por Cristina de la Torre | Abr 23, 2024 | Abril 2024, Crímen organizado, Conversaciones de Paz, Constitución de Colombia, Polarización social, Sustitución de cultivos, Guerrillas, Cultivos ilícitos, Paz Total, Fuerzas Armadas, Farc, ELN, Violencia, Reforma Rural, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Impunidad, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Corrupción, Actores del conflicto armado
Le llegó su hora a la paz: o se malogra en ciclos de violencia sin retorno o triunfa del cerco que amigos y enemigos le han tendido. De las equivocaciones de la Paz Total, por un lado; y por el otro, del cañoneo de todos los armados que convirtieron a Colombia en “una siniestra fábrica de víctimas”, a cuya vera se amasaron sin dolor capitales inmensos. Expresión de Gabriel Cifuentes Ghidini, autor de libro La Paz en su Laberinto, que todos deberíamos leer y apartes del cual me permito glosar aquí. Reflexión de hondo calado sobre el conflicto que arroja nueve millones de víctimas y cientos de miles de colombianos asesinados o desaparecidos.
En éste, su último capítulo, la crisis de orden público y la tímida presencia del Estado en los territorios más flagelados arrojan a la población en brazos de grupos criminales que se expanden en proporción directa al apocamiento de la Fuerza Pública. La paz suscrita en La Habana que el mundo aplaude y este Gobierno debía consolidar, pende de un hilo. Una calamidad. Porque ella no se contrajo a la mecánica de la reincorporación sino que diseñó soluciones a los problemas que dieron lugar al conflicto. El Acuerdo de 2016 es virtual modelo de desarrollo enderezado a vencer la exclusión y las desigualdades, y gravita sobre sobre ejes de participación política, reforma rural y combate a las economías ilegales.
De cuatro factores depende la Paz Total, señala nuestro autor: pleno reconocimiento de los Acuerdos de La Habana y su implementación; elaboración de un marco legal claro y fijación de tiempos para la negociación; fortalecimiento de la presencia militar y social del Estado en los territorios, y avance en una reforma a la justicia capaz de responder a la nueva ola de violencia. No puede el Estado renunciar a su deber de salvaguardar la seguridad y el orden público; ni cese el fuego significa abandonar comunidades a su suerte. Urge un modelo de seguridad preventiva por acción del Estado, complemento de la seguridad reactiva de la Fuerza Pública.
En el diálogo con el ELN no se vislumbra aun una salida a problemas cruciales como cese de hostilidades, desarme y reincorporación: ha dicho él que no entregaría las armas. Mas, “lejos de (sus) pretensiones estrafalarias, será inevitable la entrega de las armas, el compromiso de no seguir delinquiendo, la reparación a las víctimas y el aporte a la verdad”, apunta el autor: son esas las condiciones de la Ley, de la Constitución y del derecho internacional.
A su pretensión de incorporar reformas sociales conforme avanza la negociación, acota Cifuentes que la Constitución y el Acuerdo de 2016 abrazan ya el espectro de cambios deseables. Le resulta inconveniente avanzar en acuerdos parciales sin haber cimentado antes un pacto de base ni depuesto las armas; y, peor aun, que un actor todavía en armas lidere diálogos sociales en paridad de condiciones con el Estado. (Cogobierno armado, aventuramos aquí).
Reprocha Cifuentes a la insurgencia el haber sepultado su ideal político en las economías ilícitas, panacea de todos los armados y políticos que produjeron “una orgía de sangre y fuego”. Si la subversión se transformó en “horda criminal”, la asociación del Estado con el paramilitarismo y horrores como los falsos positivos comprometieron su legitimidad. Pasó el Estado del irrespeto a las reglas de la guerra a la inacción. Unos y otros habrán de rendir cuentas, ya nadie podrá saltarse las pruebas de la verdad y la justicia.
