Colombia: ¿violencia política sin fin?

“Nosotros hemos sostenido durante años que hubo convivencia del Estado con el paramilitarismo; pero es diferente que lo digan las víctimas a que lo diga el directo y máximo responsable”. Estas palabras de Paola García, cuyos padres fueron asesinados por paramilitares, dan categoría política al reconocimiento de Mancuso —jefe de aquellos victimarios— de los crímenes cometidos. A la confirmación de su alianza con empresarios, hacendados, políticos y militares, que gestó la parapolítica: tuvimos, dijo, alcaldes, gobernadores, congresistas y hasta presidente alcanzamos a ayudar a nombrar. No avanzó nombres ni precisiones. Rodrigo Londoño, comandante de las extintas Farc, reconoció que, pese a sus anhelos de justicia social, los ataques de esa guerrilla a la Fuerza Pública desataron “ríos de sangre” entre civiles. Aunque genérica, más exculpatoria que contrita, la confesión de personeros supremos del horror abre avenidas a la verdad plena del conflicto. Y revela el tejido de justificaciones morales y políticas con el que quisieron legitimar su violencia.

Elocuente ilustración al seguimiento de la ideología que animó a los contendientes, expuesta con maestría a la luz de los acontecimientos  por Jorge Orlando Melo, en su último libro Colombia: las razones de la guerra. Para el autor, la violencia es elemento central de la historia de Colombia. Tres ideas entresacadas de la obra:

En la violencia más reciente, entre 1950 y 2016, la justificación ideológica de la guerrilla se afirmó en la existencia de una sociedad injusta y antidemocrática que era preciso cambiar. El Estado legitimó su violencia argumentando lazos de los alzados con una conspiración internacional. La propaganda de los gobiernos trocó la violencia rural entre colombianos en el producto magnificado de una conspiración foránea. Y el paramilitarismo, firme aliado de terratenientes, ejerció la suya amparado en el derecho de defensa personal; y dio por subversiva  toda movilización social.

La izquierda insurrecta se justificó en el derecho de rebelión contra el tirano y la democracia restringida del Frente Nacional, que asimiló a las dictaduras militares de la región. A la acción armada contra el Estado sumó la guerrilla crímenes horrendos como el secuestro; y el fusilamiento por “traición” de disidentes políticos en sus propias filas. Respondió el establecimiento con un reformismo pobretón pero, sobre todo, con una cruzada anticomunista envolvente (que hoy renace con vigor inusitado). Elemento central de esta violencia fue la alianza contrainsurgente y acaparadora de tierras entre políticos, hacendados, narcotraficantes y uniformados, que ya Mancuso señalara como germen del paramilitarismo.

Sostiene Melo que el choque entre guerrillas y paramilitares —con apoyo del Estado y de amplios sectores sociales— explica la larga duración del conflicto colombiano y las formas de violencia extrema que adoptó. Si bien no se justifica ya un proyecto político paramilitar ni el insurreccional de la guerrilla, 70 años de conflicto armado arrojan un país más inclinado a la derecha, a reformas de epidermis que no toquen la ortodoxia capitalista. Y concluye: quienes propendan al cambio deberán abrevar en el núcleo del individualismo  ilustrado de los derechos del hombre y el ciudadano; en la búsqueda de la sociedad libre, igualitaria y creativa que el propio Marx había retomado de Locke y de Rousseau. Con proyecto de reformas creíble expresado en lenguaje que defina claramente recursos, mecanismos y procesos.

Quedaría demostrado que la violencia sólo conduce a más violencia y al refinamiento de los mecanismos de dominación. Lo que se infiere, entre otras, de la tibia pero inédita contrición de Mancuso y Londoño. Tras la paz con las Farc, la verdad trae nueva esperanza del fin de la violencia.

 

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¿Quién le teme a la JEP?

Mientras el presidente vuelve hilachas la paz y se ríe de la democracia, la JEP dignifica la justicia. El primero marca en su hilarante discurso del 20 de julio otro hito en el rosario de asonadas que ha tendido Uribe contra la verdad judicial y la verdad histórica. La segunda emplaza a todos los grandes responsables del holocausto que cobró la vida de 280.000 inocentes, desapareció a 180.000 y arrojó ocho millones de víctimas. Ante ella comparecen lo mismo guerrilleros que paramilitares, empresarios, políticos y militares. En macrocasos de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por sistema, en masa, como política de organización, busca la JEP a los responsables máximos por cadena de mando. Así en el caso de secuestro contra la cúpula de las Farc, de falsos positivos contra comandantes de brigadas militares y ahora imputará a exgobernadores de Sucre asociados con el paramilitarismo que habría signado el ejercicio todo de la administración pública en Sincelejo y en ese departamento. Pero Duque sólo contempla a la JEP para intentar destruirla, o cuando ésta sindica a las Farc; ignora pudibundo los autos que tocan sus afectos.

