Perdón y olvido para quién

Hilando delgadito, en la propuesta de amnistía de Álvaro Uribe se insinuaría un nódulo clasista y hasta de deslealtad a subordinados y aliados. En radical negación de responsabilidades por falsos positivos ante la Comisión de la Verdad, acusó él a sus soldados de haberlo engañado. Y a poco, en entrevista para El Tiempo, propuso para ellos (y para los paramilitares involucrados) juicio con penas reducidas o libertad condicional, si confiesan la verdad y asumen la responsabilidad de sus crímenes. En un órgano de justicia distinto de la JEP, acaso presidido por otro Barbosa de sus afectos. Para él, en cambio, y para todos los capitanes de las fuerzas enfrentadas en el conflicto —responsables mayores entre políticos, paramilitares, uniformados y empresarios— habría borrón y cuenta nueva. Para el pináculo de la contienda, la amnistía posible, pues lo no amnistiable  (crímenes de guerra y de lesa humanidad, genocidio y agresión) habrá recaído sobre el estrato inferior del ejército patriota. La culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia, espetó valiente; es del incapaz criminal que para demostrar resultados produce crímenes: ¿el soldado que ejecuta una política trazada minuciosamente desde la comandancia suprema de las Fuerzas Armadas?

Tal vez quiera Uribe repetir el pacto de olvido que reconcilió a los promotores de la Violencia bajo un manto de silencio, para que no figuren en la memoria nacional los cientos de miles de campesinos asesinados, los dos millones de hectáreas usurpadas en el otro conflicto devastador del siglo XX. Venias, besos,  abrazos y un drink sobre la sangre derramada y las haciendas agrandadas. Ni el nombre de los señorones que desde los directorios políticos ordenaron la matanza. Y en la faena de “olvidar el pasado por el bien de todos”, señalaron culpables: “el pueblo degenerado y mil veces tarado”, escribió el editorialista de La República apenas firmado el pacto del Frente Nacional. El “oscuro, inepto vulgo” de Laureano, revictimizado ayer por la impiadosa sindicación del general Montoya a sus soldados: es que nadan en la mugre, insinuó, y no saben ni manejar cubiertos en la mesa. Los mismos soldados que en su instinto criminal engañaron al beatífico caudillo.

A nimiedades contrajo la admisión de sus culpas en el espectáculo exculpatorio que montó para injuriar a la CV, a los nueve millones de víctimas y al país, que ha seguido el paso de la guerra. Y que bobo no es.  Primero, a la frase desobligante  de “no estarían cogiendo café” para remarcar su acusación contra los muchachos de Soacha cuyo asesinato prendió las alarmas de los falsos positivos: 6.402 en su Gobierno. Y a su solicitud como gobernador de dotar de armas largas a las Convivir, aparato homicida del paramilitarismo que el mandatario regional expandió agresivamente. “Errores” llamó a estas  fruslerías, dedo impotente frente al sol de las infamias cometidas.

Si la Violencia enfrentó a liberales y conservadores, hay quienes presentan el conflicto del último medio siglo como confrontación entre patriotas y el “enemigo interno”. Pero mucho ha cambiado. No se mueve ya la gente por banderías de partido sino por derechos políticos y sociales; y un nuevo actor ocupa el estrado de la política: las víctimas. Sin ellas, sin ajustarse a los límites jurídicos de la amnistía, sin verdad, reparación y garantía de no repetición, vano será cualquier intento de perdón y olvido. Acudir en el ocaso del poder a la autoamnistía para escamotear el juicio de la historia es viejo recurso de dictadores; como los militares argentinos en 1983. No quiera el expresidente Uribe contemplar siquiera tan desapacible expediente. Muchos esperan de él la gallardía de allanarse a la verdad, el más preciado regalo que diera a sus compatriotas. Y aporte fecundo a las memorias del conflicto.

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Bloqueo a la representación de inconformes

Será ataque de pánico. O de gula. O ambos. A la voz de representación política para las víctimas y para la Primera Línea (vanguardia del multitudinario estallido), el Gobierno, su partido, sus aliados y comparsas aprietan sus fauces de raposa sobre la presa del poder. En tres años de boicot a las 16 curules de paz para  los territorios más sufridos de la guerra, la última trastada fue de Arturo Char: burló la orden del Consejo de Estado de tramitar el fallo que las reconocía. Ahora lo ratifica la Corte Constitucional y Juan Diego Gómez, cabeza del Senado, dilata y enreda la pita. Ignoro si habrá culminado hoy el proceso, pero cabe sospechar que apuntarán a frustrar la participación de las víctimas en las elecciones de 2022. Apática si de los excluidos se trata, tal vez prefiera esta derecha irredenta la desarticulación final de aquellas comunidades por asesinato de los líderes que bien pudieran ocupar las curules de ley. A 15 de julio iban 1.209 baleados desde la firma del Acuerdo, 94 de ellos sólo este año. Sino macabro naturalizado por la inacción del Gobierno, por la indolencia de la clase política, por la pluma procaz de algún opinador que califica de “inmundo” el Acuerdo de Paz y de “monstruo político [las] narcocurules”.

