Élites: ¿van sólo por lo suyo?

Hoy vuelven ellas en defensa de sus privilegios como avanzada contra el reformismo, ave rara en el régimen más conservador del continente. Con excepciones que confirman la regla, como la de un Carlos Enrique Cavelier, empresario promotor de la productividad campesina. El cambio propuesto en este Gobierno -modesto por comparación con los derechos y necesidades de la mayoría- desafía la tradición del Estado que responde a intereses particulares de la clase dirigente y, en políticas públicas, concede espacios a razón de centímetros por metro, según el ímpetu del reclamante. O ni eso. Como se infiere de los cincuenta mil manifestantes del 7 de marzo arrastrados por una campaña de propaganda construida sobre la demagogia, la mentira y el miedo contra las reformas que cursan en el Congreso. Instrumento de una oposición letal a cambios elementales en un país donde trece millones de ciudadanos no hacen tres comidas diarias. Conspicuo doctrinero y activista de esta derecha cerril, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, blande mazos desde el flanco de un deshonroso exfiscal contra todo amago de transformación.

Pero el modelo de mercado que ha multiplicado gabelas a sus selectos beneficiarios va desnudando sus vergüenzas. Versión renovada del rentismo como política de Estado que, en palabras de Hernando Gómez Buendía, favorece -entre otros- con crédito subsidiado y exenciones tributarias a industriales y empresas con nombre propio. Matriz de conglomerados económicos, con la Carta del 91 derivaron éstos en tres grupos financieros dueños del país. El secreto, la forzosa intermediación de nuestra banca privada en el financiamiento del Gobierno. Y con escandaloso diferencial bancario: entre 2000 y 2016, la diferencia entre tasas de captación y de colocación fue del 102%. Un obstáculo severo al desarrollo económico, dirá nuestro analista. Como que una tajada macanuda de la deuda pública resulta contraída con bancos de los Grupos Aval, Davivienda y Empresarial Antioqueño.

Si la dupla capital público y privado resulta vital para el desarrollo en clave de reindustrialización, por qué no retomar el modelo de economía mixta que predominó en tiempos de Alberto y Carlos Lleras bajo la égida de la Cepal y dio lugar a la industrialización por sustitución de importaciones, adaptándolo a las condiciones de la hora. Entonces Colombia creció al 5.2%, la industria al 6.2% y los salarios al 5.4%. Por qué no volver a la planificación concertada con el sector privado, un paso en cuya dirección pudo perfilar el encuentro del Gobierno con grandes empresarios en diciembre. Fruto inicial, la inversión a dos manos de DPS y el grupo Aval para contribuir a mejorar la vida en la Guajira. No queremos que sea donación o ayuda humanitaria, declaró Sarmiento, la meta es ofrecer soluciones a los problemas estructurales. ¿Y no es esta la divisa del desarrollo? ¿Estaría el Grupo Aval dispuesto también a moderar réditos de su intermediación financiera para el Gobierno?

Las de Cavelier son iniciativas en marcha, efecto de demostración de su poder transformador si se proyectan como políticas de Estado. Entre otras, fundó una cooperativa para comprarles leche a campesinos reinsertados; empezaron con 1.000 litros y, a poco, llegaron a 60.000. De otro lado, a la reactivación de la red férrea que potenciará el transporte de carga y conectará el centro del país con los puertos, se han integrado firmas que a corto plazo trabajarán bajo la fórmula de Asociación Público-Privada. Pasos se dan. ¿Por qué no proyectarlos hacia un modelo formal de economía mixta con planificación concertada? ¿O rendirá más votos la oposición que obstruye y vocifera para ocultar con el griterío la intención de salvaguardar hasta la última migaja de sus privilegios?

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¿Lobo con piel de oveja?

Desafiante, taimado, glotón, este Gobierno (con sus bancadas de logreros) devora a dentelladas el poder que le cayó en suerte. A fuer de reactivación económica, no dejará piedra sobre piedra: si de financiar un fraude colosal en elecciones se trata, menea el paspartú de la reactivación; si de reforma tributaria para redoblar favores a los ricos y penurias a los pobres, invoca la reactivación. Pero esta reforma-parodia será impotente frente a la inversión social que demanda un país con cinco millones de familias en la miseria, cuya financiación no podría salir sino del impuesto progresivo. El que grava proporcionalmente más a los que más tienen, pan comido en democracia que se respete. En previsión del cambio que se impone, el entierro de la Ley de Garantías Electorales se traducirá en orgía de contratos sin control y de votos comprados para llenar alforjas y asegurar curules a las fuerzas que perpetúan un sistema fiscal hecho a la medida de los poderosos.

