por Cristina de la Torre | Abr 16, 2024 | Álvaro Uribe Vélez, Abril 2024, Parapolítica, Guerrillas, Farc, Violencia, AUC, Desplazamientos, Desplazados, JEP, Derecha, Paramilitarismo, Partidos, Uribismo, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Personajes, Impunidad, Justicia, Clientelismo, Actores del conflicto armado
Hay alborozo porque llega al fin la justicia, aunque atenuado el jolgorio por el miedo que se apoderó de esta Colombia sometida a crueldades no vistas en guerras pasadas. Así parece reaccionar el país al llamado a juicio del expresidente Uribe, salvo el círculo cada vez más encogido de sus amigos. El patriota bajado del cielo para redimir a su pueblo mutó a referente de fuerzas siniestras, de mano y corazón de piedra. No dejarán de supurar en la memoria nacional los 6.402 falsos positivos, hazaña que no lograron los dictadores del Cono Sur. Ni el homenaje que el político rindió al convicto general Rito Alejo del Río, después que la Procuraduría avalara petición de condena contra él como autor mediato del asesinato de Mario López a manos de paramilitares que jugaron fútbol con su cabeza. Muestra tenebrosa del recorrido de este hombre, hoy acusado de fraude procesal y soborno a testigos que lo vinculan a la creación de un grupo paramilitar.
Retoma la Fiscalía el expediente pletórico de pruebas de la Corte Suprema. Mas, genio y figura, se declara el procesado perseguido político, víctima de que quieran “abrirle las puertas de la cárcel sin pruebas”. Y, en uso de su proverbial habilidad manipuladora del electorado, agitará esa bandera en campaña para 2026. Pese a que el gran protagonista de la política se ha convertido en sombra del héroe, abatido bajo el fardo de sus excesos, que el país conoce ya y deplora.
Iván Cepeda, víctima en este proceso, se congratula de que nadie esté por encima de la justicia; pero invita a un acuerdo nacional construido sobre la verdad, no sobre el castigo, la venganza o la vendeta judicial. En gesto de grandeza, tiende su mano al acusado para sellar acuerdo de paz y reconciliación. Pero éste declara que no se allanará a trato igual con delincuentes, “como lo hicieron con las Farc, y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido”.
Acomodando los principios a su interés personal en cada circunstancia, nadie diría que hace sólo mes y medio propuso Uribe amnistía para recuperar derechos políticos de condenados. Y su Ley de Justicia y Paz de 2005, más que perseguir la paz, parecía una oferta de perdón, olvido e impunidad a violadores de derechos humanos. El proyecto quiso calificar como delito político la actividad paramilitar. Y la Corte Suprema determinó que sedición sólo hay en fuerzas que se oponen al Estado, no en aquellas que trabajan de consuno con él, como sucede con el paramilitarismo. Las Convivir, verbigracia, fueron organización paramilitar financiada y armada por el Estado. Pero Uribe insistió por años en su tesis: guerrillas y paramilitares podían ser beneficiarios del delito político de sedición. En tal moral acomodaticia, no sorprenden sus escrúpulos de hoy.
Este Gobierno avalaría ahora una ley de perdón judicial como instrumento de reconciliación: el proyecto anula condenas judiciales, archiva investigaciones en marcha, restablece los derechos políticos al afectado, y entrega a la persona del presidente la monárquica prerrogativa de concederlo. Recurso aplicado repetidas veces en nuestra historia, hoy entra en juego, no obstante, el derecho de las víctimas y se excluyen los delitos comunes y de lesa humanidad. En lugar de entregar poderes desbordados al príncipe, debería gestionarse en serio la ley que le falta a la paz para abordar negociación con subversivos y sometimiento con delincuentes comunes.
