Duele la verdad

De la mano del presidente Petro, amagó vuelo el expresidente Uribe desde sus cenizas. Tal vez abrumado bajo el peso de la derrota en las urnas; de su impopularidad; del juicio penal que le respira en la nuca; acaso confrontado por el informe de la Comisión de la Verdad –historia-tragedia de la Colombia reciente en la cual jugó él papel protagónico– se allanó a dialogar con el rival de sus pesadillas. Pero ofreció una salida decorosa: oposición civilizada. Opción que la democracia agradece, refuerza la legitimidad del Gobierno entrante, le devuelve al expresidente espacio político y lo exime de la deshonra que enloda a los partidos que quisieron venderse en su ocaso por cualquier gabela. Derecha logrera, sepulta sus programas para suscribir los del hostilizado demonio, y su paz, proyectada sobre el mismo diagnóstico de la Comisión de la Verdad. Mas el Centro Democrático parece dividir hostilidades contra la Verdad desde dos flancos: desde Uribe (el policía bueno, por ahora) y desde Duque (el policía malo, rol que desempeña sin esfuerzo).

En desplante a las víctimas propio de villanos, faltó Duque a la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad. Remachó con su desdén la inveterada tesis de la derecha según la cual no hubo aquí conflicto armado sino cruzada de una democracia pulquérrima contra terroristas. Terrorista pudo serlo cualquiera que pensara a su manera, y en ello le iba la vida. El enemigo interno. “La verdad -dijo Duque- no puede tener sesgos ni ideologías, ni prejuicios… En Colombia hemos tenido unas fuerzas legales y del orden que defienden la Constitución y la Ley y hemos tenido terrorismo que ha pretendido acallar y silenciar la voz de un pueblo en democracia”. El propio Uribe había acusado a la Comisión de obrar con sesgo político. 

Para el comisionado Saúl Franco, no obstante, “este conflicto es político porque se desarrolla en la lucha por el poder. La verdad no es sólo lo que acontece, hay que analizar sus porqués y eso es lo que a veces llaman carga ideológica. Los informes señalan responsabilidades colectivas de todos: de guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública”. Los hechos abruman: 700.000 muertos desde 1958, la mayoría civiles; 121.000 desaparecidos; 50.777 secuestrados sólo en los últimos 30 años. Por el 45% de los muertos responden paramilitares, por el 21% guerrillas, y por el 12% agentes del Estado. La desaparición forzada debutó en el Gobierno de Turbay como práctica contra insurgente de las Fuerzas Armadas. En los 90 la cooptaron los paramilitares y en la primera década del 2000 fue ejercicio masivo. Los falsos positivos alcanzaron su apoteosis en el Gobierno de Uribe: 6.402 casos.

Las ofensas de Duque son catedralicias. No va al acto oficial de la Verdad y sí, en cambio, a otro de sus convites de autobombo con los amigos, cámara, luces y acción: en intercambio de preseas con Barbosa, distinguió al fiscal Jaimes con la condecoración más preciada, la Enrique Low Murtra, magistrado asesinado por la mafia. Su nombre engalana ahora la solapa del hombrecillo que, humillando la testa ante Uribe (imputado por presunta manipulación de testigos en un caso asociado a paramilitares) levitó sobre mil pruebas y pidió archivar su caso. Y el presidente, copietas de los napoleoncitos que desfilan sobre alfombras rojas por las páginas de la novelística latinoamericana, lo cubrió de flores. De altisonancias que convierten la cicuta en agua de rosas.

Bienvenida la oposición “razonable” de Uribe, aunque le permita a su pupilo pervertirla. Millones de colombianos esperan con ansia el cambio, y éste empieza por la verdad que conduce a la paz. Por la verdad que duele en el sufrimiento inenarrable de las víctimas, y por el peso moral que ella siembre en los responsables de esta tragedia nacional.

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En Hernández reencarna el uribismo

Ni desaparecieron los partidos tradicionales y sus maquinarias; ni se desplomó la hegemonía de las élites que gobernaron siempre para sí; ni culminó la era de Uribe, líder indiscutido de la derecha más recalcitrante y violenta que hoy se suma con toda naturalidad al arrebatado personaje en quien reencarna: Rodolfo Hernández. Claro, no pasaron los partidos y las élites por esta prueba sin sacudirse, y es primera vez que se hunde el candidato del establecimiento. Pero fue un naufragio con salvavidas. Con suplente. Concebido de antemano por Uribe que, mañoso y desleal como suele serlo, puso a la vez un ojo en Gutiérrez y el otro en Hernández. Pero, sobre todo, porque las zonas que habían votado contra la paz y luego por Zuluaga y por Duque se volcaron ahora sobre el santandereano. 

