¿Guerrillas contra el poder popular?

Se diría que la vieja guerrilla ha vuelto a la política. Pero no ya inspirada en la toma del Estado capitalista para instaurar el socialismo, sino en la suplantación del poder popular para prevalecer como dictadura armada en los territorios y para mejor usufructuar las economías ilegales. Divisa que desnaturaliza su formal disposición al cambio y a la paz. Está por establecerse en qué medida emulan estos grupos al Clan del Golfo en atentados a líderes sociales, 33% de los cuales son dirigentes de Acción Comunal, la organización de mayor arraigo en las comunidades: así eliminan su poder social y amedrentan a la población.

Pero el asedio de grupos armados al poder popular no sólo cobra líderes en organizaciones de base; los negociadores del ELN en particular proceden a su vez contra los diálogos regionales en ciernes y cuya matriz es, precisamente, la participación de las comunidades, directa y libre de coacción. Apuntarían ellos a destruir la autonomía de las organizaciones sociales para monopolizar la agenda en estos espacios colectivos, pese a la legitimidad de la palabra y del quehacer de los pobladores que ninguna mesa puede alienar. De paso, al descalificar los diálogos regionales, desvela el Comando Central del ELN (Coce) su crisis ideológica, de representación y de autoridad.

Juliette de Rivero, vocera de la ONU, sostiene que la violenta incursión de grupos armados en los territorios compromete la gobernabilidad en 206 municipios, destruye su tejido social y la supervivencia física y cultural de la población. Se hace eco del viraje hacia negociaciones regionales, pide al Gobierno formalizar diálogo directo y permanente con las organizaciones de base, fortalecer la gobernabilidad del Estado y su política de seguridad.

Insistiendo en dialogar por su cuenta y riesgo, el Frente Comunero del ELN aplaude la decisión del Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, de convertir la paz en eje de su gobierno, y pide instalar mesa en ese departamento. Para el mandatario, los diálogos no pueden ser sólo con los armados sino con todos los actores del territorio. En la misma dirección van los gobernadores de Arauca, Meta y Chocó, destinatarios de la regionalización del diálogo que el presidente Petro ofreció en su correría por el Pacífico, y que en Nariño suscitó multitudinaria manifestación de apoyo. El EMC se sumaría al modelo de negociación por bloques.

La idea no podía sino precipitar la crisis en el ELN, pues pone en riesgo el control que el Coce aspira a ejercer sobre los mandos regionales de esa guerrilla, cuando salta a la vista la falta de representatividad de la vieja dirigencia y de sus delegados en la mesa nacional. Carlos Arturo Velandia, antiguo comandante del grupo armado, ha dicho que el 70 por ciento de la organización no está representado en ella.

Otty Patiño, comisionado de paz, señala que no son ya los viejos del ELN quienes dirigen la guerra. Ignoran que la guerrillerada es petrista, que proyecta sus ideales en las propuestas de cambio del presidente y se aviene a trocar las armas por la política. En entrevista concedida a Cambio, afirma Patiño que las comunidades están hartas de la guerra y de los abusos de los armados. Hace votos porque los negociadores de paz sean quienes están librando la guerra. Antonio García ejercería un liderazgo “muy negativo”, basado en la vieja idea de que es el arma lo que le da identidad al revolucionario. Pues no es el arma, responde Patiño, es su disposición a transformar la realidad.

Remata el Comisionado con una advertencia perentoria: el Gobierno no dialogará con grupo armado que amenace o mate a firmantes de paz o a líderes sociales. Será línea roja de la negociación.

Coda. Sentido pésame por la muerte de Roberto Hinestroza Rey.

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Cambio de foco en la paz

Tras un año largo de altibajos y desatinos de Danilo Rueda, Otty Patiño, el nuevo comisionado, reencuentra por fin el propósito estratégico que da sentido a una negociación de paz: erradicar toda gobernanza de ilegales armados en el territorio y lograr su reincorporación a la vida civil, sin fusiles y ateniéndose a la ley. Se trata de devolverle al Estado el monopolio de la fuerza y de la justicia en todos los rincones del país y volcarlo al cambio social, que es prenda de paz.