Cuando parece la paz enfrentar un punto de quiebre, responde el comisionado Patiño a nuevas realidades de la guerra y vira hacia la territorialización de negociaciones. En Nariño se conversa ya con quienes sí quieren la paz.
por Cristina de la Torre | Abr 16, 2024 | Álvaro Uribe Vélez, Abril 2024, Parapolítica, Guerrillas, Farc, Violencia, AUC, Desplazamientos, Desplazados, JEP, Derecha, Paramilitarismo, Partidos, Uribismo, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Personajes, Impunidad, Justicia, Clientelismo, Actores del conflicto armado
Hay alborozo porque llega al fin la justicia, aunque atenuado el jolgorio por el miedo que se apoderó de esta Colombia sometida a crueldades no vistas en guerras pasadas. Así parece reaccionar el país al llamado a juicio del expresidente Uribe, salvo el círculo cada vez más encogido de sus amigos. El patriota bajado del cielo para redimir a su pueblo mutó a referente de fuerzas siniestras, de mano y corazón de piedra. No dejarán de supurar en la memoria nacional los 6.402 falsos positivos, hazaña que no lograron los dictadores del Cono Sur. Ni el homenaje que el político rindió al convicto general Rito Alejo del Río, después que la Procuraduría avalara petición de condena contra él como autor mediato del asesinato de Mario López a manos de paramilitares que jugaron fútbol con su cabeza. Muestra tenebrosa del recorrido de este hombre, hoy acusado de fraude procesal y soborno a testigos que lo vinculan a la creación de un grupo paramilitar.
Retoma la Fiscalía el expediente pletórico de pruebas de la Corte Suprema. Mas, genio y figura, se declara el procesado perseguido político, víctima de que quieran “abrirle las puertas de la cárcel sin pruebas”. Y, en uso de su proverbial habilidad manipuladora del electorado, agitará esa bandera en campaña para 2026. Pese a que el gran protagonista de la política se ha convertido en sombra del héroe, abatido bajo el fardo de sus excesos, que el país conoce ya y deplora.
Iván Cepeda, víctima en este proceso, se congratula de que nadie esté por encima de la justicia; pero invita a un acuerdo nacional construido sobre la verdad, no sobre el castigo, la venganza o la vendeta judicial. En gesto de grandeza, tiende su mano al acusado para sellar acuerdo de paz y reconciliación. Pero éste declara que no se allanará a trato igual con delincuentes, “como lo hicieron con las Farc, y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido”.
Acomodando los principios a su interés personal en cada circunstancia, nadie diría que hace sólo mes y medio propuso Uribe amnistía para recuperar derechos políticos de condenados. Y su Ley de Justicia y Paz de 2005, más que perseguir la paz, parecía una oferta de perdón, olvido e impunidad a violadores de derechos humanos. El proyecto quiso calificar como delito político la actividad paramilitar. Y la Corte Suprema determinó que sedición sólo hay en fuerzas que se oponen al Estado, no en aquellas que trabajan de consuno con él, como sucede con el paramilitarismo. Las Convivir, verbigracia, fueron organización paramilitar financiada y armada por el Estado. Pero Uribe insistió por años en su tesis: guerrillas y paramilitares podían ser beneficiarios del delito político de sedición. En tal moral acomodaticia, no sorprenden sus escrúpulos de hoy.
Este Gobierno avalaría ahora una ley de perdón judicial como instrumento de reconciliación: el proyecto anula condenas judiciales, archiva investigaciones en marcha, restablece los derechos políticos al afectado, y entrega a la persona del presidente la monárquica prerrogativa de concederlo. Recurso aplicado repetidas veces en nuestra historia, hoy entra en juego, no obstante, el derecho de las víctimas y se excluyen los delitos comunes y de lesa humanidad. En lugar de entregar poderes desbordados al príncipe, debería gestionarse en serio la ley que le falta a la paz para abordar negociación con subversivos y sometimiento con delincuentes comunes.