En pos de la flauta que más sonó, la identidad ideológica al mando, marchan triunfales Uribe, Pastrana, César Gaviria, los Char y los Géneco y los 45 clanes políticos anclados en alianzas non-sanctas y en la robadera, cierran filas, digo, con el héroe de la gesta anticorrupción, que enfrenta sin embargo juicio por corrupción. Acaso por tácito acuerdo entre las partes, en aras de la discreción y la decencia, les pusieron sordina a las trompetas en esta marcha de la victoria: el triunfo definitivo de Hernández se cifra en mantener la ficción de que “yo les recibo los votos pero no les cambio el discurso”. Diferencias de programa no habrá porque programa de este candidato no hay. Como no sea el de ocasión, para llenar formalidades, que le redactaron a la hora de nona usurpando el muy elaborado de Petro. Un programa abiertamente contrario la los dichos y a los hechos del susodicho. Tampoco se verán diferencias en el lenguaje, que todo lo dice de la política: no media mucho entre “le rompo la cara, marica” y “le pego su tiro, malparido”.

Por interés indebido en la celebración de contratos, delito de corrupción en la administración pública, fue llamado a juicio el ex alcalde de Bucaramanga. La misma proclividad al enriquecimiento sin escrúpulos se infiere de sus propias confesiones: “yo mismo financio los edificitos que hago y cojo las hipotecas, que esa es la vaca de leche. Imagínese, 15 años un hombrecito pagándome intereses. Eso es una delicia”. Se lee en The Economist que en su campaña por la alcaldía prometió 20.000 casas para pobres y no entregó ni una. De sus ataques a los derechos de la mujer, ni hablar: a ellas les reserva la casa, a ellos, la vida pública.

Si la violencia del lenguaje y de la conducta dicen de su natural autoritario, más elocuente resulta la declaración de que para gobernar no necesitará del Congreso. Voy a declarar conmoción interior –anuncia– y reto a la Corte a contrariarla. Ya tiene preparada la medida, que le permitiría gobernar por decreto, a la manera de las dictaduras: podrá restringir libertades y derechos ciudadanos, intervenir la prensa, detener a personas por sospecha de que alterarían el orden público, suspender alcaldes y gobernadores, modificar el presupuesto nacional, cambiar procedimientos de justicia y de Policía. Se comprenderá su apasionada admiración por Hitler. ¡Qué miedo!

Por lo visto, con Hernández el cambio consistiría en abrazar, sotto voce, a los supuestos náufragos del poder. A la abominable franja de políticos fogueada en mil aventuras de corrupción, de abuso de poder y sabotaje a la paz, que medraría bajo el ala de su presidencia, si llegara a conquistarla. Azarosa apuesta para un “outsider” que funge como candidato del abanico entero de la derecha: del Centro democrático, de los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical. Y de los despojos del Centro Esperanza que, perdido todo decoro, se arriman al aquelarre. Pero si Hernández pierde, sí será un desastre para la política tradicional.

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Duque: pistola a la reforma rural

Este presidente recibe un país con el mejor acuerdo posible de paz e índices de violencia política reducidos, y lo devuelve en guerra. Las crueles imágenes de comunidades asediadas por grupos armados y de desplazados por decenas de miles han vuelto a copar pantallas y páginas de prensa. Para no mencionar los cientos de masacres, de líderes sociales y reinsertados asesinados que la costosísima Fuerza Pública no impide, pese a la patética locuacidad de sus comandantes. Ni seguridad para los reinsertados ni solución al conflicto por la tierra que alimenta la guerra. En fallo sin antecedentes, la Corte Constitucional emplaza al Gobierno por “violación masiva del Acuerdo de Paz” y le ordena cumplirlo integralmente. Naciones Unidas y la CIDH se unen al clamor, mientras la FAO advierte que Colombia se halla en riesgo inminente de inseguridad alimentaria: poblaciones enteras no podrían acceder a alimentos, entre otras razones, por eludir la Reforma Rural pactada con el Estado en el Acuerdo de Paz: distribución, formalización y restitución de tierras andan en pañales. Denuncia el exministro Juan Camilo Restrepo “un déficit presupuestal gigantesco para atender los cometidos del posconflicto”.