No se sabe si el expresidente Uribe resultaría absuelto o condenado. En todo caso, repugna crear leyes con nombre propio. Para una justicia restaurativa, ahí está la JEP con su proceso integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
por Cristina de la Torre | Mar 26, 2024 | Marzo 2024, Pensiones, Pacto Histórico, Gustavo Petro, Democracia Participativa, Democracia Plebiscitaria, Democracia Liberal, Neoliberalismo, Derecha, Reforma Agraria, Partidos, Izquierda, La paz, Salud, Educación, Justicia, Proceso de paz
El pionero es Uribe y Petro le sigue los pasos. Creyéndose carne y hueso del pueblo soberano, juegan ellos a la democracia directa sobre el cadáver de la representativa y del pluralismo, para derivar en democracia plebiscitaria. En Uribe, para hacerse reelegir; en Petro, para organizar el movimiento difuso que lo elevó al gobierno y prolongarlo más allá de 2026. Violenta este modelo las instituciones de la democracia liberal y sirve indistintamente a la derecha y a la izquierda, a ideologías y programas contrarios: Uribe pone las necesidades de las comunidades al servicio del neoliberalismo; y Petro moviliza masas, bajo la figura de proceso constituyente, en función de una reforma radical. Dos efectos inmediatos podrán desprenderse de este desafío. Uno, se congela el ya yerto Gobierno en funciones; dos, la oposición -verborrágica, insustancial- se unifica sembrando miedo y vuelve al mando.
Como si no fuera también él un poder constituido para ejecutar lo prometido, habló el presidente de constituyente, porque los poderes constituidos obstruyen sus reformas. Yo gané las elecciones para hacer el cambio y no puedo sino obedecer al voto popular, argumentó. El proceso constituyente principia por organizar comités municipales y cabildos abiertos, medios de la democracia directa del 91, que movilicen al pueblo y pueda éste desplegar en las calles su voluntad. Busca Petro que las fuerzas populares “desaten la organización y la movilización general”. Olvida que la democracia es el gobierno de las mayorías, pero también protege a las minorías. Y, en todo caso, controla la voluntad de los más, so pena de caer en tiranía de las mayorías.
De escuela parecida, practicó Álvaro Uribe su Estado de opinión como cruzada contra partidos, sindicatos y órganos de representación popular, intolerancia y caudillismo. Sus herramientas, consejos comunales de gobierno, agitación incesante por la reelección y por un fracasado referendo que buscó, entre otros, revocar el Congreso. Su ataque a las instituciones y a la división de poderes terminó en persecución letal a la Corte Suprema que juzgaba la parapolítica. Los consejos comunales humillaban a las instituciones: suplantaban a alcaldes, gobernadores, asambleas y concejos. “Necesitamos más Estado de opinión, insistía, (en el cual) la instancia judicial pueda ceder a la instancia de la gente. (Tal Estado) supone una comunidad en permanente deliberación y dispuesta a idear soluciones a los problemas”. (Del Escritorio de Uribe, Iela, Medellín, 2002) ¿Cuna del proceso constituyente en marcha?
Fetichizado el pueblo, convergen estos antagonistas en su pasión por la democracia del aplauso, que suplanta al Congreso y resulta de la ojeriza de constituyentes del 91 contra la democracia representativa. En el trasfondo, descalificación de los partidos, desactivación de la sociedad civil organizada en favor del líder. Uribe marchita a los partidos y Petro, en lugar de cohesionar su Pacto Histórico, flirtea con la masa amorfa. El caudillo sustituye a la institución.
Bien merece un partido el programa de Petro que, de realizarse, cambiaría la fisonomía del país, mientras la derecha ve sucumbir el suyo en miasmas y tinieblas. Busca él implementar el Acuerdo de 2016, con su puntal de reforma agraria. Garantizar condiciones mínimas de vida digna en salud, pensiones, educación y trabajo. Una reforma judicial anclada en la verdad. Va por la transición energética, por el ordenamiento del territorio y por la paz. Desde todos los flancos se le pide al presidente no naufragar en la tentación del mesianismo, en la religión secular del caudillo, en la democracia plebiscitaria, expediente de los tiranos que en el mundo han sido. ¡A gobernar!