El fallo de la Corte se apoya, a la letra, en los principios democráticos de respeto a la voluntad de las mayorías y a los derechos de las minorías; en el amparo del pluralismo, de la participación y la diversidad; en el derecho de las víctimas de ser representadas por los suyos. Aunque recabe el columnista de marras en la negación esencial de la política para los abandonados a la pobreza y la violencia: “a las víctimas, dice, no se les repara con congresistas” sino con  la justicia.

Reclaman los jóvenes de Primeras Líneas reconocimiento político. Al diálogo se presentan encapuchados, pues garantías no hay: más de 80 cayeron en dos meses bajo las balas de policías y paras vestidos de blanco impecable, y hasta antier iban 134 detenidos, porque sí, en sus concentraciones. El presidente los despacha lapidario con otra sentencia para la historia: “la sociedad no puede tener conversaciones con personas encapuchadas”. Acaso se muestre menos rígido con los civiles armados que, al lado de la Policía, dispararon contra manifestantes. La JEP los identificó en 27 ciudades.

La cruzada de criminalización de la protesta y de sus líderes es envolvente. El Gobierno define la Primera Línea como “aparato entrenado para la violencia urbana en gran escala”. Semana, órgano de agitación y propaganda de la ultraderecha civil y militar, la tiene por “organización con rasgos criminales”, por obra de los grupos armados para penetrar las ciudades, con escuelas de formación clandestinas. Circunstancia propicia a la persecución oficial habrá sido el tardío merodeo de jíbaros y elenos queriendo pescar a la hora de nona en algún portal que fuera de resistencia como el de Las Américas en Bogotá. Pescar jóvenes a quienes Duque ni escucha ni responde a su desesperanza.

Lenguaje, medidas, arrebatos, símbolos, todo evoca aquí el temible Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, fórmula depurada del modelo de seguridad nacional cifrado en el “enemigo interno”, que detiene por sospechas, tortura, desaparece y hasta mata al que discrepe del Gobierno. O lo arroja en brazos de la justicia penal militar. Un Estado militarista armado contra el ciudadano libre que 20 años después recibiera el mote de guerrillero vestido de civil.

Escribe Fernando Mires que mientras Chile abre un canal institucional al estallido social, mientras institucionaliza y politiza el movimiento social, Duque le construye un dique de contención. Sí. Bloquea la representación política de vastos sectores sociales que reivindican democracia. Por miedo o por glotonería. O por las dos.

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Ingrid: “La guerra fracasó”

Violento el contraste. Literalmente. Mientras el Gobierno Duque innova en horrores contra la protesta ciudadana, pisotea el Acuerdo de Paz y reanima el conflicto, Ingrid Betancur y Rodrigo Londoño protagonizan perturbador encuentro entre víctimas de secuestro y sus victimarios, pero ambos abrazan el principio de la reconciliación: su repudio a la guerra. Aunque con reservas sobre el tono “acartonado” de sus adversarios y abundando en reclamos, dijo ella que “quienes actuaron como señores de la guerra y quienes los padecieron nos levantamos al unísono para decirle al país que la guerra es un fracaso, que sólo ha servido para que nada cambie y para seguir postergando el futuro de nuestra juventud […]. Esta es nuestra verdad colectiva y [sobre ella] debemos construir una Colombia sin guerra”. Pidió perdón Timochenko “con la frente inclinada y el corazón en la mano”; y reafirmó que no debe responderse a la violencia con más violencia. Largo y tortuoso recorrido debieron transitar las Farc desde la exculpatoria calificación de “error” a sus 21.000 secuestros, hasta reconocerlos como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Mientras la reconciliación da un paso de gigante esta semana, echa al vuelo su imaginación el fundamentalismo armado para diversificar modos de guerra sucia, ahora urbana. Modos que acusan, cómo no, la marca siniestra del paramilitarismo. En el río Cauca y en Tuluá aparecen los cuerpos de Brahian Rojas y Hernán Díaz, desaparecidos antes. En bolsas de plástico se encuentran, desperdigados, cabeza y miembros del joven Santiago Ochoa, entre otros. Comenta el Canal 2 de Cali que hay en la ciudad cacería de marchantes; les caen a sus casas y los desaparecen. Por un alud de amenazas de muerte tuvo que salir del país un dirigente de Fecode, estigmatizado en público por el mismísimo presidente de la república.

