Paz: volver a barajar

ELN y EMC de Alias Mordisco, dos fuentes de crisis en las conversaciones de paz, pero también dos efectos divergentes sobre el proceso: en el primero, el secuestro de don Manuel Díaz desnuda anchas grietas en la negociación. En el segundo, el abandono de la mesa por el grupo en armas responde a la ofensiva militar que obstaculiza sus negocios ilegales y a la contrapropuesta de sustituirlos por una economía legal concertada con el Estado.

Esta crisis que disloca las negociaciones con el ELN no se resuelve con pronunciamientos de esa guerrilla sobre el secuestro. Si es que los emite, después de los 9.500 secuestrados que la Comisión de la Verdad le adjudica. El derecho a la paz del país acosado por minorías frenéticas, acá y allá, impone una reconfiguración de la matriz misma del proceso. Respuesta apenas ajustada a la afrenta del jefe eleno Antonio García, que al clamor de parar este crimen espetó: “no se hagan ilusiones”. Ya en junio, a la firma del cese el fuego, se pavoneó Beltrán, su jefe negociador, con la advertencia de que no abandonarían el secuestro. Y la delegación del Gobierno calló, por no llamar secuestro al secuestro. Como ha callado o cedido a sus exigencias, impensables en negociaciones de paz. 

Cándida liberalidad del Gobierno que suelta la rienda en secuestro y al parecer también en otras materias de monta. Abrió de entrada el comisionado Danilo Rueda la puerta a concesiones mayores, al declarar que el Gobierno no interpondría líneas rojas en la negociación. Así, la meta de poner fin al conflicto es una pincelada de niebla en la agenda y la de renunciar a las armas no figura; antes bien, ha dicho el ELN que jamás las dejará. Si la idea del cese el fuego era amortiguar la violencia, éste debió acompañarse del cese de hostilidades, de las violencias que los armados ejercen contra la población inerme: secuestro, confinamiento por paro armado, desplazamiento, asesinato, violación.

Pero si el ELN tira el chorro tan alto, no parece haberlo mantenido la disidencia de las Farc en el Cañón del Micay. Contra su hegemonía de 13 años en ese territorio ordenó el presidente Petro la operación Trueno, el Ejército recuperó posiciones vitales en la logística del narcotráfico, rey en la zona que representa el 75% de los cultivos de coca del Cauca. Y allí se quedó. A la voz del general Federico Mejía seguirá la operación Trueno pues “para el Ejército no hay zonas vedadas”. Entonces el EMC se levantó de la mesa y advirtió, eso sí, que no cesaba el cese el fuego. Sin negociación, sin avances en acuerdo de sustitución de economías ilícitas, sin fin de hostilidades contra la población, no hay cese el fuego posible, replicó el primer mandatario; y agregó que tal vez hubiera sido prematura la negociación política con esa disidencia. Explicó que el EMC ha resentido la recuperación militar que avanza en ese territorio. Que la estrategia de sustitución de cultivos, en principio acogida por ellos, habría bloqueado sus negocios ilícitos. Que será preciso replantear la negociación con el EMC.

Por primera vez se dibuja en los hechos la política de paz total: acción militar contra economías ilícitas de grupos armados y en defensa de la población civil, de un lado; de otro, la solución socioeconómica. Para el caso del Micay, una ambiciosa estrategia de sustitución de cultivos a dos manos con el Estado.

También con el ELN, será de volver al abecé: en palabras de José Gregorio Hernández, la paz no puede implicar sujeción de la autoridad legítima al chantaje o a las condiciones de la subversión. Es hora de trazar metas claras, líneas rojas y desplegar la política de seguridad. Volver a barajar.

Comparte esta información:
Share

Grupos económicos la mano al dril

Un escandaloso grado de concentración del poder económico sitúa a Colombia entre los países más desiguales del mundo. En depurado análisis (Le Diplo) concluye Libardo Sarmiento que entre nuestras 2.161.000 empresas sólo 50 definen el destino del país. Reciben ellas ingresos operacionales equivalentes al 36.7% del PIB y emplean apenas el 1.3% de la fuerza laboral. Las ganancias de las mil mayores empresas subieron el año pasado 40.8%. Cinco compañías bancarias controlan el 72% del sistema financiero. En esta estructura consolidada de nuestra economía, podrá el gran capital sortear con menos afugias la difícil coyuntura: un bajón de 24% en la inversión, inducido sobre todo por la elevación de las tasas de interés por el Banco Central, conlleva menos producción, menos crecimiento de la economía y amenaza el empleo. Más debilitadas para sortear la desaceleración se verán la pequeña y la  mediana empresa, el grueso del empresariado.

En el Octavo Congreso Empresarial en Cartagena, Bruce MacMaster, vocero de la Andi, se hace eco de la insistencia del presidente en allegar acuerdos con la elite económica: con el empresariado y los gremios de la producción. Propone redoblar esfuerzos para acelerar el cambio y cerrar brechas en ingresos, educación y salud. Y revitalizar el modelo de asociación público-privada en dos momentos: primero, para enfrentar las dificultades de la desaceleración inyectando inversiones en infraestructura y construcción; y, puesta la mira en el largo plazo, embarcarse en la reindustrialización. 

Concedida la distancia que pueda mediar entre el discurso y la real disposición a la acción, difícil calibrar la viabilidad de la propuesta. Y no porque al gran empresariado le signifique sacrificio o concesión de privilegios, pues dinamizar la economía, crear riqueza será siempre un buen negocio. Para ricos y pobres. Es que implicaría desplazar el eje del modelo especulativo y rentista al modelo productivo, ya reducido a su mínima expresión.