por Cristina de la Torre | Mar 12, 2024 | Modelo de mercado, Marzo 2024, Reforma política, Protesta social, Desarrollo agrícola, Impuesto progresivo, Violencia, Reforma Rural, GEA, EPM, Especulación Financiera, Libre Mercado, Reforma tributaria, Reforma Fiscal, Banca, Derecha, Modelo Económico, Justicia, Corrupción, Modelo Económico en Colombia
Hoy vuelven ellas en defensa de sus privilegios como avanzada contra el reformismo, ave rara en el régimen más conservador del continente. Con excepciones que confirman la regla, como la de un Carlos Enrique Cavelier, empresario promotor de la productividad campesina. El cambio propuesto en este Gobierno -modesto por comparación con los derechos y necesidades de la mayoría- desafía la tradición del Estado que responde a intereses particulares de la clase dirigente y, en políticas públicas, concede espacios a razón de centímetros por metro, según el ímpetu del reclamante. O ni eso. Como se infiere de los cincuenta mil manifestantes del 7 de marzo arrastrados por una campaña de propaganda construida sobre la demagogia, la mentira y el miedo contra las reformas que cursan en el Congreso. Instrumento de una oposición letal a cambios elementales en un país donde trece millones de ciudadanos no hacen tres comidas diarias. Conspicuo doctrinero y activista de esta derecha cerril, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, blande mazos desde el flanco de un deshonroso exfiscal contra todo amago de transformación.
Pero el modelo de mercado que ha multiplicado gabelas a sus selectos beneficiarios va desnudando sus vergüenzas. Versión renovada del rentismo como política de Estado que, en palabras de Hernando Gómez Buendía, favorece -entre otros- con crédito subsidiado y exenciones tributarias a industriales y empresas con nombre propio. Matriz de conglomerados económicos, con la Carta del 91 derivaron éstos en tres grupos financieros dueños del país. El secreto, la forzosa intermediación de nuestra banca privada en el financiamiento del Gobierno. Y con escandaloso diferencial bancario: entre 2000 y 2016, la diferencia entre tasas de captación y de colocación fue del 102%. Un obstáculo severo al desarrollo económico, dirá nuestro analista. Como que una tajada macanuda de la deuda pública resulta contraída con bancos de los Grupos Aval, Davivienda y Empresarial Antioqueño.
Si la dupla capital público y privado resulta vital para el desarrollo en clave de reindustrialización, por qué no retomar el modelo de economía mixta que predominó en tiempos de Alberto y Carlos Lleras bajo la égida de la Cepal y dio lugar a la industrialización por sustitución de importaciones, adaptándolo a las condiciones de la hora. Entonces Colombia creció al 5.2%, la industria al 6.2% y los salarios al 5.4%. Por qué no volver a la planificación concertada con el sector privado, un paso en cuya dirección pudo perfilar el encuentro del Gobierno con grandes empresarios en diciembre. Fruto inicial, la inversión a dos manos de DPS y el grupo Aval para contribuir a mejorar la vida en la Guajira. No queremos que sea donación o ayuda humanitaria, declaró Sarmiento, la meta es ofrecer soluciones a los problemas estructurales. ¿Y no es esta la divisa del desarrollo? ¿Estaría el Grupo Aval dispuesto también a moderar réditos de su intermediación financiera para el Gobierno?
Las de Cavelier son iniciativas en marcha, efecto de demostración de su poder transformador si se proyectan como políticas de Estado. Entre otras, fundó una cooperativa para comprarles leche a campesinos reinsertados; empezaron con 1.000 litros y, a poco, llegaron a 60.000. De otro lado, a la reactivación de la red férrea que potenciará el transporte de carga y conectará el centro del país con los puertos, se han integrado firmas que a corto plazo trabajarán bajo la fórmula de Asociación Público-Privada. Pasos se dan. ¿Por qué no proyectarlos hacia un modelo formal de economía mixta con planificación concertada? ¿O rendirá más votos la oposición que obstruye y vocifera para ocultar con el griterío la intención de salvaguardar hasta la última migaja de sus privilegios?