No se sabe si el expresidente Uribe resultaría absuelto o condenado. En todo caso, repugna crear leyes con nombre propio. Para una justicia restaurativa, ahí está la JEP con su proceso integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
por Cristina de la Torre | Mar 5, 2024 | Marzo 2024, Crímen organizado, Guerrillas, Paz Total, ELN, Clan del Golfo, Violencia, Gustavo Petro, Capitalismo, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Actores del conflicto armado
Se diría que la vieja guerrilla ha vuelto a la política. Pero no ya inspirada en la toma del Estado capitalista para instaurar el socialismo, sino en la suplantación del poder popular para prevalecer como dictadura armada en los territorios y para mejor usufructuar las economías ilegales. Divisa que desnaturaliza su formal disposición al cambio y a la paz. Está por establecerse en qué medida emulan estos grupos al Clan del Golfo en atentados a líderes sociales, 33% de los cuales son dirigentes de Acción Comunal, la organización de mayor arraigo en las comunidades: así eliminan su poder social y amedrentan a la población.
Pero el asedio de grupos armados al poder popular no sólo cobra líderes en organizaciones de base; los negociadores del ELN en particular proceden a su vez contra los diálogos regionales en ciernes y cuya matriz es, precisamente, la participación de las comunidades, directa y libre de coacción. Apuntarían ellos a destruir la autonomía de las organizaciones sociales para monopolizar la agenda en estos espacios colectivos, pese a la legitimidad de la palabra y del quehacer de los pobladores que ninguna mesa puede alienar. De paso, al descalificar los diálogos regionales, desvela el Comando Central del ELN (Coce) su crisis ideológica, de representación y de autoridad.
Juliette de Rivero, vocera de la ONU, sostiene que la violenta incursión de grupos armados en los territorios compromete la gobernabilidad en 206 municipios, destruye su tejido social y la supervivencia física y cultural de la población. Se hace eco del viraje hacia negociaciones regionales, pide al Gobierno formalizar diálogo directo y permanente con las organizaciones de base, fortalecer la gobernabilidad del Estado y su política de seguridad.
Insistiendo en dialogar por su cuenta y riesgo, el Frente Comunero del ELN aplaude la decisión del Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, de convertir la paz en eje de su gobierno, y pide instalar mesa en ese departamento. Para el mandatario, los diálogos no pueden ser sólo con los armados sino con todos los actores del territorio. En la misma dirección van los gobernadores de Arauca, Meta y Chocó, destinatarios de la regionalización del diálogo que el presidente Petro ofreció en su correría por el Pacífico, y que en Nariño suscitó multitudinaria manifestación de apoyo. El EMC se sumaría al modelo de negociación por bloques.
La idea no podía sino precipitar la crisis en el ELN, pues pone en riesgo el control que el Coce aspira a ejercer sobre los mandos regionales de esa guerrilla, cuando salta a la vista la falta de representatividad de la vieja dirigencia y de sus delegados en la mesa nacional. Carlos Arturo Velandia, antiguo comandante del grupo armado, ha dicho que el 70 por ciento de la organización no está representado en ella.
Otty Patiño, comisionado de paz, señala que no son ya los viejos del ELN quienes dirigen la guerra. Ignoran que la guerrillerada es petrista, que proyecta sus ideales en las propuestas de cambio del presidente y se aviene a trocar las armas por la política. En entrevista concedida a Cambio, afirma Patiño que las comunidades están hartas de la guerra y de los abusos de los armados. Hace votos porque los negociadores de paz sean quienes están librando la guerra. Antonio García ejercería un liderazgo “muy negativo”, basado en la vieja idea de que es el arma lo que le da identidad al revolucionario. Pues no es el arma, responde Patiño, es su disposición a transformar la realidad.
Remata el Comisionado con una advertencia perentoria: el Gobierno no dialogará con grupo armado que amenace o mate a firmantes de paz o a líderes sociales. Será línea roja de la negociación.
