por Cristina de la Torre | Ago 15, 2023 | Agosto 2023, Congreso de la República, Crímen organizado, Farc, Violencia, Gustavo Petro, AUC, Fraude Electoral, Antioquia, Iván Duque, Paramilitarismo, Modelo Político, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, Justicia, Corrupción, Actores del conflicto armado
La frase, de un congresista en prisión, alude a una realidad abrumadora: se ha pasado en Colombia de la cruda incursión del narcotráfico en elecciones a la corrupción política como profesión. Se asimila el reino de la ilegalidad al negocio de la política, mientras hombres de negocios proceden como mafias. Los comicios son cada vez más una feria en mercado libre de inversión y de lucro, de lavado de activos y asalto de piratas que pasan por políticos a los recursos del Estado. Ideas, pocas o ninguna; es el poder por el poder, por el erario. A dentelladas. Lo que alarma ahora es que el fenómeno pueda penetrar en su antípoda moral: en la fuerza contestataria representada por el hombre que encaró la parapolítica, con riesgo de su propia vida, y que hoy encarna los anhelos de cambio.
Artífice de este azar, su propio hijo. Deslumbrado por los fuegos de artificio que rodean el ascenso de sectores que reclaman su parte en el poder -a menudo desde el delito y el crimen- resulta Nicolás Petro sindicado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Revela, además, financiación ilegal en la campaña del presidente. Sin pruebas para querella judicial, el daño es político: estocada directa a la yugular, desestabiliza al Gobierno y compromete su proyecto reformista. El presidente Petro está obligado a pasar de la presunción de inocencia a demostrarla. Tendrá que demostrarla por honor, y apuntando a menguar la marcha de la fronda que menea cada día nuevos pretextos para tumbarlo.
Agranda ella errores del reformador -por serlo- mientras sigue echando tierra a las vergüenzas de sus antecesores. No defenestró a Uribe por encontrarse su bancada incursa en parapolítica (narcotraficantes, políticos y empresarios en llave); ni porque corriera la ruidosa bola del enriquecimiento de sus hijos por favores del poder. Tampoco movió un dedo para emplazar a Duque cuando se sindicó a su campaña de recibir dineros del narcotraficante Ñeñe Hernández; ni cuando, suvenir de despedida, enterró la Fiscalía la investigación.
Mucha agua ha pasado bajo el puente desde el proceso 8.000, afirma Gustavo Duncan; no es el mismo río, pues ha cambiado la relación entre narcotráfico y política. El cartel de Cali aportó directamente a la campaña de Samper. Pero con la desmovilización de las AUC y las Farc, reyes del narcotráfico, los armados se desplazaron hacia la periferia y se fortaleció en su lugar el poder político de un sector económico enriquecido en el negocio: lavadores, contratistas del Estado, contrabandistas, políticos corruptos colonizaron franjas enteras del poder público y minaron la democracia. Conforme perdían poder los armados y las mafias, agencias del Estado y sus recursos se volvieron fuente privilegiada de riqueza. Ahora son empresarios especializados en contratación pública, en lavado de dinero y contrabando quienes financian las campañas, explica Duncan. Mil indicios y sospechas de tratativas con la corrupta Odebrecht salpican a los expresidentes Uribe, Santos y Duque.
Parte de la nueva capa social se integra a las elites desde su ilegalidad de origen, así como el narcotráfico movió su mercancía por la red de vías que los viejos contrabandistas habían trazado desde hace casi un siglo. Aventureros que en Antioquia, verbigracia, alcanzaron prestancia parecida a la de los paladines de la industria. ¿Ninguna distancia crítica? ¿Rige para todos la misma identidad ética edificada en la exaltación del enriquecimiento personal a toda costa?