Empieza Patiño por encarar a la contraparte que viola, una y otra vez, el cese el fuego. Paro armado del ELN en el Chocó, ataque del EMC a una ruta escolar con saldo de dos muertos y a una patrulla del Ejército en Cauca son actos de deslealtad con los acuerdos pues el cese no es permiso para delinquir, les dice, y advierte que la Fuerza Pública podrá actuar en forma “pronta y eficaz” para prevenir y neutralizar hechos de esa laya. Violaciones que confirman el doble rasero de estos grupos: mientras ensanchan su guerra y sus dominios, hablan de paz en la mesa y pontifican y exigen y se indignan y ultrajan la dignidad del presidente. ¿Cuántos de los 27.000 confinados por el último paro armado del ELN acudirán al llamado? ¿Cuántos entre los dolientes de sus decenas de miles de secuestrados? Pero sueñan los elenos con copar el paisaje entero de la política liderando ellos, emisarios del pueblo, la participación de la sociedad toda en la construcción del país añorado. Y querrán colonizar proyectos de laboriosa factura como los Planes de Desarrollo Territorial (PDET), primeros en resultados de la implementación del Acuerdo de Paz.

El cese el fuego ha traído raudales de oxígeno a los armados que lo suscriben, y poco o ningún alivio a las comunidades en los territorios. Para ellas la cosecha no es siquiera franciscana (como lo aventura mi pasada columna); y para aquellos es ventaja de libre acción, ahora sin acometida de la Fuerza Pública, hasta prevalecer por bala y acorralamiento de la población. Sostiene Maria Victoria Llorente, directora de la FIP, que la reducción de índices de violencia en algunas zonas no responde al cese el fuego sino al asentamiento del grupo armado que venció a sus contendores en disputa por el control de economías ilegales, del territorio y de sus gentes. Pero no cesa allí la crueldad del amo contra los pobladores: éste atempera el espectáculo de sus excesos refinando métodos.

Los PDTE son parte del punto uno del Acuerdo de Paz, que busca cambiar la estructura del campo, asegurar los derechos de la población y revertir la miseria y el conflicto. Los PDTE priorizan las zonas más pobres y martirizadas por la guerra, 170 municipios, para acelerar su desarrollo mediante trabajo de comunidades y autoridades a la par. A octubre de 2023, se habían registrado 33.007 iniciativas en educación, salud, reactivación económica, producción agropecuaria, seguridad alimentaria y construcción de paz; producto de 16 encuentros comunitarios en las 16 subregiones que ejecutan ya sus planes de desarrollo.

Acaso el avance hacia aquellos objetivos en los diálogos derive, por su propia dinámica, en supeditación del cese el fuego a dos ceses previos que las comunidades piden a gritos: cese de hostilidades contra ellas, íntimamente atado al cese multilateral del fuego entre armados. Y extensión de los PDTE a un número creciente de municipios. Garantía de su carácter genuinamente democrático será que el Estado preserve con celo la iniciativa sobre ellos.  Con su cambio de foco en la negociación, reaviva Patiño la esperanza de paz. Y el presidente Petro cierra con broche de fierro al notificarle al Clan del Golfo: “si no son capaces de desmantelar sus grupos, serán destruidos por el Estado”.

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La paz: rosas y espinas

Sí, Colombia es país de paradojas. Único donde porfía el anacronismo de guerrillas “revolucionarias” que desaparecieron por irrelevantes hace décadas en toda la región; pero también florecen aquí procesos de paz como el sellado en 2016 con las Farc, un referente inescapable para experiencias de su orden en el mundo. Por vez primera en 30 años renuncian al secuestro el Eln, el Emc de Mordisco y Nueva Marquetalia, la otra disidencia de las Farc que acaba de abrir conversaciones con el Gobierno. Por vez primera en 40 años de diálogos que naufragan en la testarudez de los elenos, se pacta cese el fuego bilateral de 6 meses adicionales con ellos, para completar un año. 

Si con ello cabe soñar que amaine la violencia, más le servirá a esta guerrilla alienarle un enemigo, la Fuerza Pública, cuando enfrenta el garrote de sus rivales -el Clan del Golfo verbigracia- todos a una en guerra por el territorio y por el sojuzgamiento de sus gentes; por el control del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando. Mas la que sufre es la población inerme. Que lo ideal hubiera sido un cese multilateral entre armados o, mínimo, de hostilidades contra las comunidades, no invalida lo logrado a la fecha. Ni lo descalifica la insolencia del Eln cuando de contemplar la finalización del conflicto o el abandono de las armas se trata. Pero salta la pregunta de rigor ante la sistemática violación de su palabra: ¿qué sentido tendrá negociar con el Eln si a cuatro días de acordada la tregua anuncia paro armado en el Chocó? 

