Íngrid, antipolítica y politiquería

El ataque de Íngrid a las maquinarias respira el aire de la antipolítica que rodeó a los constituyentes de 1991. A la crisis de los partidos que amalgamados por el Frente Nacional habían perdido relevancia, respondieron ellos con la receta que el ultraliberalismo en boga proponía para la política: golpear a los partidos, máquinas de clientelismo y corrupción, y erigir en su lugar al ciudadano ilustrado, sin ataduras, dueño por fin de su destino. Danzaba la idea de suplantar la democracia representativa por la “participativa”. De trocar la expresión organizada de la sociedad, aun con sus vicios y defectos, por un agregado mecánico de individuos dispersos que terminarían arrastrados por la democracia plebiscitaria, inorgánica, manipulativa, al servicio de un caudillo. Como sucedió con Álvaro Uribe, olímpico beneficiario de la democracia directa ideada para mejores fines.

Las democracias que sucedieron a las dictaduras del Cono Sur recogieron su discurso contra el Congreso, contra a clase política, contra la partidocracia, contra a política misma. Presentarse ahora como outsider antipolítico fue expediente de jugosos réditos electorales. No demoró Uribe en confesar que en un modelo de “fortaleza partidista” habría fracasado su carrera política (Del Escritorio de Uribe, 2002). Álvaro Gómez anhelaba que los partidos “sucumbieran a su propia atomización personalista”. Rudolf Hommes, animador del Consenso de Washington y flamante líder de la nueva élite de tecnopolíticos en el gobierno de Gaviria, se congratulaba de que la nueva Carta  hubiera debilitado a los partidos “porque tenían demasiado poder”. A él se sumó la beligerante Íngrid, que debutaba en política dispuesta a “reventar las maquinarias” para salvar la patria.

Treinta años después, insistirá en asimilar maquinaria, aparato de partido, a corrupción.  Embistió a la ya debilitada  coalición de Centro. Y repitió el golpe que en 2018 le asestara César Gaviria a Humberto de la Calle, estadista que descuella solitario entre la descorazonadora medianía de la turbamulta que se siente ya presidente. Queda en vilo su curul, gracias al acomodaticio rigor de una dirigente capaz de encarar a sus secuestradores en nombre de las víctimas pero reducida al subsuelo de la politiquería al imponer a su sobrina como cabeza de lista.

Sabe ella que los partidos son maquinaria, aparato organizado para disputarse el poder del Estado como vehículo de intereses de la sociedad. Que sin ellos no hay democracia. Que no siempre son corruptos, o no en toda la línea. Como no lo son todas las bancadas del Congreso. La solución no está en extirpar los partidos sino en activar los dispositivos políticos necesarios para devolverles entidad histórica y preservar su estatuto ético. Ni en alarde de profilaxis clausurar el Congreso, como lo hicieron los constituyentes de 91. No se protegen la democracia y la moral pública destruyendo sus instituciones.

Pero de la necesidad de preservar los partidos no se siguen alianzas sin condiciones ni principios ni programa compartido suscrito formalmente. Más cuando proliferan políticos en busca de otras toldas, desprendidos de partidos deshonrados por muchos de sus miembros entregados al pillaje del erario y al crimen. Tocan los Luis Pérez a las puertas de Petro y éste los recibe sin preguntar, sin objetar. Tocan los Varón a las puertas de Alejandro Gaviria y éste, que dice rechazar el continuismo, no pregunta, nada objeta. En ambos casos, ni puntadas para tejer una alianza sobre ideas y programas. Politiquería.

Ni la antipolítica que permeó el espíritu del 91 ni el fundamentalismo han podido sepultar a los partidos. Mas, parece llegada la hora de responder al llamado más dramático de la sociedad en muchos años. Si no por convicción, por instinto de supervivencia. Antes de que las propias urnas los descontinúen.

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Iván Duque, una moral de gelatina

Ineptitud, altanería ante los débiles y mansedumbre ante los poderosos, blandura con la corrupción, son rasgos salientes del gobernante que nos tocó en suerte. En virtual legitimación de la torpeza, la incompetencia, el abuso de poder y, acaso, la mala fe de ministros cuya temeridad le cuesta al erario un potosí, se bate Iván Duque a capa y espada por un Carrasquilla, por una Abudinen. Debuta en su Gobierno con la indecorosa defensa del titular de Hacienda enriquecido con bonos de agua que estrangularon las finanzas de 117 municipios. Y en el ocaso del mandato cubre de justificaciones y lisonjas a la titular del Mintic –niña predilecta del clan Char– por suscribir un contrato billonario montado sobre documentos y firmas apócrifas con empresarios de dudosa ortografía, y por concederles alegremente un anticipo de $70.000 millones, sin garantías, y que fueron a dar a un paraíso fiscal. Pese a las alarmas que había activado mucho antes la periodista Paola Hernández. Hoy está ella amenazada.