Si equidad y democracia han de ser parales del acuerdo nacional, tendrán ellos que afirmarse en la profilaxis de la política. Y esta debería empezar por aplicar sanción jurídica o social a los hijos del Ejecutivo que hayan abusado de su condición de privilegio.
por Cristina de la Torre | Ago 1, 2023 | Agosto 2023, Campesinado, Congreso de la República, Protesta social, Agencia Nacional de Tierras, Reforma tributaria progresiva, Pacto Histórico, Violencia, Gustavo Petro, Desplazamientos, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma Fiscal, Derecha, Reforma Agraria, Tierras, Modelo Económico, Izquierda, Política agraria, Salud, Educación, Corrupción, Sin categoría
Sí, fue golpe de suma cero: el triunfo de la derecha este domingo no podía resultar sino del naufragio de la izquierda. Pero será una victoria pírrica, con los días contados si, más allá de las urnas, no leen los elegidos el hambre del 28% de colombianos que disparó el estallido social de 2021, con sus 80 muertos, y amenaza con volver a perturbar el sosiego de la gente de bien en el segundo país más desigual del continente. Conquista de la vieja política reeditada en clanes, con todo su potencial de corrupción y aún de crimen. Los Char, los Barreto, los Gnecco, los Caicedo, los Turbay, los Torres, las Dilian Francisca recuperaron lo perdido hace cuatro años.
Pescaron en la incapacidad del Pacto Histórico para gobernar a todo tren; en la endeblez de una coalición que pareció armada sólo de ocasión, liderada por la Colombia Humana, un movimiento difuso de vocación caudillista que se niega organización de partido. Y, sin embargo, supo darse un programa de reformas que responde al general anhelo de cambio. Reformas como la agraria para moderar desigualdades intolerables entre sectores sociales, causa mayor de guerras que han cobrado medio millón de vidas, hoy en marcha. Como la de reformular el manejo de las finanzas territoriales para vencer desigualdades entre regiones, que debería integrarse al bloque de cambios que el Congreso discute.
Denuncia Mauricio Cabrera una “escandalosa concentración de la riqueza” en nuestro país. Pese a que ha mejorado el acceso a los bienes y servicios básicos, es cada vez más desigual la distribución del ingreso y de la riqueza. El Gini en este rubro es de 0.83 y en depósitos financieros es de 97%. Entre los tres tipos de activos que componen la riqueza -propiedad raíz, acciones en empresas y financieros en propiedad rural, Colombia es subcampeón mundial en peor distribución de la tierra: sólo el 1% de la población es dueña del 80% del territorio, revela Oxfam. Los 7.2 millones de hectáreas de tierra óptima para agricultura están casi por completo desaprovechados o dedicados a ganadería extensiva. En Sucre, nueve clanes familiares son dueños del 55% de la superficie del departamento.
Tarea medular de los nuevos alcaldes y gobernadores será el manejo de sus recursos. De los impuestos locales, de regalías y transferencias del Gobierno central. Su destino, el financiamiento de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Demuestran Oliver Pardo y William Reyes la necesidad de reformar el sistema de tributación en departamentos y municipios y de ampliar su autonomía para depender menos de las transferencias de la nación. E integrar esta innovación tributaria y de manejo de las finanzas territoriales al bloque de reformas en trámite y materia del gran acuerdo nacional, diríamos aquí.
En este horizonte y vista la proyección territorial del Plan Nacional de Desarrollo, otra fisonomía les esperaría a las reformas que son materia del acuerdo nacional. Ya el presidente Petro convoca a los mandatarios elegidos para “articular planes locales con el cambio”. Y éstos no son ajenos a los congresistas que participan de la misma lid política en las regiones. El apoyo parlamentario a las reformas derivaría naturalmente de la comunidad de intereses políticos que gravitan en torno a los programas de campaña de los elegidos: ellos atañen tanto a la rama legislativa del poder como a la rama ejecutiva de los gobiernos locales.