Corolario de esta eficientísima abulia hacia la paz en el campo, el silencio del presidente Duque, de su Gobierno y su partido, ante el escándalo que toca a uno de sus dirigentes, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, por presunta complicidad con paramilitares que en los 90 despojaron 4.000 hectáreas en Urabá y Córdoba, y decapitaron con motosierra a quienes presentaron resistencia. En confesión de la verdad ante la JEP, el exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio, comprometió a Lafaurie con paramilitares como Mancuso y con generales condenados por asesinato como Rito Alejo del Río. Osorio fue sentenciado a prisión por expropiación de tierras en asocio de paramilitares.

Pero el caso pertenece apenas al último capítulo de una saga centenaria escrita con sangre: es el capítulo de la contrarreforma agraria agenciada por la troica de paramilitares, gamonales y políticos que, tras sus revelaciones en Justicia y Paz, debuta ahora en la JEP. Se comprenderá por qué ha querido el uribismo destruir el tribunal de justicia transicional. En la entraña de nuestra historia medra una minoría que acapara la tierra, paga impuestos irrisorios o ninguno, usufructúa la inversión pública que besa sus predios y engorda en el modelo predominante de tierra sin hombres y hombres sin tierra. Bloqueada la modernización en estos lares, sin Estado, sin tierra, sin trabajo, desfallece la vida del campesino y hierve el conflicto social. 

Salomón Kalmanovitz presenta ejemplo al canto: la hacienda El Ubérrimo es  tierra potencialmente agrícola dedicada a ganadería extensiva. Son 1.500 hectáreas urbanizables, valorizadas con riego y drenaje a cargo del Estado, su dueño la declara por 17 veces menos de su valor comercial. No valdría, según nuestro analista, $8.600 millones sino $165.000 millones. En consecuencia, tampoco debería pagar $178 millones de impuestos.

La derecha dio siempre en la flor de calificar como sovietizante cualquier intento de expropiación con indemnización por su valor comercial de tierras inexplotadas. Política típicamente liberal que en toda Europa y en Japón se aplicó sin anestesia, coco de las élites que mandan en éste nuestro país, el más conservador del continente, el de mayor concentración de la propiedad agraria.  Sovietizante les pareció la Ley 200 de López Pumarejo, y desataron la Violencia; la de Lleras Restrepo, y la sepultaron en Chicoral. Sovietizante les parece cualquier alusión al recurso legal ratificado aun por la Ley 60 de 1994. ¿Cómo prevalecen ellas, pues, por encima del sentido común y de la historia? Haciéndole pistola a la reforma rural.

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Asalto al tinglado electoral

La impudicia del Uribe-duquismo para tomarse todos los flancos del tinglado electoral denuncia pánico de perder el poder, en el único país de América Latina que nunca tuvo un gobierno de izquierda. Emulando al dictador de Nicaragua, nuestro registrador sentencia: si la oposición se siente sin garantías electorales, bien podrá renunciar a su participación en la contienda. Insólito anuncio de pasos del animal grande que va triturando con su pata peluda las reglas de la democracia. Entrega la logística y el escrutinio electorales a empresas privadas que harán la tarea sin auditoría ni control. Confunde (¿deliberadamente?) censo de población con censo electoral, acaso para meter millones de votos fantasmas, de derecha, en las urnas. El Gobierno suspende la Ley de Garantías concebida para asegurar igualdad en la competencia electoral. Contempla –mudo, manco, sordo– el festín que funcionarios, paramilitares, gamonales y victimarios han armado para manduquearse, tras haberlas vetado, las 16 curules de las víctimas.  Jorgito junior, hijo de Jorge 40, el más sanguinario entre los masacradores del paramilitarismo y héroe del muchacho, aspira a una de ellas. Mientras tanto, varios de los líderes comunitarios, depositarios naturales de este recurso de paz, han sido ya notificados: o renuncian a su aspiración, o serán declarados objetivo militar. Y el Gobierno ahí, alelado testigo del horror que no conjura.

 El registrador firmó contrato con la empresa española INDRA para coordinar el escrutinio de los votos y consolidar los datos de los formularios E14 de los jurados. Denuncia NT24 que la firma se vio involucrada en escándalos por fallas en el voto electrónico y por casos de soborno y manipulación electoral. Según Noticias UNO, había firmado antes otro contrato con DISPOEL  para inscripción de cédulas, recolección de datos y elección de jurados. Por vez primera, dos empresas privadas, escogidas a dedo, controlarán todos los resultados electorales, sin vigilancia ni control.

La directora de la MOE alerta sobre dificultades para hacerle monitoreo, seguimiento y control a la información electoral, desde las mesas de votación. Las múltiples dificultades en la inscripción de cédulas develarían riesgos, que vienen a sumarse a los acumulados en once meses de bloqueo de información necesaria para inferir trasteo de votos. A la fecha, no se sabe en qué consiste la depuración del censo electoral. Se denuncia, sí, que la Registraduría ha represado la entrega de tres millones de nuevas cédulas. Votantes jóvenes, tal vez menos proclives a sufragar por el que, cuesta abajo en su rodada, se dijo dueño de vidas y haciendas. 

