por Cristina de la Torre | Mar 19, 2024 | Marzo 2024, Reforma a la salud, Sistema de salud, EPS, Adres, Gustavo Petro, Salud, Impunidad, Corrupción
A juzgar por el delirante llamado del presidente Petro a una constituyente, que el propio Navarro Wolf desestimó por “innecesaria” ahora, no sorprendería que desoyera invitaciones a conciliar para salvar su proyecto bandera, la reforma a la salud, virtualmente hundida en el Senado. Se diría que a pesar de Gustavo Petro, en año y medio de tormenta sobre el sistema, tres pilares despejó ya el debate: potenciar la medicina preventiva, extender el servicio hacia los territorios y poblaciones olvidados y formalizar a los trabajadores del sector. Una cuarta, fuente de encendida controversia porque pone en juego los billonarios recursos del sistema, apunta a parar la sangría que los convierte en patrimonio privado de las EPS. En treinta años de administrarlos sin controles, habrán ellas superado con creces la corrupción que deploran en el viejo Seguro Social.
Pero ahora, ante el propósito de archivar el proyecto en la Comisión Séptima del Senado, surge la alternativa: la propuesta del senador Fabián Díaz modula la reforma y ofrece espacio razonable de conciliación entre las partes. Propone que la transición de las EPS a gestoras no transcurra en dos años sino en cinco. Revive la libre elección del ciudadano para ingresar al sistema, no ya sólo por los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Conserva en alcaldes y gobernadores la prerrogativa de designar gerentes de los hospitales públicos, pero seleccionados de lista previa integrada por los actores organizados de la salud. Ofrece mecanismos para evitar la fragmentación de redes de atención en salud y para definir responsables cuando fallen. Impone auditoría sobre la totalidad de los giros que el sistema emita. E invita a las partes todas a concertar la reforma, que le parece ineludible.
Recuerda Iván Jaramillo que con la reforma perderían las EPS el carácter de aseguradoras que ellas se han adjudicado, el manejo de los recursos financieros y de las redes de servicios. Ahora lo asumirían la ADRES y las secretarías de salud. Si bien no podrán aquellas seguir operando como intermediarias financieras, sí podrán direccionar los servicios y auditar la facturación. Agrega Jaramillo que a la reforma le faltaría un plan anticorrupción para conjurar peligros de desborde de costos por giro directo, fraude, facturación a discreción y falta de controles previos. Será imperativo redefinir todo el sistema de auditoría de cuentas, revisar toda la facturación y profesionalizar la auditoría.
En diciembre pasado concluyó el contralor general que los problemas financieros de las EPS no responden a falta de recursos sino a su uso irregular, toda vez que no hay control real sobre su facturación. “Hay muchos recursos invertidos durante muchos años que vale la pena saber a dónde fueron, a través de quién se contrataron y en capital de quiénes terminaron”, precisó. Y, sin embargo, la deuda de las EPS con las IPS asciende a $11.3 billones. Deuda con la red que no es de su propiedad, porque a sus clínicas y hospitales giran cumplidamente. El capital de las EPS parece crecer en razón directa de sus deudas con las IPS ajenas.
Allanarse a concertar la reforma de salud será prueba de fuego para el presidente Petro. Entre otras razones, porque sería un paso elocuente hacia el acuerdo nacional que Colombia anhela. Razón le asiste a la senadora Angélica Lozano en su lapidaria sentencia de que esta reforma, sin el diálogo que el Gobierno le hurta, no tiene sentido ni futuro. Como no parecería tener futuro, dice, un presidente que se niega a gobernar, a encontrar solución a los problemas del país. Y le pregunta a Petro si él quería luchar sólo por ser presidente, o quería ser presidente para gobernar.
