Colombia: ¿otra tiranía tropical?

Al parecer, Duque pide pista en el Eje del platanal que Ortega y Maduro presiden. Da un portazo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha confirmado en Colombia, como lo registró en Nicaragua y Venezuela, cifras aterradoras de homicidios, desapariciones y vejámenes contra manifestantes a manos de una Policía militarizada. Y paramilitarizada. El CD, partido de gobierno, descubre en el informe “sesgo ideológico de izquierda para mostrar al Estado como opresor [cuando este] propende por la seguridad de los ciudadanos y por garantizar su derecho a vivir en paz”. Nirvana dorado que casi sólo existe en el papel y en las peroratas de este Gobierno a la galería. En Nicaragua, ni en el papel. También Ortega vio sesgo, pero de derecha, en el informe de la CIDH sobre su país: el documento “convertía un intento de golpe de Estado en una supuesta protesta pacífica”. Hubo 322 muertos. Pese a la presión de Duque en 2019 para que Maduro recibiera a la Comisión, este la rechazó. Para sendos países creó ella un mecanismo de monitoreo de derechos humanos, el mismo que anuncia ahora para Colombia.

“No aceptamos mecanismos de verificación, porque nuestro Estado es fuerte, robusto e institucional” y no se excede en uso de la fuerza, declara el Gobierno. Poca cosa le parecerán las 73 víctimas fatales, 41 con cargo directo a la Policía y 32 en verificación de idéntica autoría. O los 84 desaparecidos en protestas que la Fiscalía reconoce, cinco de los cuales ya aparecieron muertos. Mas, acaso para solapar la tragedia, puso Duque todo el énfasis en los matices que la CIDH dibujó sobre el recurso al bloqueo de vías, que acabó por alinear a muchos contra el paro. Y tergiversó el análisis. Ateniéndose al derecho interamericano,  lo justifica la Comisión, como recurso temporal y limitado, nunca si viola derechos de terceros a la vida, la salud o el acceso a alimentos. Entonces espetó el presidente su sentencia heroica: “nadie puede recomendar a un país su tolerancia con actos de criminalidad”.

Embriagado en el dulzor de su propia frase, creyó lavar con ella la sangre que corría en calles y centros de detención. Y bendecir la entronización urbana de la estrategia contrainsurgente que durante medio siglo cobró con su vida en los campos a todo el que discrepaba o reclamaba lo suyo. Enemigo de la patria, del Estado fuerte, robusto, institucional será ahora también el estudiante, el desempleado, el desplazado sin horizonte de las periferias urbanas, blanco de las Camisas Blancas que suman sus armas a las de la Policía y el Ejército. Ejército autorizado por decreto de “asistencia militar” para disparar, “si toca”, sobre personas inermes y prevalecer a la fuerza en medio país sobre autoridades civiles elegidas democráticamente. ¿No es este el principio activo del tirano, llámese Franco, Trujillo, Ortega o los napoleoncitos de cartón que florecen como plantas carnívoras en estos trópicos?

De todo ello se duele la CIDH. Del tratamiento de guerra que aquí se da a la protesta social, cuando las penurias y humillaciones acumuladas por generaciones revientan en un grito sostenido de dos meses que este Gobierno ni oye ni entiende, ni calibra su historia y su potencia. Reacio a los hechos, incapaz de medir la hondura del descontento, se alela entre la fantasía de la conspiración comunista y la acción administrativa que sólo acierta cuando se trata de frustrar la paz, enriquecer a los amigos y librarlos de la cárcel. No quiere saber de encuentros y asambleas de vecinos que reverberan acá y allá, a veces a tientas, otras con más luces, en cientos de municipios que se comunican y van depurando anhelos comunes. Se organiza la gente para la protesta, y para las elecciones de 2022. Tal vez sea cierto: no hay tirano en ciernes que dure cien años ni pueblo que lo resista.

 

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Duque rural: bombos, platillos y humo

Propaganda. Ruido en el vacío.  Con amplio titular registra un diario otra de las que parecen ser argucias del presidente para presentar como gran transformación rural algún salvavidas de opinión enderezado a resarcir su imagen, récord de deshonra en la historia de Colombia. Es un plan de política social e infraestructura básica, dice,  inspirado en el Acuerdo de Paz (que él ha devastado), pero sin previsión financiera ni instrumentos de ejecución. Y, sobre todo, riguroso en eludir, precisamente, los problemas estructurales del campo: el patrón de tenencia de la tierra, el uso irracional del suelo, la violencia que se descarga sobre la población campesina, la cosecha de horrores que el conflicto le heredó. Salva Duque el modelo que bloquea la modernización del agro y eterniza el despotismo de la fuerza más reaccionaria del campo. Ufana en su victoria sangrienta sobre ocho millones de víctimas y siete millones de hectáreas usurpadas a fusil o en notaría, preserva ella a dentelladas sus dominios en el poder.

