por Cristina de la Torre | Feb 18, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Cese multilateral, Clan del Golfo, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corredores del narcotráfico, Crímen organizado, Cultivos ilícitos, Derecho fundamental, Desplazados, Desplazamientos, Economías ilícitas, ELN, Febrero 2025, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, JEP, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Narcotráfico, Pacto Social, Paz Total, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Rural, Sanción Política, Seguridad Humana, Sustitución de cultivos, Tierras, Violencia
Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y encarnación del personalismo en el poder, en el presidente Petro recae la responsabilidad última del desastre de la Paz Total; no en su ministro de Defensa, Iván Velásquez, que recibe órdenes del mandatario. Cada decisión (o indecisión) de gobierno responde a la mano del príncipe, que aprieta o afloja según su impredecible designio de cada hora. Yerra Petro en la concepción de la Paz Total, en el diagnóstico, en el método, en la ejecución. Pero en consejo de ministros teatralizado para el país irrespeta al funcionario insinuando que la toma de El Plateado no se consumó debido a sabotaje por inacción de su cartera. Respondió Velásquez que las fallas de esa estrategia no le caben al ministerio sino al Gobierno nacional que, pese a la insistencia del ministro, nunca logró una acción articulada del Estado sobre la región. Daniela Gómez, exviceministra de Defensa, dirá que la falta de coordinación en el Ejecutivo obstaculizó la acción militar en el territorio: nos sentíamos remando solos, precisó.
Y suscribió la crítica generalizada de la estrategia de Paz Total y sus ceses de fuego, traducidos en fortalecimiento de los grupos armados y debilitamiento de operaciones ofensivas de la Fuerza Pública. Revela Hugo Acero, experto en seguridad, que el presidente le ordenaba al ministro frenar la acción militar en territorios donde se imponían ceses del fuego sin planificación suficiente. Este Gobierno disolvió su capital político y la ilusión del cambio en el voluntarismo del mesías (¡otro!) que prometió sellar en tres meses la paz con el ELN. Mas al amparo de inauditas larguezas en la mesa de negociación, multiplicó ese grupo sus efectivos, consolidó negocios ilícitos, avanzó en control de territorios, en sojuzgamiento de comunidades y se destapó como retaguardia armada de la dictadura venezolana, con la que comparte utilidades del narcotráfico en la frontera.
Se propone ahora el presidente aplicar la estrategia de El Plateado en el Catatumbo, sin haber antes corregido entuertos. La tragedia humanitaria de esta región requiere, sí, un modelo semejante al del Cauca, pero depurado y acondicionado para lograr sus objetivos: intervención de la Fuerza Pública, acción coordinada de las instituciones del Estado e inversión social. Como lo pidió el ministro Velásquez.
El drama rompe fronteras del Cauca y Santander. Si el Catatumbo padece una tragedia humanitaria sin precedentes en 28 años, esta se cocina ya en Sur de Bolívar, Antioquia, Valle, Arauca y Chocó. Líderes del Pacífico se confiesan agotados de registrar “guerras anunciadas y esperar la lenta, insuficiente y descoordinada respuesta del Estado”. Tras el paro armado del ELN que hace tres meses confinó a 50.000 personas, su guerra con el Clan del Golfo responde ahora por 3.400 desplazados, 9.200 confinados y anuncia una debacle como la del Catatumbo. 71% de los municipios de Colombia están bajo alerta y la ministra de Justicia, Angela María Buitrago, revela que en el Chocó se están suicidando los niños para no ser reclutados.