En bufonada digna de otros frenéticos al mando en la historia de América Latina, corona Duque de laureles a los jefes del Ejército y la Policía, que no responden todavía por los 80 asesinados en las calles durante el paro. Denuesta en su discurso la mentira pero miente sin dolor: dizque “nuestra Fuerza Pública está sujeta a los más altos estándares” de Derechos Humanos. Ovación de una mayoría parlamentaria en cuya imagen se deleitan las cámaras del régimen, que se cuida de blanquear a la oposición en el recinto y su imprecación de “¡asesinos!”. Es primera vez en la historia de Colombia que se niega el ingreso de la prensa al Capitolio. Como si con ello se pudieran ocultar la charada y la equívoca elección de dignatarios rodeados de circunstancias non sanctas.

Para escándalo del mundo, en el primero de seis procesos por falsos positivos documentó la JEP 6.402 casos en el Gobierno de Uribe. El 3 de julio imputó a militares de brigada del Catatumbo por 120 casos, en virtud de una política institucional de conteo de cuerpos e incentivos que implicaba a todos los niveles del mando: en la Brigada Móvil 15 se montó una organización criminal entre miembros del Estado Mayor, de Inteligencia, de Batallones y Compañías.

Una segunda imputación recae sobre el comandante del Batallón La Popa de Valledupar, coronel Mejía, quien implantó allí “una organización criminal jerarquizada” para asesinar a 75 personas. También se le imputan decenas de desapariciones forzadas y asociación con el paramilitarismo, valiéndose de “de sus posiciones de mando [y de] las facultades legales [del Ejército] para idear, planear, organizar, ejecutar y encubrir los crímenes”.

Salvador Arana, exgobernador de Sucre condenado por el asesinato del alcalde de El Roble, ha empezado a involucrar al notablato político y empresarial en pleno de su departamento; y se confiesa cofundador del bloque de las Autodefensas de Montes de María, al lado del “gordo” García, gobernador también que fuera de Sucre y condenado a 40 años por la masacre de Macayepo.

El tribunal imputó a las Farc por secuestro masivo, toma de rehenes, homicidio, tortura, desaparición y violencia sexual, en acatamiento de “una política trazada por el alto mando de la organización guerrillera”.

Si la JEP mide a todos con la misma vara, ¿quién le teme? ¿El que aspira a salvar su pellejo, militar o expresidente? Duque cubre de gloria al mando militar: acaso responde a la tesis del columnista Santiago Villa, para quien “cada transgresión por parte de militares y policías que el uribismo protege es un eslabón más hacia la politización de las Fuerzas Armadas a favor del proyecto de la ultraderecha colombiana”.

 

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Ingrid: “La guerra fracasó”

Violento el contraste. Literalmente. Mientras el Gobierno Duque innova en horrores contra la protesta ciudadana, pisotea el Acuerdo de Paz y reanima el conflicto, Ingrid Betancur y Rodrigo Londoño protagonizan perturbador encuentro entre víctimas de secuestro y sus victimarios, pero ambos abrazan el principio de la reconciliación: su repudio a la guerra. Aunque con reservas sobre el tono “acartonado” de sus adversarios y abundando en reclamos, dijo ella que “quienes actuaron como señores de la guerra y quienes los padecieron nos levantamos al unísono para decirle al país que la guerra es un fracaso, que sólo ha servido para que nada cambie y para seguir postergando el futuro de nuestra juventud […]. Esta es nuestra verdad colectiva y [sobre ella] debemos construir una Colombia sin guerra”. Pidió perdón Timochenko “con la frente inclinada y el corazón en la mano”; y reafirmó que no debe responderse a la violencia con más violencia. Largo y tortuoso recorrido debieron transitar las Farc desde la exculpatoria calificación de “error” a sus 21.000 secuestros, hasta reconocerlos como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Mientras la reconciliación da un paso de gigante esta semana, echa al vuelo su imaginación el fundamentalismo armado para diversificar modos de guerra sucia, ahora urbana. Modos que acusan, cómo no, la marca siniestra del paramilitarismo. En el río Cauca y en Tuluá aparecen los cuerpos de Brahian Rojas y Hernán Díaz, desaparecidos antes. En bolsas de plástico se encuentran, desperdigados, cabeza y miembros del joven Santiago Ochoa, entre otros. Comenta el Canal 2 de Cali que hay en la ciudad cacería de marchantes; les caen a sus casas y los desaparecen. Por un alud de amenazas de muerte tuvo que salir del país un dirigente de Fecode, estigmatizado en público por el mismísimo presidente de la república.