Coda. Sentido pésame por la muerte de Roberto Hinestroza Rey.
por Cristina de la Torre | Feb 27, 2024 | Febrero 2024, Campesinado, Guerrillas, Fuerzas Armadas, ELN, Violencia, AUC, Restitución de Tierras, Paramilitarismo, Uribismo, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, Impunidad, Justicia, Actores del conflicto armado
¡Como si nos faltaran mesnadas y grupos armados! Sin medir el riesgo de revivir las Convivir – germen del paramilitarismo al que muchos ganaderos se asociaron de buena gana- José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, invita a integrar Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera para responder a la inseguridad que también a ellos afecta. Se trata de “construir un tejido social que los proteja de los bandidos”, redes de apoyo pacíficas que adviertan a las autoridades sobre riesgo o comisión de delitos contra empresarios de bien.
Discurso idéntico al que justificó la creación de aquellas cooperativas que, con pretexto de legítima defensa, derivaron en la mayor fuerza homicida de una guerra que cobró 9 millones de víctimas. Así justificó su creación Pedro Juan Moreno, a nombre del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe: tenían ellas “el propósito altruista de interrelacionar la población civil con las autoridades legítimamente constituidas y crear entre la ciudadanía de bien una conciencia de colaboración con las instituciones del Estado…” Fedegán las apoyó, el puño en alto, y pidió que hubiera Convivir en todos los municipios y veredas.
Cómo negar que ganaderos fueron víctima de extorsión, abigeato y secuestro por las guerrillas. Que estas asesinaron a José Raimundo Sojo, directivo de Fedegán y, no ha mucho, el ELN secuestró al ganadero Heriberto Urbina. Mas las agresiones derivaron al punto en pretexto contrainsurgente para organizarse en autodefensas. Junto con paramilitares y narcotraficantes, se ensañaron ellas en la población inerme, a bala y motosierra, y operaron una contrarreforma agraria que arrebató 6 millones de hectáreas a pequeños campesinos.
Con razón descalifica el Ministro de Defensa la iniciativa: el Gobierno no patrocina o promueve proyectos que vinculen particulares a organizaciones de reacción contra el delito, declara, porque son formas de autodefensa. La Fuerza pública es la única autorizada para combatir la delincuencia. Una cosa es la colaboración de la ciudadanía con la autoridad y otra, la organización de grupos ciudadanos para enfrentarla. No demoró el ganadero Ofo Morón, coordinador del CD en el Cesar, en acusarlo de “alfil” de la izquierda. Y Joaquín Ovalle lo instó a renunciar: un tipo que ataca a los ciudadanos de bien, espetó, apoya a la delincuencia.
Nada nuevo bajo el sol. Hace casi 90 años, la defensa armada de grandes fundos ahogó en la Violencia la reforma agraria de López Pumarejo. Desde entonces, resurge ésta periódicamente; hasta el año pasado cuando, a la voz de reforma rural, de titulación y restitución de tierras, exhibió una ruidosa senda de camionetas fantasma que transportaban hombres en camuflado y armados. Pese a que el Gobierno les compra ahora tierras a precio de oro, quieren los ganaderos ganar con cara y con sello.
Vienen bien apertrechados de oscuros pergaminos. En cabeza de Convivires fungieron paramilitares. Salvatore Mancuso y dos ganaderos de renombre fundaron la Horizonte. El Espectador revela archivos sobre participación de reconocidos dirigentes ganaderos en la Convivir Papagayo. Declaró Hasbún a la Fiscalía haber fundado un grupo paramilitar en compañía de ganaderos, 91 de los cuales contribuyeron a financiarlo. El investigador Mauricio Romero recuerda (Razón Pública, 16,7,18) que en 2006 admitió la dirigencia de Fedegán que su gremio había financiado a paramilitares en el pasado.