A poco, acusó al paro de haber producido 10.000 contagiados de Covid. Aseveración infundada, según científicos, pues en el pico pesan más la reapertura de la economía, la lentitud en el suministro de vacunas y el casi nulo cerco epidemiológico que desplegó el Gobierno. Y Francisco Santos  afirma que “el pico de la pandemia tiene nombre propio: CUT, Fecode, CGT, CTC, Petro y Bolívar”. Juguetón, pone lápidas donde conviene. El hecho es que el contagio creció 15,8% en abril (sin paro), y 8% en mayo, en la plenitud del estallido social. Para rematar, la Fiscalía señala con nombre propio y sin pruebas a 11 líderes sociales de Arauca de pertenecer a disidencias de las Farc. Y la Procuraduría abre, porque sí, indagación contra cinco congresistas de oposición mientras se adjudica funciones de policía política.

Sintomatología de amplio espectro que revela dimensiones inesperadas en la guerra que la derecha ultramontana quiere revivir, a pesar de Ingrid, a pesar de que Farc no hay ya. Otros enemigos se inventa: líderes sociales (van 80 asesinados sólo este año), y muchachos masacrados en las calles: 70 a 4 de junio reportó Indepaz-Temblores con nombres propios a la CIDH, con autoría directa o indirecta de la Policía; más dos uniformados y un agente del CTI. Aquí es más peligroso ser líder social que delincuente, se quejó Leyner Palacios, miembro de la Comisión de la Verdad.

La potencia de la sociedad que protestó en las calles alienta la esperanza. Y el Pacto de Paz, dirá Ingrid, aunque imperfecto e incompleto, nos entregó el único instrumento que tenemos hoy para salir de la barbarie. Barbarie de criminales, se diría, que, volviendo papilla la esquiva democracia, disparan contra el líder popular, contra el campesino, contra el joven-no-futuro, contra el empresario, contra el opositor, contra la mujer de doble jornada sin remuneración. Barbarie incalificable, atentar contra la vida del presidente de la república. Sí, la guerra es un fracaso.

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Santos: prueba ácida para el Ejército

En muestra de pundonor que devuelve dignidad al Estado democrático, un expresidente de la República reconoce la responsabilidad del Ejército como institución en el genocidio de los llamados falsos positivos. Por vez primera se sindica del horror al Arma mayor sin acudir al socorrido expediente de las manzanas podridas. Ante la Comisión de la Verdad pidió Juan Manuel Santos perdón, “desde lo más profundo de mi alma”, a las madres de los sacrificados en esta larga “cadena de crímenes horrendos”. Con 6.402 casos alcanzó la infamia su más alta cota en el Gobierno de Álvaro Uribe, cuyo ministro de Defensa fue Santos. Una práctica criminal del Ejército, dijo, por la cual se sentía él moralmente comprometido. Si bien hizo cuanto pudo para descubrirla y la cortó de un tajo, se permitió al principio largos meses de inacción frente a rumores de hechos que le resultaban inconcebibles. A principios de 2007 se toparía con los primeros casos, lo que condujo a la destitución de 30 altos oficiales (3 generales comprendidos), a instrucción perentoria de respeto al DIH –que la doctrina Damasco recogería después– y a la identificación de los comandantes asociados a los hechos.

Armado de copiosa documentación, manifestó Santos que “el pecado original fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de la (llamada) doctrina Vietnam. Pero en honor a la verdad debo decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esa nefasta doctrina que él mismo había estimulado. Nunca recibí una contraorden ni fui desautorizado”. Con todo, un obstáculo fue la negativa de Uribe a reconocer el conflicto y su apoyo a la política de incentivos por bajas. Se recordará que esta se plasmó en directiva del anterior ministro, Camilo Ospina, expedida en noviembre de 2005.

Venía Santos de recordar sus diferencias con Uribe sobre la manera de combatir a las Farc: el presidente buscaba su liquidación militar y, el ministro, debilitarlas con una derrota estratégica hasta forzarlas a negociar la paz. Como en efecto sucedió. Además, Uribe nunca reconoció el conflicto ni, por consiguiente, la justicia transicional que conducía a la reconciliación.