Ha crecido la economía, sí, mas no el empleo. Se ha multiplicado el beneficio de los conglomerados que concentran el poder económico, controlan los mercados y mandan en las políticas de Estado. Crecimiento habrá pero no redistribución. Ni desarrollo. Es reactivación para los bancos y negocios de los sarmiento-angulos, los mismos que acapararon casi todas las ayudas por pandemia de este Gobierno, mientras sufría, y sufre, la plétora de pequeñas empresas que generan el 87% del empleo.

Loas y campanillas hubo hace dos meses para los empresarios que, en acto de desprendimiento digno de gratitud universal, aceptaron elevar en dos puntos su impuesto de renta pero, eso sí, preservando las gabelas recibidas durante años. Grande era el guardado. Sostiene Jorge Enrique Espitia (Le Monde Diplomatique) que tales concesiones les reconocen $40 billones de ingresos no constitutivos de renta, $13 billones por rentas exentas y $5 billones por descuentos tributarios. Sin estas concesiones y tributando el 35%, el recaudo adicional sería de $24 billones. Es que las tarifas efectivas de tributación que los grandes conglomerados pagan son irrisorias: mientras la de un minimercado es 7,2%, la del sector financiero es 1,5%. La desigualdad clama al cielo: el ingreso medio que el uno por mil más rico declara es 1.300 veces el de un declarante que está en la menor escala; y su patrimonio representa 3.700 veces más.

Como si fuera poco, señala Espitia, la reforma tributaria descabeza la lucha contra la evasión: elimina el artículo que reduce la brecha entre avalúo catastral y valor comercial de un inmueble. En la gloria seguirán terratenientes y ganaderos que llevan siglos pagando impuestos exiguos, o ninguno. Para no mencionar los grandes capitales que medran en la ilegalidad o en paraísos fiscales, bendecidos, estos últimos, por el mismísimo presidente Duque. En $50 billones se calcula la evasión tributaria por año en Colombia.

Mientras tanto, casi la mitad de los colombianos vive con $11.000 diarios, y con $5.000, los hijos de la miseria. Aliviarlos con una renta digna le costaría al Estado apenas el 0,2% del PIB, $2,4 billones. Pero el presidente, viajero saltarín por el mundo, no se agobia con estos menesteres, no y no. Seguirá girando partiditas de caridad a una porción reducida de los sufrientes. Y, claro, listo para pitar la largada a ordeñar en esta campaña electoral hasta la última gota del erario, menoscabar por fraude la representación plural en el Congreso y asegurar la hegemonía de los partidos que, ebrios de sus propias miasmas, querrán preservar la patria de las desigualdades.

Hubo un tiempo en que Duque se revelaba como lobo con piel de oveja. Ya no. De tanto hostilizarla, le ha jugado la verdad una mala pasada: ahora se insinúa en la ambigua figura de lobo con piel más de lobo que de oveja.

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Crece la economía y crece la pobreza

Levitando en la muelle complacencia del poder que le cayó de chepa, desdeña el presidente a los 21 millones de colombianos reducidos a la pobreza. Ni plan de choque para crear empleo en masa, ni renta básica decente, ni crédito sin intereses del Banco de la República al Gobierno. En vez de una cirugía capaz de salvar órganos vitales de la sociedad, administra paliativos. Campean la miseria y el desempleo en medio de la algarabía por una reactivación que no lo es, pues economía y pobreza han crecido a la par. Jugosa cosecha para los negocios que compiten con ventaja y desolación para todo lo demás, dizque a la espera de que la bonanza caiga un día a cuentagotas sobre los  menesterosos. Manes del modelo de mercado en su treinta aniversario: es hija suya la crisis, acentuada por la pandemia.

Es producto de la apertura de César Gaviria, que desprotegió la agricultura y la industria nacionales, con resultado contrario al que sus promotores pronosticaron: la desindustrialización. Con todas sus secuelas de atraso, desempleo, trabajo informal y precario. Producto del desmonte del Estado empresario, planificador del desarrollo y regulador de los mercados. Producto de la preeminencia concedida a los banqueros, que se enriquecieron sin pudor. Y ahora, ante la crisis, propone Duque revitalizar la receta fracasada, la que dispara el desempleo y las desigualdades.

