por Cristina de la Torre | Mar 19, 2024 | Marzo 2024, Reforma a la salud, Sistema de salud, EPS, Adres, Gustavo Petro, Salud, Impunidad, Corrupción
A juzgar por el delirante llamado del presidente Petro a una constituyente, que el propio Navarro Wolf desestimó por “innecesaria” ahora, no sorprendería que desoyera invitaciones a conciliar para salvar su proyecto bandera, la reforma a la salud, virtualmente hundida en el Senado. Se diría que a pesar de Gustavo Petro, en año y medio de tormenta sobre el sistema, tres pilares despejó ya el debate: potenciar la medicina preventiva, extender el servicio hacia los territorios y poblaciones olvidados y formalizar a los trabajadores del sector. Una cuarta, fuente de encendida controversia porque pone en juego los billonarios recursos del sistema, apunta a parar la sangría que los convierte en patrimonio privado de las EPS. En treinta años de administrarlos sin controles, habrán ellas superado con creces la corrupción que deploran en el viejo Seguro Social.
Pero ahora, ante el propósito de archivar el proyecto en la Comisión Séptima del Senado, surge la alternativa: la propuesta del senador Fabián Díaz modula la reforma y ofrece espacio razonable de conciliación entre las partes. Propone que la transición de las EPS a gestoras no transcurra en dos años sino en cinco. Revive la libre elección del ciudadano para ingresar al sistema, no ya sólo por los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Conserva en alcaldes y gobernadores la prerrogativa de designar gerentes de los hospitales públicos, pero seleccionados de lista previa integrada por los actores organizados de la salud. Ofrece mecanismos para evitar la fragmentación de redes de atención en salud y para definir responsables cuando fallen. Impone auditoría sobre la totalidad de los giros que el sistema emita. E invita a las partes todas a concertar la reforma, que le parece ineludible.
Recuerda Iván Jaramillo que con la reforma perderían las EPS el carácter de aseguradoras que ellas se han adjudicado, el manejo de los recursos financieros y de las redes de servicios. Ahora lo asumirían la ADRES y las secretarías de salud. Si bien no podrán aquellas seguir operando como intermediarias financieras, sí podrán direccionar los servicios y auditar la facturación. Agrega Jaramillo que a la reforma le faltaría un plan anticorrupción para conjurar peligros de desborde de costos por giro directo, fraude, facturación a discreción y falta de controles previos. Será imperativo redefinir todo el sistema de auditoría de cuentas, revisar toda la facturación y profesionalizar la auditoría.
En diciembre pasado concluyó el contralor general que los problemas financieros de las EPS no responden a falta de recursos sino a su uso irregular, toda vez que no hay control real sobre su facturación. “Hay muchos recursos invertidos durante muchos años que vale la pena saber a dónde fueron, a través de quién se contrataron y en capital de quiénes terminaron”, precisó. Y, sin embargo, la deuda de las EPS con las IPS asciende a $11.3 billones. Deuda con la red que no es de su propiedad, porque a sus clínicas y hospitales giran cumplidamente. El capital de las EPS parece crecer en razón directa de sus deudas con las IPS ajenas.
Allanarse a concertar la reforma de salud será prueba de fuego para el presidente Petro. Entre otras razones, porque sería un paso elocuente hacia el acuerdo nacional que Colombia anhela. Razón le asiste a la senadora Angélica Lozano en su lapidaria sentencia de que esta reforma, sin el diálogo que el Gobierno le hurta, no tiene sentido ni futuro. Como no parecería tener futuro, dice, un presidente que se niega a gobernar, a encontrar solución a los problemas del país. Y le pregunta a Petro si él quería luchar sólo por ser presidente, o quería ser presidente para gobernar.
por Cristina de la Torre | Nov 21, 2023 | Noviembre 2023, Polarización social, Reforma a la salud, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Gustavo Petro, Seguridad social, Salud, Corrupción
No, no hay en salud acuerdo sobre lo fundamental. El presidente Petro apunta al manejo público de los suculentos fondos públicos del sector, que las EPS administran como cosa propia y sin control; de donde resulta impracticable la extensión del servicio a todos los colombianos sin distingos, como la Carta manda. Por su parte, el expresidente Uribe, autor de la Ley 100 que así lo dispuso, propone mantener las prerrogativas de las EPS. Acaso se sume a la discriminatoria “solución” de jefes de partidos y exministros que, lejos de conjurar el problema de cobertura real, lo agrava: que las EPS concentren su atención en las ciudades donde florece, entre otros, el negocio de la integración vertical, mientras el Estado asume el servicio en el campo y en las regiones apartadas. La carne para ellas, para el Estado el hueso. Agalludos.