Definitoria en la estrategia envolvente que apunta al fraude fue la suspensión de la Ley de Garantías Electorales. Presidente y Congreso rompieron el equilibrio en la competencia electoral que deriva de la neutralidad de los funcionarios públicos, de la prohibición de ceder contratos por intereses políticos y del congelamiento de la nómina oficial. Primera agraciada con el cambio, Margarita Cabello: nombró, de una tacada, 1.208 funcionarios inútiles en la Procuraduría.

Dramático, el cerco tendido a los líderes sociales que aspiran a las curules de paz. Amenazas de muerte, bloqueo de los modestos fondos destinados a su campaña, interferencia de clanes políticos y grupos armados en territorios donde el asesinato de líderes es rey. Quienes vetaron el proyecto que creaba las curules querrán ser ahora sus directos beneficiarios, aun victimarios que fungen de víctimas.

Y así va el fraude. Planta carnívora de los pantanos donde la extrema derecha sembró su imperio de odio, violencia, ladronera impune y abuso de poder. Pero es flor que, contaminada de sus propias miasmas, agoniza. Como agoniza la hegemonía de quienes la sembraron. No estamos ya en 2002 sino en 2022.

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Izquierda y Centro: se alborota el cotarro

Unos juegan con los principios y se complacen en la derecha; otros se abocan al reto de verterlos en programas de cambio. Mientras Petro se extravía en un crudo pragmatismo haciendo aliados que disuenan entre “los decentes”, los candidatos de la Coalición Centro Esperanza tendrán que optar por una entre las variantes de libre mercado que todos ellos adoptan: la gama va desde un neoliberalismo cerrero hasta el capitalismo social. Si, como dicen, representan la convergencia del reformismo estructural, no podrán menos que allanarse al modelo de economía de mercado con regulación del Estado. Será respuesta al negro balance del Consenso de Washington, cuya alternativa lanzan hoy las potencias del G7: el Consenso de Cornwall.

Conforme se consolida el Centro precisamente porque rehúye el abrazo de un oficialismo liberal amancebado con la corrupción, con el gobierno Duque y su partido, Petro le tiende la mano a Luis Pérez, artífice con Uribe, Martha Lucía y don Berna, de la mortífera Operación Orión. Y convida al pastor Saade, célebre por su odio al aborto, a la mujer, a la comunidad LGBTI.

Genio y figura, de suyo arbitrario, el autoendiosado Petro se ríe de la izquierda sacrificada, probada en mil batallas, que ahora lo acompaña en la idea de transformar este país. Y encubre su arrebato electorero con el argumento de la vieja alianza del liberalismo con la izquierda. Como si Luis Pérez fuera Uribe Uribe o López Pumarejo. Como si no hubiera sucumbido el Partido Liberal a la corrupción, a la hegemonía de la derecha en sus filas, a los turbios manejos del jefe.

Poniéndole conejo con la caverna cristiana y con la derecha liberal, arriesga Petro la cohesión de la coalición de izquierda. Sus aliados podrán pasar del estupor a la estampida. Como se insinúa ya: Francia Márquez pidió “no cambiar los valores de la vida por votos”, Iván Cepeda declaró que “las elecciones se pueden perder pero la coherencia ética, no”, e Inti Asprilla remató: “la pela interna que nos dimos en el Verde no fue para esto”. Pero Petro es así: impredecible en política… y en ideas. Si votó por Ordóñez para procurador, si considera a Álvaro Gómez más progresista que Navarro Wolf, se comprenderá que invite ahora al uribismo al Pacto Histórico, a la derecha liberal y a la caverna cristiana.

Más atento a la formulación de un programa económico que responda al anhelo de las mayorías, en el Centro Esperanza Jorge Enrique Robledo, verbigracia, insiste en cambiar el modelo pero dentro de la economía de mercado, con respeto a la propiedad y a la empresa privadas, y sin estatizar la economía. Para él, un efecto devastador de la globalización neoliberal en Colombia fue la destrucción en gran medida del aparato productivo del país: la desindustrialización y la crisis agropecuaria. Un desastre, pues es la industria el gran multiplicador de la productividad del trabajo, base del desarrollo. Con la apertura comercial se sustituyeron la producción y el trabajo nacionales por los extranjeros: el Consenso de Washington desprotegió el capitalismo nacional en favor del foráneo. Ahora, para reemplazar aquel Consenso, las grandes potencias marchan hacia un paradigma alternativo, el nacido del Consenso de Cornwall, en pos de una economía equitativa y sostenible que restituya el papel del Estado en la economía, sus metas sociales y la perspectiva del bien común.

