Izquierda y Centro: se alborota el cotarro

Unos juegan con los principios y se complacen en la derecha; otros se abocan al reto de verterlos en programas de cambio. Mientras Petro se extravía en un crudo pragmatismo haciendo aliados que disuenan entre “los decentes”, los candidatos de la Coalición Centro Esperanza tendrán que optar por una entre las variantes de libre mercado que todos ellos adoptan: la gama va desde un neoliberalismo cerrero hasta el capitalismo social. Si, como dicen, representan la convergencia del reformismo estructural, no podrán menos que allanarse al modelo de economía de mercado con regulación del Estado. Será respuesta al negro balance del Consenso de Washington, cuya alternativa lanzan hoy las potencias del G7: el Consenso de Cornwall.

Conforme se consolida el Centro precisamente porque rehúye el abrazo de un oficialismo liberal amancebado con la corrupción, con el gobierno Duque y su partido, Petro le tiende la mano a Luis Pérez, artífice con Uribe, Martha Lucía y don Berna, de la mortífera Operación Orión. Y convida al pastor Saade, célebre por su odio al aborto, a la mujer, a la comunidad LGBTI.

Genio y figura, de suyo arbitrario, el autoendiosado Petro se ríe de la izquierda sacrificada, probada en mil batallas, que ahora lo acompaña en la idea de transformar este país. Y encubre su arrebato electorero con el argumento de la vieja alianza del liberalismo con la izquierda. Como si Luis Pérez fuera Uribe Uribe o López Pumarejo. Como si no hubiera sucumbido el Partido Liberal a la corrupción, a la hegemonía de la derecha en sus filas, a los turbios manejos del jefe.

Poniéndole conejo con la caverna cristiana y con la derecha liberal, arriesga Petro la cohesión de la coalición de izquierda. Sus aliados podrán pasar del estupor a la estampida. Como se insinúa ya: Francia Márquez pidió “no cambiar los valores de la vida por votos”, Iván Cepeda declaró que “las elecciones se pueden perder pero la coherencia ética, no”, e Inti Asprilla remató: “la pela interna que nos dimos en el Verde no fue para esto”. Pero Petro es así: impredecible en política… y en ideas. Si votó por Ordóñez para procurador, si considera a Álvaro Gómez más progresista que Navarro Wolf, se comprenderá que invite ahora al uribismo al Pacto Histórico, a la derecha liberal y a la caverna cristiana.

Más atento a la formulación de un programa económico que responda al anhelo de las mayorías, en el Centro Esperanza Jorge Enrique Robledo, verbigracia, insiste en cambiar el modelo pero dentro de la economía de mercado, con respeto a la propiedad y a la empresa privadas, y sin estatizar la economía. Para él, un efecto devastador de la globalización neoliberal en Colombia fue la destrucción en gran medida del aparato productivo del país: la desindustrialización y la crisis agropecuaria. Un desastre, pues es la industria el gran multiplicador de la productividad del trabajo, base del desarrollo. Con la apertura comercial se sustituyeron la producción y el trabajo nacionales por los extranjeros: el Consenso de Washington desprotegió el capitalismo nacional en favor del foráneo. Ahora, para reemplazar aquel Consenso, las grandes potencias marchan hacia un paradigma alternativo, el nacido del Consenso de Cornwall, en pos de una economía equitativa y sostenible que restituya el papel del Estado en la economía, sus metas sociales y la perspectiva del bien común.

Horizonte claro para transitar hacia un nuevo contrato social, sin que sus promotores deban endosar la iniciativa a la politiquería tradicional, gran responsable de las desgracias que en Colombia han sido. Modere Petro sus ínfulas napoleónicas en el platanal, y acoja el Centro sin ambigüedades el paradigma del capitalismo social.

Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz Navidad a los amables lectores.

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Narcotráfico: ricos y pobres en el mismo baile

Ni folclor, ni casualidad. La altanería del nuevorriquismo en la política, en la economía, aun en el alto gobierno, envilece la autoridad y prolonga comportamientos gestados en una vieja alianza de negocios que cambió la fisonomía de la sociedad y del poder del Estado: las tratativas entre el narcotráfico naciente y amplios sectores de las élites. En Medellín se engendraron y se extendieron como pólvora al país entero. Dinero a rodos y violencia encomendada a la Virgen remodelaron la ética del antioqueño –a caballo entre el pragmatismo y la religiosidad– ahora en clave de revancha de quienes emergían rompiendo jerarquías sociales, y de codicia entre muchos que todo lo tenían pero querían más.