Ni revolucionarias, ni confiscatorias, iniciativas hay; pero la élite no las ve porque, juntas, cambiarían la fisonomía del campo: una de Naciones Unidas (PNUD), otra de la Misión Agraria y la del Acuerdo de Paz. Coincide esta triada en recuperar la noción de desarrollo modulado desde el Estado, que los antojos del mercado sepultaron desde 1990. Y en reconocer que la paz pasa por resolver el conflicto agrario. En su último libro, Una Ruralidad Posible, las recoge Absalón Machado como política integral para el campo que recupere el tiempo perdido y reconstruya lo que el conflicto destruyó.

El modelo de tenencia y uso de la tierra es obstáculo formidable para el desarrollo del campo, signado por una concentración de la propiedad casi única en el mundo, por proliferación del minifundio y miseria. Problema histórico agudizado en las últimas décadas por el despojo y el desplazamiento violento a manos de narcos y paramilitares, frecuentes aliados del notablato político y empresarial. A ello se suma el uso irracional del suelo, donde el latifundio improductivo y la ganadería extensiva reducen la explotación agrícola a un mínimo de las tierras aptas para cultivar. El 81% de las fincas tiene menos de 10 hectáreas y sólo ocupa el 5% del área en producción. Y el privilegio fiscal de los señores de la tierra, que pagan impuestos irrisorios, o ninguno, gracias a que catastro no hay o renguea. Ilegalidad en la adquisición de la gran propiedad e informalidad en la pequeña son los pilares del régimen de propiedad en el campo.

Declara el exparamilitar Pitirri que la contrarreforma agraria mediante desplazamiento y despojo fue un plan premeditado: unos iban matando, otros iban comprando, y los últimos iban legalizando. A la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras contrapone la precandidata del CD, María Fernanda Cabal, otra que neutraliza su efecto devolutivo, mientras los llamados ejércitos antirrestitución muestran sus fauces y muchos de los líderes sociales asesinados son voceros de reclamantes de tierra. También ayudó Cabal a hundir la ley que creaba la especialidad agraria, enderezada a validar jurídicamente procesos de restitución, asignación y formalización de tierras. Lucha de la clase en el poder contra la clase abatida del sistema.

Distribuir la tierra en función del desarrollo, la productividad y la equidad; reconocerle al campesino derecho a la vida, a la dignidad y al ejercicio de la política; sustituir cultivos ilícitos por proyectos productivos. En fin, cambiar el orden edificado sobre el despojo y la violencia, prerrogativa de los de siempre, por un plan de desarrollo rural de largo aliento. Modesto reformismo liberal que, en país avasallado por la caverna, resulta desafiante. Por eso buscan aturdirlo con fanfarrias de grosera altisonancia.

 

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La política: ¿monopolio de la derecha?

Lo sabido: al pronunciamiento de las mayorías contra el hambre y la exclusión responde este Gobierno con un baño de sangre. Lo revelador: en su afirmación como autocracia con todas las letras, les niega el derecho a la política, a la disputa del poder. Lo niega, primero, reduciendo a vandalismo un estallido de entidad histórica y, a gremialismo asexuado, la justa de los trabajadores organizados. En segundo lugar, boicotea, deslegitima o ilegaliza diálogos y acuerdos alcanzados entre mandatarios locales y el movimiento popular, que se ha dado sobre la marcha formas novedosas de organización. Comenzando por la Primera Línea, generosa en entrega de vidas a la brutalidad sincronizada entre policías y paramilitares. En Cali, en Bogotá, en municipios apartados, la contraparte en la mesa los reconoce como actores políticos cuya condición ganaron por pelearse derechos ciudadanos y reclamar justicia. Entre otros, el derecho de elegir sin miedo y el de ser elegidos para decidir en favor de la comunidad, del barrio, de la vereda, por sí mismos o por el partido que los represente.

