Colombia se juega su democracia

No es el miedo como recurso al uso para restarle votos. Es que la inclinación de Rodolfo Hernández a la violencia, su aversión a la ley, su confesa pasión por el paladín del fascismo, revelan una vocación toreada en larga vida de político y negociante con pocos escrúpulos, que se decanta ahora como amenaza al Estado de derecho. Casado con los mandamases de la derecha, convertiría en ejecutorias de gobierno sus arrebatos de ningunear al Congreso, descalificar a los jueces, abofetear a sus críticos, agredir a la prensa y a los funcionarios públicos y “limpiarse el c… con la ley”. Tiene ya redactado un decreto de conmoción interior para mandar a sus anchas –como Maduro o Bolsonaro– mientras obran (ha dicho con picardía) los controles de la Corte Constitucional. Serían medidas de lego en asuntos de Estado y de país, emitidas en el deslumbramiento del voto de opinión. Al amparo de la soberanía de un pueblo hastiado de la podredumbre de sus dirigentes que, sin el filtro de las instituciones de la democracia liberal, sin el control de los poderes públicos al poder del gobernante, podrá terminar como materia maleable en manos de un líder en carrera sin freno hacia la autocracia. Casos abundan.

No se ha curado todavía Colombia del Estado de opinión de Álvaro Uribe, escuela que Hernández recoge para que en él recupere su resuello el uribismo. Manipulación de masas en favor de Fujimoris y Chávez y Bukeles y Uribes, forjada en la suplantación de la realidad por la propaganda; en trampas de alto vuelo, como la del referendo que negó la paz porque sus defensores dizque querían convertir en gais a los niños del país. Es que no le basta a la democracia con la soberanía popular que el voto expresa. Este principio de igualdad en la voluntad general ha de complementarse con el de libertad, en las instituciones y dispositivos de la democracia liberal: con la separación de poderes; el imperio de la ley; los derechos individuales; el respeto a la vida, a la libertad y la propiedad, el pluralismo (social y de partidos) y la rotación pacífica del poder. Hernández parece justificarse en el solo apoyo electoral y desestimar el componente institucional de la democracia liberal.

Expediente capaz de trocar la crispación del país en explosión social. Con buen tino invita Petro a pactar entre el gobierno y la oposición venideros –sean cuales fueren– reformas en modelo productivo, en consolidación de la paz y en respeto pleno de los derechos humanos; sin las cuales mostraría la revuelta sus orejas a la vuelta de la esquina. Se suma Humberto de la Calle a la iniciativa para aceptar el resultado electoral; respetar la Constitución y los fundamentos de la democracia, desechando todo camino extraconstitucional; preservar el modelo de economía abierta con intervención del Estado hasta donde la Carta lo autorice. Y conformar una bancada parlamentaria que permita aplicación íntegra del proceso de paz, disminución de la crisis social, reforma tributaria progresiva y una política de eliminación de combustibles fósiles. 

Acuerdo trascendental si de evitar la violencia se trata. Pero sin eliminar la libre expresión de los partidos y de la sociedad sobre estas u otras iniciativas. Tan deseable será propender a un acuerdo sobre lo fundamental como legitimar el conflicto ideológico y político dándole curso por los canales de la democracia. Tan legítimo deberá ser el consenso en los principios medulares de la democracia, libertad e igualdad, como el disenso en los formatos que se les puedan dar. En la esperanza de que Hernández termine por suscribir en un todo los principios e instituciones de la democracia, sugiero votar por el candidato que propone desde ya este pacto histórico, el verdadero cambio: Gustavo Petro. El 19 de junio nos jugamos la democracia.

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En Hernández reencarna el uribismo

Ni desaparecieron los partidos tradicionales y sus maquinarias; ni se desplomó la hegemonía de las élites que gobernaron siempre para sí; ni culminó la era de Uribe, líder indiscutido de la derecha más recalcitrante y violenta que hoy se suma con toda naturalidad al arrebatado personaje en quien reencarna: Rodolfo Hernández. Claro, no pasaron los partidos y las élites por esta prueba sin sacudirse, y es primera vez que se hunde el candidato del establecimiento. Pero fue un naufragio con salvavidas. Con suplente. Concebido de antemano por Uribe que, mañoso y desleal como suele serlo, puso a la vez un ojo en Gutiérrez y el otro en Hernández. Pero, sobre todo, porque las zonas que habían votado contra la paz y luego por Zuluaga y por Duque se volcaron ahora sobre el santandereano. 