por Cristina de la Torre | Ene 30, 2024 | Enero 2024, Violencia, Capitalismo Social, Capitalismo, GEA, Especulación Financiera, Libre Mercado, Socialdemocracia, Neoliberalismo, Derecha, Modelo Económico, Internacional, Salud, Justicia, Corrupción, Clientelismo
Una inmensa marea de argentinos protestó este 24 de enero contra el desmantelamiento del Estado y la libertad de mercado a todo trance que el presidente Milei se propone. Movilización proporcional a su plan de revivir, extremándolo, el capitalismo en bruto que ofreció ríos de leche y miel, pero disparó la desigualdad, la pobreza y la exclusión en la región. Anacrónico mentor del neoliberalismo que despuntó en el Chile de Pinochet, Milei se postró de hinojos en Davos ante la “revolución conservadora” que hasta sectores del gran capital resienten ya. Pero amigos tiene: por él deliran figuras de la caverna como María Fernanda Cabal, enemiga del “buenismo”, pues la gente, dice, quiere autoridad, libertad y orden. No igualdad.
El mundo está en peligro, advirtió apocalíptico, sus valores se encuentran cooptados por una visión que inexorablemente conduce al socialismo. Sin la versatilidad de Hayek, el doctrinero mayor, repite la trampa de meter totalitarismo soviético y socialdemocracia en el mismo saco. Así, toda versión de capitalismo social, redistributivo, le resulta marxista-leninista. Reivindica sin atenuantes la propiedad privada, el mercado libre y el gobierno limitado. La justicia social, dice, es injusta porque es violenta: se financia con impuestos que el Estado cobra mediante coacción. El Estado no es la solución, es el problema. Lo dirá también César Gaviria, paladín del neoliberalismo en Colombia, en su batalla contra la “estatización” de la salud, derecho ciudadano privatizado en su Gobierno, que quisiera perpetuar como negocio particular.
Al lado de la privatización de funciones y de empresas del Estado, se le dio preeminencia al sector financiero. Gracias a nuestra Carta del 91, terminó la economía del país en manos de dos grupos financieros gigantes: el GEA y el Grupo Aval. Tal su poder, que en los primeros 20 años del modelo la participación del sector financiero en el PIB pasó de 8,8% al 22%. Caso único en el mundo.
La apertura económica, otro puntal del modelo de mercado, desindustrializó. Golpeó dramáticamente la agricultura colombiana, por la radical reducción de aranceles a las importaciones agropecuarias. Se empezó aquí por eliminar las instituciones del sector: Incora, Idema, Caja Agraria. El senador Jorge Robledo verificó que, en los siete primeros años de apertura, las importaciones del sector pasaron de 700 mil toneladas a siete millones. Hasta las hojas de plátano para envolver tamales se compraron en el extranjero. En 30 años, la participación del agro en el PIB cayó del 27% al 7%; y en la industria, del l9% al 11%.
Con apertura económica indiscriminada y veloz en países que hacían sus primeras armas en industria o avanzaban en su sofisticación se frenó el sector y retrocedió a la producción de bienes primarios: minerales, petróleo, materias primas. Ya proponía Smith condenar los países pobres a producir esos bienes y, a los ricos, especializarlos en bienes acabados. Mientras en aquellos crece la pobreza, en éstos aumenta la riqueza.
Señala el teórico Hernán Fair que, como teoría y proyecto político, el neoliberalismo condensa las ideas-fuerza de la nueva derecha que privilegia el mercado y la iniciativa privada sobre el Estado y lo público. Su odiada antípoda, los proyectos democráticos, igualitarios y distributivos. En doctrina y en práctica, se afirma en los privilegios del capital concentrado, y naturaliza niveles inaceptables de pobreza, desempleo, precarización laboral, desigualdad y marginalidad.