por Cristina de la Torre | Sep 26, 2023 | Septiembre 2023, Lucha antinarcóticos, Reforma a la salud, Derecho fundamental, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Adres, Fraude Electoral, Derecha, Seguridad social, Partidos, Salud, Corrupción, Clientelismo
Inesperadamente, para congoja de la derecha, después de 6 meses congelada, aprobó la Cámara ponencia positiva de la reforma a la salud y despejó el camino para discutir su articulado. Tras enjundioso proceso de divulgación, consulta y negociación, se han depurado los problemas alrededor de un asunto crucial: quién controla los fondos públicos de la salud. ¿El Estado, como es regla en todos los países; o bien, empresas privadas, a manos llenas y sin control, como sucede en el nuestro, lunar del mundo?
La batalla febril que los interesados han librado dice de la bolsa que no quieren soltar: $87 billones este año. Dueñas de su propia auditoría y hábiles en ardides contables, muchas EPS como Saludcoop se forraron en dinero de la ciudadanía desviando recursos del sistema a sus negocios particulares. Y no pocas financiaron campañas de políticos. De Roy Barreras, verbigracia, o de Efraín Cepeda (Semana) o de Cambio Radical que, según el concejal Alejandro Guerra, recibió de una EPS $500 millones en 2010. Adalides de la oposición a la reforma que derivó en ataque de espada y hoguera para adulterar su sentido y crucificar a la ministra Carolina Corcho, cuya distinción intelectual y moral pareció mancillar la equívoca prestancia de sus detractores. Rabo de paja.
La intermediación financiera de las EPS sobra. Pero el giro directo a hospitales no la desmonta, porque siguen ellas ejerciendo como ordenadoras del gasto. Deciden cuánto pagar, a quién, cuándo y por cuál servicio. Y, de preferencia, a sus propias clínicas. Conservan el poder de decisión sobre los recursos, mientras Adres se contrae a girar, vendada, lo que ellas digan.
Se toman las EPS atribuciones gratuitas de aseguradoras y de prestadoras del servicio médico. No son ni lo uno ni lo otro. Asegurador es el Estado, dueño único del fondo de salud; y prestadores son las clínicas y hospitales, no las EPS, que se limitan a hacer la gestión administrativa que la reforma reafirma y remuneraría con el 8% del fondo de salud. En el entendido de que no se repitan el millón de tutelas y las 300.000 quejas contra ellas; y de que ofrezcan fórmulas de pago de sus acreencias de $23 billones a los hospitales, que desfallecen de necesidad. Bienvenido el sistema mixto por el que abogan las EPS. Éste existe ya en prestación del servicio y, si se quisiera también en aseguramiento, bastaría con que aquellas invirtieran capital de su bolsillo. Lo que no puede pretenderse es ser aseguradoras privadas con dinero público, como ha ocurrido hasta ahora.
Libres de control, entre EPS floreció todo un ramillete de argucias para llenarse los bolsillos y birlar la ley: sobrefacturar medicamentos y procedimientos médicos, negar servicios, inflar el número de afiliados para derivar más aportes públicos, privilegiar pagos a clínicas de su propiedad. Y hasta armar un “cartel de las EPS”, según el doctor Fernando Galindo, cuando en 2011 la Superintendencia de Industria sancionó a 15 de ellas por configurar un trust de control de precios y negar servicios que debían prestar. En ese mismo año, el ministerio hizo la vista gorda ante la revelación de desfalco de $1.4 billones por Saludcoop.