Grandes y pequeñas bellaquerías les dan en su cara todos los días a los colombianos, marica. Ya el taxista que arranca veloz con el mercado de una anciana, o el niño bien que recibe mansión por cárcel después de matar a seis transeúntes con su carro. ¡Sí, y qué! Ya el presidente que defiende el negocio sucio de un ministro y la sospechosa torpeza de una ministra que permite robarle $70.000 millones al erario, declara héroes a policías que acaso vengan de disparar contra manifestantes, y se hace elegir con apoyo de un narco llamado Ñeñe. ¡Sí, y qué!

Plantas carnívoras del jardín que tantos antioqueños cultivaron a dos manos con la mafia en los años 80. En abordaje de la historia desde la literatura, pinta María Cristina Restrepo con maestría el fresco de la aventura alegrona que culminó en horror. No hay familia de Medellín que no lo hubiera sufrido, acota la escritora (a Juan Manuel Ospina, Las2orillas). Editada de nuevo, La Mujer de los Sueños Rotos gana vigencia renovada porque, abrumadora como es la novela, imposible de abandonar antes de la última línea, ausculta los recovecos de una realidad que se atornilla con el paso del tiempo.

Deslumbramiento y seducción recíprocos hubo entre mafia y burguesía, apunta Restrepo: al comienzo, todo fueron halagos, invitaciones, buenas maneras. Era la burguesía antioqueña la que le vendía las casas, las fincas, los cuadros, hasta volverla tan elegante como ella. Pero Jaimison Ocampo, conspicuo ejemplar del nuevo poder en la novela, no tardaría en complacerse en “demostrarles a aquellos riquitos que los habían humillado con el coqueteo y la arrogancia, buscándolos e ignorándolos alternativamente, que ahora los verdaderos ricos eran ellos”, los hijos de los barrios que habían impuesto su ley en Medellín. Si culto a la riqueza había, el sagaz Jaimison develaba su otra faz: todos le tenían miedo a la pobreza; los suyos, por haberla mirado de frente, y los poderosos la imaginaban con la ansiedad de la incertidumbre.

No nos hundimos, apunta Restrepo, porque la propia sociedad se defendió. Parte de ella cayó, pero fueron los ciudadanos del común y grandes industriales los que defendieron la ciudad. Como el doctor Martínez, emblema en la obra de la integridad que no cede, reprochaba a sus yernos “el coqueteo con ese espejismo dorado”. Llegarían ellos a concertar con Jaimison el secuestro de una de sus esposas, aun con riesgo de muerte, para repartirse el rescate con aquel.

Al poder disuasivo del dinero y de la crueldad agregaron los narcotraficantes el de la cooptación de vastas franjas del pueblo, que se lucraron de su chequera generosa cuando periclitaba la industria y el desempleo crecía. Por las venas de la economía toda circuló la nueva savia, y no fue la clase política la última en sorberla. Medellín nunca estuvo dividida entre buenos y malos, apunta la escritora, entre los de El Poblado y los de las Comunas. En todas partes hubo buenos y malos, la ciudad nunca tuvo fronteras imaginarias de corrección. Y ahí vamos. Diríase que en la cadencia vaciada en hierro que bailaron, a una, ricos y pobres.

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Iván Duque, una moral de gelatina

Ineptitud, altanería ante los débiles y mansedumbre ante los poderosos, blandura con la corrupción, son rasgos salientes del gobernante que nos tocó en suerte. En virtual legitimación de la torpeza, la incompetencia, el abuso de poder y, acaso, la mala fe de ministros cuya temeridad le cuesta al erario un potosí, se bate Iván Duque a capa y espada por un Carrasquilla, por una Abudinen. Debuta en su Gobierno con la indecorosa defensa del titular de Hacienda enriquecido con bonos de agua que estrangularon las finanzas de 117 municipios. Y en el ocaso del mandato cubre de justificaciones y lisonjas a la titular del Mintic –niña predilecta del clan Char– por suscribir un contrato billonario montado sobre documentos y firmas apócrifas con empresarios de dudosa ortografía, y por concederles alegremente un anticipo de $70.000 millones, sin garantías, y que fueron a dar a un paraíso fiscal. Pese a las alarmas que había activado mucho antes la periodista Paola Hernández. Hoy está ella amenazada.

Mintic adjudicó el contrato a Centros Poblados, aunque el asesor de esta firma fuera, a la vez, asesor de la ministra (el consejo de ministros desestimó la recusación que obró contra ella); y aunque las  denuncias probaron inexperiencia de los contratistas en telecomunicaciones y falta de requisitos legales. Un alud de cuestionamientos pesa ya sobre las empresas de Centros Poblados. Y sobre la personera del contrato que, si no la incrimina penalmente, comporta responsabilidad administrativa y política. Si le quedara todavía pudor, debería renunciar. Como sucede en cualquier democracia que se respete.