De la banca de fomento que durante casi todo el siglo XX fuera motor de la industria y la agricultura, no queda sino el recuerdo. Salvo el Banco Agrario. Señala Hernando Gómez Buendía que el sistema financiero está concentrado hoy en tres actores principales, e integrado a su turno en los mayores grupos empresariales: el GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), el grupo AVAL y el grupo Bolívar. Los dos primeros monopolizan los fondos de pensiones, principal ahorro de los colombianos.

Vino el salto, inesperadamente, de la Constitución del 91, que revolcó la forma de financiar los gastos del Estado. Desde entonces, no puede el Gobierno acudir al Banco de la República sino a la banca privada, que le presta con intereses elevados. “La deuda pública -escribe Gómez Buendía- es hoy fuente principal de las ganancias que reporta cada año la banca colombiana. En 20 años pasó (el sector financiero) de generar el 8.8% del PIB al 22% en 2017. Un cambio en la composición sectorial de la economía (casi) sin precedente en el mundo. La Carta igualitaria del 91 le entregó la economía del país a dos grupos financieros gigantes”.

El pacto para transitar de un país con 22 cerrado de la riqueza hacia otro con más democracia y equidad debería principiar por un compromiso de los banqueros con el cierre financiero, a tasas mínimas, de los proyectos de infraestructura y construcción, a punto de ejecución. Con jugosos aportes a la reforma agraria en marcha (titulación, compra, entrega de tierra a campesinos y sustitución de cultivos ilícitos con adjudicación de la parcela respectiva). Y, abordada la reactivación, proyectarla hacia el complejo estratégico de la industrialización. Grupos económicos: en reciprocidad por los favores recibidos, ¡la mano al dril!

Comparte esta información:
Share

De la coca a la industria agrícola

Si el presidente oteara con paciencia los riesgos, para anticipar soluciones, abriría una honda grieta en la política antidrogas que rige. Tal sería el impacto de su alternativa, cimentada en despenalización del minifundio cocalero mientras fructifica el cultivo industrial que lo sustituya. Pero ésta no podrá divorciarse de estrategias paralelas como la de reforma rural y, sobre todo, la de paz total. De la consistencia de esta última, tan azarosa aun, dependerá la nueva política de drogas. La vieja fracasó clamorosamente: no evitó el consumo, nutrió la sangrienta cruzada de narcos y paramilitares, financió guerrillas degradadas y tapizó de muertos la geografía de Colombia. Falló, en particular, la erradicación forzada, pues crecieron más las nuevas siembras que los predios intervenidos. 

Petro propone descriminalizar transitoriamente al eslabón más débil de la cadena del narcotráfico y concentrar la fuerza del Estado en la interdicción de los mandamases que cultivan, procesan y comercializan la droga. Y lavan sus réditos a menudo libando un drink en el club o un café en el canapé gerencial de algún banco. Muestra al canto, la incautación de 4,5 toneladas de cocaína entre un lote de 1.750 vacas embarcadas en Cartagena hacia el Medio Oriente. Tras la firma exportadora encontró la periodista Paola Herrera “toda una red empresarial que deja en evidencia la presunta creación de empresas de papel”, fachada de otras actividades. ¿Serán mafia exquisita? 

Riesgo inminente en el modelo de transición del pequeño cultivo hacia la industria agrícola: que, viéndose amparado, quiera el pequeño cultivador de coca expandir su sembradío. Para disuadirlo, compromiso solemne y energía. ¿Peligros? Todos: que en esta política, hermana de la compleja e incierta paz total, resulte el campesino sacrificado a la guerra por el mercado de la hoja de coca, por el territorio, por sus corredores de narcotráfico y su población. Previsible, cuando no se vislumbra un cese el fuego multilateral sino bilateral, y éste parece traducirse en que la Fuerza Pública baja la guardia frente a sus contrarios (que siguen disparando y en el negocio) mientras la población desespera entre el fuego cruzado de elenos, disidencias y el Clan del Golfo. El buen éxito de la así concebida sustitución de cultivos depende de la entereza con que el Gobierno negocie cese multilateral entre todos los armados y cese de hostilidades contra la población.

En juego está el más prometedor replanteamiento de la lucha antinarcóticos. En desarrollo del Acuerdo de Paz que insta a crear planes integrales de sustitución de cultivos como herramienta contra el problema de las drogas, Felipe Tascón, director del programa, explica que se trata de volver a los pequeños cultivadores socios del Estado en programas de industrialización agrícola allí donde hoy se cultiva coca. Y no será cambiando una mata por otra, una de coca por una de maíz, sino de cambiar la mata de coca por harina de maíz, para que la sustitución resulte competitiva: agregarle valor al maíz mediante su transformación industrial.

Sustitución de cultivos, reforma rural hacia la industrialización del campo y paz total son estrategias hermanas, respiran cada una por los pulmones de las otras. Si de amortiguar la violencia, si de conjurarla se trata, deberán acompasarse, la mira puesta en las víctimas que ocupan el centro del cuadro: las comunidades étnicas y campesinas. Con la sustitución gradual de cultivos minaría este Gobierno la política antidrogas que convirtió a Colombia en narcoestado y bloqueó su desarrollo. Ojalá el tránsito de la coca a la modernización democrática del campo no se aborte en negociaciones precipitadas, condescendientes, con organizaciones tenebrosas que no han mostrado todavía qué ofrecen a cambio de la mano tendida por la paz.

Comparte esta información:
Share
Share