A este emplazamiento multitudinario por educación, empleo, democracia y dignidad contrapone el establecimiento uribista militarización y homicidio. Hace invivible la República esperando reverdecer la estrategia electorera del redentor que, bajado del cielo para conjurar el caos, repetiría presidencia en 2022. Y magnifica las minucias que concede: una manito de pintura en la fachada, cuando el reclamo apunta a los cimientos de la casa. En andanada pública contra el sindicalista que le señala al movimiento las elecciones para ganar voz y capacidad de decisión –para ganar poder político– el Presidente lo insulta en público, mancilla la dignidad del cargo y, haciéndose eco de Álvaro Uribe para quien el Comité de Paro “ha sido un propulsor de la violencia”, nos recuerda que también el ejercicio de la política es monopolio de las élites. Que no les basta a ellas su control de bancos, tierras, el erario, la verdad revelada y la distinción social, de gente de bien, tantas veces conquistada en asocio del delito.

En experimento feliz que se replica con frecuencia creciente en el país, cuando el movimiento vira hacia la discusión de sus anhelos, los depura y empieza a traducirlos en agendas de negociación, Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, ha logrado lo impensable: le reconoció calidad de interlocutor político a la Red de Resistencias de Cali –organización horizontal, no jerárquica– para escuchar sus demandas y acordar soluciones con mediación de la Iglesia y de la ONU. Primer resultado, se levantaron los bloqueos, previa expedición de un decreto de garantías a la protesta pacífica. Un juez suspendió el decreto porque, argumentó, el manejo de la protesta correspondía al Presidente, no al alcalde. Mas el proceso sigue: pierde aval jurídico, pero gana dimensión política. Y proyección nacional.

“En Puerto Resistencia he encontrado liderazgos que enorgullecen por su valentía, por su capacidad política”, declara Ospina. Fiscalía y Policía, agrega,  tendrán que habérselas con grupos de delincuentes que quieren afectar la institucionalidad creada sembrando caos. Plan de choque de empleo, tan urgente como el servicio público de salud y apoyo financiero a la comunidad serían un primer paso hacia la canalización institucional de la crisis.

Para desdicha de los mandamases en política, en la irrelevancia y la corrupción de partidos al servicio de una dirigencia negligente y sin hígados, la explosión de poderes en la base bien podrá expresarse en elecciones. Entonces el nuevo pacto social, que hoy naufraga en un mar de rencor y de miedo, será una posibilidad. Manes del poder popular que se exprese en las calles y como fuerza parlamentaria. La política dejaría de ser monopolio de la derecha.

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De Lula a Duque: abismos insondables

“Si al final de mi mandato cada brasileño puede desayunar, almorzar y cenar  cada día, habré realizado la misión de mi vida”. Aseveración de Lula da Silva al posesionarse como presidente del Brasil en 2003. Por contraste, en el ocaso de su Gobierno no podrá Duque sino mostrar cifras desoladoras, inexcusables aún por la pandemia: 4,6 millones de familias colombianas hacen dos comidas al día; 179.174 hogares comen una vez, y 23.701 a veces no comen nada: 25 millones de colombianos tienen hambre, ¡la mitad de la población! En platos sobre la mesa se traduce la fisonomía del desarrollo o del subdesarrollo. Al final de su mandato había Lula respondido al reto que se impuso: redistribuir la renta y vencer las desigualdades más acusadas sin desbordar el gasto público. Ocho años después, Brasil era testigo de un crecimiento económico sin precedentes y un avance histórico en política social. Decenas de millones de ciudadanos habían salido de la pobreza y las clases medias multiplicaban su capacidad adquisitiva.

Bolivia, Ecuador, Argentina y Perú inician el retorno a la socialdemocracia en el subcontinente y el pueblo del Brasil se alista para devolverle a Lula el liderazgo del proceso. Mientras tanto, Colombia emula los regímenes de Maduro, Ortega y Bolsonaro. En política, con escaramuzas de golpe para quedarse en el poder; para sitiar a la oposición unificando elecciones de presidente y congresistas; para decapitarla con juicios hechizos a sus candidatos presidenciales desde una Fiscalía que oficia, con todos los órganos de control, como fortín político del Gobierno. Para trocar la seguridad en guerra; para botar, criminal nuevorriquismo bélico, $14 billones en aviones de combate; para solapar entre bastidores dos iniciativas fatídicas: rearmar a la población y conceder el voto a los militares. En economía, para negarle a medio país hasta los últimos recursos de supervivencia humana, así despliegue este Gobierno su vocinglería ramplona enderezada a magnificar las pequeñas miserias que da a una franja de menesterosos.