Mintic adjudicó el contrato a Centros Poblados, aunque el asesor de esta firma fuera, a la vez, asesor de la ministra (el consejo de ministros desestimó la recusación que obró contra ella); y aunque las  denuncias probaron inexperiencia de los contratistas en telecomunicaciones y falta de requisitos legales. Un alud de cuestionamientos pesa ya sobre las empresas de Centros Poblados. Y sobre la personera del contrato que, si no la incrimina penalmente, comporta responsabilidad administrativa y política. Si le quedara todavía pudor, debería renunciar. Como sucede en cualquier democracia que se respete.

Hace tres años denunció Daniel Coronell que, siendo ministro, había impulsado Carrasquilla una ley que le reportaría después $70.000 millones de ganancias en cinco años. Privatizado el servicio de agua en 1994, inversionistas particulares podrían ahora prestar a los municipios para obras de acueducto. Así lo hizo el ya exministro entre 2008 y 2011, pero con tasas de interés extorsivas que ahogarían a los municipios y sin asumir responsabilidad sobre la ejecución de las obras. Quedaron ellos endeudados por 19 años y sin conexión domiciliaria al servicio de acueducto y alcantarillado. Nadó Carrasquilla en sus millones y luego, al primer debate de control político, sobre el salvavidas que el recién posesionado presidente Duque le tendió.

No sorprende la destreza de Duque para embolatar los proyectos que volvían leyes el clamor de casi 12 millones de votantes contra la corrupción en 2018. Proponía el referendo, entre otros, que los corruptos tuvieran que devolver todo el dinero robado; que no se les concediera casa por cárcel, ni asignara el Estado contratos a dedo. Tampoco sorprenden los afanes del presidente por modificar ahora la ley de garantías electorales: para poder contratar sin licitación y nombrar ejércitos de activistas en la campaña venidera. Para tomarse por asalto los recursos públicos que queden aun a la mano. Así niega Duque su pronunciamiento de 2017, cuando calificó iniciativa parecida como “asalto a la legalidad y a las garantía electorales”.

En un país donde la corrupción alcanza los $50 billones al año, el 93% de cuyos ciudadanos piensa que esta empeora día a día (13 puntos más en este Gobierno), mucho ofenden las fogosas incursiones del presidente de la República en defensa de ministros y funcionarios que en su felonía se mueren de la risa porque el jefe supremo los mima y protege. En recuerdo del malogrado referendo, propone David Racero que los delitos de corrupción contra el Estado no prescriban ni haya libertad por vencimiento de términos. Sea. Y ojalá que en 2022 despunte otro país donde las siempre saboteadas reformas política y de justicia conjuren la vergüenza de tener presidentes con moral de gelatina.

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Gobierno Duque: el peor en muchos años

¿Qué pecado cometimos los colombianos para que se nos castigue con el peor gobierno en muchos años? Un rápido paneo sobre el estropicio mostrará que no lo es tanto por inepto como por trabajar con eficiencia admirable contra la mayoría de la población: la sitia, cuando no la condena al hambre, a la violencia, a miles de muertes evitables en la pandemia, al reino de la mediocridad en los puestos de mando. Todo ello, resultado de sus políticas en economía, en seguridad, en salud pública, en administración del Estado.

Cuando la crisis se enseñoreó del continente y se vistieron los barrios populares en Colombia de trapos rojos, nuestro país ocupó el primer puesto en desempleo y el último en inversión de emergencia para evitar que la tercera parte de su gente se redujera a una comida diaria. Y estará entre los pocos que porfíen en el modelo económico que la crisis destapó y profundizó. En vez de operar el golpe de timón que se impone por doquier, aquí se castigará con más ferocidad a las clases medias y trabajadoras, en favor de la camarilla de plutócratas que cogobierna con Duque, que vive y engorda de acaparar los recursos del Estado. Ya el decreto 1174 inició el camino de reforma laboral que castiga las garantías del trabajo. Y prepara reforma tributaria con IVA para todo y entierro definitivo del impuesto progresivo.