Impusieron “los economistas” su pensamiento único a la brava y prometieron una economía exportadora, acicateada por la competencia internacional. Otro fue el desenlace: la quiebra de porciones enteras del empresariado nacional a instancias de mercaderías foráneas que invadieron sin cortapisas  el mercado, pues el arancel se redujo a la octava parte en estas décadas. Si en 1.982 las importaciones fueron el 10,9 del PIB, en 2019 alcanzaron el 22,9%. José Antonio Ocampo sostiene que “hicimos más para diversificar exportaciones cuando combinábamos protección con promoción de exportaciones” (entre 1.969 y 1.974). Vuelve hoy el crecimiento pero sin empleo: se produce lo mismo que en 2019, pero 2 millones adicionales de desempleados por pandemia no encuentran trabajo todavía.

En el origen del modelo que fue religión y hoy periclita, el Consenso de Washington frenó la industrialización alcanzada en 70 años. Modesta, sí, tardía y salpicada de favoritismos del Estado, pero había asegurado un crecimiento anual del 5,6%; el doble del que se registra desde la apertura. En 1.989, la industria representaba el 30% del PIB; hoy no pasa del 10%.

A Colombia se proyectó el diagnóstico de la crisis de la democracia que moría bajo dictaduras en el Cono Sur. Con ellas se equipararon las falencias de la nuestra. Se copió la seductora retórica del retorno a la democracia y el modelo económico que fue su corolario: el paradigma neoliberal. No pareció importar que éste naciera precisamente en la dictadura de Pinochet. Se cooptó, sobre todo, el privilegio concedido al sector financiero, y la Carta del 91 lo extremó obligando al Banrepública a operar mediante onerosísima intermediación de la banca privada. Escribe Hernando Gómez Buendía en su obra De la Independencia a la Pandemia que en 20 años pasó este sector de generar el 8, 8% del PIB, al 22%: “un cambio en la composición sectorial de la economía [casi sin] precedentes en el mundo […] La Constitución igualitaria del 91 acabó por entregarle la economía del país a dos grupos financieros gigantes”. Con razón se negó Duque a gestionar crédito directo con el Banco Central para paliar la pandemia.

Crecimiento sin redistribución es atesoramiento de pocos, no desarrollo. Entre tanto candidato a presidente ¿habrá quien proponga reordenar prioridades entre los sectores de la economía y privilegiar la productiva sobre la especulativa? ¿Quién ofrece alternativa al esperpento que Duque encarna?

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Presidente: ¿dónde están los $117 billones?

Una pesadilla: casi todo en este Gobierno parece enderezado a convertir la pandemia en medio para armarles una danza de los billones a los validos de la fortuna, mientras acaba de hundir en el hambre a la mitad de la fuerza laboral. Agita, hiperbólico, la cifra de $117 billones, 11% del PIB, dizque para paliar la crisis. Pero nadie los ve. Salvo los banqueros, no los ven los pequeños empresarios ni los desempleados ni los pobres arrojados a la miseria ni los hospitales ni el 76% de los médicos, que salvan vidas sin contrato de trabajo. Y el presidente no explica dónde esconden el tesoro que, sin ojos encima, podrá desaparecer entre dentelladas de corruptos.

La feria ofrece también su arista macabra: el primer día sin IVA disparó la velocidad del contagio, que ya corría hacia la cima, duplicó la cifra proyectada de muertos y los otros días sin IVA la repotenciarán aún más. Al punto que la alcaldesa Claudia López decretará nueva cuarentena estricta para Bogotá. Todo montado sobre la ficción de que la venta masiva de televisores extranjeros, negocio de importadores, reactivaría la economía colombiana. Desentendido del desastre que el propio Gobierno agranda, ahora se muestra éste alarmado ante la inseguridad que se pasea desafiante por las calles. ¿Olvida que la curva de inseguridad sube a la par con la del hambre? Si cree redimir con chichiguas a la pequeña empresa (fuente del 90% del empleo) y solventar con $160.000 a los hogares más vulnerables en vez de entregarles una renta básica de salario mínimo, será porque también olvida que la economía se activa justamente dándole a la gente con qué gastar.

Informa el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana que sobre los $117 billones que el Gobierno dice haber destinado a la pandemia no hay cuentas claras ni plan concreto de gasto. Sólo hay información de “una pequeña parte de los recursos”. Del 11% sobre el PIB que el Gobierno canta como inversión contra el virus, más de la mitad, $60 billones, serían garantía de crédito para los bancos, no recursos gastados. Fuente de gasto sí son los $24 billones del Fome. Pero todos los traslados reales para la crisis suman apenas $3,6 billones, un modestísimo 0,34% del PIB. Es que anuncios no son gasto. Se sabe que de los $6,8 billones girados a Salud (casi todo gasto corriente), $5,7 billones terminaron en las EPS; descontando dos billones para pagar incapacidades que éstas debían haber cubierto. De los 673.000 trabajadores de Salud, apenas el 24% tiene estabilidad laboral.