En virtual confesión de parte que bien le valdría como autocrítica, hoy denuesta Petro “el ego individual, el tribalismo, el ego de grupo sectario”. Pero ha dejado en vilo el Plan de Choque para implementar la paz que su exministro Cristo trazó, basado en romper egos, y sin el cual queda ésta reducida a polvo de estrellas. Comprende el plan pactos para acelerar la transformación del territorio, reforma rural integral, agenda legislativa, articulación de la seguridad en el territorio y acuerdo para un pacto nacional. Se trata de rectificar la política de paz y trazar una estrategia de seguridad para combatir a quienes persisten en la violencia. Si no convierte por esta vez su idea en acción, podrá Petro sucumbir en el hoyo negro de su Paz Total.
por Cristina de la Torre | Ene 28, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Crímen organizado, Desplazados, Desplazamientos, Economías ilícitas, ELN, Enero 2025, Fascismo, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, Pacto Social, Paramilitarismo, Paz Total, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Seguridad Humana, Tierras, Violencia
No es un episodio más de nuestra violencia, es una verdadera tragedia humanitaria. El ELN, como ejército de ocupación que hace décadas empeñó la revolución a la disputa sangrienta por rentas de crimen organizado, masacra a la población inerme en espectáculo de terror comparable al desplegado por el paramilitarismo. Y acude a los peores expedientes de inhumanidad. En el campo, desaparece, mutila, tortura, desmembra y amarra con alambre de púas a sus víctimas para rematarlas a tiros. Sólo le faltan los hornos crematorios que las Autodefensas usaron allí para desaparecer a cientos de los ultimados. En centros urbanos, tiende razzias fascistas: pasan encapuchados de casa en casa, lista en mano, para ejecutar al “enemigo” en presencia de sus hijos. Pero, a diferencia de los fascios, que apuntaban al poder del Estado, con incursiones como la del Catatumbo se ríe el ELN de su viejo anhelo de cambio, para entregarse a negocios de alcantarilla.
Se propone controlar esta rica zona estratégica de frontera, ideal para traficar seres humanos, armas, oro y cocaína. Plato suculento para bandas de todo jaez, que ahora quieren los elenos para sí solos. Se lo pelean asesinando 80 personas en cosa de días, provocando la estampida de 42.000 y el confinamiento de 12.000, según autoridades de la región y la Defensoría del Pueblo. Mas no se libra allí una guerra entre combatientes, es campaña de exterminio contra la población. Ha virado el conflicto armado de insurrectos contra el Estado hacia una violencia fragmentada sin propósito político. Lo sucedido en el Catatumbo, declaró el presidente, es una demostración más del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia organizaciones narcoarmadas.
Pero a este Gobierno le cabe responsabilidad. Por haber abandonado durante dos años los Planes de Desarrollo Territorial llamados a atenuar la ausencia del Estado donde más se necesitaba. Es responsable, sobre todo, por sus desatinos en la negociación con el ELN, que le permitieron expandirse, aumentar su capacidad militar y multiplicar crueldades contra la población, con ceses del fuego que maniataron al ya debilitado Ejército y no impusieron respeto a las comunidades. No es gratuita su brutal incursión de hoy en el Catatumbo.
Explica Luis Fernando Trejos que con el ELN no se negociaba la finalización del conflicto sino un armisticio: en vez de desarme, desmovilización, reintegración y postacuerdos, treguas prolongadas (sin mucho control, se diría). El Gobierno declaró desde el comienzo del proceso no tenerle líneas rojas al ELN. Entonces este controló tiempos y agenda de negociación, porque sabía que Petro no se levantaría de la mesa. A tres factores atribuye el expresidente Santos la crisis del Catatumbo: a la falta de una clara política de seguridad; al formato de la Paz Total que le permite a un grupo negociar armado y beneficiarse de ceses del fuego, y a la falta de implementación del Acuerdo de Paz suscrito en 2016. Para Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, la desarticulación entre políticas de paz y de Seguridad expuso gravemente a comunidades rurales. Y este abandono, agrega, es violación de derechos humanos, por omisión.