Podrá haber girado el péndulo hacia la derecha, mas, para no invocar espíritu de patria sino el sentido práctico de neutralizar a tiempo otra explosión de ira social, dignatarios locales, parlamentarios y Gobierno deberían ser la primera piedra de un pacto nacional que no da espera.
por Cristina de la Torre | Jun 20, 2023 | Congreso de la República, Junio 2023, Conversaciones de Paz, Guerrillas, Fuerzas Armadas, ELN, Gustavo Petro, Desplazamientos, Partidos, Conflicto interno, La paz, Acuerdos de paz, Corrupción
Aunque prematuro porque la Fuerza Pública tendría que bajar la guardia sin que el Eln se hubiera comprometido a propiciar activamente el fin del conflicto, el cese el fuego de 6 meses con esa guerrilla abre una ventana de esperanza. Más aun con las palabras de Gabino. El excomandante máximo dijo estar dispuesto a “aportar lo que me queda de vida en este esfuerzo por la paz”. Instó a todos sus frentes, mandos medios y combatientes a respetar el cese el fuego en forma “sagrada, responsable y decidida”.
Voz confiable la suya, contrasta con el descarnado deleite de Antonio García en desmentir al Presidente de la República sobre la terminación del conflicto. Que no, que no se acaba la guerra en 2025. Ni en fecha alguna que aventure él. Pretextando rigor en los términos acordados, mata García dos pájaros de un tiro: mancilla la dignidad del Primer Mandatario y exhibe su puño de hierro cuando de paz se habla. Y Pablo Beltrán, jefe negociador del Eln, ironiza ante las cámaras: habrá cese el fuego bilateral, sí, pero no cese de hostilidades; secuestro y extorsión seguirán su marcha contra la población. Como si faltaran “claridades”, Bernardo Téllez pone la cereza al pastel. El cese será apenas con las Fuerzas Militares, no con los otros armados ilegales. Con éstos seguirán ellos en disputa por el control del territorio y el sometimiento violento de las comunidades, condiciones de éxito para prevalecer en economías ilegales.
También la participación de la sociedad civil, gran innovación en negociaciones de paz, acusa doble racero. ¿Cómo no acudir a la base social si ella es fuente primera del cambio que la mesa se propone protagonizar, acogiendo de manera “automática y vinculante” sus propuestas? El recurso al pueblo es democrático por definición. Pero si en el Comité de Participación predominan organizaciones no representativas o reconocidas por amplios sectores, ni plurales, ni regidas por reglas del juego formales, podrán imponerse intereses sin jerarquía o sólo de entusiastas movidos por la guerrilla. Sus propuestas serán insumos para la mesa, que los depurará en un Plan de Ejecución de los Acuerdos de Paz con el Eln.
¿El vocablo “vinculante” significa aquí de forzoso cumplimiento? ¿Sean cuales fueren las iniciativas que se reputen como solución a las causas del conflicto social, político, económico y armado? ¿Por encima de los cuerpos de representación y ejecución política (Congreso, Asambleas, Concejos, Presidencia, Gobernaciones y Alcaldías)? ¿Por encima de los planes locales y del Plan Nacional de Desarrollo, alimentado en consultas populares y aprobado por el Parlamento?
El hecho es que la comunidad expresa necesidades, no intereses mediados por partidos políticos, y sus voceros carecen de la representatividad que asiste a los elegidos en las urnas. Ni el movimiento social, ni los consejos comunales de Uribe, ni las asambleas populares que ahora convoca Petro suplantan a la representación política. Por más que la Carta del 91 hubiera empotrado su idea de democracia directa sobre la destrucción de los partidos.
Una común aspiración a deliberar y decidir emparenta a organizaciones de base con las asambleas de marras, concebidas para debatir reformas e impulsar los acuerdos de paz. Grave riesgo ve en ello Pedro Medellín, pues en medio territorio mandan grupos armados que manejan la economía, cobran impuestos, administran justicia y controlan el tránsito humano. Peligroso le parece este “parlamentarismo popular” que adoptará decisiones de gobierno brincándose las reglas del juego del Estado de derecho. Máxime si quienes lo controlan van armados.