Horizonte claro para transitar hacia un nuevo contrato social, sin que sus promotores deban endosar la iniciativa a la politiquería tradicional, gran responsable de las desgracias que en Colombia han sido. Modere Petro sus ínfulas napoleónicas en el platanal, y acoja el Centro sin ambigüedades el paradigma del capitalismo social.

Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz Navidad a los amables lectores.

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Autobombo ladino

Después de los 6.402 falsos positivos del uribato, en el Gobierno de Duque ha vuelto a correr sangre a chorros. Pero a cada nueva evidencia de la carnicería, un coro se levanta desde el poder para convertirla en gesta heroica de la democracia contra el terrorismo; que lo es todo cuanto se aparte del corro presidencial, de su partido, sus banqueros, sus terratenientes y sus Ñeñes. Y nadie le cree. O muy pocos, porque son legión los colombianos que han visto impotentes el asesinato sin investigación y sin castigo de 116 líderes sociales y la comisión de 69 masacres sólo en lo corrido de este año. Legión, los testigos del homicidio a bala de 13 manifestantes el 9 de septiembre del año pasado y de otros 77 en mayo-junio del presente, según Temblores e Indepaz. A bala de la fuerza pública y de sus adláteres, las Camisas Blancas del paramilitarismo urbano.

El más reciente pronunciamiento es de Nancy Patricia Gutiérrez, Consejera de  Derechos Humanos: “el gobierno del presidente Duque –escribe– ha dado lo mejor por la protección de los líderes sociales [y] ha adoptado políticas públicas de Derechos Humanos que se implementan de manera rigurosa”. Otra cosa dijo la CIDH, que vino, estudió los hechos, comprobó responsabilidad del Gobierno en la matanza del paro nacional y anunció monitoreo al país. También a España llegan ecos de esta finca, y el presidente que corre a suplantar Vallejos en la Feria del Libro de Madrid con su librito de economía naranja. Mas pierde el envión. Nada puede ante la protesta de colombianos en esa ciudad contra el “genocida”, ni ante el manifiesto de 28 libreros indignados con quien llega “a lavarse la sangre derramada”.

Y es que Colombia se corona campeón mundial en asesinato de líderes ambientales: 65 el año pasado, casi la tercera parte de los habidos en el orbe. Informa Global Witness que estos crímenes son parte del ataque generalizado contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, y permanecen en la impunidad. No toca el Gobierno la pulpa de la matanza, bien cobijada como está por su sabotaje a la implementación de la paz. Último dato: cercena la implementación de la paz reduciendo sus recursos de 10% a 3%.

Pero en su grosera distorsión de la realidad, se pavonea Duque disfrazado de   cruzado, de Blancanieves, de presidente. Perdura el recuerdo del chaleco (no disfraz) de policía que se caló para confundirse con quienes acaso venían de matar a 13 muchachos, y los llamó “héroes”. El elogio, flor silvestre, le brotó del alma. Pero otras veces él y su Gobierno mienten en grande sin parpadear. Mienten sus funcionarios, verbigracia, al reconocer 3 muertos en Cali el 28 de mayo a manos del Ejército, la Policía, el Esmad, el Goes y los paramilitares, cuando fueron 12 las víctimas, según indagación pormenorizada de El Espectador, (5, 7, 2021). De las decenas de agentes implicados, sólo uno ha sido llamado a juicio. Y la Fiscalía ahí, se carcajea, mientras a Nury Rojas, madre de la baleada Angie Baquero, la amenazan de muerte por exigir justicia.   Presidente, Fiscal y Mindefensa elevaron a terrorismo las contravenciones de bloquear vías sin violencia o tirar piedra. Se prepara sentencia de 22 años de cárcel contra un miembro de la Primera Línea en Medellín por filmar enfrentamientos con el Esmad y por insultar policías.

El mundo de las letras en pluma de libreros descalificó en España el ladino autobombo de este “heredero de la peor tradición uribista, la de los falsos positivos, los cuerpos mutilados, el narcotráfico y las matanzas paramilitares […] el responsable directo de la represión, de las torturas y desapariciones de los últimos meses”. Mas, si por allá llueve, por acá no escampa: 70% de los colombianos reniegan de la perversa charada y reclaman respeto a la vida a quien todos los días tira la piedra y esconde la mano.

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