En Colombia no hay ya guerrillas ni hay guerra; hay grupos armados para el crimen, que se enfrentan por el control del narcotráfico y de otras rentas ilícitas. Pero cabe todavía soñar con la posibilidad de reorientar la negociación con el ELN: imponiendo condiciones, devolviéndole a la Fuerza Pública su capacidad de acción (no episódica sino permanente) y acometiendo la transformación de los territorios. Acaso pudiera vencerse el pesimismo del más entusiasta defensor de la paz, Juan Fernando Cristo, para quien, ante esta orgía de terror, no habría ya posibilidad de retomar el camino con el ELN, pues éste habría “tirado a la basura la llave de la paz”.
por Cristina de la Torre | Dic 10, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Cese multilateral, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corredores del narcotráfico, Corrupción, Crímen organizado, Desarrollo agrícola, Desplazados, Desplazamientos, Diciembre 2024, ELN, Fuerzas Armadas, Gustavo Petro, JEP, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Libre Opinión, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Paz Total, Posconflicto, Tierras, Violencia
Un avance imprevisto se registra en el replanteamiento de la política de paz: el reconocimiento de sus errores de origen. Equivocaciones y vacíos que explican la inusitada expansión de los grupos armados que, dedicados sin excepción a economías ilegales, se disputan a bala el territorio e imponen su dictadura a las comunidades. En favor de esta violencia redoblada obraron las pautas que Danilo Rueda, primer comisionado de paz, trazó desde el día uno de la negociación y en buena hora se revisan hoy. Y se materializan, para comenzar, en bombardeos de aviones Kafir a un campamento madre del Clan del Golfo en Antioquia; primera acción de la Fuerza Aérea contra grupo armado en la era Petro.
En foro promovido por El Espectador y la Universidad de los Andes con participación de autoridades de Gobierno, negociadores y líderes de territorios sojuzgados, proliferan razones enderezadas a corregir entuertos. Pasan al banquillo los diálogos de paz sin objetivo definido o claudicante en la orilla del Estado; ceses de fuego improvisados y aquietamiento letal de la Fuerza Pública, para solaz de la contraparte; manipulación y segregación de organizaciones de base por los armados, a fuer de integración de la sociedad al proceso de paz. Desaguisados cuyos efectos señala Leyder Palacios, líder social del Chocó: normalización de la guerra en su región, miedo, violencia, gobernanza armada de los criminales por cooptación del poder local, pérdida de legitimidad del Estado y de sus Fuerzas Armadas, cese el fuego que sólo beneficia a los armados. Y Luz Estela Sucre, líder social en Arauca, dice: “estamos solos, en nuestro departamento gobiernan los grupos armados… nos sentimos desamparados”.
La cruda realidad ha impuesto ya objetivos inescapables en la negociación: reducción de la violencia, transformación del territorio y desarme de la contra parte. Claro, no siempre se lograrán ni al mismo tiempo. Una es la experiencia de Comuneros del Sur, cuyo proceso entra en fase de implementación; otra, la engorrosa mesa con el ELN, que va para el año congelada y anuncia ese grupo que no suscribirá acuerdo final con el Gobierno. Se depuran los objetivos de la mesa también al tenor de los cambios producidos en los grupos armados: no apuntan éstos ahora a la toma del poder sino que batallan por prevalecer en las economías ilegales: saltan ellos de la política al lucro regado en sangre. Y el Gobierno pasa de mesa y cese el fuego con todos, a mesa y cese el fuego con quienes lo merezcan.
En algunos casos ha salvado vidas el cese el fuego; pero, decretado sin mecanismos precisos de control y verificación, ha robustecido a los grupos armados. Señala el gobernador del Caquetá que en su departamento éste disparó la violencia entre armados: cuando había que mantener el control del territorio se desescaló, no la violencia sino la presencia de la Fuerza Pública, y se fortalecieron los armados. El ministro de Defensa baja de su pedestal al cese y le concede importancia sólo si beneficia a las comunidades: a guisa de negociación de paz, no puede el Estado ceder poder de control sobre el territorio, ni igualarse con los ilegales.
Tampoco podrá permitirse más la manipulación, la cooptación o la segregación de organizaciones populares por grupos armados, a título de participación de la sociedad civil en el proceso de paz. En esta avanzada para monopolizar la voz del pueblo, tampoco se les permitirá violentar ni presionar a las Juntas de Acción Comunal.