Y por lo alto: Jorge Visbal, expresidente de Fedegán, fue sentenciado a 9 años de prisión por vínculos con paramilitares; el exgobernador de Córdoba y gerente del Fondo Ganadero de ese departamento, Benito Osorio, a 19 años, por la misma razón. ¿Puede Lafaurie ignorar el engendro que incursionó en el gremio? ¿Mide él las previsibles consecuencias de su juego con candela?
por Cristina de la Torre | Feb 19, 2024 | Febrero 2024, Crímen organizado, Conversaciones de Paz, Guerrillas, Fuerzas Armadas, ELN, Clan del Golfo, Violencia, Gustavo Petro, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Corrupción, Actores del conflicto armado
Tras un año largo de altibajos y desatinos de Danilo Rueda, Otty Patiño, el nuevo comisionado, reencuentra por fin el propósito estratégico que da sentido a una negociación de paz: erradicar toda gobernanza de ilegales armados en el territorio y lograr su reincorporación a la vida civil, sin fusiles y ateniéndose a la ley. Se trata de devolverle al Estado el monopolio de la fuerza y de la justicia en todos los rincones del país y volcarlo al cambio social, que es prenda de paz.
Empieza Patiño por encarar a la contraparte que viola, una y otra vez, el cese el fuego. Paro armado del ELN en el Chocó, ataque del EMC a una ruta escolar con saldo de dos muertos y a una patrulla del Ejército en Cauca son actos de deslealtad con los acuerdos pues el cese no es permiso para delinquir, les dice, y advierte que la Fuerza Pública podrá actuar en forma “pronta y eficaz” para prevenir y neutralizar hechos de esa laya. Violaciones que confirman el doble rasero de estos grupos: mientras ensanchan su guerra y sus dominios, hablan de paz en la mesa y pontifican y exigen y se indignan y ultrajan la dignidad del presidente. ¿Cuántos de los 27.000 confinados por el último paro armado del ELN acudirán al llamado? ¿Cuántos entre los dolientes de sus decenas de miles de secuestrados? Pero sueñan los elenos con copar el paisaje entero de la política liderando ellos, emisarios del pueblo, la participación de la sociedad toda en la construcción del país añorado. Y querrán colonizar proyectos de laboriosa factura como los Planes de Desarrollo Territorial (PDET), primeros en resultados de la implementación del Acuerdo de Paz.
El cese el fuego ha traído raudales de oxígeno a los armados que lo suscriben, y poco o ningún alivio a las comunidades en los territorios. Para ellas la cosecha no es siquiera franciscana (como lo aventura mi pasada columna); y para aquellos es ventaja de libre acción, ahora sin acometida de la Fuerza Pública, hasta prevalecer por bala y acorralamiento de la población. Sostiene Maria Victoria Llorente, directora de la FIP, que la reducción de índices de violencia en algunas zonas no responde al cese el fuego sino al asentamiento del grupo armado que venció a sus contendores en disputa por el control de economías ilegales, del territorio y de sus gentes. Pero no cesa allí la crueldad del amo contra los pobladores: éste atempera el espectáculo de sus excesos refinando métodos.
Los PDTE son parte del punto uno del Acuerdo de Paz, que busca cambiar la estructura del campo, asegurar los derechos de la población y revertir la miseria y el conflicto. Los PDTE priorizan las zonas más pobres y martirizadas por la guerra, 170 municipios, para acelerar su desarrollo mediante trabajo de comunidades y autoridades a la par. A octubre de 2023, se habían registrado 33.007 iniciativas en educación, salud, reactivación económica, producción agropecuaria, seguridad alimentaria y construcción de paz; producto de 16 encuentros comunitarios en las 16 subregiones que ejecutan ya sus planes de desarrollo.
Acaso el avance hacia aquellos objetivos en los diálogos derive, por su propia dinámica, en supeditación del cese el fuego a dos ceses previos que las comunidades piden a gritos: cese de hostilidades contra ellas, íntimamente atado al cese multilateral del fuego entre armados. Y extensión de los PDTE a un número creciente de municipios. Garantía de su carácter genuinamente democrático será que el Estado preserve con celo la iniciativa sobre ellos. Con su cambio de foco en la negociación, reaviva Patiño la esperanza de paz. Y el presidente Petro cierra con broche de fierro al notificarle al Clan del Golfo: “si no son capaces de desmantelar sus grupos, serán destruidos por el Estado”.