Con el empeño de Santos presidente en la paz y la participación de prestigiosos generales en las negociaciones de La Habana, otra atmósfera se respiró en el Ejército. Se consideró que “la paz es la victoria”. A poco cuajaría la doctrina Damasco, decantada por el coronel Pedro Javier Rojas como marco de la más ambiciosa reforma técnica y de doctrina en el Ejército: los derechos humanos  guiarían ahora el conflicto armado, que no era ya, como quisiera la ortodoxia, guerra civil ni terrorismo. Ni al movimiento social se le tendría más por el enemigo interno. Pero el 28 de noviembre pasado, ordenó el comandante del Ejército desmontar la nueva doctrina y eliminar su nombre en “todas las instalaciones y documentos de la Fuerza”. Acaso nunca archivaron los manuales de los 60 que incluyen la promoción del paramilitarismo y la organización militar de civiles en autodefensas. Convivires ayer, hoy paramilitares urbanos que disparan contra el pueblo en las calles.

Para Jacqueline Castillo, líder de Madres de Falsos Positivos, “estos asesinatos fueron sistemáticos y generalizados bajo el ala criminal de un Gobierno que vendía ideas falsas de seguridad a cambio de beneficios por resultados macabros”. Santos da un paso trascendental en el camino de la verdad sobre una monstruosidad que no vieron las peores dictaduras del continente. Su verdad compromete al Estado y deja al Ejército expuesto al juicio de la opinión y de la historia; de la valentía para reconocer el holocausto provocado pende la recuperación de su prestigio. Y al expresidente Uribe le plantea tal vez el reto más obligante de su quehacer político. Proporcional a los ríos de sangre derramada.

 

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La paz sitiada

Si sobrevivimos a las objeciones (a la JEP) y a los entrampamientos es porque el proceso de paz en los territorios es más fuerte que sus detractores en la capital, dice Sergio Jaramillo, arquitecto del Acuerdo con las Farc. Se declara optimista, pero reconoce que graves amenazas podrán desbarrancar el proceso de paz. La primera, la inseguridad en las regiones, que podrá provocar el rearme de los reinsertados. Este Gobierno y sus ministros de Defensa, acota, han sido asombrosamente incompetentes para controlar disputas armadas por el territorio, que se resuelven en masacres (78 este año) y en centenares de asesinatos de líderes y desmovilizados.

Al punto que la propia ministra del Interior reconoció esta semana la impotencia del Gobierno para neutralizarlos. Desapacible confesión de ineptitud e insolencia que deshonra su cargo, si es que más deshonra le cabe tras haber insultado a quienes denunciaban los crímenes invitándolos a dejar de “chillar”.

Menos optimista que Jaramillo, teme Francisco Gutiérrez el inicio de un tercer ciclo de violencia política después de la liberal-conservadora de mediados del siglo pasado y de la contrainsurgente desde 1964 hasta la firma del Acuerdo del Teatro Colón. Resorte de la nueva guerra, el rabioso sabotaje del uribismo a los instrumentos de paz acordados, señaladamente a la justicia transicional y a la reforma rural integral.

Para Gutiérrez, el Acuerdo de Paz con las Farc fue un logro extraordinario, pero asimétrico: sin la fuerza de la contraparte, desprestigiada, la guerrilla cedió más que el Estado. Se recordará que desde el abrebocas de la negociación se sometió la insurgencia a no tocar el sistema político ni el modelo económico. El acuerdo final, señala Gutiérrez, no era revolucionario, ni siquiera reformista radical: su reforma rural no le llega a los tobillos al reformismo agrario del Frente Nacional.

Salvo en reinserción, el Gobierno ha birlado escrupulosamente los acuerdos. De los tres millones de hectáreas proyectadas para campesinos, se han entregado 30 mil. Saboteada por ley en curso que la desnaturaliza y por los llamados ejércitos anti restitución, la devolución de tierras usurpadas (unos 6 millones de hectáreas) es un tigre de papel. La coalición de gobierno hundió en el Congreso la reforma política y sus 16 curules de paz.

Pero el mayor incumplimiento es el de sustitución de cultivos. Los campesinos sustituyeron pero los pagos del Gobierno llegaron tarde y pocos y, nunca, los bienes públicos. En lugar de sustitución habrá fumigación, pues el Presidente y su ministro Trujillo porfían en el diagnóstico acordado, rodilla en tierra, con el defenestrado Trump: todos los problemas de este país, democracia ejemplar, se reducen al narcotráfico. Mas no desaparece la coca fumigando cultivos sino ofreciendo alternativas económicas a los cultivadores. Ni desaparece el narcotráfico atacando éste, el eslabón más débil de la cadena.

