Embarazo adolescente y educación emocional

Tres hitos luminosos rubrican la larga lucha de las colombianas por su libertad: el sufragio femenino, el divorcio y la legalización del aborto. La Corte Constitucional ha reconocido el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su destino; su derecho a exigir educación sexual-emocional, garantías y protección del Estado y de la sociedad, en un país donde el aborto clandestino, desesperado, es problema de salud pública que compromete la integridad y la vida de miles de mujeres. Más de 400.000 abortan cada año en las peores condiciones, 97% de ellas entre las más pobres y en su mayoría adolescentes. Cuasiniñas y niñas víctimas de abandono afectivo y funcional, de violencia en la familia y en el entorno social que se resuelve casi siempre en violación o en estupro endulzado por el mito del amor romántico. Que es también violación. Se escandalizan muchos en el país del Sagrado Corazón –donde se mata por costumbre y se come del muerto– porque se extiendan los derechos liberales a la mujer, pero ignoran el escándalo de bulto: en 2020, 4.268 niñas se volvieron madres; y el año pasado la cota de niñas embarazadas subió 19,4%.

En su fallo ordena la Corte, entre otros, crear instrumentos de prevención del embarazo adolescente y desarrollar programas de planificación y educación sexual. Sí, la prevención del embarazo adolescente desborda la instrucción sobre métodos anticonceptivos. Una educación en responsabilidad afectiva y emocional debería empezar por cuestionar el mito del amor romántico, la general inclinación a confundir el llamado de las hormonas con el amor que todo lo puede, y crea el mito de la mujer dignificada en la maternidad. Condición que le daría estatus social y esposo proveedor, a ella, chiquilla sin horizonte embarcada en la primera fantasía que la arranque de la pobreza y el desamor. Se educa a la niña en la fábula del amor romántico, y al niño para usar a la mujer como objeto sexual.

Pero ni esposo, ni proveedor, ni novio que aparezca a la voz de embarazo. Denso es el legado de la historia que exime de responsabilidad a los varones. Sostiene el siquiatra Francisco Cobos que los conglomerados dominantes en la conquista fueron los invasores –hombres– y los conquistados (mujeres en su mayoría). Exterminados o esclavizados los indígenas varones, esposo o padre indígena casi no hubo. En su hipótesis, pesa en los colombianos esta marca de origen: la relación entre mujer indígena y soldado anónimo, remoto. Los niños fueron siempre hijos de sus madres, pues muchas veces padre no hubo o estuvo ausente (física y emocionalmente). En este modelo de familia, niños y niñas replicarían sin saberlo la cultura ancestral de la violación, y el abandono se transmite de generación en generación.

Pero Cobos pone el acento en las secuelas del abandono afectivo del niño y del adolescente, forma de violencia que sería caldo de cultivo para la delincuencia juvenil y el embarazo adolescente. Para neutralizar los factores de riesgo propone reenfocar la educación sexual desde una verdadera educación emocional en la familia, en la escuela, en la comunidad. Una educación que apunte al desarrollo integral de la persona y de su proyecto vital.

Por su parte, el sicólogo César Raúl Ruiz fustiga a la sociedad que se aterroriza con la despenalización del aborto, pero no orienta en el sano ejercicio de la sexualidad. Sociedad hipócrita, dice, no se pregunta por qué en nombre del amor resultan tantos embarazos indeseados. No educa en responsabilidad afectiva, pero sí lapida a la mujer que aborta y no al hombre que la preña y la abandona. 

Es hora de que el patriarcado ensotanado y el tocado  de banda presidencial rindan sus armas ante la marea de mujeres que, en su justa por la libertad,  se apuntó esta victoria colosal.

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Estudiantes 1971: ¿reforma o revolución?

De amplitud y duración sin precedentes, el movimiento estudiantil de 1971 fue no obstante un fenómeno “bipolar”. Mientras el estudiantado luchó en masa por la reforma universitaria, muchos de sus dirigentes quisieron “elevar” el modesto reformismo a categoría política, a revolución. Como si romper las cadenas del poder eclesial-oligárquico y la tiranía del tomismo en el currículo; como si abogar por autonomía, financiamiento, libre cátedra y universidad pública para todos no fuera el más ambicioso programa político. Pero no se conformaba aquella propuesta con este programa mínimo: se agitaba el programa máximo de revolución que casara con cada modelo del socialismo internacional hasta simpatizar, a menudo, con su modalidad de lucha armada: si el modelo soviético, con las Farc; si el chino, con el EPL; si el cubano, con el ELN. Trasplante a la brava del dogmatismo que informó los totalitarismos comunistas, para cercar al contradictor y nutrir retóricas de vanguardias  construidas en el aire: sin pueblo. A distancia de este espíritu doctrinario, diría Hernán Darío Correa, la oleada del pensamiento crítico que oxigenaba desde  París en el 68; aunque allá fue rebelión contra el Estado tutelar y la familia patriarcal, y aquí la solución del problema universitario tenía que pasar por la acción del Estado.