Según la Cámara de Comercio de Bogotá, sólo el 4,9% de las micro y pequeñas empresas ha recibido ayuda oficial. Y dice Portafolio que del medio billón destinado a crédito para nómina de microempresas, a 18 de junio apenas se había desembolsado el 0,62%. ¿Por qué no financia el Gobierno directamente a estas empresas, sin la inútil mediación de los bancos?

A la voz de renta básica, huyen despavoridas nuestras autoridades, pues es partida que el Estado asigna lo mismo a la población focalizada que a la informal, como auxilio adicional a la financiación pública de salud, educación, vivienda y pensiones. En toda Europa opera este instrumento de redistribución del ingreso y la riqueza financiado con impuestos a los más ricos, y con la pandemia se extiende sin cesar. También en México y en Argentina rige. Aquí se propone sólo por tres meses y para los más necesitados. Vade retro, se dirá la caverna que nos gobierna, ¡cómo arañarle una pizca a la pobre viejecita de la banca!

Así vamos: empatando ñeñepolítica con ñeñevirus. Hasta cuando el presidente Duque tenga que informar dónde están esos $117 billones que no pertenecen a especuladores financieros sino a todos los colombianos.

 

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Duque o el juego de la tortuga y el zorro

Lerdo para girar ayudas a los sectores más golpeados en la pandemia, veloz para azucarar la inoperancia de su Gobierno y, acaso, para esconder el escándalo que lo deslegitima, la ñeñepolítica. Es el juego del presidente –que no fábula– de la tortuga y el zorro. Mucho se ha esforzado él por mejorar su imagen, creyendo más en el forro publicitario de su programa de televisión recargado de diminutivos y halagos al común que en el golpe de realidad que llega todos los días a manos de los colombianos. Pero terca, la verdad se impone: la aprobación a Duque sólo subió de 24 a 36 en tres largos meses de propaganda intensiva.

Debe de ser, entre otros monumentos a la ineficiencia, porque de los $13,7 billones destinados a salud en la pandemia sólo se habían girado hasta la semana pasada $1,5 billones nuevos. Pachorra en el suministro de recursos que comprometió en buena medida la adecuación del sistema de salud a las exigencias de la crisis y desperdició el sacrificio humano y económico de la cuarentena. Será también por la grosera patraña de poner presos a los agentes que entregaron evidencias de financiación de la campaña presidencial por  paramilitares, fueron suspendidos de sus cargos y no podrán comunicarse con testigos. Avanzada del fiscal cachas del presidente para anular el poder probatorio de los audios que darían lugar a otro proceso 8.000, no ya en cabeza de Ernesto Samper sino de Iván Duque. Además, por encubrir la barbaridad apresando sin razón legal al que fuera gobernador estrella de Colombia y primero en la lucha contra el coronavirus, Aníbal Gaviria, dizque por falta de vigilancia sobre un contrato suscrito hace 15 años. El zorro en acción.

Y, al paso del zorro, la tortuga financiera: auxilios tardos y deleznables para los  atenazados entre el hambre y el virus. En su catarata de anuncios, dijo el presidente que el subsidio de medio salario mínimo para trabajadores llegaría a 6 millones de personas, mas sólo el 13% lo había recibido. Dispuso un auxilio franciscano de $160.000 para tres millones de familias y apenas a un millón le había llegado. Según Acopi, tres cuartas partes de sus empresas no han logrado acceso al mecanismo del crédito bancario que, por lo visto, sólo funciona para las grandes empresas.

54 senadores de todos los partidos –salvo del conservador y el CD– proponen adjudicar renta básica de un salario mínimo por tres meses para 9 millones de hogares. Costaría $20 billones, 2% del PIB. Pero el Gobierno da largas, acaso en la esperanza de que en la última semana de sesiones del congreso naufrague por falta de tiempo la iniciativa. Se promueve, en cambio, ya abiertamente, una reforma que cambia el andamiaje de la legislación laboral. Comprendería flexibilización para no pagar horas extras ni festivos; trabajo por horas, para ampliar la informalidad; teletrabajo, para trasladar costos al trabajador, salario integral sin prestaciones y reforma pensional en favor de los fondos privados.