Cese el fuego y participación de la sociedad son ejes de una negociación signada hasta ahora por la incertidumbre. Pueda ser que con la voz de Gabino tan azaroso proceso ceda el paso a la esperanza.
por Cristina de la Torre | Jun 13, 2023 | Congreso de la República, Junio 2023, Fiscalía General de la Nación, Reforma política, Protesta social, Reforma a la salud, Reforma tributaria progresiva, Gustavo Petro, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma Fiscal
La muerte misteriosa del coronel Óscar Dávila, subjefe de seguridad del presidente Petro, es tragedia que repica en la crisis de gobierno cuyo clímax escaló a escándalo de chuzadas y supuesto ingreso no explicado de $15.000 millones a la campaña presidencial. Denuncia el abogado Miguel Ángel del Río que la víspera de su muerte le había revelado el oficial amenazas de la Fiscalía contra él y que, según ella, correría sangre. El jurista se queja de “la infame persecución de la Fiscalía”. Subalternos de Dávila habrían intervenido en uso irregular de polígrafo contra empleada de la entonces jefa de Gabinete, Laura Sarabia. Pone este hecho la nota de horror en la atmósfera envenenada que la oposición ha construido sobre las protuberantes equivocaciones del primer mandatario. El ataque encadena, uno tras otro, día tras día, gazapos del Ejecutivo magnificados hasta configurar, dice el presidente, un golpe blando.
En la crisis de Gobierno que congela las reformas, corazón de su proyecto, parece debatirse Petro entre la apelación directa al pueblo y la recomposición del acuerdo institucional con otras fuerzas. Entre exhibir poder en las calles y volver a barajar la coalición política cuya disolución precipitó hace dos meses, cruzando ahora líneas que se tuvieron por infranqueables en las reformas de salud, trabajo y pensiones. El recurso a la movilización popular promete más como presión para recomponer la alianza política que le dio gobernabilidad, que para suplantarla.
Con Petro, el modelo de confrontación contra elites ranchadas en la inercia conservadora que nada cede, o muy poco, correría parejas con el de concertación plural en pos de un objetivo común. Acuerdo sobre lo fundamen tal para los ingleses, es modalidad socialdemócrata de liberalismo. El primero, rousseauniano, reta con el discurso contestatario que lubrica una radical descalificación del sistema; el segundo persigue el cambio paso a paso pactando consensos con fuerzas disímiles. Tal la experiencia del Frente Amplio Uruguayo, que gobernó 16 años, y ahora el de Boric en Chile.
En el fragor de la protesta, rendido a la seducción de su propia oratoria, se allanó el líder sin embargo a la vía institucional del cambio. No son estas reformas radicales, dijo, apenas tratan de garantizar derechos esenciales de la gente. El cambio que el pueblo eligió debe tramitarse con respeto de las instituciones. Al Congreso “le solicitamos con todo respeto, desde nuestras ganas de justicia y de paz (aprobar) las reformas que le garantizan al pueblo sus derechos. No es una solicitud violenta, irrespetuosa o armada; es una solicitud popular”. Y agregó: el Gobierno está abierto a discutirlas, a aceptar cambios, pero “ninguno que afecte los derechos de la gente”.
¿Hace mella el golpe blando? Escribe Óscar Guardiola que no hay en éste conspiración sino manipulación de la opinión con información inflada: ruido. “Se trata de amplificar el volumen y multiplicar las fuentes hasta hacer perder el criterio de juicio. No busca golpear de manera inmediata al adversario (…) busca golpearnos a todos, empujarnos a un estado de ansiedad, mortificación y pánico. Entonces no razonamos, reaccionamos”. Y es en tal ambiente donde florecen los fascismos. Camino expedito para el golpe blando será la incapacidad ejecutiva del Gobierno, su estentórea inhabilidad para comunicar, su debilidad por la autocomplacencia.
El dilema entre movilización y concertación podrá ser falso. A la postre, cuestión de énfasis. Pero aquí salta a la vista la urgencia de volver a la concertación en democracia para salvar el cambio que las mayorías anhelan. Sin ejecutorias que respondan a las expectativas creadas, la popularidad del presidente podrá estacionarse en un lánguido 26%, y los manifestantes, contraerse al núcleo místico de los aduladores.