Registra Roberto Ortíz (CIDOB) ejecutorias del Gobierno Lula que resultan aleccionadoras: política social y crecimiento económico cohabitaron, para convertir al Brasil en séptima economía del mundo. Fue el suyo crecimiento socialmente orientado por concertación con el sector privado, donde empleo e integración social llevaron la voz cantante. Favoreció la inversión productiva  y desanimó la financiera especulativa. Puesta la mira en elevar el nivel de vida de los menos favorecidos, Lula creó millones de empleos, elevó el salario mínimo, financió renta básica para casi la mitad de la población y mejoró la progresividad en la escala de impuestos.

Lula convocó a todos los brasileños, a empresarios y sindicalistas a construir una sociedad más justa, fraterna y solidaria. Anunció un gobierno de coalición “abierto a los mejores” y un pacto nacional contra la pobreza y la corrupción. Ni transición hacia el socialismo, ni populismo: reformas graduales pero firmes enderezadas a modernizar las estructuras productiva y social. Se trataba, en suma, de una economía social de mercado, acompasada por alianza de Estado y sociedad civil. Terminado el mandato, se había situado el desempleo en Brasil por debajo del registrado en Estados Unidos y Alemania. Lula entregó el mando con 87% de popularidad. La corrupción que asaltó a su partido, el desplome de los precios de materias primas y la dictadura no declarada de Bolsonaro detuvieron en seco los avances que habían convertido al Brasil en estrella de los países emergentes.

Lula recogió el modelo de desarrollo de la Cepal, ajeno por completo al populismo que algunos quieren ahora endilgarle: aquellos para quienes todo lo que no es neoliberal es populista. Entre Lula y Duque media la distancia que va de la Cepal a los cultores del mercado: abismos insondables.

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Estados Unidos: la rabia pinta para largo

Entre bufón y demonio con mazo, con cachos y con cola, el más retratado entre los bárbaros rugientes que asaltaron el Capitolio de Washington para destripar una elección democrática encarna las taras de la sociedad norteamericana. Que las tiene. Como el odio ancestral a quien ose pisar el altar del varón-blanco-protestante elegido de Dios (de la Fortuna) para gozar de gloria en el más allá, si goza de prosperidad en el más acá. Odio al negro, al judío, al musulmán, al comunista, al homosexual, a la mujer, al inmigrante latino. Violencia moral y política que hiberna en rescoldos de su historia y revienta como violencia física al llamado de cada crisis. Como ésta de la democracia, que es primero crisis económica. Creada por un puñado de predestinados que en las últimas décadas transgredió toda medida y control en su amasar y amasar de capital sobre las carencias crecientes de clases medias y trabajadoras que lo tuvieron todo y ahora ocupan rangos inferiores de la desigualdad.

Ejemplar refinado del abuso, el propio Trump. Enriquecido en el delito y en la explotación de sus trabajadores, se ofrece el orate sin embargo como vehículo de catarsis para los ahora mal pagados por la industria pesada, que declina; no como contención a las fuentes de este caudal de ira, resentimiento y frustración. Y ahora, al salvajismo del modelo económico le llega su correlato natural de primates invadiendo el hemiciclo de la democracia. Democracia que  será política, mas no económica.

Y es que tras el fenómeno Trump hierve el enfrentamiento de dos economías: una economía industrial venida a menos y otra postindustrial. Explica el profesor Mark Blyth que el partido republicano es mayoría en los estados del centro, en la “coalición del carbono”, donde predominan el modelo extractivo y el trumpismo. Bastión de los demócratas son las grandes ciudades de las costas que favorecen una economía “postcarbono”. La del oeste alberga las tecnologías más desarrolladas y, la del este, los emporios de finanzas y servicios. La pérdida de empleo industrial obedecería en ese país, no sólo a la sustitución de mano de obra por capital, sino al declive de la industria en favor de los servicios. Si ambos pagan mal a sus operarios, en la industria tradicional el enganche de negros e hispanos que se venden por una bicoca ayuda a desplomar los salarios de todos, los de blancos comprendidos.

Entonces éstos atacarán a los negros con la misma rabia homicida de tiempos idos que dieron la libertad a los esclavos pero les negaron la igualdad. Los grupos supremacistas, neonazis incluidos, que se reducían al Ku Klux Klan, hoy suman 940. Casi todos portan armas, quieren disparar y enarbolan la bandera confederada. La de los estados del Sur defensores de su riqueza, los esclavos, cuando en 1860 estalló la guerra civil contra el Note. También entonces la discordia fue entre modelos económicos: entre el tipo esclavista de libre cambio, exportador y con mano de obra esclava; y el industrial que se afirmaba protegido por aranceles y con trabajo “libre” sobreordeñado, que hoy se reedita. Humillados en súbita estrechez, igualados a los advenedizos, millones de inconformes sueñan con una segunda guerra civil que derribe el sistema y edifique la soñada “nación racialmente pura”. Lo mismo los moverá el racismo que el bolsillo.