En pos de la flauta que más sonó, la identidad ideológica al mando, marchan triunfales Uribe, Pastrana, César Gaviria, los Char y los Géneco y los 45 clanes políticos anclados en alianzas non-sanctas y en la robadera, cierran filas, digo, con el héroe de la gesta anticorrupción, que enfrenta sin embargo juicio por corrupción. Acaso por tácito acuerdo entre las partes, en aras de la discreción y la decencia, les pusieron sordina a las trompetas en esta marcha de la victoria: el triunfo definitivo de Hernández se cifra en mantener la ficción de que “yo les recibo los votos pero no les cambio el discurso”. Diferencias de programa no habrá porque programa de este candidato no hay. Como no sea el de ocasión, para llenar formalidades, que le redactaron a la hora de nona usurpando el muy elaborado de Petro. Un programa abiertamente contrario la los dichos y a los hechos del susodicho. Tampoco se verán diferencias en el lenguaje, que todo lo dice de la política: no media mucho entre “le rompo la cara, marica” y “le pego su tiro, malparido”.

Por interés indebido en la celebración de contratos, delito de corrupción en la administración pública, fue llamado a juicio el ex alcalde de Bucaramanga. La misma proclividad al enriquecimiento sin escrúpulos se infiere de sus propias confesiones: “yo mismo financio los edificitos que hago y cojo las hipotecas, que esa es la vaca de leche. Imagínese, 15 años un hombrecito pagándome intereses. Eso es una delicia”. Se lee en The Economist que en su campaña por la alcaldía prometió 20.000 casas para pobres y no entregó ni una. De sus ataques a los derechos de la mujer, ni hablar: a ellas les reserva la casa, a ellos, la vida pública.

Si la violencia del lenguaje y de la conducta dicen de su natural autoritario, más elocuente resulta la declaración de que para gobernar no necesitará del Congreso. Voy a declarar conmoción interior –anuncia– y reto a la Corte a contrariarla. Ya tiene preparada la medida, que le permitiría gobernar por decreto, a la manera de las dictaduras: podrá restringir libertades y derechos ciudadanos, intervenir la prensa, detener a personas por sospecha de que alterarían el orden público, suspender alcaldes y gobernadores, modificar el presupuesto nacional, cambiar procedimientos de justicia y de Policía. Se comprenderá su apasionada admiración por Hitler. ¡Qué miedo!

Por lo visto, con Hernández el cambio consistiría en abrazar, sotto voce, a los supuestos náufragos del poder. A la abominable franja de políticos fogueada en mil aventuras de corrupción, de abuso de poder y sabotaje a la paz, que medraría bajo el ala de su presidencia, si llegara a conquistarla. Azarosa apuesta para un “outsider” que funge como candidato del abanico entero de la derecha: del Centro democrático, de los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical. Y de los despojos del Centro Esperanza que, perdido todo decoro, se arriman al aquelarre. Pero si Hernández pierde, sí será un desastre para la política tradicional.

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El legado que Gutiérrez defendería

Un desastre. El candidato de Uribe, de los clanes políticos, de los combos y la derecha en gavilla, prolongaría de buen grado este régimen de Duque, que no sólo ignoró las urgencias de siempre, sino que las agravó, y terminó por desbarrancarlo todo. Degradó el Estado a fiesta de compinches en el Gobierno para robustecer la sociedad del privilegio y atropellar los derechos humanos, la Constitución, la Ley, las instituciones de la democracia. A golpes de fuerza, de estulticia y vanidad, no gobernó para los colombianos sino para figuración de los amigos, que ocuparon todas las posiciones de mando y no vieron (¿no vieron?) el saqueo del erario. En el deslumbramiento del poder inesperado y su complacencia en la arbitrariedad, mutó el aprendiz en autócrata. 

Burló las disposiciones de los jueces; neutralizó por cooptación los órganos de control; supeditó la Fuerza Pública al capricho de sus mentores; permitió avanzar en el aniquilamiento del liderazgo comunitario; su Esmad cobró la vida de 80 manifestantes en protesta social; recibió un país a punto para la paz y lo devolvió en guerra; reanudó los falsos positivos, una infamia que aturdió al mundo; elevó la pobreza consuetudinaria a azotaina del hambre. Y dio alas de águila a la corrupción: última hazaña, derribó el muro de contención al alud de contratos públicos en campaña, acaso para malversar casi cinco billones de pesos, 70 veces los 70 mil millones que la ex ministra Abudinen permitió robarle al Mintic.