por Cristina de la Torre | Feb 13, 2024 | Febrero 2024, Policía Nacional, Crímen organizado, Conversaciones de Paz, Coca, Guerrillas, Paz Total, Fuerzas Armadas, Farc, ELN, Clan del Golfo, Gustavo Petro, AUC, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, La paz, Impunidad, Proceso de paz, Actores del conflicto armado
Sí, Colombia es país de paradojas. Único donde porfía el anacronismo de guerrillas “revolucionarias” que desaparecieron por irrelevantes hace décadas en toda la región; pero también florecen aquí procesos de paz como el sellado en 2016 con las Farc, un referente inescapable para experiencias de su orden en el mundo. Por vez primera en 30 años renuncian al secuestro el Eln, el Emc de Mordisco y Nueva Marquetalia, la otra disidencia de las Farc que acaba de abrir conversaciones con el Gobierno. Por vez primera en 40 años de diálogos que naufragan en la testarudez de los elenos, se pacta cese el fuego bilateral de 6 meses adicionales con ellos, para completar un año.
Si con ello cabe soñar que amaine la violencia, más le servirá a esta guerrilla alienarle un enemigo, la Fuerza Pública, cuando enfrenta el garrote de sus rivales -el Clan del Golfo verbigracia- todos a una en guerra por el territorio y por el sojuzgamiento de sus gentes; por el control del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando. Mas la que sufre es la población inerme. Que lo ideal hubiera sido un cese multilateral entre armados o, mínimo, de hostilidades contra las comunidades, no invalida lo logrado a la fecha. Ni lo descalifica la insolencia del Eln cuando de contemplar la finalización del conflicto o el abandono de las armas se trata. Pero salta la pregunta de rigor ante la sistemática violación de su palabra: ¿qué sentido tendrá negociar con el Eln si a cuatro días de acordada la tregua anuncia paro armado en el Chocó?
Cosecha franciscana ésta de cese incierto y veto al secuestro sólo por seis meses, cuando en un suspiro han casi duplicado filas los grupos armados y expandido, a sangre y fuego, sus dominios. Ya lo dijera el mismísimo presidente Petro: las de hoy no son las guerrillas de antaño, ya no aspiran ellas a tomarse el poder para cambiar la sociedad. Diríase que han suplantado su lucha política por la grosera rebatiña de economías ilícitas. Reveló el director de la Dijín que la mitad de las incautaciones de droga en 2023 pertenecían al Eln y a las disidencias de las Farc. En 10.000 millones de dólares estimó su valor. Pero el Gobierno no acompasa su diagnóstico con objetivos definidos en la negociación ni métodos claros para acometerla.
Pivote del proceso con las Farc, Sergio Jaramillo clama por redoblar esfuerzos en su implementación. Dos problemas aquejan este proceso de paz, según él: el retroceso en seguridad y el abandono del punto uno del Acuerdo. Es un círculo vicioso: sin seguridad no prosperan los programas de cambio en las comunidades; sin inversión, empleo y presencia del Estado se deteriora la seguridad. El Acuerdo quería desatar lógicas de integración territorial y de inclusión social, pero quedaron como asignatura pendiente. De otro lado, considera un error dar a las disidencias reconocimiento político, aún cuando incumplen el Acuerdo de Paz y asesinan a excombatientes. Y, mientras avanzan en la consolidación del control territorial, señala, montan la fachada de una negociación espectáculo. Como en el Caguán. Invita a revisar el proceso, ahora o nunca.
Mientras Jaramillo señala la recuperación de la construcción de paz en los territorios como foco del viraje, Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para la región escribe: sin una política de seguridad efectiva y una implementación a fondo del Acuerdo de Paz de 2016, tristemente la paz total en Colombia no será exitosa.
Esta paz no es el jardín de rosas que sus propagandistas muestran. Tampoco solo espinas, como quisieran los enamorados secretos de la guerra que se presentan como simples contradictores del presidente. Pero rectificar no da espera. Demasiadas vidas penden de una negociación de paz como para jugarla al azar.