Cosecha franciscana ésta de cese incierto y veto al secuestro sólo por seis meses, cuando en un suspiro han casi duplicado filas los grupos armados y expandido, a sangre y fuego, sus dominios.  Ya lo dijera el mismísimo presidente Petro: las de hoy no son las guerrillas de antaño, ya no aspiran ellas a tomarse el poder para cambiar la sociedad. Diríase que han suplantado su lucha política por la grosera rebatiña de economías ilícitas. Reveló el director de la Dijín que la mitad de las incautaciones de droga en 2023 pertenecían al Eln y a las disidencias de las Farc. En 10.000 millones de dólares estimó su valor. Pero el Gobierno no acompasa su diagnóstico con objetivos definidos en la negociación ni métodos claros para acometerla.

Pivote del proceso con las Farc, Sergio Jaramillo clama por redoblar esfuerzos en su implementación. Dos problemas aquejan este proceso de paz, según él: el retroceso en seguridad y el abandono del punto uno del Acuerdo. Es un círculo vicioso: sin seguridad no prosperan los programas de cambio en las comunidades; sin inversión, empleo y presencia del Estado se deteriora la seguridad. El Acuerdo quería desatar lógicas de integración territorial y de inclusión social, pero quedaron como asignatura pendiente. De otro lado, considera un error dar a las disidencias reconocimiento político, aún cuando incumplen el Acuerdo de Paz y asesinan a excombatientes. Y, mientras avanzan en la consolidación del control territorial, señala, montan la fachada de una negociación espectáculo. Como en el Caguán. Invita a revisar el proceso, ahora o nunca.

Mientras Jaramillo señala la recuperación de la construcción de paz en los territorios como foco del viraje, Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para la región escribe: sin una política de seguridad efectiva y una implementación a fondo del Acuerdo de Paz de 2016, tristemente la paz total en Colombia no será exitosa.

Esta paz no es el jardín de rosas que sus propagandistas muestran. Tampoco solo espinas, como quisieran los enamorados secretos de la guerra que se presentan como simples contradictores del presidente. Pero rectificar no da espera. Demasiadas vidas penden de una negociación de paz como para jugarla al azar.

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Petro: verdades sin máscara

Acostumbradas ciertas elites a acapararlo todo, aun allí donde había corrido sangre, se rasgan las vestiduras al primer intento del presidente Petro por reivindicar a los damnificados de la tierra. Que se cocina “expropiación expres” alerta a grandes voces la derecha aunque el Gobierno, que bien pudiera echar mano de las muchas leyes que en Colombia autorizan la expropiación de tierra feraz inexplotada, se la compra en cambio al latifundismo, a precio comercial y con recursos públicos. Es que para responder a la emergencia de millones de campesinos expropiados a bala o por amenaza de muerte, quiere el ministerio agilizar el mecanismo de compra de tierra en procesos de extinción de dominio reglados estrictamente por la norma legal. 

Otro mecanismo, consagrado en la Ley de restitución de tierras, afectaría predios arrebatados a sus dueños y adquiridos después por terceros “de buena fe”. El caso de Argos, empresa del mayor conglomerado económico, ha tensionado todas las fibras del gran capital. Pero, tras 22 sentencias judiciales, nunca pudo esta firma demostrar buena fe exenta de culpa al comprar tierras habidas tras masacres y desplazamiento de campesinos en Montes de María. Hoy las “dona”, no a los labriegos, sino a una fundación de su propiedad.

Agudizada al extremo nuestra ya atávica desigualdad en propiedad agraria, no más mencionar el sistema de privilegio enardece a una franja grande del poder de fusta y al de motosierra, coligados en grosero amancebamiento de medio siglo. Si conflicto agrario y conflicto armado se retroalimentan, con Petro corren parejas desiguales: consistente se ve el marco de la reforma rural, y azaroso, el de la paz total. Y los grandes interesados en que nada cambie atizan las dificultades de la paz para ocultar bajo esa alfombra verdades de a puño, brutales en su depurada simplicidad, que el presidente expresó el 30 de agosto.

Desde 1936 se instituyó en Colombia, como en las democracias todas, que la tierra tiene función social y que, en tal virtud, se la puede expropiar si no se explota. Una y otra vez lo refrendó la ley, apunta el primer mandatario. Y, sin embargo, este Gobierno no expropia. Compra. Parafraseando su discurso, dirá que los expropiados aquí fueron los campesinos, a sangre y fuego de hombres armados aliados con funcionarios públicos que seguían órdenes de quienes se quedarían con la tierra. Senadores de la república ordenaron masacres como la de Macayepo: “votaban las leyes por la mañana y por la noche hacían las listas de los que iban a morir”. Argos se quedaría con tierra de desplazados tras la masacre, acaso pensando de buena fe que no se había regado ella con sangre; pero después de 22 fallos judiciales, no devolvía la tierra que había comprado por tres pesos. Por codicia, por egoísmo social.