Hace tres años denunció Daniel Coronell que, siendo ministro, había impulsado Carrasquilla una ley que le reportaría después $70.000 millones de ganancias en cinco años. Privatizado el servicio de agua en 1994, inversionistas particulares podrían ahora prestar a los municipios para obras de acueducto. Así lo hizo el ya exministro entre 2008 y 2011, pero con tasas de interés extorsivas que ahogarían a los municipios y sin asumir responsabilidad sobre la ejecución de las obras. Quedaron ellos endeudados por 19 años y sin conexión domiciliaria al servicio de acueducto y alcantarillado. Nadó Carrasquilla en sus millones y luego, al primer debate de control político, sobre el salvavidas que el recién posesionado presidente Duque le tendió.

No sorprende la destreza de Duque para embolatar los proyectos que volvían leyes el clamor de casi 12 millones de votantes contra la corrupción en 2018. Proponía el referendo, entre otros, que los corruptos tuvieran que devolver todo el dinero robado; que no se les concediera casa por cárcel, ni asignara el Estado contratos a dedo. Tampoco sorprenden los afanes del presidente por modificar ahora la ley de garantías electorales: para poder contratar sin licitación y nombrar ejércitos de activistas en la campaña venidera. Para tomarse por asalto los recursos públicos que queden aun a la mano. Así niega Duque su pronunciamiento de 2017, cuando calificó iniciativa parecida como “asalto a la legalidad y a las garantía electorales”.

En un país donde la corrupción alcanza los $50 billones al año, el 93% de cuyos ciudadanos piensa que esta empeora día a día (13 puntos más en este Gobierno), mucho ofenden las fogosas incursiones del presidente de la República en defensa de ministros y funcionarios que en su felonía se mueren de la risa porque el jefe supremo los mima y protege. En recuerdo del malogrado referendo, propone David Racero que los delitos de corrupción contra el Estado no prescriban ni haya libertad por vencimiento de términos. Sea. Y ojalá que en 2022 despunte otro país donde las siempre saboteadas reformas política y de justicia conjuren la vergüenza de tener presidentes con moral de gelatina.

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Avalancha de presidentes convictos

¿Será Colombia el lunar entre los once países de América Latina que en dos  décadas han procesado a 20 mandatarios por corrupción y por violación de derechos humanos? ¿Prevalecerá la Fiscalía, que pide cerrar investigación contra el expresidente Uribe por supuesta manipulación de testigos que lo vincularían al paramilitarismo de Antioquia y a la creación del Bloque Metro, sobre los 1.554 folios de pruebas y argumentos que la Corte Suprema consolidó sobre el caso, tras seis años de investigación? Grande paradoja sería este entrampamiento de la justicia en el país que entre sus pares funge como democracia estable; así consista ella apenas en combinar elecciones regulares con  violencia armada como modus operandi de la política. Renunciados esos presidentes, o prófugos de la justicia o tras las rejas, desnuda Latinoamérica su cansancio con el abuso ancestral de gobernantes elegidos que agitan el sable y llenan su faltriquera en la impunidad. ¿Y Colombia?

Un alud de interceptaciones legales, testimonios, inspecciones técnicas a cárceles, grabaciones y chats le permitió a la Corte Suprema concluir que “la prueba indiciaria es absolutamente clara, inequívoca y concluyente de (la condición de Uribe) como determinador”. Pero la Fiscalía nada ve o se finge ciega, para pedir la preclusión del proceso dizque por falta de pruebas. Pese a que los delitos contemplados aquí pertenecen a la misma gama de los hallados en el vecindario, y hasta pueden desbordarla.

Tras la condena de 25 años de prisión a Alberto Fujimori por corrupción y por ordenar el asesinato de 25 personas, en Perú se investiga a seis de los últimos siete presidentes. También Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Kuczynsky dieron con la cárcel, y ya Martín Vizcarra la olía. Alan García se suicidó a dos pasos de su detención. En Ecuador, Lucio Gutiérrez y Rafael Correa (condenado a 8 años de prisión) son prófugos de la justicia. También huyó de la fiscalía boliviana Sánchez de Lozada, mientras Jeanine Añez, paga condena por sedición y terrorismo. Ricardo Matinelli fue detenido en Panamá por espionaje a la oposición y por corrupción. En Brasil perdió su libertad durante años Lula da Silva y su sucesora, Dilma Roussef, la silla presidencial. La fiscalía de México cierra el cerco contra Peña Nieto. Y en Argentina Carlos Menem pagó cárcel por tráfico de armas y por corrupción; a Cristina Fernández la investigan por enriquecimiento ilícito de ella, de su esposo (también presidente) y de la familia en pleno.