No todo es mérito de Duque, claro. En la crisis de hoy pesan la tradicional confluencia de política, abuso y violencia, y décadas del modelo de mercado que extremó las inequidades. Pero sobre este telón de fondo la acción del Gobierno (y sus omisiones) terminaron por jugar papel estelar. Sacando del sombrero Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo, destruyó Duque los controles sobre su Gobierno e hipertrofió, aún más, el poder presidencial; así hirió de muerte el equilibrio de poderes propio del Estado de derecho, y soltó riendas a la corrupción y la impunidad. Dígalo, si no, la abusiva suspensión de alcaldes por la procuradora que saltó del gabinete del presidente al órgano que debe vigilarlo. O el burdo favorecimiento a un expresidente sub judice, mentor del primer mandatario, por la Fiscalía que su condiscípulo y amigo preside.

Se insubordina el presidente contra la política de paz del Estado, pensada en función del cambio, y la reduce a famélico proyecto de gobierno. Como lo proclamó ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Contrae la construcción de la paz a un militarismo sin reformas. E incurren sus hombres en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Lo mismo bombardean “máquinas de guerra” de 14 años de edad que obran apenas contra el asesinato de líderes sociales y firmantes de paz, 97 sólo en los cuatro primeros meses del año. Entre 2020, 2021 y estos meses, se acumulan 223 masacres (Indepaz).

Duque convierte su Gobierno en vaca lechera de los amigos y sus familias. Revelan Noticias UNO y Cambio que la Universidad Sergio Arboleda, claustro del presidente y del fiscal, ha recibido contratos públicos por $90.000 millones. Su exdecano y exfiscal adhoc, Leonardo Espinosa, denuncia manejos irregulares del rector, Rodrigo Noguera. A quien se señaló también de tráfico de influencias. Si, todo queda en familia, nada pasa.

El agudo periodista Santiago Rivas denuesta la codicia de quienes hoy controlan el país. Vampiros los llama, porque “drenan al país de su sustento vital”. Quien llegue a presidente, agrega, tendrá que recoger los escombros de este Gobierno desastroso. Si Gutiérrez, digo yo, sería para rearmar este legado de oprobio. Tal como lo sugiere la afinidad de su historia y su persona con lo más estentóreo del duque-uribismo aquí esbozado.

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Hambre y violencia

He aquí los brazos de la tenaza que este Gobierno apretó hasta desencadenar una crisis social sin precedentes en décadas. Mientras el crimen organizado controla a sangre y fuego territorio y población en la tercera parte del país –como lo probó el paro armado del Clan del Golfo–, en Medellín, segunda ciudad de Colombia, parece cogobernar con las autoridades, y el gran capital hace la vista gorda. En grosera concentración de la riqueza que se traduce en una o dos comidas diarias para el 30% de los paisas, la cúpula del empresariado antioqueño alardea del “milagro” de Medellín. No oye la balacera de combos y organizaciones armadas que así someten a las comunidades desde su propio seno. Ni registra el viraje en boga de grandes corporaciones que en el mundo amansan el orgiástico principio de la ganancia a toda costa y se proyectan hacia un capitalismo social. Es en la desigualdad y en la penuria donde fructifica la violencia. Se sabe. Los investigadores Alcides Gómez, Hylton y Tauss describen el paradójico sistema que genera, por un lado, pobreza a escala industrial y, por otro, capitalismo desenfrenado. Gestión institucional moderna y dominio del crimen organizado. Coexistencia de dos formas del capital: una lícita, otra ilícita.

Mas no se contrae el caso a Medellín. El paro del Clan del Golfo, escribe Gustavo Duncan, fue demostración de fuerza de quienes gobiernan de facto en más de una región, y de la incapacidad del Gobierno para apersonarse de la seguridad. Abundan los armados que controlan territorios enteros y a su gente mediante milicias que vigilan e imponen su ley con puño de hierro. Para revertir la situación, no sirve ya el modelo de derrota militar de un ejército insurgente. Ahora se trata de desmantelar estructuras armadas vinculadas al crimen que viven en el seno mismo de la comunidad y guardan el orden interno. Se impone, dice Duncan, un trabajo de inteligencia para judicializar a los facciosos y un despliegue de fuerza pública por el territorio entero que ofrezca protección y garantías a la población.