Sostiene el expresidente Santos que toda negociación de paz conjuga garrote y zanahoria, que en ésta no han sentido los armados el garrote y sí, en cambio, se han comido la zanahoria. Mucho indica que se apunta esta vez a equilibrar las cargas, y otra política de paz empieza a tapizar nuevos caminos con los despojos de sus reveses iniciales.
por Cristina de la Torre | Nov 28, 2024 | Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Desplazados, Desplazamientos, ELN, Farc, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, JEP, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia restaurativa, La ley de Víctimas, La paz, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Movimiento social, Noviembre 2024, Paz Total, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Restitución de Tierras, Tierras, Violencia
El protagonismo empieza a desplazarse del despótico negociador (llámese Mordisco o Beltrán) hacia comunidades que construyen paz. Al proceso contribuye la división de los grupos armados que, en vista de su eventual desmovilización, se debaten en el dilema de renunciar a las armas o seguir violentando a la población. Catalizadores de esta crisis serían la diversidad de sus bloques y la dificultad para darle carácter político a su actividad delictiva. Conforme se disocian por conflictos intestinos esos grupos armados, cambian los referentes del diálogo. Y cambia el tono del Gobierno.
Se mostró esta semana el ELN dispuesto a volver a conversar, pero el presidente Petro le advirtió que no concurriría si iba ese grupo “con el fusil en la mano”; que “quienes no dejen las armas serán doblegados por la Fuerza Pública (y deben) escoger entre el camino del Padre Camilo Torres o el de Pablo Escobar”. Entonces Beltrán, portavoz del ELN, confesó que ellos no firmarán la paz en este Gobierno y Petro elevó exigencias: la reanudación de esta mesa queda en vilo. Camilo González, negociador con el EMC, selló condicionando el regreso de Mordisco al diálogo a su declaración de cese unilateral del fuego.
Al parecer, sufren esos grupos una crisis de identidad que respira por la frágil representatividad de sus jefes en las mesas del ELN, el EMC y la Segunda Marquetalia: facciones y frentes enteros inconformes con sus voceros montan toldo aparte para suscribir sin ambigüedades el propósito de paz. Acaso amenace este cambio de jerarquías con reducir el alcance de la paz total, pero obrará a la larga como poderoso factor disuasivo de la guerra.
Porque se resuelve en acción integral del Estado, Fuerza Pública comprendida, con participación de ciudadanos y autoridades en los planes de desarrollo, de seguridad y convivencia. Sería de paso formalización del heroico esfuerzo de reconstrucción del tejido social que miles de colombianos han emprendido contra los estragos de una guerra ensañada en la gente; y proyección de los PDET, que son nervio del Acuerdo de Paz. Es que la paz no depende ya únicamente del tránsito de los armados a la vida civil sino, sobre todo, de cambios de impacto tangible en las comunidades, de transformación de las condiciones que engendran la violencia.
Explica Pablo Pardo, vocero del Gobierno ante Comuneros, que el proceso con esa disidencia del ELN es territorial e integral, con una hoja de ruta que contempla desmonte paulatino de la violencia, transformación del territorio con sustitución de economías ilegales, y transición del grupo armado a la vida civil. Más que en la mesa de diálogo, la paz reside en las comunidades. Su fin, desescalar la violencia. Abunda en la idea Armando Novoa, negociador con Segunda Marquetalia: el desescalamiento integral del conflicto implica que los armados vayan reemplazando las armas por trabajo en proyectos económicos en el territorio. Y Camilo González, delegado ante el EMC, insta a sentar las bases para transformar el territorio y para que la reincorporación sea comunitaria: no es reincorporación de combatientes, dice, es reincorporación de poblaciones, de territorios, de comunidades.
Urge articular esta política con la implementación del Acuerdo de Paz suscrito hace ocho años que, salvo por la JEP, encontró la Contraloría en pañales. En particular, desarrollar la reforma rural y los PDET, cuya vigencia pide el Gobierno prolongar ocho años más. Tres ideas madre parecen gravitar en torno al cambio de tercio en la estrategia de paz: uno, sin implementación del Acuerdo de 2016 no habrá paz que valga; dos, la paz es territorial y su negociación también; tres, la implosión de los grupos armados no es cosa del Gobierno. Reafirma Petro que él negocia con quienes quieran la paz; los que no, tendrán que vérselas con la Fuerza Pública.