Guatemala es caso aparte. A una orden de detención de la fiscalía, renunció a la presidencia Otto Pérez Molina. El hecho es epílogo de una investigación de Naciones Unidas presidida por Iván Velásquez, exmagistrado de la Corte Suprema de Colombia, que señaló el mismo destino para centenares de figuras públicas y otros tres expresidentes del país. Hubo conmoción en el continente. Y ésta derivó en manifestaciones multitudinarias en Guatemala contra el decreto del presidente Jimmy Morales que expulsaba del país al investigador. Es que el propio hijo del Ejecutivo y su hermano habían caído en desgracia por lavado de dinero y fraude. Velásquez, astro de la Corte Suprema contra la parapolítica en Colombia, fue blanco codiciado de la celada que el Gobierno de Uribe le tendió al alto Tribunal. Venía él de enfrentar la mafia de Escobar y la parapolítica en Antioquia.

Aun contra la saga del subcontinente que pone en cintura la impunidad amparada en el abuso de poder, porfía nuestra Fiscalía en negar evidencias judiciales para sabotear el pronunciamiento de la justicia en un Estado de derecho. La esperanza es que prevalezca el rigor de la Corte Suprema sobre la chapucería políticamente interesada de la Fiscalía. Emular conquistas como las de Iván Velásquez, el valiente, y respirar un día mejores aires.

 

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Policía politizada

Verdugo de su pueblo, la Policía traiciona con ferocidad la misión de protegerlo que la democracia le dio; aunque uniformados hay dispuestos a honrar el encargo. Masa maleable en manos de partidos en el poder, más de una vez perdió la Policía su neutralidad de cuerpo civil destinado a la seguridad de la ciudadanía: desde los tiempos de los chulavitas se ha politizado para perseguir, y hasta liquidar a la oposición; para sofocar a tiros la protesta social, en gesta sangrienta de un gobierno como éste de Duque, cuya brutalidad hará historia en el continente. Pero no sólo se politizó. También se privatizó, a menudo como guardia pretoriana de hacendados y contrabandistas, de cofradías de negocios turbios, de “gentes de bien”. Además, oficiales habrían sido  albaceas del paramilitarismo en crímenes de Estado, algunas de cuyas víctimas revela hoy Mancuso. Y miembros del Esmad acolitan a paras urbanos que disparan contra manifestantes.

La ambigüedad de sus fines, entre seguridad nacional y seguridad ciudadana, ha convertido a la Policía en virtual cuerpo paramilitar, en agente de represión política. Mutó ella de institución civil a aparato militar contra civiles. Y convirtió la solidaridad de cuerpo en encubrimiento del delito. Sobre la norma escrita –letra muerta- prevalece en la Policía el vetusto imaginario de Guerra Fría que educó a los uniformados en la religión del anticomunismo y trocó al manifestante en terrorista. En el enemigo interno, de probada rentabilidad electoral para la casta sin hígados que se vende como demócrata enfrentada  al ruso comeniños. Pero las cosas han cambiado. Mientras no se replanteen en la Policía doctrina y organización, crecerá la grieta que ya la separa del pueblo ultrajado en la pobreza, en la exclusión, en la muerte que abate sus clamores en cualquier calle de Siloé, de Buga, de Facatativá.

Casi un siglo lleva la politización de la Policía. Pero fue en las dictaduras civiles de Ospina, Gómez y Urdaneta donde se configuró como política de Estado con el asesinato en masa de sus contradictores. Instrumentos, la Popol  (Policía Política), el SIC (luego DAS) y los paramilitares de la época: chulavitas y pájaros, las águilas negras de la Violencia. Ospina sacrificó la imparcialidad de la Policía (y la del Ejército), destituyó a los agentes de filiación liberal, los reemplazó por conservadores y unificó a la Policía bajo el mando del Ministerio de Guerra.

Si durante el Frente Nacional proliferó la subordinación de comandos de policía a grupos locales de poder privado, en tiempos del narcotráfico y del conflicto armado se cotizaron muchos por lo más bajo: extendieron ahora su ala protectora sobre mafiosos y usurpadores de tierras, y tributaron con armas y logística al paramilitarismo. Ante el Tribunal de Medellín declaró Mancuso esta semana que entre paramilitares y la Policía, el Ejército y el DAS había “permanente comunicación” y de ellos recibían apoyo militar. Que las decisiones de matar, entre muchos otros, a Eduardo Umaña, Jaime Garzón y Jesús María Valle se tomaron por “pedidos que venían desde el Estado”.