La paz con las Farc fue epílogo feliz de un conflicto sangriento que cobró ocho millones de víctimas para consolidar en Colombia el modelo de propiedad agraria más inequitativo del mundo y la colonización de vastos territorios del poder público por una alianza de políticos, ganaderos, paramilitares y uniformados que cifra su hegemonía en la guerra. Sí, en la guerra, camino expedito hacia la riqueza y el poder que sacrifica toda legitimidad, porque es receta de tiranos.

Para Gutiérrez, el Acuerdo está vivo, pero en términos de cumplimiento, este Gobierno lo destruyó a hachazos y taimadamente. Se diría sitiada la paz. Duro diagnóstico, que omite, sin embargo, imponderables capaces de revertir el desastre. Entre otros, la posibilidad de que el centro-izquierda conquiste esta vez la presidencia en las urnas y acometa sin demora la implementación de la paz. Ojo con el 2022.

 

 

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Íngrid y Farc: el camino es la verdad

Pocos testimonios habrán conmocionado el alma de los colombianos como el de Íngrid Betancur sobre su secuestro de casi siete años por las Farc. Y pocas revelaciones habrán sacudido tanto al país como esta de que la cúpula de aquella exguerrilla se asume responsable de los asesinatos de Álvaro Gómez, el excomisionado de paz Jesús Antonio Bejarano y el General Landazábal. Si la mentira –había dicho Ingrid– es el escudo de los poderosos y de los violentos para escribir la historia oficial, la verdad es el camino de la paz. No bien concluyó su exposición ante la Comisión de la Verdad, cuando el secretariado del nuevo partido reconoció su crimen y le pidió perdón. Tres días después, se comprometió aquel con la JEP a ofrecer verdad, esclarecer los hechos y asumir de antemano su responsabilidad en el homicidio del dirigente conservador. Si así fuere, estarían las Farc provocando un huracán en el país que parecía precipitarse al abismo del autoritarismo y la violencia: un paso de gigante hacia la conquista de la verdad y de la paz.

Las víctimas merecen la verdad. Y también cantan la suya, hasta generar resultados inesperados. Para Íngrid, el secuestro es un asesinato, una muerte lenta sin fecha de vencimiento. No termina con la liberación, pues expropia la identidad, descuartiza la dignidad, anula al ser humano y cambia la genética del que fue para trocarlo en otro. El peso del secuestro en el secuestrado es invencible: lo arroja al vacío donde él se pierde, olvida quién es y después luchará toda la vida por  recomponer su ser. El daño es irreparable. El secuestro es el peor de  los crímenes porque los incluye a todos y para siempre.

Y un sufrimiento se erige por encima de todos los demás: la mentira. La mentira para maquillar los hechos y la mentira por omisión. La que oculta el nombre de los homicidas y condena a miles de familias a la desesperación en su estéril búsqueda de responsables.

En su emplazamiento a las Farc, señalaba Ingrid que la aproximación a la conciencia de lo hecho, de lo injustificable, pasaba por la negación. Mas todos los abusos legitimados en la ficción de la lucha por el pueblo se derrumbaban ante la incapacidad para reconocer siquiera la propia verdad. Y el miedo, ay, el miedo de las Farc a bajarse de un pedestal confeccionado de falsos heroísmos,  pues esa guerrilla llevaba décadas controlando su mundo, imponiendo su ley,  contando la historia como ella la quería contar. Ahora podía también mostrarse como el héroe generoso que concede la paz.

Enhorabuena, agregaría, si también ellos hacen el recorrido que a todos se nos impone: escoger quiénes quieren ser en el espacio de país que se ha creado con la paz. Si tienen el coraje para mirarse de frente, sin darse justificaciones, para mirar con asco lo hecho y no querer repetirlo. Arrepentirse. Acercarse con humildad, con dulzura de corazón a los colombianos. Sólo cuando ellos puedan llorar con nosotros se derrumbarán todos los muros que se les interponen. Y se abrirá un verdadero horizonte de paz.

Su admonición pareció precipitar una decisión largamente madurada que sorprendió al país: reconocerse autores de los homicidios señalados. Escribieron en su misiva a la JEP: “Honrando nuestro compromiso con la construcción de una sociedad más justa fundada sobre los cimientos de la verdad, hemos decidido esclarecer los hechos y las razones del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado”. Colombia espera que honren su palabra.

Que honren la verdad todos los actores de la guerra: el ELN, la verdad de sus  secuestros; los paras,  la verdad de sus masacres; comandantes de brigada del Ejército, la verdad sobre los “falsos positivos”. Y los empresarios que financiaron a paramilitares para lucrarse de la guerra, ¿qué dirán?

 

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