por Cristina de la Torre | Nov 5, 2024 | Actores del conflicto armado, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Conflicto interno, Corrupción, Derecho fundamental, Desarrollo agrícola, Desarrollo sostenible, Desplazados, Desplazamientos, Estado de Derecho, Gustavo Petro, Impunidad, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia restaurativa, La ley de Víctimas, La paz, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Noviembre 2024, Pacto Histórico, Pacto Social, Polarización social, Política de Estado, Posconflicto, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Tierras, Violencia
No hay mal que dure cien años y ojalá Colombia, después de tantos muertos por la tierra, honre el dicho popular. En su último tramo de Gobierno decidió Carlos Lleras crear concentraciones parcelarias para el campesinado. Pero en menos que canta un gallo el presidente Misael Pastrana, prohombres de los partidos tradicionales, el latifundismo, la SAC y Fedegán, respondieron al Incora con una virulencia que no acusaban siquiera las élites más retardatarias de la región: mataron la reforma agraria en Chicoral. Por segunda vez, pues a la de López Pumarejo le enfrentaron la Violencia. Corría el año de 1972 y hasta el sol de hoy, cuando Gustavo Petro entrega, en su más reciente medida agraria, cuatro zonas de reserva campesina: 103.000 hectáreas a 4.000 familias que llevaban décadas luchando contra artificios jurídicos en las zonas más atormentadas por el conflicto. El hecho es trascendental porque esta figura reconoce al campesino como sujeto de derechos que decide con autonomía en ordenamiento y planificación de su territorio. Y es paso que se inscribe en un horizonte de reforma agraria que revierte el Pacto de Chicoral.
A aquellas hectáreas se suman las 877.000 compradas, entregadas y en proceso de adjudicación en estos dos años. Ha dicho la ministra Carvajalino que el Gobierno apunta a reformar el Pacto del 72 que frenó la redistribución, concentró aún más la tierra y aceleró la expulsión del campesinado “sobrante” hacia la colonización de selvas y hacia ciudades sin empleo. Dádiva descomunal al latifundismo, aquella contrarreforma suplantó la redistribución de tierra por apoyo al desarrollo capitalista de la gran agricultura pero sin redistribución del producto, concentró el crédito en los grandes propietarios y restableció el ominoso sistema de aparcería. La SAC se opuso ardorosamente a la creación de empresas comunitarias y, ya desde entonces, a la jurisdicción agraria.
Para guardar las formas, estableció Chicoral el pago de impuestos calculados sobre la renta presuntiva que el avalúo catastral de la tierra indicara. Había, pues, que demostrar un mínimo de productividad de la tierra para que ésta se considerara adecuadamente explotada y quedara libre de intervención oficial. Explicará Absalón Machado que se estableció una renta presuntiva del 10% sobre el valor del terreno dedicado a agricultura y del 4% del dedicado a ganadería. Pero ese valor sería la mitad de su avalúo catastral (ya reducido desde tiempos inmemoriales al ridículo). Nunca se aplicaron los niveles mínimos de productividad. Resultó cada vez más fácil simular que un predio estaba adecuadamente explotado y más difícil la expropiación de terrenos intocados o que exhibían una vaca solitaria en la lejanía. La renta presuntiva ni modernizó el campo ni mejoró la productividad de la tierra.
La ministra Carvajalino anuncia para diciembre un proyecto “anti-Chicoral” que acelere el tránsito hacia una agricultura competitiva mediante política estatal que responda a las necesidades de la agricultura campesina, de los productores y de los gremios, concertada con empresarios, campesinos y comunidades. Empezaría por restablecer instituciones del sector como el Idema.