En la crisis social abrevó el movimiento del 71. En la estrechez del aula para albergar contingentes crecientes de muchachos que aspiraban a formación profesional; en un movimiento campesino resuelto en invasión de tierras; en el hastío con el Frente Nacional que había trocado la competencia política por una desproporcionada acción contrainsurgente del Estado contra guerrillas en ciernes y contra todo el que discrepara del orden conservador en el único país latinoamericano que no ha tenido un gobierno de izquierda. En el supuesto fraude de 1970 que entregó la presidencia a Misael Pastrana, cuya ejecutoria inmortal sería el entierro de la reforma agraria.

Con todo, no podía atribuirse el surgimiento de la insurgencia al portazo del Frente Nacional contra los partidos de izquierda, un lánguido porcentaje de la cosecha electoral. Ni los abusos y arbitrariedades de la democracia colombiana podían equipararse a los de las dictaduras militares del vecindario. Disonaba, pues, la ruidosa perorata del mesianismo, así trasladada al movimiento estudiantil. Liderazgo efímero del sueño revolucionario en las aulas, mientras  se afirmaba el estudiantado en el cogobierno de la universidad y se volcaba al estudio de la realidad nacional. 40 años después, protagonizaría la MANE una vuelta de tuerca: se dio el movimiento una dirigencia plural salida de la base,  interpretó el sentir del estudiantado como categoría social, lo vinculó a la lucha contra la privatización, logró que ésta fuera pacífica y, en 2018, que el Gobierno destinara 6% del PIB a educación. En el estallido social de 2021, jugaría papel medular.

Periplo semejante al descrito en 1918 por la reforma universitaria de Córdoba, Argentina, que se extendió al punto a toda la América Latina. Primero como puntal de las reformas liberales que enfrentaron la tórrida herencia colonial; y luego, como ariete del cambio político y social, bandera flameante ya en el continente entero. En Perú dio lugar al primer gran partido revolucionario, nacionalista y popular, con réplicas por doquier: el APRA.

Tarde nos llegó el coletazo de Córdoba, acaso porque fuera nuestro país casi el único en donde al timonazo liberal de un siglo atrás se respondió con la Violencia. Aunque todas las escolásticas y sus catedrales –las reaccionarias y las comunistas– se disputen todavía la grey blandiendo el fierro o impostando superioridad moral, una pregunta queda: ¿no habrá resultado más transformadora la reforma que la revolución?

 

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Gobierno Duque: el peor en muchos años

¿Qué pecado cometimos los colombianos para que se nos castigue con el peor gobierno en muchos años? Un rápido paneo sobre el estropicio mostrará que no lo es tanto por inepto como por trabajar con eficiencia admirable contra la mayoría de la población: la sitia, cuando no la condena al hambre, a la violencia, a miles de muertes evitables en la pandemia, al reino de la mediocridad en los puestos de mando. Todo ello, resultado de sus políticas en economía, en seguridad, en salud pública, en administración del Estado.

Cuando la crisis se enseñoreó del continente y se vistieron los barrios populares en Colombia de trapos rojos, nuestro país ocupó el primer puesto en desempleo y el último en inversión de emergencia para evitar que la tercera parte de su gente se redujera a una comida diaria. Y estará entre los pocos que porfíen en el modelo económico que la crisis destapó y profundizó. En vez de operar el golpe de timón que se impone por doquier, aquí se castigará con más ferocidad a las clases medias y trabajadoras, en favor de la camarilla de plutócratas que cogobierna con Duque, que vive y engorda de acaparar los recursos del Estado. Ya el decreto 1174 inició el camino de reforma laboral que castiga las garantías del trabajo. Y prepara reforma tributaria con IVA para todo y entierro definitivo del impuesto progresivo.