Revelaciones de la última encuesta de Datexco: 73% de los colombianos considera que el Gobierno maneja mal el problema del desempleo y mal los impuestos; 81%, que maneja mal la corrupción, 68% desaprueba su manejo de la salud y sólo el 15% piensa que la seguridad ha mejorado. Señales de que la avaricia de este Gobierno para con las mayorías desprotegidas y el intento descarado por borrar su pecado original, la ñeñepolítica, no tienen futuro. Llegados a esta altura de la crisis, debería el presidente llamar al orden a su ministro Carrasquilla y a su fiscal Barbosa, tan dados a confundir arbitrariedad y desafuero con energía de carácter. A no ser que aplauda el jefe en privado la impecable ejecución de sus órdenes.

 

 

 

 

 

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Élites: la mano al dril

 ¿Pródiga, rentable o provocadora? La donación de $80 mil millones de Luis Carlos Sarmiento para mercados e instrumental médico en la pandemia podrá ser genuino acto de desprendimiento; eficiente inversión en publicidad, o bien, ofensa para los excluidos que ven caer migajas de la mesa del rico Epulón, cuya fortuna se estima en 12 mil millones de dólares. En bumerán podrá terminar la feria de vanidades que, acaso en dolor de patria, ha montado la élite económica para escamotear su deber de aportar, codo a codo con el Gobierno, a la solución de la crisis. Principiando por allanarse al clamor de una reforma tributaria que elimine las exenciones recibidas y grabe patrimonio e ingresos –dividendos comprendidos– de los privilegiados. Una reforma que honre el principio constitucional de tributación equitativa, eficiente y progresiva.

Rica fuente de recursos cuando se busca hasta el último duro para evitar el contagio, el hambre, el desempleo y la quiebra de las empresas pequeñas y medianas, que generan 17 millones de empleos. Para evitar el derrumbe del aparato productivo. Así lo propone inclusive Eduardo Lora, tras deplorar la ruidosa ausencia de aquella élite en el duro trance. En foro de Eafit, insta el exdirector de Fedesarrollo a prepararse desde ya para una crisis prolongada.

Que no todo es roya en el cafetal lo dicen, primero, la explosión de manos que se tienden hacia el necesitado y la consagración de los campesinos a producir alimentos. Segundo, el prematuro compromiso de firmas como Arturo Calle, Creps & Waffles y Cine Colombia con la preservación de los salarios de sus empleados, pese al cierre temporal de actividades. Muchas empresas, cómo negarlo, se han mostrado solidarias. Pero otras tantas parecen más proclives a exhibir su cristiana caridad: 2 mil milloncitos aquí, 9 mil allá, 15.800 más allá; y una meta heroica de 35 mil mediante vaca de Andi, Cámara de Comercio, Camacol y Asobancaria en Bogotá. Lánguidos óbolos comparados con utilidades como la del sector financiero que en agosto pasado llegaban a $65,2 billones, y sus activos, a $1.888 billones. Tras los $273 billones que los Fondos Privados de Pensiones acaparan, se encuentran Sarmiento Angulo, el Grupo Empresarial Antioqueño y el Grupo Bolívar.

En $50 billones se calcula el valor de subsidios al empleo, protección a empresas medianas y pequeñas y apoyo a la producción nacional durante 3 meses. Salvo el gran empresariado que ha medrado al calor del neoliberalismo, proponen los estudiosos financiar ese monto con emisión monetaria, parte de los 53 mil millones de dólares en reservas internacionales, los $15 billones de regalías y pensiones regionales, crédito con el FMI; y un préstamo directo del Banco de la República al Gobierno, sin la inútil y onerosa intermediación de la banca privada, siempre lista a socializar pérdidas y capitalizar ganancias.

La acción del Estado, indelegable, habrá de concentrarse en reducir el avance del virus, en dar alimento a los necesitados, en proteger el empleo y asegurar la producción de bienes indispensables. En lugar de subsidiar a los muelles dueños de grandes empresas, deberá demandar su concurso para enfrentar la crisis más grave que agobia al país en un siglo. Al menos en reciprocidad por los incontables favores recibidos del Estado y de la ciudadanía. ¿A qué tanta reticencia de los ricos cuando se trata de salvar la vida y el ingreso de millones de colombianos? ¿No alcanzó su largueza sino hasta el impuesto de guerra que pagaron sin chistar ni preguntar cuántos cientos de miles de civiles inocentes morían en ella? Si se trata ahora de un impuesto por la vida y por un futuro mejor, ¿cómo no meterse a tiempo la mano al dril?

 

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