Sin justicia no habrá paz, abunda el presidente: la justicia y la verdad son la antesala de la paz, así como la injusticia y la desigualdad son la antesala de la violencia.  Insiste en la reconciliación, punto final de la guerra y punto inicial de una era de paz. Tenemos que dialogar, dice, pero el diálogo no puede ser sino entre iguales.

Con todo, el acuerdo nacional no podrá ser subsidiario de una “paz total” que de momento revuelve a tirios y troyanos, a grupos armados de carácter político que apuntan a la suplantación del poder (como el ELN) con otros (como el Clan del Golfo, las autodefensas o la Oficina de Envigado) cuyo fin exclusivo es enriquecerse: una cosa es la insurgencia y, otra, el crimen organizado. Pero la fuerza de los hechos compromete en esta guerra no sólo a toda la gama de sus ejecutores armados sino a sus determinadores y a sus beneficiarios directos o indirectos. Y se sabe: sin reforma agraria, seguirá la guerra.

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De la coca a la industria agrícola

Si el presidente oteara con paciencia los riesgos, para anticipar soluciones, abriría una honda grieta en la política antidrogas que rige. Tal sería el impacto de su alternativa, cimentada en despenalización del minifundio cocalero mientras fructifica el cultivo industrial que lo sustituya. Pero ésta no podrá divorciarse de estrategias paralelas como la de reforma rural y, sobre todo, la de paz total. De la consistencia de esta última, tan azarosa aun, dependerá la nueva política de drogas. La vieja fracasó clamorosamente: no evitó el consumo, nutrió la sangrienta cruzada de narcos y paramilitares, financió guerrillas degradadas y tapizó de muertos la geografía de Colombia. Falló, en particular, la erradicación forzada, pues crecieron más las nuevas siembras que los predios intervenidos. 

Petro propone descriminalizar transitoriamente al eslabón más débil de la cadena del narcotráfico y concentrar la fuerza del Estado en la interdicción de los mandamases que cultivan, procesan y comercializan la droga. Y lavan sus réditos a menudo libando un drink en el club o un café en el canapé gerencial de algún banco. Muestra al canto, la incautación de 4,5 toneladas de cocaína entre un lote de 1.750 vacas embarcadas en Cartagena hacia el Medio Oriente. Tras la firma exportadora encontró la periodista Paola Herrera “toda una red empresarial que deja en evidencia la presunta creación de empresas de papel”, fachada de otras actividades. ¿Serán mafia exquisita? 

Riesgo inminente en el modelo de transición del pequeño cultivo hacia la industria agrícola: que, viéndose amparado, quiera el pequeño cultivador de coca expandir su sembradío. Para disuadirlo, compromiso solemne y energía. ¿Peligros? Todos: que en esta política, hermana de la compleja e incierta paz total, resulte el campesino sacrificado a la guerra por el mercado de la hoja de coca, por el territorio, por sus corredores de narcotráfico y su población. Previsible, cuando no se vislumbra un cese el fuego multilateral sino bilateral, y éste parece traducirse en que la Fuerza Pública baja la guardia frente a sus contrarios (que siguen disparando y en el negocio) mientras la población desespera entre el fuego cruzado de elenos, disidencias y el Clan del Golfo. El buen éxito de la así concebida sustitución de cultivos depende de la entereza con que el Gobierno negocie cese multilateral entre todos los armados y cese de hostilidades contra la población.

En juego está el más prometedor replanteamiento de la lucha antinarcóticos. En desarrollo del Acuerdo de Paz que insta a crear planes integrales de sustitución de cultivos como herramienta contra el problema de las drogas, Felipe Tascón, director del programa, explica que se trata de volver a los pequeños cultivadores socios del Estado en programas de industrialización agrícola allí donde hoy se cultiva coca. Y no será cambiando una mata por otra, una de coca por una de maíz, sino de cambiar la mata de coca por harina de maíz, para que la sustitución resulte competitiva: agregarle valor al maíz mediante su transformación industrial.