En seguridad y orden público, el balance nos devuelve a los peores días de la guerra: sólo en el primer mes de este año hubo 14 masacres y 21 líderes asesinados. Y el Gobierno ahí, como complacido en su muelle indolencia, esperando endilgar el incendio al castrochavismo, coco inveterado de sus campañas electorales. Pero es el Gobierno el que incendia. Por omisión. No aumenta el pie de fuerza donde se requiere, ni desmantela los grupos armados; judicializa a los sicarios y no a los autores intelectuales de la matanza.

En manejo de la pandemia, Bloomberg catalogó a Colombia como el tercer peor país, y el director del DANE reveló que, a enero 31, los muertos por covid no eran 50 mil sino 70 mil. En cifras relativas de contagios y muertes, superó a Brasil. Especialistas señalaron que, para evitar el desborde, se debió actuar antes. Las medidas de prevención y control del Gobierno fracasaron. No se controló la circulación del virus tras la primera ola, con identificación y aislamiento de sospechosos, rastreo de contactos, ejecución generalizada de pruebas y entrega rápida de resultados. Pese a la bonhomía del ministro Ruiz, la pandemia puso en evidencia las consecuencias de haber convertido la Salud en negocio privado. Y el arribo de la vacuna parece todavía más ficción que probabilidad.

Para los cargos de mando en el Gobierno, desliza Duque una tropilla de incompetentes –no todos, claro–. Tentáculos de pulpo viscoso, se apoderan aún de los órganos de control del Estado. Y colonizan, insaciables, la gran prensa. Caso de la hora, la designación de Bibiana Taboada como codirectora del Emisor, por la sola gracia de ser hija de Alicia Arango, cuyo mérito es, a su turno, ser parcera de Duque y del Gran Burundú del Ubérrimo. Con Taboada completa el CD su dominio del que no será más el Banco de la República sino el banco de una secta de ultraderecha comandada por un expresidente subjudice con delirio de poder.

¿Estaremos condenados para siempre a gobiernos de este jaez, todo incuria, violencia y privilegio? ¿Es que no existen en Colombia estadistas de la talla de un Humberto de la Calle, dueño de pensamiento universal, de la decencia que a este Gobierno le falta, de probada capacidad para agenciar el cambio indispensable, dentro de los parámetros de la democracia? Pobre es el que carece de lo necesario para llevar una vida digna. Pero lo es también el que no ve la riqueza que tiene al canto. Agucemos el ojo a tiempo.

 

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La Internacional Socialdemócrata

Conforme el neoliberalismo ensancha desigualdades hasta la obscenidad, florece en el mundo su corolario político: gobiernos de derecha, satrapías comprendidas como las de Erdogan, Bolsonaro y Trump (con su rendido ayudante de cámara, el presidente Duque). Pero a este edén de los tribillonarios sustentado en regímenes de dios, patria y bayoneta le ha salido su contrapartida: una socialdemocracia preparada para los desafíos del mundo postindustrial y afincada en lo suyo, el principio de solidaridad en lugar de la avara, humillante caridad. ADN del capitalismo social que se instauró en Europa tras la guerra y en EE.UU. con el New Deal. Mas vendría en los 80 el modelo de Estado eunuco y mercado sin control a cercenar cuatro décadas de prosperidad como el occidente industrializado no viera jamás.
Años lleva la contrapropuesta madurando como respuesta global a la dominación sin fronteras de la banca mundial, y lanzada ahora a tres manos por Bernie Sanders, dirigente del Partido Demócrata remozado hacia la izquierda; Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista inglés que recupera al sindicalismo y podría volver al poder, y Yanis Varoufakis, adalid de la rebelión griega contra las políticas de choque de la banca multilateral. A su lado, el movimiento Primavera Europea, pone también el dedo en la llaga de la desigualdad, para reclamar equidad y democracia. Tienden ellos lazos entre la tradición socialdemócrata con su Estado de bienestar y la herencia del New Deal con su programa de acción económica desde el poder público. Se comprobó entonces que la economía no se corrige sola, y, ahora, que tampoco cabe redistribución de la riqueza por goteo.

Y es que la desigualdad no es cosa baladí. Según Oxfam, sólo 26 personas acumulan más dinero en el mundo que los 3.800 millones de personas más pobres. Media humanidad. Y la riqueza de aquella minoría crece a ritmo endemoniado, mientras baja sin pausa el poder adquisitivo de los más. Porque se mezquinó la inversión pública en salud, educación y seguridad social, se eliminó el impuesto progresivo, cundió la corrupción en las altas esferas y el Estado dejó de controlar los mercados. Desigualdad hay por falta de bienes y servicios básicos y por concentración del ingreso y la riqueza.