El modelo de mercado privatizó hace 30 años la seguridad social en Colombia, enarbolando divisa anticorrupción. Mas, no podrá negarse hoy que la corrupción privada superó a la pública en el sector salud ¿A qué entonces bloquear los correctivos de fondo que este Gobierno propone -principiando por la instauración de un sistema único de información en el sector y de medios modernos, de probada eficiencia, en vigilancia y control contable y financiero? La ruda glotonería de Don Dinero terminaría por sacrificar el imperativo de una reforma que encara la nuez del problema: la corrosiva intermediación financiera de las EPS.
por Cristina de la Torre | Jun 4, 2023 | Junio 2023, Reforma a la salud, EPS, Ley 100, Adres, Derecha, Partidos, Uribismo, Salud, Impunidad, Corrupción
Es la plata. La plata ajena, la plata de los colombianos. A la voz de querer recuperarla para extender a todos el servicio de salud, gritan las alarmas. La sociedad del privilegio, que favoreció siempre a los grupos de poder con la tajada más jugosa del patrimonio de la comunidad, se transforma por milagro en víctima de un atentado contra la equidad, contra el decoro, contra la democracia y… la libertad de empresa. Contra el mejor sistema de salud del mundo. Mas choca tal apología con la realidad. En entrevista de Yamid Amat al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo (El Tiempo) cayó una confesión no pedida como roca de granito sobre la rosada demagogia que encubre la rapacidad de las EPS, ruidosamente apadrinadas por la Andi, por los jefes de los partidos de derecha y sus exministros de salud.
“Dicen las EPS que les quitaron 90 billones para entregárselos a Adres”, apunta el periodista, y Jaramillo responde: “no se los hemos quitado, ellas son intermediarias entre el paciente y el hospital; ahora vamos a pagar directamente a clínicas y hospitales (…) No pierden los 90 billones porque ese dinero no es de ellas, es de los colombianos para pagar el servicio de salud”. “Pero dicen que entonces van a desaparecer”, insiste Amat. “Si lo dicen es porque hay gato encerrado. ¿Es que se está haciendo un uso diferente (con ese dinero)?” Lapsus fatal que pone blanco sobre negro la verdad.
Panegírico y escándalo culminan en la propuesta de archivar la reforma, y guardan proporción con la escala del abuso que la Ley 100 les ha permitido durante 30 años. Si el modelo que rige privilegia la medicina curativa (para sectores urbanos pudientes) sobre la atención primaria, preventiva, extendida a todos los sectores y regiones, es porque esta última no abulta el bolsillo de las EPS: su rentabilidad “sólo” es social. El negocio empieza por administrar -sin controles- el 8% del Producto Interno Bruto, presupuesto de salud que el año entrante podrá ascender a 100 billones, y se resuelve en mil prácticas que van desde el favoritismo en un Estado rentista hasta el delito. Como financiar clínicas propias con fondos de la salud, modelo que Saludcoop entronizó y se generalizó en las EPS; negar servicios y sobrefacturar; inducir la quiebra de hospitales públicos reteniéndoles pagos hasta por 23 billones a la fecha. Negocio redondo éste de la Salud Ley 100 para feriantes que ponen el grito en el cielo cuando un Gobierno osa seguir la línea de las democracias maduras: depositar en la esfera pública el control de los fondos públicos de un servicio público.
Si la cuarta parte de la Colombia profunda no accede a la salud y casi 700 de los 1.123 municipios carecen de hospital y hasta de puesto de salud porque en zonas pobres no prospera ésta como negocio; si las estadísticas reportan decenas de miles de muertes evitables, una reforma se impone. Y ésta podrá perfeccionar un sistema mixto de afiliación, de servicio y aún de aseguramiento, si los particulares interesados aportan capital propio. Para comenzar, prohibir a particulares la integración vertical. En todo caso, el deplorable recorrido financiero de las EPS exige alternativas para sanear el sistema y blindarlo contra la corrupción que lo subyugó. Líneas infranqueables serán no apenas el giro directo de Adres a los hospitales sino su progresiva consolidación como ordenador del gasto, con auditoría propia o del sector privado. O de ambos. Y la creación del sistema único y público de información para el sector.