Un año y ocho meses deliberaron comunidades, gremios, trabajadores y etnias hasta resolver esta semana un largo y sangriento conflicto de lucha por la tierra en el norte del Cauca. Es ejemplo de concertación que podrá replicarse en otros escenarios. Claudia Calero, presidenta de Asocaña, exaltó esta experiencia como modelo de paz. A leguas del Nobel colombianista James Robinson, que niega la necesidad de una reforma agraria en el país, nuestra dolorosa realidad ha probado con creces que sin ella no habrá paz ni equidad ni instituciones que valgan. Reformar la contrarreforma de Chicoral se impone.
por Cristina de la Torre | Oct 7, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Desplazados, Desplazamientos, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Lavado de activos, Narcotráfico, Neoliberalismo, Octubre 2024, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Sustitución de cultivos, Tierras, Violencia
Es un tic. Un tic de siglos. A la primera insinuación de dar parcelas a campesinos se activa en la derecha la máquina de lamentos y veladas amenazas contra la expropiación de tierras, que sólo existe en su cabeza. Y en todas las leyes agrarias desde 1936, que este Gobierno elude. Un borrador de decreto que agiliza la compra de fundos para reforma agraria reduce el proceso de siete a dos meses y, lejos de expropiar, simplifica procedimientos de compra en vigor. Pero la oposición asocia el decreto con la ley ordinaria de jurisdicción agraria que el Gobierno radica ahora en el Congreso. Coco del latifundismo porque entrega a jueces especializados la solución de los conflictos de tierra, donde se cuece la violencia que encubre a menudo abusos por ambigüedad o por dolo en el estatuto legal de la propiedad. Dos pájaros de un tiro. Mientras tanto, para mayor zozobra de la reacción, devuelve la ministra Carvajalino 8.430 hectáreas a campesinos despojados de Córdoba y anuncia para este mes entregas hasta de 50.000 hectáreas en el país. Semejante cantidad, de una tacada, no tiene antecedentes.
Parte de esas tierras había sido entregada hace años al Estado; la otra, incautada a exjefes del paramilitarismo en Justicia y Paz. Fueron propiedad de quienes dirigieron las masacres más escabrosas, en Mapiripán, en El Aro, en El Salado, en Cabrera. A todos sorprendió la idea del presidente de reabrir el proceso de justicia y paz con el paramilitarismo, cuyo fin último sería “devolver todas las tierras (de paramilitares) que hoy tengan testaferros, políticos y otros grupos”. Anunció que, de materializarse, abarcaría regiones enteras. Y ha de preocupar a más de un propietario que lo fuera en gracia de alianza poco católica. Aunque cabe preguntarse si estará el Estado preparado para garantizar seguridad a los beneficiados con esa restitución.
La usurpación paramilitar de tierras viene a consolidar el modelo inexpugnable de propiedad agraria en Colombia, el tercero más desigual del planeta. Su gran usufructuario ha sumado al privilegio ancestral la religión neoliberal, que también santifica la propiedad sin función social. Escribirá Absalón Machado en su más reciente obra, “Relatos sobre Reforma Agraria en Colombia, 1960-2000”, que en nuestras elites primó el apego a la propiedad marcado por la codicia de riqueza y de poder. Tras brillante recorrido sobre avatares y debates de la reforma agraria que no fue, lamenta la incapacidad de esta sociedad y de sus dirigentes para acometer el desarrollo desde la transformación de las estructuras agrarias. Se atizaron la violencia, el despojo, el desarraigo, el sufrimiento de amplios sectores de la población, señala, bajo la égida de una clase de propietarios más rentista que productiva.
El proceso registra el paso del reformismo agrario al desarrollismo como transición hacia el modelo neoliberal que prevaleció. Se transitó del desarrollo concebido como crecimiento con distribución al crecimiento económico por sí y para sí; de la planificación a la dinámica del mercado librado a las querencias de los menos. El reformismo agrario, concluye nuestro autor, fue un fracaso institucional y político. No dieron nuestras élites la talla para liderar el desarrollo que la historia les confió. Fueron inferiores a su destino.
Y es en este huracán donde se bracea a contracorriente, contra atavismos irreductibles, contra intereses particulares edificados sobre el sojuzgamiento de los más; contra arrebatos que denuestan la compra de tierras para repartir, la solución de conflictos en el campo por medio de la ley y un horizonte soñado de restitución en grande de predios arrebatados a sangre, fuego y notaría. Buen viento, buena mar.