Para Gómez et al, el cambio en Colombia tendría que empezar por Medellín, asiento de una élite económica poderosa y de mafias que a menudo cogobiernan con la administración municipal. Aquí el capital ofrece niveles extremos de concentración. Han perpetuado sus agentes el poder mediante el control de la política, de autoridades públicas, de regímenes jurídicos, de derechos de propiedad, de la política económica. El GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), gobierno de facto no elegido e inamovible, representa hoy el 7,1% del PIB nacional y paga impuestos irrisorios, mientras la precariedad impera en todas las comunas que rubrican con su hambre el “milagro de Medellín”. Contraste violento que es fuente de desigualdad y caldo de cultivo para el reino de la ilegalidad. Por su parte, las mafias organizadas en torno a la Oficina de Envigado –agregan nuestros autores– supervisan la vida cotidiana de la gente en media ciudad; cierran vínculos con la autoridad, con la política y con el mundo de los negocios, financiando alguna campaña y lavando dinero de la droga.

De candidatos para el cambio se espera la solución: depositar en el Estado el monopolio de la fuerza y de la ley. Pero, además, combatir el abandono y la miseria en los que la violencia y el crimen germinan, transformando el modelo de desarrollo. Saltar del rentismo y la especulación –religión del privilegio– a la producción intensiva en el campo y a la industrialización, catapultadas por la aplicación en ellas de ciencia y tecnología. Su efecto probado en 70 años de Estado social: redistribución decorosa del ingreso y tasas crecientes de empleo formal. Empezando por conjurar el hambre y el recrudecimiento de la violencia, vergüenzas sólo dables en regímenes despiadados como éste que Duque impuso.

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Hipocresía

No terminaba Petro de ofrecer en bandeja el monumental disparate de congraciarse con maleantes cuando conspicuos adelantados de la derecha tronaron en la hipocresía que los distingue. Más de uno incurso en prácticas y  relaciones peligrosas, subjudice alguno, vociferaron y se rasgaron las vestiduras para condenar la iniciativa de perdón social del dirigente de izquierda; nombre con el que éste designaba la propuesta de amnistía general lanzada por Uribe un año atrás. Expresidentes, fiscal, candidato de la derecha y dignatarios de su campaña explotaron exultantes el golpe de opinión de la trampa que le habían tendido a Petro, mediante documento apócrifo que circulaba en La Picota. Y el de la inveterada compulsión del candidato a lanzar globos al aire. 

Celada y autocelada. Si hubo complot a dos manos por la derecha armada y la desarmada, quedaba asimismo en entredicho la consistencia ética y política de Petro. No sólo arriesgaba él su victoria electoral sino que podía afectar la primera opción de poder a la mano de la izquierda democrática en 200 años. Envanecido, ciego, responde Petro a los arrebatos de su natural narcisista, que encarna a veces en el lenguaje corporal de muelle abandono y desprecio por la audiencia.

Para Federico Gutiérrez, supuesto oficiante de pactos con la Oficina de Envigado y prosélito de este Gobierno –el más corrupto que se recuerde–, la oferta de Petro es un “descalabro moral”, y lo insta a renunciar. Ante los medios niega aquel legado vergonzoso, edulcora el abrazo de la política tradicional que es eje de su campaña, donde medran corruptos y violentos. Medra Luis Alfredo Ramos, a quien la Corte Suprema acaba de ratificar condena por asociación delictiva con paramilitares. Luis Felipe Henao, su jefe de debate, señala que Petro se propone “ser benevolente y financiador de terroristas de la primera línea, aliado político de extraditables y copartidario de estructuras delictivas como el ELN”. Ni una prueba. Pero posa en fotografías con el Ñeñe Hernández, paramilitar señalado de aportar a la campaña presidencial de Iván Duque.

Se opone el fiscal Barbosa a la propuesta de perdón social por inconstitucional, dice, y porque rompe la separación de poderes. Reivindica su lucha contra la corrupción, dizque pilar de la Fiscalía, en lo cual habría  ésta logrado “grandes resultados”. Él, que metió la Fiscalía en el bolsillo del presidente, mientras ésta escamoteaba toda responsabilidad de Abudinen en el robo de $70.000 millones al Mintic y pedía precluir la investigación contra el expresidente Uribe por manipulación de testigos en delitos penales, pese a la montaña de pruebas en contra.

Álvaro Uribe presentó el año pasado propuesta preliminar de amnistía general: procesados y condenados podrían aspirar a cargos públicos o de elección popular. Buscaba, según el exfiscal Montealegre, proteger a sus colaboradores y a parapolíticos. Para De la Calle y Jaramillo, la propuesta afectaría a las víctimas y a los uniformados que comparecen ante la JEP. Ya en 2007 había concedido Uribe jugosos beneficios a miles de miembros de las AUC involucrados en narcotráfico que se hicieron pasar por autodefensas. Su proyecto otorgaba estatus político a paramilitares, declarándolos  sediciosos. Pero sediciosos son armados que se alzan contra el Estado, no paramilitares que lo defienden o reciben su apoyo. Y en este sentido se pronunció la Corte.