A poco, acusó al paro de haber producido 10.000 contagiados de Covid. Aseveración infundada, según científicos, pues en el pico pesan más la reapertura de la economía, la lentitud en el suministro de vacunas y el casi nulo cerco epidemiológico que desplegó el Gobierno. Y Francisco Santos  afirma que “el pico de la pandemia tiene nombre propio: CUT, Fecode, CGT, CTC, Petro y Bolívar”. Juguetón, pone lápidas donde conviene. El hecho es que el contagio creció 15,8% en abril (sin paro), y 8% en mayo, en la plenitud del estallido social. Para rematar, la Fiscalía señala con nombre propio y sin pruebas a 11 líderes sociales de Arauca de pertenecer a disidencias de las Farc. Y la Procuraduría abre, porque sí, indagación contra cinco congresistas de oposición mientras se adjudica funciones de policía política.

Sintomatología de amplio espectro que revela dimensiones inesperadas en la guerra que la derecha ultramontana quiere revivir, a pesar de Ingrid, a pesar de que Farc no hay ya. Otros enemigos se inventa: líderes sociales (van 80 asesinados sólo este año), y muchachos masacrados en las calles: 70 a 4 de junio reportó Indepaz-Temblores con nombres propios a la CIDH, con autoría directa o indirecta de la Policía; más dos uniformados y un agente del CTI. Aquí es más peligroso ser líder social que delincuente, se quejó Leyner Palacios, miembro de la Comisión de la Verdad.

La potencia de la sociedad que protestó en las calles alienta la esperanza. Y el Pacto de Paz, dirá Ingrid, aunque imperfecto e incompleto, nos entregó el único instrumento que tenemos hoy para salir de la barbarie. Barbarie de criminales, se diría, que, volviendo papilla la esquiva democracia, disparan contra el líder popular, contra el campesino, contra el joven-no-futuro, contra el empresario, contra el opositor, contra la mujer de doble jornada sin remuneración. Barbarie incalificable, atentar contra la vida del presidente de la república. Sí, la guerra es un fracaso.

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6.402 atrocidades de la seguridad democrática

Ya no cabe duda. El encarnizamiento de Álvaro Uribe contra la JEP denuncia pánico en el expresidente. Terror de ver imputado su Gobierno por la comisión del 78% de falsos positivos, una atrocidad sin paralelo en el Continente. Juego de niños parecerán los crímenes de las dictaduras latinoamericanas frente a estos 6.402 asesinatos certificados de civiles inocentes por soldados que ejecutaron una política de exterminio torpemente aupada desde la cima del poder entre 2002 y 2008. Que a ello condujo la Directiva No. 25 del entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, sobre pago de recompensas por captura o muerte de insurgentes. Ponerle precio a la muerte fue prefabricar éxitos militares con falsas bajas guerrilleras y hacer la vista gorda ante comandantes que exigían a la soldadesca “ríos de sangre”. Antioquia concentró la cuarta parte de los falsos positivos, y su Cuarta Brigada, el 73% de las víctimas habidas en el departamento.

A 10.000 podrían llegar estas ejecuciones extrajudiciales, como lo indican el creciente acopio de denuncias documentadas y testimonios de uniformados ante la JEP. Pese a las presiones que sobre ellos ejercen superiores suyos para que corrijan testimonios que comprometen a quienes dieron órdenes o a responsables últimos por cadena de mando. Por cadena de mando resultó sindicada la cúpula de las Farc en el auto del caso 01 sobre secuestro, a menudo con tortura y asesinato incorporados, y cuya responsabilidad acaban de reconocer los sindicados.

Estremecido en el horror, habla medio país por boca de Jacqueline Castillo, directora del colectivo Madres de Falsos Positivos. Las revelaciones de la JEP, afirma, “prueban que la Seguridad Democrática fue una política criminal […] Son evidencia contundente de que estos asesinatos fueron sistemáticos y generalizados, bajo el ala criminal de un Gobierno que vendía ideas falsas de seguridad a cambio de beneficios para quienes entregaran resultados macabros…”. A las primeras denuncias del crimen había declarado el expresidente que los desaparecidos de Soacha y reaparecidos muertos llevaban “propósitos delincuenciales… no iban a coger café”. La historia, la monstruosidad del genocidio se encargaría de sancionar la necedad de su cruel ironía.