En seguridad y orden público, el balance nos devuelve a los peores días de la guerra: sólo en el primer mes de este año hubo 14 masacres y 21 líderes asesinados. Y el Gobierno ahí, como complacido en su muelle indolencia, esperando endilgar el incendio al castrochavismo, coco inveterado de sus campañas electorales. Pero es el Gobierno el que incendia. Por omisión. No aumenta el pie de fuerza donde se requiere, ni desmantela los grupos armados; judicializa a los sicarios y no a los autores intelectuales de la matanza.

En manejo de la pandemia, Bloomberg catalogó a Colombia como el tercer peor país, y el director del DANE reveló que, a enero 31, los muertos por covid no eran 50 mil sino 70 mil. En cifras relativas de contagios y muertes, superó a Brasil. Especialistas señalaron que, para evitar el desborde, se debió actuar antes. Las medidas de prevención y control del Gobierno fracasaron. No se controló la circulación del virus tras la primera ola, con identificación y aislamiento de sospechosos, rastreo de contactos, ejecución generalizada de pruebas y entrega rápida de resultados. Pese a la bonhomía del ministro Ruiz, la pandemia puso en evidencia las consecuencias de haber convertido la Salud en negocio privado. Y el arribo de la vacuna parece todavía más ficción que probabilidad.

Para los cargos de mando en el Gobierno, desliza Duque una tropilla de incompetentes –no todos, claro–. Tentáculos de pulpo viscoso, se apoderan aún de los órganos de control del Estado. Y colonizan, insaciables, la gran prensa. Caso de la hora, la designación de Bibiana Taboada como codirectora del Emisor, por la sola gracia de ser hija de Alicia Arango, cuyo mérito es, a su turno, ser parcera de Duque y del Gran Burundú del Ubérrimo. Con Taboada completa el CD su dominio del que no será más el Banco de la República sino el banco de una secta de ultraderecha comandada por un expresidente subjudice con delirio de poder.

¿Estaremos condenados para siempre a gobiernos de este jaez, todo incuria, violencia y privilegio? ¿Es que no existen en Colombia estadistas de la talla de un Humberto de la Calle, dueño de pensamiento universal, de la decencia que a este Gobierno le falta, de probada capacidad para agenciar el cambio indispensable, dentro de los parámetros de la democracia? Pobre es el que carece de lo necesario para llevar una vida digna. Pero lo es también el que no ve la riqueza que tiene al canto. Agucemos el ojo a tiempo.

 

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Agro: la derecha va con toda

Enferma de codicia, ella sólo puede mirarse en el espejo de su propio ombligo. Cuando las afugias del campesino –agravadas por la pandemia– demandan un vuelco en la política agraria, los poderosos gremios del campo proponen mas bien exacerbar las causas de la crisis: perseverar en las condiciones que la alimentan y agudizan. Velando la nuez del problema con saluditos de cortesía a la pobrecía, en iniciativa de estrategia agraria que lanzaron en diciembre, ninguna consideración les merecen la reforma rural o la restitución de tierras. Encabezadas por la SAC, ventilaron aquellas organizaciones un proyecto a 30 años vista que reafirma su poder ancestral y su ventajismo sobre los productores de economía campesina, que son el 90% de la población rural.

Se trata de consumar la modernización capitalista del campo pero excluyendo de sus beneficios al campesino que responde por la seguridad alimentaria del país. Como si modernización sólo compaginara con gran propiedad. Apunta la agroindustria a trocarlo en peón ruinmente pagado, con salario “diferencial” para el campo y enganchado por días o por horas. Jugosas ventajas favorecen de entrada esta iniciativa mediante “asociación” con pequeños propietarios, en la cual lleva el gran empresario las de ganar. Pues él parte de la informalidad laboral, que alcanza el 82%; de la pobreza, que rebasa el 70%; del boicot al acuerdo de paz que niega la tierra prometida al labriego; de los ejércitos anti restitución y las iniciativas legales del uribismo que apuntan al mismo blanco: a proteger advenedizos en tierra ajena.

Se lucra también de la sangrienta contra-reforma agraria que arrebató sus fundos a cuatro millones de pequeños y medianos propietarios, gracias a la siniestra alianza de muchos empresarios, ganaderos y terratenientes con paramilitares, narcotraficantes, políticos y agentes del Estado. Impúdica en su farsa de hacer patria, la propuesta de estas elites calla a gritos la historia macabra de la guerra que se resolvió en despojo. Saben que cuentan con el poder, con la fuerza y con capacidad de chantaje sobre mares de brazos que lo perdieron todo y tienen hambre.