Contra todo lo esperado, con Sanders renace en EE.UU. el viejo socialismo, pero tocado del intervencionismo de Roosevelt y del Estado de bienestar escandinavo: redistribución, sí, y regulación de la economía, pero con respeto de la libre empresa. Al igual que Corbyn y Varoufakis, propone devolverle su poder al sindicalismo, renacionalizar los servicios públicos y universalizar salud y educación gratuitas. Fustiga Sanders la paradoja de que los beneficios empresariales crezcan mientras se comprimen los salarios, desaparece la clase media y aumenta la brecha entre los ricos y el resto de la sociedad. Corbyn, por su parte, ataca los recortes a la inversión social y, con el griego, las draconianas políticas de austeridad que golpean a la sociedad.

Peligrosa debe de resultarle esta alianza al modelo de mercado, pues su propuesta es reformista, se ha llevado ya a la práctica y queda al alcance de la mano. Es viable. Apunta a cambios de fondo, pero dentro del sistema capitalista. No propone una revolución burguesa para dar al traste con el sistema feudal; ni una revolución proletaria contra el sistema capitalista. Reforma el régimen, no el sistema, con transformaciones de beneficio común que salvan, sin embargo, al capitalismo de su propia incontinencia: lo hizo el New Deal, lo hizo el Estado de bienestar. ¿En qué consistirá el “pacto por la equidad” que el presidente le propone a Colombia si no menciona siquiera la afrentosa concentración del ingreso y la riqueza, baluarte del neoliberalismo que aquí se mima y reverencia?

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Estudiantes: sigue la brega

El movimiento universitario recoge periódicamente en Colombia ecos del que surgiera hace un siglo en Argentina. La sublevación buscó el reconocimiento intelectual de las clases medias, se proyectó como ideología libertaria por toda la América Latina y gestó más de un partido popular. Hace un siglo, en 1918, despertó en Córdoba, ciudad aletargada bajo el sopor hispánico y clerical, para convertirse en otro catalizador de la revolución liberal que avanzaba en el subcontinente. No fue un fugaz episodio estudiantil. Interpelada por la Guerra, por las revoluciones mexicana y rusa, por el fascismo naciente, la reforma universitaria incorporó desde su cuna una intención de cambio social que desbordaba el aula de clase. Escuela para el reformismo de los sectores medios, en ella abrevaron las contraélites liberales, laicas y socialistas del continente.

Nuestros estudiantes no apuntan hoy a la revolución; construyen opciones que brillan como flores en el desierto de la politiquería. Su tesón para rescatar la universidad pública del cerco financiero que se le ha tendido, para multiplicar sus puertas de acceso y elevar la calidad de sus programas es empresa llamada a producir cambios dramáticos en esta sociedad de pétreas jerarquías. Riadas de muchachos llevan 45 días de protesta en las calles. Cientos de ellos ajustan tres semanas de marcha al sol y al agua, desde otras capitales, para sumarse el 28 a la gran manifestación en Bogotá. Sus dirigentes demuestran, cifras en mano, que “plata sí hay (para evitar la desaparición de la educación superior pública), pero lo que no hay es voluntad política” del Gobierno. Claman por el derecho de todos al desarrollo pleno de sus capacidades para volcarlas sobre un país de riqueza natural incontrastable. En la maratón privatizadora de la educación, se la juegan por la universidad pública como bien común de la Nación. Contra la política neoliberal que propulsa la privatización financiando la demanda –vía créditos de Icetex– en lugar de financiar la oferta. Pese a las amenazas de muerte, han logrado sus líderes interpretar la legítima aspiración de los colombianos a vencer la estadística ominosa: de cada 75.000 aspirantes a ingresar en la Universidad Nacional, ésta sólo puede recibir 5.000.

En Argentina, la reforma nació en nicho de clase media para destronar la escolástica y sus tonsurados en el gobierno de la universidad, reemplazarlos por estudiantes y profesores, y democratizar el acceso a las aulas. Pero, acicateada por el humanismo, por el socialismo liberal y el nacionalismo democrático, pronto desbordó aquella frontera para tender lazos hacia las clases trabajadoras. Saltaba el movimiento a la política y se proyectaba al continente, donde adquirió su élan americanista, apunta Juan Carlos Portantiero, estudioso de aquella experiencia que aquí seguimos (Estudiantes y política en América Latina, Siglo XXI, 78). En el Perú, del seno del movimiento universitario surgió el Apra, primer partido nacionalista y popular del continente que extendió su influencia a toda la región.