Tras ocho años de gobiernos que sabotearon la expedición de una ley ordinaria enderezada a reglamentar la Estatutaria de Salud, llegó la hora de hacerlo. Moderen los adversarios de la reforma su libido de poder y de riqueza. Allánense a un acuerdo cifrado en parámetros de ética pública y justicia social.
por Cristina de la Torre | Ene 30, 2023 | Reforma a la salud, Derecho fundamental, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Ley Estatutaria de 2015, Adres, Salud, Corrupción, Enero 2023
Los negociantes que llevan tres décadas volviendo fiesta los recursos públicos de salud sufren pánico de perder la piñata que este año alcanzará 73 billones. Callan frente a desfalcos billonarios como el de Saludcoop o deudas de las EPS por $23 billones que ahogan a clínicas y hospitales. Desesperan. No faltan quienes mienten y tergiversan hasta dibujar la imagen de un salto fatal del paraíso al infierno. Grosera deformación de una reforma inspirada en la Ley Estatutaria de 2015 que elevó la salud a derecho fundamental y desde hace años estudian con esmero las asociaciones médicas y científicas, de pacientes, hospitales, trabajadores y organizaciones sociales.
El proyecto recoge las ideas madre, que este Gobierno cooptó: en pos de una salud plena para todos, mejorar la calidad y el acceso a los servicios desde la atención primaria y preventiva hasta la especializada, promoviendo la equidad en un marco de sostenibilidad financiera. Propone fortalecer la red de hospitales públicos, devolverle al Estado la iniciativa en políticas de salud y el control de sus dineros. No más administración privada de recursos públicos: habrá, como en toda democracia, administración pública de los recursos públicos. El régimen será centralizado en lo financiero desde la Adres y descentralizado en el servicio. La junta directiva de este órgano será tripartita, integrada por empresarios, gobierno y trabajadores. Se vinculará a estos últimos mediante contrato laboral formal. Por razones de eficiencia y de transparencia, se creará un sistema único de información que operará en línea y en tiempo real. Y se adoptarán los sistemas más desarrollados de vigilancia participación y control.
El proyecto invita a reconocer las desigualdades de un sistema que consagra cobertura universal en el papel, pero en los hechos resulta discriminatorio. Que estar afiliado al sistema no siempre significa recibir el servicio lo demuestran los 308 niños que el año pasado murieron por desnutrición, el record de Colombia en muerte materna entre los países de la Ocde, los 630 municipios que carecen de dispensarios de salud rurales, los 20 millones de colombianos que en los territorios reciben precaria o nula atención médica, las 250.000 tutelas y el millón de quejas ante la Supersalud por desatención médica.
Con todo, señala la ministra Carolina Corcho que el proyecto de reforma construye sobre lo construido, reconoce logros de la Ley 100 y desvirtúa el rebuscado fatalismo de sus detractores. El sistema recupera el manejo de sus recursos, pero no será estatizado. No elimina el aseguramiento en salud, pues éste sigue nutriéndose de los aportes de empresarios, trabajadores y del presupuesto nacional que, gracias a la Ley 100, no representa ya 3% sino 8% del PIB. Así deba hacerse efectiva para todos, la cobertura de casi 100% del sistema es otro logro del modelo vigente. Se avanza en el control de precios de medicamentos logrado, y hacia la producción nacional de drogas, con el sector privado. Tampoco entrega el sistema a alcaldes y gobernadores. Cambia, eso sí, el mecanismo de pagos a clínicas y hospitales: no ya por medio de las EPS, sino mediante giro directo de la Adres a los prestadores, en su mayoría privados. Tampoco desaparecen las EPS, éstas permanecen en el sistema de redes integrales e integradas de salud, que son públicas, privadas y mixtas.
Este modelo, más preventivo que curativo, avanza innovaciones como la de los primeros 1.007 de 20.000 equipos de personal médico desplazados a hogares en los territorios. Les seguirá la construcción de hospitales y puestos de salud. Elocuente señal del horizonte que la reforma abre. Tras el rigor técnico y de prospectiva que la informa, respira, sin eufemismos, un principio moral y político: la salud es derecho pleno de todos, no un negocio.