Cobran vigencia renovada los principios de reforma a la Policía que Álvaro Camacho formuló como miembro de la Comisión que en 1993 se creó para ese efecto: a la Policía, cuerpo civil, compete la protección del ciudadano y la garantía de sus derechos; no la guerra, que es del fuero militar. No deberá pretextarse la alteración del orden público para convertirla en agente de represión política. Debe ella salir del Ministerio de Defensa, recibir sólida formación profesional y humanística, remuneración digna y vigilancia de los órganos de representación popular. La Policía se debe al ciudadano, no a grupos de interés ni a partidos políticos. Pregunta: ¿Acepta la Policía ser mero adminículo de crueles imitadores de dictador?

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El poder ilegítimo

En acto vergonzoso que Colombia no olvidará, una mayoría de parlamentarios se postra de hinojos ante el ministro organizador de la represión, ariete del Gobierno que se cobra ya media centena de muertos en las calles. La cobardía inveterada de la clase política, hoy remachada con el voltearepismo de Gaviria y Vargas Lleras, abrió puertas a la anhelada militarización que ha sido arma y estandarte de la extrema derecha. Como si faltaran hechos que confirman todos los días la ilegitimidad de un régimen montado sobre vanidades armadas hasta los dientes: azote de multitudes que reclaman vida digna, cambio y democracia, pero convenientemente reducidas a subversión.

Para que el presidente pueda decretar virtual conmoción interior en nueve departamentos; con sometimiento forzoso de sus autoridades a las medidas que conlleva, so pena de sanciones de la procuradora que trabaja para “nuestro Gobierno”. Providencial, cae la excusa del cielo: entre los infiltrados en las marchas para anarquizarlas, un agente del CTI de la Fiscalía mata a tiros a dos manifestantes y pobladores de la zona lo linchan. Un horror. Ahora podrá Duque responder con el argumento de los fusiles al estallido social que dura y crece porque 98% de los colombianos apoyan la protesta –revela Gallup. Acaso baje aún más el lánguido 18% que, según el Observatorio de la Democracia, confía en las instituciones. Más ilegitimidad de este Gobierno y del Estado, imposible. Incapaz de conjurar el hambre con medidas de sentido común como las que Claudia López toma en Bogotá, menos podrá Duque responder al mar de fondo de la injusticia y la desigualdad. Sin el respeto y el consentimiento de los asociados, querrá gobernar sólo a golpes y manteniendo incólumes los parámetros del poder público.

Sí, dos momentos presenta la resolución de la crisis. El primero demanda medidas de emergencia para neutralizar el golpe social, económico y sanitario de la pandemia. Para rescatar la capital, redirecciona la alcaldesa $1,7 billones hacia la población vulnerable, hasta completar una inversión social de $8,5 billones en la ciudad. Y, para reactivar su economía, reabrirá todos los sectores. Aplauso. Un segundo desafío plantea la reformulación del pacto social con un modelo de democracia y desarrollo que amplíe la participación política, redistribuya el ingreso y desconcentre la propiedad. Y que empiece por devolverle al Estado la legitimidad perdida.

Para el profesor Alberto Valencia, hoy estamos pagando el inmenso costo social de haber enfrentado a los grupos ilegales con medios ilegales: la deslegitimación del Estado. Duque profundizaría la crisis política e institucional que la alimentaba y agudizaría la polarización en torno a los Acuerdos de Paz, ya desafiados por la decisión de terceros y de agentes del Estado de eludir sus responsabilidades en el conflicto. Sin bandera de Gobierno –ni guerra contrainsurgente ni paz– desechó Duque la lucha anticorrupción que Claudia López le ofreció. En sus desencuentros con la sociedad, no captó Duque el cambio en la política que la paz traía. Insistió en crear miedo a unas Farc inexistentes ya y, en el empeño de salvar el pellejo de su mentor, atacó a la JEP; pero perdió la batalla. “En vez de sintonizarse con el país, escribirá Valencia, lo hizo con Uribe”. Terminado el conflicto, recobró su importancia el problema social; pero Duque tampoco lo vio, e insistió en el de seguridad, cuando la gente pedía comida, empleo e igualdad. Golpe final a la legitimidad del Estado será la cooptación de los órganos de control por este Gobierno.

He aquí el trasfondo de un Gobierno arbitrario, brutal en su estentórea debilidad. Este de Duque evoca autocracias que, a falta de legitimidad, se imponen por la fuerza bruta. Ignoran que el poder de la bayoneta, por sí solo, no es poder. No en la democracia.

 

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