No pudo consumarse el golpe de Estado de Trump. Pero se puso el huevo de una segunda guerra civil, avivada por el viejo racismo, discreto cuando se come bien, desembozado hasta el crimen cuando encubre iras más hondas: las provocadas por la extorsión inhumana del nuevo capitalismo. Iras que pintan para largo, con Trump o sin él, si Biden y su partido no remueven los cimientos de esa sociedad.

Cristinadelatorre.com.co

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El centro, un milagro

Sí, es milagro la configuración de una mayoría de centro en esta democracia estrangulada por fuerzas retardatarias que perduran en estado puro o se reeditan al capricho de los tiempos. Heridas reabiertas que supuran y ya hieden en el tercer mandato del uribismo, son recuerdo viviente de la Violencia afilada por la jerarquía católica, de la Guerra Fría, de las guerrillas marxistas y el paramilitarismo, de la religión neoliberal. De todos los fanatismos, que se resolvieron en extremismo político.

A la cabeza de aquellas fuerzas, la violencia entre partidos restaurada para ahogar en sangre las reformas liberales  –Estado y educación laicas, reforma agraria– que triunfaban por doquier y en Colombia intentó López Pumarejo. Hoy se extermina a todo un partido político, la UP; se asesina a los líderes del pueblo que reclaman tierras; se conspira con proyectos contra la libertad de pensamiento; se violenta la vida privada, y se enarbola la maltrecha bandera de la familia patriarcal como modelo único en la abigarrada diversidad de nuestra sociedad. Ángel de la guarda de los promotores de aquella contienda, la hipocresía de algunos obispos y cardenales engalanó como mandato divino su incitación a la violencia política y doméstica. Hoy renace en su voto contra la paz, en el ominoso bozal que impusieron al padre Llano, eminente pensador, por humanizar la figura de Jesús.

Cocinada al calor de la Guerra Fría, la doctrina de seguridad nacional convirtió en enemigo interno al contradictor político: pudo ser objetivo militar el liberal-comunista, como hoy lo sería el opositor señalado de guerrillero vestido de civil. A su vera, el paramilitarismo legalizado por los manuales militares de contrainsurgencia desde 1969, hasta su apoteosis en las Convivir del CD. Por su parte, las guerrillas marxistas invadieron el espacio de la alternativa democrática y legitimaron la tenaza iliberal de una dictablanda que no necesitó del golpe militar para acorralar a la oposición y al movimiento social. La desmovilización de las Farc y su compromiso con la paz dejarían sin bandera (sin el enemigo necesario) a la derecha guerrerista. De allí que se despeluque ella todos los días por volver a la guerra.

Por fin, a esta dinámica autocrática contribuyó en los últimos 30 años la tiranía del pensamiento único en economía: la religión neoliberal que emana en densas ondas desde la más refinada academia y desde los órganos del Estado que trazan la política económica y social. Todos los Carrasquilla en acción.

Todo el conservadurismo en acción contra el Centro político que reclama paz, respeto a los derechos civiles y políticos, genuina democracia liberal en Estado de derecho, capitalismo social garantizado por un Estado que controla los abusos del mercado y redistribuye beneficios del desarrollo. En acción contra este Centro (53% de los colombianos, según Invamer) que amenaza coligarse para ganar la presidencia y una mayoría parlamentaria.

Suculento plato electoral que quieren las extremas asaltar: el presidente, flamante miembro del eje Trump-Duque-Bolsonaro, se declara de “extremo centro”. Y meterá cuchara Uribe, verdugo de la paz, el de los “buenos muertos”, el de las “masacres con sentido social”. Más radical por la ferocidad del lenguaje y por la arbitrariedad de sus antojos que por su programa de reformas, Petro niega la existencia del Centro. Porque sí.

No puede tenerse por tibio a quien demanda democracia y equidad en un país que se sacude a girones la violencia ancestral contra todo el que se sitúe por fuera de la secta en el poder. Probado está: en este edén de águilas y tiburones cualquier desliz reformista puede costar la vida. Por eso la existencia del centro es un milagro.

Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz navidad y salud a los amables lectores.

 

 

 

 

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