También el movimiento ha desbordado aquí los intereses de gremio para instalarse en la política. En jornadas memorables contra la dictadura de Rojas. En huelga de un año de todas las universidades públicas en 1971, contra el sistema de poder universitario y en apoyo a campesinos y maestros que alcanzaban la cima de su contienda. También ahora la brega es política, pues cuestiona el criterio oficial en la distribución del presupuesto nacional: mucho para las armas y las élites improductivas, poquísimo para la universidad pública. Como adivinando su deceso por inanición, el flamante presidente de la “equidad” propone caridad pública para acercarle un mendrugo de pan. Así elude su deber de gobernante mientras los mercaderes de la educación hacen su agosto.

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La derecha busca otra guerra

Se desconcierta la caverna. Primero, sin el señuelo de las Farc, el acariciado enemigo de décadas que le permitió a nuestra derecha prevalecer erigiéndose en antagonista del terrorismo, sufre ésta un duro revés. Y ahora se le insubordina la sociedad largamente embozalada, maniatada en el país que pasaba por meca del conservadurismo en el continente. En cosa de meses, el centro-izquierda arañó las puertas de la Presidencia; casi doce millones de colombianos le plantaron cara a la corrupción, fortín del poder tradicional; un millón de muchachos y profesores y rectores y padres de familia se tomó calles y plazas en defensa de la universidad pública, abandonada a la muerte por inanición. Entonces la facción más oscura de la elite acude a su expediente de siempre: a la guerra.

El predecible senador Uribe insta a propiciar una intervención militar doméstica (léase golpe de Estado) en Venezuela, con apoyo de la comunidad internacional (léase Estados Unidos). Pero, antes que avalar pronunciamiento de militares venezolanos contra el dictador Maduro para imponer en su lugar el dictador que la CIA diga, Trump tomará el camino preferido de la primera democracia del mundo: la invasión militar sangrienta. Desde su patio trasero, Colombia, en perfecta posición geoestratégica entre el Caribe y Suramérica, y con nueve bases militares gringas que desde Uribe se asientan en su territorio. Si no, no se entendería el afrentoso entusiasmo de Francisco Santos con el proyecto de armarnos para la ofensiva con aviones de guerra y para la defensa con misiles antiaéreos. Todo comprado a precio de oro a la industria bélica del gringo del peluquín naranja. Modesto aporte que a Colombia le costará un ojo de la cara para que el bufón de marras pueda ganar las elecciones en noviembre y apoderarse del petróleo de Venezuela. Como en Irak. “Colombia tiene que prepararse”, declaró nuestro embajador en Washington, fungiendo sin ruborizarse como vocero del imperio. De “ellos”, los gringos, a quienes tributa ciega sumisión y cuya manera de pensar dice compartir.

Y el presidente Duque, con su aflautada vocecita monocorde, dirá que no es belicista, pero hará todo lo contrario. Fue nuestro Canciller el único de toda la América Latina en negarse a firmar la declaración de Lima, que fustigaba al dictador Maduro pero también toda pretensión de intervenir en su país por la fuerza. Su embajador en EE UU repite sin cesar que no puede descartarse una salida armada contra el país hermano. Su ministro de Defensa, Guillermo Botero, clama por aumentar el pie de fuerza, para lo cual le viene como maná del cielo el pretexto de los cultivos ilícitos. Y el de Hacienda velará por preservar el ajuste de $3,6 billones para la cartera de guerra.

Pasaremos, pues, de un salto, de la guerra contrainsurgente –con sus ocho millones de víctimas y su medio millón de muertos y desaparecidos– a una guerra internacional librada desde territorio colombiano. En ella, será Colombia la que ponga los muertos, los de siempre: los muchachos más humildes, los acosados por la vida y por la muerte. Muerte por mina quiebrapata, muerte por emboscada, muerte por falso positivo. Después, en fugaz farsa de consolación, los llamarán héroes. De destrucción de la infraestructura del país, ni hablar. Ni hablar del dineral que esta guerra infame le arrancará al desarrollo y a la inversión social.

Nada tan conveniente como la guerra para contener la movilización de la sociedad y preservar la hegemonía en el poder. Mas, por simple coherencia, ¿no deberían entonces los promotores de la contienda ser los primeros en enviar a sus hijos al frente de batalla? ¿No deberían contribuir a financiarla con su patrimonio personal? No más el divertimento de precipitar guerras para que sean otros los que sirvan de carne de cañón.

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