Ya calculaba la Comisión Colombiana de Juristas en 83% la impunidad en casos de despojo y abandono forzado de tierras. Hace un año, la restitución beneficiaba apenas a 45.460 personas de las cuatro millones afectadas y no comprometía sino 340.704 hectáreas de las 8 millones abandonadas. Mucho, con la reiterada complicidad del Estado en este Gobierno mañoso.

Desplazamiento forzado y acumulación de tierras corren parejas. Colombia es hoy el tercer país de mayor concentración agraria en el mundo. Las cifras abruman: en la base de la pirámide rural, dos millones de minifundistas con predios inferiores a una hectárea poseen 1,3 millones de hectáreas; en la cúspide, 2.200 dueños de predios superiores a 2.000 hectáreas poseen 39 millones de hectáreas. Gran parte de ellas dedicadas a ganadería extensiva o a lotes de engorde, para honrar el modelo aledaño al de la agricultura comercial: tierra sin hombres y hombres sin tierra.

El olímpico mutismo de estas élites ante el exterminio de líderes reclamantes de tierra armoniza con el pérfido desdén que la atrocidad le merece al presidente Duque. Gremios y mandatario se abrazan también en el modelo de gobierno corporativista, de vocación fascista, que ha prevalecido en estos casi tres años de tercer mandato uribista. De allí la naturalidad con que los gremios sellan su proyecto queriendo constituirse en órgano autónomo de Gobierno para trazar las estrategias y políticas del sector. Poder independiente que parecerá mixto por la decorativa presencia de algún ministro de Agricultura salido de sus propias filas. Como se ve, en el campo la derecha va con toda.

 

 

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La antidemocracia refrendaria

En manos de extremistas como Álvaro Uribe, la democracia directa es un azote. Introducida por la Carta del 91 para ampliar la participación política, el uribismo puso no obstante la democracia directa al servicio del proyecto más reaccionario que floreciera en Colombia después de Laureano Gómez. Forma de participación complementaria de la representación política, lo mismo puede propiciar soluciones de fondo democrático que violentarlas. Por plebiscito se consagró en 1957 el derecho al voto femenino y se clausuró la dictadura; una consulta popular arrojó en 2018 casi 12 millones de votos contra la corrupción. Pero dos años antes, el CD boicoteó en plebiscito con mentiras catedralicias un acuerdo de paz logrado tras medio siglo de guerra y medio millón de muertos y desaparecidos. También ahora marcha el referendo de Uribe sobre embustes y cargas de odio contra la justicia transicional que es modelo para el mundo.

Pescó la derecha en los vacíos del modelo participativo que se ofreció como antídoto a la crisis que alcanzó su clímax en 1989. El enemigo sería ahora el clientelismo, máquina infernal de corrupción en los partidos y en el Estado, depositarios de la democracia representativa. En el reformismo moralizante de tantos que habían forjado entre clientelas su poder, respiraba el esnobismo de que la nuestra era una democracia sin ciudadanos. Dos figuras simbolizaron el antagonismo entre el oro y la escoria: el ciudadano y el cacique clientelista.

La democracia directa, refrendaria, fue corolario político del modelo de mercado que el Consenso de Washington imponía en el subcontinente, como contrapartida a las dictaduras del Cono Sur. Pero repitió la receta autoritaria, ahora en formato de neopopulismo, desde Fujimori en el Perú hasta Uribe en Colombia. Dictadores desembozados y tiranos en ciernes elegidos por el pueblo legitimaron su mano más o menos dura en la corrupción del sistema político. Pero, lejos de erradicarla, la ahondaron.

A Colombia se proyectó el diagnóstico de la crisis que pesaba sobre estos países: dictaduras y dictablandas hacían agua; se decretó agotado el modelo proteccionista; se imponía una transición que armonizara libertad política con libertad económica sin atenuantes. Se trataba de compatibilizar cambio económico y modernización política. Había que transitar de la democracia representativa a la democracia directa del individuo en ejercicio pleno de su libertad; del Estado social, promotor del desarrollo, al Estado adaptado a las necesidades del neoliberalismo, del clientelismo a la ciudadanía. La Carta del 91, diría Rafael Pardo, transformó las reglas del juego político y cambió el modelo de desarrollo.

Entre reformas vitales del 91 (la ampliación de derechos, la tutela), cobró ruidoso protagonismo la ideología que exaltaba la democracia “participativa”. A su vez, la laxitud de la norma que permitía la creación de partidos fracturó el monopolio del bipartidismo tradicional, sí, pero debilitó a las organizaciones políticas y al sistema de partidos. Atomizados los odiados partidos, mistificada la democracia directa, desactivada la sociedad civil, surgió el escenario  donde medrara el primer demagogo con ganas de jugar a la tiranía de las mayorías. Al Estado de opinión.