La ojeriza de Uribe contra el tribunal de justicia transicional estalló desde el día mismo de su creación. Ni adictos a su persona ni bedeles del Ubérrimo, sabedor del peligro que la independencia de estos jueces acarreaba, los bautizó como izquierdistas sesgados, instrumentos de impunidad. Bloqueó cuanto pudo la expedición de la Ley estatutaria que daba vía libre al tribunal y le ordenó al presidente Duque interponer objeciones, en desapacible cruzada que Congreso y Corte Constitucional neutralizaron desnudando la ruindad de aquella aventura. A medias para renacer de las cenizas tras su detención y remontar el modestísimo 30% de popularidad, a medias para abrir campaña electoral, promueve Uribe referendo para derogar la JEP. Repite ahora que el pronunciamiento del tribunal es sesgado, hechura de oenegés enemigas de su gobierno: un atropello para desacreditarlo, a Él, ícono de transparencia y respeto a la justicia. Otra cosa dicen los hechos.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, exaltó la labor de la JEP en Colombia, modelo para el mundo de probidad y eficiencia en justicia transicional. Así lo demuestran sus autos contra crímenes horrendos del conflicto armado: el secuestro y los falsos positivos. La rendición de cuentas –declaró– y la protección de los derechos de las víctimas son esenciales para la consolidación de la paz y del Estado de derecho en Colombia. Sí. Sus autos sobre las violencias más lacerantes que descuajan a la sociedad traen una buena nueva: en este país sí puede haber justicia.

 

 

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Paz: actores avanzan y Duque obstruye

Se bifurca la implementación de la paz: por un lado van actores del conflicto y el tribunal que los juzga, por el otro va el Gobierno. En acto tan categórico como la entrega de armas, por vez primera reconoce la cúpula de la Farc ante la JEP la comisión masiva del secuestro por sus hombres en el conflicto. Crimen abominable que pesa sobre 18.000 víctimas a manos de las viejas Farc, 522 de las cuales murieron en cautiverio. ¡18.000! Un hito en justicia transicional, mientras no intente el nuevo partido justificar el crimen como “retención” del enemigo o como “error” de lamentar. Pero, al tiempo, 500 organizaciones civiles denuncian ante el Parlamento Europeo doble juego del presidente Duque: mientras éste simula acometer la paz, desmonta el Acuerdo. Frena su implementación. En su primer año de Gobierno ha querido imponer una agenda distinta o contraria en materia rural, de sustitución de cultivos y atención a las víctimas.

Tras abordar el caso de los falsos positivos, con el informe de la Farc abre la JEP el primer macroproceso para juzgar a las personas determinantes de secuestro en la vieja guerrilla. El documento se cotejará con información de Fiscalía, Procuraduría, viejo DAS y organizaciones como País Libre. Cada víctima acreditada para el efecto podrá tenerlo, pedir precisiones sobre casos concretos y controvertirlo. El carácter colectivo del informe no elimina la sindicación, juzgamiento y penalización a los responsables individuales del delito. El propio Timochenko reconoció responsabilidad del grupo armado en el secuestro y pidió perdón.

El secuestro, no puede olvidarse, es un ataque devastador contra la víctima: la esclaviza, pisotea su dignidad, la somete a sufrimientos inenarrables hasta arrebatarle su propia humanidad. En horrible evocación de los campos de concentración nazis, vimos los colombianos imágenes de secuestrados de las Farc encadenados, famélicos y cercados, por centenares, con alambre de púas. Andrés Felipe Pérez murió de cáncer a los 13 años, tras dedicar los últimos dos a suplicarles a las Farc que le permitieran a su padre secuestrado verlo unos minutos antes de morir. Se lo negaron. Dos años después moría Norberto Pérez, el padre, asesinado por sus captores en un intento de fuga. El secuestro marcó el punto de inflexión en la guerrilla: muchos rebeldes renunciaron de facto a su condición de insurgentes para convertirse en delincuentes comunes.

Mas ahora, mientras la Farc responde lealmente al compromiso de paz, el Gobierno lo sabotea. Según las organizaciones denunciantes, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial para los 170 municipios más azotados por la guerra se ven suplantados por una política de seguridad militarista que embolata el objetivo social y económico de la estrategia. El programa de sustitución de cultivos, crucial en reforma rural integral, deriva en apéndice de las políticas de seguridad y lucha antidrogas. Los programas concebidos como herramienta de transformación estructural del campo terminan avasallados por una estrategia de militarización del territorio.