Sustitución de cultivos, reforma rural hacia la industrialización del campo y paz total son estrategias hermanas, respiran cada una por los pulmones de las otras. Si de amortiguar la violencia, si de conjurarla se trata, deberán acompasarse, la mira puesta en las víctimas que ocupan el centro del cuadro: las comunidades étnicas y campesinas. Con la sustitución gradual de cultivos minaría este Gobierno la política antidrogas que convirtió a Colombia en narcoestado y bloqueó su desarrollo. Ojalá el tránsito de la coca a la modernización democrática del campo no se aborte en negociaciones precipitadas, condescendientes, con organizaciones tenebrosas que no han mostrado todavía qué ofrecen a cambio de la mano tendida por la paz.

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La Paz Total necesita un viraje

Cuando menos se esperaba, en la trama más punzante entre antagonistas, podría terminar Petro emulando a Álvaro Uribe: repetiría el desatino de conceder estatus político a organizaciones criminales. Lo intentó el expresidente en 2005 tras el Pacto de Ralito con las Autodefensas, pero la Corte Suprema esquivó el lance, pues la mayoría de sus jefes eran una y misma cosa con el poder mafioso y el narcotráfico. No les cabía la condición de sedición. Y este Gobierno, cautivado por su propia oferta de Paz Total, ensaya atajos para dar a armados de toda laya trato de alzados en armas contra el Estado, muchos de cuyos agentes civiles y militares han marchado de gancho con los maleantes. O con organizaciones paralelas a la Fuerza Pública creadas por el Estado mismo, como las Convivir, germen del paramilitarismo.  Protesta Sergio Jaramillo, voz autorizada en cosas de paz, por el lenguaje con que el Gobierno exalta a las bandas criminales. Las llama insurgencias, organizaciones políticas, les habla de cese el fuego y deposición de armas, de paz y fin del conflicto; como si bandas de homicidas entregados a enriquecerse pudieran prefigurar alternativa al orden instituido. Concesión desmesurada que ultraja a sus víctimas y se ríe de los colombianos.

Deplora Jaramillo que, por andar negociando con narcos, deje el Gobierno huérfano el Acuerdo de Paz. Y critica el modelo de negociación por acuerdos parciales, de concesiones inaugurales sin contraprestación, porque no garantizan el desarme final, meollo de todo proceso de paz. Tampoco aseguran la desmovilización de los mandos medios que llegarían a reemplazar a la cúpula desmovilizada, ni la disolución de sus estructuras militares, ni el abandono de los negocios ilícitos. Tal como sucedió con las Autodefensas,  recicladas en las bandas criminales que hoy querrán reeditar la fórmula. De aquellos 31.671 desmovilizados sólo el 2% ratificó su postulación a la Ley de Justicia y Paz. Por lo que toca al ELN, único grupo armado con carácter político, sorprenden las gabelas que de entrada se le ofrecen (cese el fuego, revisión de la extradición, entre otras) sin horizonte definido de negociación.

Jaramillo objeta también que se les permita a las bandas criminales pavonearse entre comunidades, a la manera de guerrillas que, sin pueblo, buscan afanosas base social para cañar en la negociación. Hoja de parra, se diría, de la pobreza ideológica que los distingue. Presume Iván Garzón que muchos querrán ahora desempolvar manuales de doctrina “para levantar su maltrecha imagen de señores de la guerra y presentarse como guerreros románticos que representan a sectores excluidos, una cantaleta que el triunfo del Pacto Histórico desvirtuó”. 

A las dudas, reconoció Iván Cepeda, jefe de la Comisión de Paz del Senado, que podía haber equivocaciones u omisiones,  pero que el fundamento de la Paz Total es la implementación del Acuerdo Final suscrito con las Farc; esa es la base, añadió, para construir otros procesos y para superar las causas históricas de la violencia. Por su parte, en iniciativa nunca vista, invitaba el Presidente a unirse en diálogos regionales vinculantes para alimentar el Plan Nacional de Desarrollo con propuestas de las regiones, e iniciaba en Turbaco una ronda por 50 municipios. 

Enhorabuena. Confiable como es la palabra de Cepeda y revolucionario el plan de nutrir la paz con el sentir de la ciudadanía como insumo esencial del cambio, cabe esperar un viraje en el proceso que despunta. Mas la impactante innovación de acometer a un tiempo diálogo de paz y consultas regionales deberá acompañarse de dos elementos insoslayables: uno, no negocia con bandas criminales el Gobierno sino la Fiscalía; dos, si el modelo de paz no incorpora acción decidida de la Fuerza Pública para brindar seguridad, la paz sería un juego de azar.

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