Décadas lleva Uribe practicando la democracia directa que sirve a su proyecto de vocación neofascista: con consejos comunales que descuartizan la institucionalidad, con manipulación oprobiosa del plebiscito por la paz, con su nuevo referendo contra la Justicia. A despecho de la Carta del 91, el uribismo interpretó modernización política como amancebamiento de clientelismo y neopopulismo. Esta versión de democracia directa es espejismo de cepa antidemocrática, a leguas de la genuina participación política.

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Tierra y más tierra o el uribismo insaciable

 

No le basta a la caverna con sabotear la devolución de las tierras robadas en la guerra; va también por los baldíos. Al proyecto de ley de María Fernanda Cabal contra la restitución de predios se suma ahora el del copartidario Rubén Darío Molano, para desmontar el último instrumento de reforma agraria: la Ley 160 de 1.994, soporte de la Reforma Rural suscrita en el Acuerdo de Paz. Tal contrarreforma volvería picadillo lo que queda de economía campesina, en el altar de la gran propiedad rural. Y, en su anhelo de reavivar la contienda, agudizaría esta derecha rapaz el conflicto agrario del que se nutre, sazonado en sangre, desde hace 200 años.

Carambola doble, en el país de mayor concentración de la tierra en el mundo: en lugar de trabajar sus haciendas, especula el latifundio con ellas y alarga su mano peluda hacia los baldíos de la Nación con destino legal al campesinado pobre. Contra la probada superioridad en productividad de la agricultura familiar sobre la gran empresa agroindustrial, el vocero del CD anuncia exultante el retroceso, que acabaría de sumir en la pobreza a 13 millones de pobladores del campo. Más tierra recibirían los grandes terratenientes y, por añadidura, una jugosa tajada de los $78,5 billones que en gabelas tributarias les concede este Gobierno a las élites. Para honrar tradición de privilegios en la cual Agro Ingreso Seguro fue un episodio más de raponazo de subsidios destinados a pequeños agricultores que aterrizaron en bolsillos de pomposos apellidos.

Si la Ley 60 reserva los baldíos para familias pobres, el proyecto del CD los entrega al grandes inversionistas, así no sean sujeto de reforma agraria. Si el baldío para el campesino sería de una Unidad Agrícola Familiar,  el propuesto le reconocerá hasta 3.000 hectáreas al ocupante “de buena fe” antes de 1989. Convierte la expropiación (por falta de explotación) en “mecanismo residual” y, en consecuencia, también la redistribución de tierra. Porque las Zidres apuntan a la misma tierra de la pequeña agricultura.

El candidato a Nobel de Economía y colombianista, Albert Berry, ha demostrado que la productividad de la tierra es mucho mayor en pequeños fundos. Si cuenta con apoyo social, técnico y financiero, y si se le suministra tierra, el campesino crea más valor y empleo. Porque la agricultura familiar es intensiva en mano de obra, explota productos de alto valor y amplía la seguridad alimentaria de la población. José Leibovich probó que la economía campesina aporta el 60% a la producción agrícola total y 35% de los alimentos que consumen los colombianos. La productividad del minifundio sería 4 veces mayor que la de la gran propiedad. La talanquera está en el acceso a la tierra. Y en los apoyos financiero, tecnológico y comercial del Estado, acaso como quiso hacerlo el DRI.

Pero, se sabe, el acaparamiento violento de la tierra se amanceba con el poder político. La caverna del campo encubrió bajo el estruendo de la guerra su grosero engullir de tierras y más tierras; y hoy prepara la tarascada de gracia para eternizar el suelo patrio como su finca particular, a menudo en asocio del narcoparamilitarismo. De postre vino AIS, fondos públicos con los que remachaba Álvaro Uribe el apoyo de la crema latifundaria a su segunda reelección y, Uribito, el cupo para sucederlo. 51 aportantes a las campañas de elección y reelección de Uribe desembolsaron $687 millones y recibieron $44.000 millones entre subsidios y créditos blandos de AIS.

Sí, un vuelco se impone. Mas no para hundir más al campo en el infierno, sino para restituir predios, redistribuir tierra, desarrollar la economía campesina con el instrumental moderno e invertir la lógica del apoyo estatal, ahora para redimir al campesino y modernizar el campo. Vade retro este uribismo insaciable.

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