Oscuro iluminado, profeta de lo fracasado, rescata Milei del fango el modelo que vende como “moralmente superior” para imponerlo a mazazos. Y se permite, en su fanfarronería, llamar “comunista asesino” al presidente de Colombia.
por Cristina de la Torre | Ene 24, 2024 | Enero 2024, Parapolítica, Policía Nacional, Protesta social, Violencia, Socialdemocracia, Derecha, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Seguridad social, Uribismo, Izquierda, Internacional, Impunidad, Justicia, Corrupción
Como un patadón en la espinilla debió de sentir Álvaro Uribe el arribo de Bernardo Arévalo a la presidencia de Guatemala. Es triunfo del pueblo que hizo respetar su decisión en las urnas contra la corrupción de cuello blanco adueñada del Estado en ese país. Pero lo es también del hombre que puso tras las rejas a la cúpula de tal poder, un presidente comprendido, y su acción catalizó la protesta popular como opción política del cambio: Iván Velásquez. El mismo investigador estrella de la parapolítica que mandó a la cárcel a 50 parlamentarios, miembros casi todos de la bancada uribista. Una razón poderosa obraría en el expresidente para pasar de incógnito ante la elección que alegra a los demócratas del continente: a ella tributó su odiado verdugo.
En uno y otro país hizo historia Velásquez, aunque a elevado costo: a exiliarse para salvar la vida lo obligó la persecución del DAS en Colombia y, tras cuatro años de investigar por encargo de la ONU a la satrapía de Guatemala, en 2018 lo expulsó en represalia ese Gobierno. En movilizaciones sin precedentes, vitoreaba el pueblo a su “héroe”. Pero ya desde antes, el 19 de octubre de 2017, escribiría Uribe que Velásquez, “afiliado a la extrema izquierda, (había corrompido) a la justicia colombiana y debería estar preso”. Venía de señalar que su antagonista estaba “pasado de que lo expulsaran de Guatemala”. En 2022 declaró Paloma Valencia que “el nombramiento de un enemigo acérrimo del partido y del jefe del partido de oposición como ministro de Defensa no es sólo un desafío, es una amenaza”.
La clamorosa victoria de Arévalo dio lugar a una asonada judicial que buscó golpe de Estado contra el electo presidente: quiso negar su inmunidad, desarticular su partido, anular la elección popular y, para perplejidad del mundo, boicoteó durante once horas la ceremonia de asunción del mando. Es que no se jugaba sólo la promesa de erradicar la corrupción y la impunidad. Con Bernardo Arévalo renacía de sus cenizas el mandato del padre, Juan José Arévalo, que, tras una dictadura de 15 años, instauraba en 1945 un gobierno de “socialismo espiritual”, hoy reformulado por el vástago en clave de democracia social. Con intervalo de 80 años, padre e hijo levantan idéntico blasón de democracia y equidad, en un país humillado en el despotismo y la pobreza.
Profesor, humanista, escritor, el primer Arévalo intentó una reforma agraria anclada en el principio de función social de la propiedad, que sólo lograría su sucesor Jacobo Arbenz en 1951. Pero el código laboral de Arévalo erradicó el trabajo forzado heredado de la Colonia, amplió los derechos ciudadanos, universalizó el voto y el seguro social. El nuevo Arévalo, profesor, sociólogo, filósofo, se propone pasar la página de la historia: cerrar el capítulo de la corrupción y construir los cimientos de una sociedad democrática donde las instituciones se pongan sin ambigüedades al servicio del pueblo.
No será fácil. La derecha ultramontana de Guatemala porfiará en el sino del golpismo latinoamericano, en modalidad de cerco jurídico, o bien, en la de Trump, que la ultraderecha de Colombia quisiera intentar. Noticias UNO revela informe de inteligencia de la Policía según el cual fuerzas radicales de oposición se propondrían desestabilizar el gobierno: pasar de manifestaciones callejeras a toma violenta del Palacio de Nariño y del Capitolio por grupos de asalto que fuercen la renuncia del presidente. Se perora a sotto voce en Medellín.
