (r) John Marulanda, cabeza visible de otros golpistas agazapados en el anonimato.
por Cristina de la Torre | Nov 29, 2022 | Fuerzas Armadas, Justicia restaurativa, Pacto Histórico, ELN, Izquierda, Conflicto interno, La paz, Posconflicto, Impunidad, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Actores del conflicto armado, Noviembre 2022
Sentimientos encontrados se tejen en la reanudación de diálogos con el ELN: esperanza, pues esta vez concurren circunstancias inéditas que prometen allanar el camino de la paz; pero también desconcierto porque sería ésta la primera vez que se negocie un conflicto sin exigir entrega de las armas, es decir, sin garantía de terminarlo. Además, podrían ellas derivar en espada de Damocles para presionar el cumplimiento de cada decisión parcial que la mesa adopte. Así, el ELN actuaría como veedor armado sobre el ejercicio del Gobierno legítimo y aumentaría el poder del fusil para contiendas menos nobles. Como su batalla por rutas del narcotráfico.
Entre las ventajas de este proceso, descuella el que nunca había la insurgencia negociado con un Gobierno de izquierda, abanderado de reformas parecidas a las que el ELN agitó y voz del pueblo que esa guerrilla presume representar. Al punto que ésta bien podría decretar pacto de adhesión al programa que triunfó en las urnas gracias al Acuerdo de La Habana y a la presión de los inconformes en las calles. No lo hará. Sobre todo porque cuidará la prolongación indefinida de la mesa como tribuna de propaganda ante el mundo, recurso archiconocido del ELN.
Tampoco se había integrado en el cuerpo de negociadores oficiales a un José Félix Lafaurie, vocero del partido y de elites agrarias que han fungido como ardorosos enemigos de la paz. Ni había sido tan completa y diversa la representación de la sociedad en el equipo negociador. Un gran motivo de esperanza: que la suerte de la negociación se depositara en la inteligencia, la experiencia y la sindéresis de Otty Patiño, con la Constitución del 91 como barrera infranqueable. Y la decadencia ideológica del ELN, que sustituyó la lucha por el poder del Estado para erigirse en alternativa, por la guerra de varios de sus frentes contra rivales para prevalecer en el narcotráfico. Poder militar y económico que hiere de muerte el carácter político de esa guerrilla.
Mas contra estas auspiciosas circunstancias conspira el objetivo declarado: no buscar que el ELN entregue las armas, sino que no las dispare. Fórmula matizada por el proyecto temporal de desescalar el conflicto mediante una agenda humanitaria para ahorrar sufrimiento a la población, cese el fuego y acuerdo final en la mira. Como acaba de anunciarlo la mesa. Ya se aludía en este espacio a las objeciones de Sergio Jaramillo al modelo de negociación por acuerdos parciales, de concesiones sin contraprestación, porque no garantizan el desarme final, que es la finalidad de todo proceso de paz. Ni asegura la desmovilización de los poderosos mandos medios, ni el desmonte de los negocios ilícitos.
Tampoco habla (¿hablará?) de las víctimas: de los 450.664 muertos habidos en el conflicto sólo entre 1985 y 2018 (la mayoría civiles según la Comisión de la Verdad) 122.000 de los cuales corren por cuenta de las guerrillas; ni de los 9.646 secuestrados por el ELN. ¡9.646! Ni de Machuca, la dantesca conflagración de un río por acción del grupo armado contra el oleoducto, que causó 84 muertos. Ni pide perdón por el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía que cobró hace tres años la vida de 22 muchachos.
Promisorio podrá resultar el diálogo, pero sin reconocer el horror causado, sin allanarse a la justicia y sin deponer las armas, será canto de sirena. De la cabal implementación del Acuerdo de la Habana, de la eficacia en los planes contra la pobreza, de la acción persuasiva de una Fuerza Pública que mantenga en alto la guardia y de la entereza de los negociadores del Gobierno dependerá el buen suceso de esta negociación de paz. Paz sujeta a la desmovilización final del ELN, no convertida en apaciguamiento. Paz en armas es contradicción en los términos.