Este perdón social, esta amnistía evocan el pacto de silencio que eximió a las elites de responsabilidad en la Violencia. Y se brincan la Comisión de la Verdad y la JEP, instituciones que cumplen ya la función de justicia restaurativa. Aquellas propuestas de reconciliación sólo serían viables si existiera antes sanción social, pero aquí reina la condescendencia con la corrupción. Basta de globos de humo, basta de hipocresía irredenta.

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Con Duque, corrupción de cara al sol

Hasta no hace mucho, en tiempos del disimulo, se guardaba la mugre bajo la alfombra. Pero en este Gobierno la corrupción es orgía de cara al sol, con pública bendición del presidente de la república. Lo mismo ordeña Duque el avión presidencial para pasear por el mundo con su hermano que defiende a ministros incursos en negocios o en actos de gobierno que al erario le cuestan un Potosí. O transforma en conspiración chavista el más sofisticado entramado de corrupción electoral, ahora financiado en directo con dineros públicos y cargado de pruebas contra Alejandro Char, precandidato a la presidencia aliado de su Gobierno. Linda esta liviandad con complicidad en el mismo orden del ”ñeñegate”, de presunta financiación mafiosa a la campaña de Duque en la Costa Atlántica, cuya investigación saboteó la Fiscalía de Barbosa con la detención de los propios agentes del CTI que acopiaban las pruebas. Antiquísimo recurso éste de matar al mensajero.

No contentos con acaparar –como sea– la contratación pública, cobrar coimas desde puestos oficiales y dominar –como sea– la economía de la región, sorprendidos con las manos en la masa intentan los clanes de La Arenosa depositar toda la culpa en hombros de la víbora bíblica que todo lo pervirtió: la política y el tálamo nupcial de los inocentes. Siempre sutil, original, cree Enrique Peñalosa despachar el elefante del crimen organizado que se coló en la Coalición de la Experiencia enlazando atajos para escamotear el corazón de los hechos: todo deriva, dijo, de una mujer con la cual tuvo Char relación sentimental y está ahora “ardida y con deseos de venganza… Es una prófuga de la justicia colombiana, protegida por Maduro, quien probablemente estaría muy contento de debilitar a Char en la Costa para ayudarle así a Petro”. Y el presidente Duque advierte sobre “una actitud tendenciosa de la dictadura de Venezuela de tratar de utilizar la presencia (de Merlano) para chantajear”.

Pero más de 200 documentos reposan en manos de la justicia. El clan Char enfrenta además denuncias penales por secuestro, violación e intento de asesinato en la persona de Merlano. Informa El Tiempo que ella acusó a dirigentes políticos, a Santos y Uribe y al presidente Duque de haber recibido dinero de esos clanes por debajo de la mesa para financiar sus campañas. Dijo también conocer la relación de 167 cheques en poder de la Fiscalía por valor de $8.643 millones en este escándalo. Tal vez ningún atajo pueda ya esquivar la prueba ácida de la democracia: la renuncia de Alex Char a su candidatura, a pedido de los Ficos y las Dilian, cuyo mutismo termina por alinearlos con Peñalosa.

Debutó Duque en su Gobierno con una apasionada defensa del ministro que habría estrangulado con bonos de agua las finanzas de 117 municipios para embolsillarse $70.000 millones. Otro tanto perdió después Mintic en contrato que la ministra Abudinen, consentida de los Char, autorizó con empresarios venales  para llevar internet a zonas apartadas, y se robaron la plata. El dedo en alto, Duque la amparó. Sin servicio domiciliario de agua quedaron esos municipios, y sin internet millones de niños en el campo. Las pruebas Saber y un estudio de la Universidad Javeriana registran un retroceso dramático en la calidad de la educación, agudizado por desigualdades geográficas y de clase: es más acusado entre los pobres y en lejanías donde el internet sigue siendo un lujo de niños bien. 

Se enseñorea la desvergüenza del presidente al proteger a funcionarios y políticos venales sobre su deber de respetar la dignidad del cargo. Aunque 93% de los colombianos denueste la corrupción, el mismísimo presidente alcahuetea a la tropilla de uñones que lo rodean y marchan sobre seguro con una convicción: mientras la justicia no los apañe, valen huevo la sanción política y la sanción social.

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