Si cabe esperar tramoya de fuerzas oscuras en Guatemala, en Colombia una intentona de golpe sería aventura de energúmenos venidos a menos. Allá y acá, brilla la evocación de Iván Velásquez: “podrán cortar todas las flores, pero siempre volverá la primavera”.
por Cristina de la Torre | Nov 28, 2023 | Noviembre 2023, Campesinado, Protesta social, Lavado de activos, Industria agrícola, Paz Total, Justicia tributaria, Desarrollo agrícola, Seguridad Alimentaria, Industrialización, Violencia, Desplazamientos, Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Derecha, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Tierras, Partidos, Uribismo, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, La paz, Política agraria, Posconflicto, Impunidad, Acuerdos de paz, Justicia, Corrupción, Modelo Económico en Colombia, Actores del conflicto armado
Con patético gesto de tragedia descubre nuestra derecha el agua tibia: que el catastro podría conducir a la reforma agraria, sin alzamiento revolucionario ni alharaca, como lo demostró hace décadas don Hernán Echavarría Olózaga. El exministro Andrés Valencia adivina ahora, perspicaz, el aleteo de aquella reforma tras el proyecto para modular el predial. El gran latifundio acapara en este país 80% de la tierra feraz, apenas si la explota, paga impuestos irrisorios o ninguno, lleva 30 años bloqueando la información sobre propiedad y uso de la tierra y, sin embargo, vocifera, protesta, amenaza. Perora Jaime Alberto Cabal desde el uribismo contra este atentado a la iniciativa privada, a la inversión, al derecho de propiedad. También a Germán Vargas le resulta “confiscatorio” el impuesto predial, si bien sueña con la aprobación del proyecto, “para ahora sí ver millones de colombianos marchando enfurecidos”.
La iniciativa apunta, por el contrario, a proteger el bolsillo del contribuyente, a poner topes al impuesto. Pero este señorío de fusta y de motosierra, arrellanado en privilegios que asume como graciosa concesión del destino, tergiversa el proyecto y aprovecha para reivindicar lo suyo: la tierra casi siempre pelada, acaso con vaca por hectárea, rentando por valorización o como lavado de activos. Especulación y delito. Esta belicosa avanzada ha tenido siempre por diabólica la alternativa de ponerla a producir. Peor aún, si el catastro multipropósito es instrumento de la reforma rural contemplada en el Acuerdo de Paz que este Gobierno sitúa en el centro del acuerdo nacional: productividad, inclusión territorial y desarrollo productivo de la tierra son su divisa.
Tres décadas llevamos tratando de actualizar el catastro. En 915 municipios el valor de la tierra figura por menos de la quinta parte del real: avalúo enano y precio comercial astronómico. Si el fenómeno cunde en la Costa Norte, hay en Girardot propiedades que pueden valer hasta $5.000 millones y figuran por sólo $300 millones. Y la desigualdad en favor de la gran propiedad campea: en 2009 el avalúo catastral de sus predios era siete veces menor que el de la hectárea en minifundio. Así mismo se calcula el impuesto.
Mas el interés del catastro desborda el meramente fiscal, fuente principal de ingresos del municipio. Es que contempla el valor económico del predio, su uso, su vocación económica y su dueño. Resulta determinante en planificación y ordenamiento del territorio, y da seguridad jurídica a la propiedad.
Para el empresario y exministro Echavarría, el impuesto a la tierra ataca la pobreza en el campo. Porque compele a invertir en actividad productiva, no especulativa: ante el impuesto real sobre el predio, tendría su propietario que explotarlo a derechas o venderlo. Mucha tierra se liberaría, bajaría su precio en el mercado y, en medida semejante, los precios de los alimentos. Milagro de la tierra que pasa de manos improductivas a manos productivas. Si estuviera ella bien grabada, no andaría acaparada -sentencia. Una revolución sin gota de sangre. Y es esto lo que aterroriza literalmente al aguerrido latifundismo: no sólo por el nuevo destino de la tierra sino por el ahorro de sangre.
En el corazón de nuestras guerras estuvo siempre el conflicto por la tierra. Repartir, restituir, formalizar, industrializar, extender los apoyos del Estado a toda la población del campo son componentes de la reforma agraria que la gran propiedad rural ha frustrado desde 1936. Es hora de acometerla, desde el catastro multipropósito, como estandarte mayor del acuerdo nacional y presupuesto inescapable de la paz. Sin reforma agraria no habrá paz.