Las garantías de protección a líderes sociales son un estruendoso fracaso. 226 líderes y defensores de derechos humanos fueron asesinados este año, y cada cuatro días desaparece por la fuerza una persona. Para no hablar de la obstrucción deliberada de los trámites que le darían vida al Acuerdo y del cercenamiento de sus recursos en el Plan de Desarrollo. Consecuencia: en muchas regiones se despereza, pavorosa, la guerra.

No, no todos quieren la paz. Se ahonda el abismo entre los actores del conflicto que comparecen ante el tribunal de justicia y reconciliación, y quienes obstaculizan el despegue de la paz.

 

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Rodear la paz

Sí, se avecina una segunda fase de la guerra que se creyó clausurada con el Acuerdo de La Habana. Faltaba el coletazo de la otra guerrilla. Cuando nadie lo esperaba, la villanía del ataque terrorista a la escuela de cadetes adjudicado al ELN descorrió las compuertas de la lucha contrainsurgente. Un acto de suprema estupidez que el senador Uribe saludó, se diría jubiloso, con el retorcido argumento de que obedecía a la paz de Santos; y acaso también porque excitara sus fantasías de inmortalizarse en una guerra perpetua. No contaba, empero, con la general reprobación de su baladronada; ni con la ciudadanía que se volcó este domingo a protestar en las calles sin miedo contra la violencia y para pedirle al presidente no cerrar la ventana que le dejaba abierta a la paz. Ningún Popeye desfiló esta vez al lado del Centro Democrático pidiendo sangre.

Por su parte, otro factor coronaba la violencia: el asesinato sistemático de 426 líderes sociales en dos años ha obrado como obstáculo poderoso al cambio incorporado en los programas que apuntan a la paz en las regiones más martirizadas por el conflicto. Revivirá, pues, la guerra antisubversiva, allí donde más se ansía la construcción de paz; donde sigue el Estado ausente, y las élites se imponen a sangre y fuego. Donde, mal que bien, se incuba la paz. Grande es el riesgo de volver a involucrar a la ciudadanía inerme porque el ELN no son las Farc, cuyos campamentos podían identificarse y bombardearse. El ELN, en cambio, se mimetiza entre la población civil y toda ella resultará objetivo militar. Si no se privilegia el trabajo de inteligencia, renacerá la justificación profiláctica de la derecha que aprovecha el conflicto para desaparecer a sus contradictores políticos calificándolos de guerrilleros vestidos de civil. Invaluable favor de las guerrillas para acorralar al movimiento social, a las fuerzas alternativas de la política, y petrificar el país en estadios de abominación.
Camilo Bonilla, coordinador de un estudio que revela la sistematicidad en el asesinato de líderes sociales, afirma que “sectores del Estado han sido cómplices de la estrategia paramilitar […] principal victimario de líderes”. Es que “la cabal implementación del acuerdo supone transformaciones sociales que ponen en riesgo la hegemonía de ciertos grupos de poder que transitan entre la legalidad y la ilegalidad […] y acuden a estructuras armadas para neutralizar los intentos de cambio. Personas y familias emparentadas con el poder político y económico y que sienten amenazados sus privilegios acuden a los grupos armados”. (Cecilia Orozco, El Espectador, enero 20).

De reanudarse el conflicto armado donde más pesa el ELN —en Arauca, Chocó y Norte de Santander—, el impacto sobre la población civil podrá ser brutal. Se ha levantado en esas comunidades un clamor por reanudar conversaciones con esa guerrilla. Advierte una lideresa del Chocó que, si el Gobierno levanta la mesa, su comunidad las retoma, pues no quiere padecer de nuevo los golpes de la guerra. De lo contrario, se dispararán los asesinatos de líderes sociales. La misma angustia crece en el Catatumbo, en Cauca, en Nariño.

A tal drama podrá el sentido común ofrecer soluciones al canto: uno, que el ELN se allane a la exigencia del presidente de liberar a los 16 secuestrados en su poder y declare cese unilateral del fuego y las hostilidades, para reabrir la negociación política. Dos, que el Gobierno se decida, por fin, a implementar con el vigor necesario el Acuerdo, avanzando en reforma rural, planes de desarrollo territorial y proyectos productivos. Tres: aplicar de inmediato medidas eficaces de seguridad y protección de todos los líderes sociales, empezando por los amenazados. Sólo con decisiones de este tenor podrán combatirse el terrorismo y la violencia, y salvar la paz.

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