Con mucho, concederá giro directo a hospital por servicio a EPS desfinanciada. Sabe que el poder no está en quien gira sino en quien ordena el gasto. Pedirá, claro, democratizar más la salud, no trocarla en lucha de clases, ni estatizarla. Confundirá (para confundir) estatización con el control público de los recursos de salud que opera en todas las democracias modernas de economía mixta. Sólo por alebrestar el coco del comunismo, tan caro al arsenal propagandístico de la derecha.
En síntesis feliz de la reforma que recoge 10 años de estudio riguroso, expresa Petro: su objetivo prioritario es construir un modelo preventivo donde equipos médicos lleguen por rutina a todos los hogares. Garantizar que los recursos de salud no se pierdan sino que lleguen directamente a clínicas y hospitales. Que las EPS se concentren en montar sus jurisdicciones de salud y en la referencia de sus afiliados, tareas que el Estado remunerará. Fortalecer la red pública de hospitales y dar garantías laborales al personal médico.
Reconoce el Contralor General, Carlos Mario Zuluaga que, si bien cabe estudiar un reajuste de la UPC, el sistema de salud no está desfinanciado; antes bien, se pregunta por qué las EPS adeudan $13 billones a los hospitales: “urge saber hacia dónde se movieron los recursos”. Revisar por qué las EPS ejercen, de manera discrecional, el pago de deudas a unos prestadores de manera inmediata y a otros no. Es la red hospitalaria del país la que está desfinanciada. Hay que revisar, agrega, el comportamiento y flujo de los recursos cuando ingresan a las EPS. El director de Adres, Félix Martínez, propone auditoria forense, ojalá con expertos internacionales, a los fondos de salud: que nos digan dónde se queda la plata, dónde se pierde. Según “La Pulla”, premio Simón Bolívar, la deuda de las EPS a los hospitales es de $16 billones.
Para la exministra Carolina Corcho, tenemos mucha plata en salud y muy pobres resultados, porque la cadena de intermediación no aporta valor agregado. El manejo privado de los billones de la salud es un grave error de diseño de la Ley 100, y explica la quiebra del sistema. Ahora bien, un consenso construido sobre la exclusión de muchos no es consenso: es un indefensable moral y político.
Mucho ha concedido ya el Gobierno y podría sacrificar más, pero no el eje de la reforma que es mandato de las urnas. Lejos de resolverse en retiro del proyecto, el tinto en Palacio se insinúa como apertura del acuerdo nacional. Entonces, cafecito con todos: con partidos, gremios y organizaciones sociales. Y no para frustrar el cambio sino para sellar sus modos, tiempos y alcances. A falta de gobierno de coalición, es lo que el tinto con todos puede dar. Un Potosí.
Coda. Aplauso cerrado para Cecilia Orozco, premio Simón Bolívar a la vida y obra de una periodista.
por Cristina de la Torre | Nov 7, 2023 | Noviembre 2023, Estado liberal, Constitución de Colombia, Protesta social, Polarización social, Reforma a la salud, Derecho fundamental, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Estado Social, Capitalismo Social, Estado de Derecho, Reformas liberales, Capitalismo, Libre Mercado, Neoliberalismo, Seguridad social, Modelo Político, Modelo Económico, Salud, Personajes, Justicia, Corrupción, Modelo Económico en Colombia
Y dele con el sambenito de la ideología. Opositor político, dirigente de EPS, jefe gremial, académico de everfit en regla o caudillo que se respete descalificará desde su propio arsenal de ideas-fuerza la reforma a la salud: proyecto estatizante de inocultable sabor comunista, dirá, se brinca el criterio técnico y financiero que encumbró a este sector en Colombia al podio de los mejores del mundo. Teme Álvaro Uribe el arribo de un “empadronamiento socialista” en afiliación al sistema de salud, la supeditación de las EPS al Estado y augura una explosión de burocracia y politiquería en el sector. Carlos Caballero lo secunda: esta reforma respondería al “prurito ideológico de estatizar”.
Bronco recurso de propaganda que evade los términos reales de la lid: una dura confrontación entre ideas del Estado social que concibe la salud como derecho fundamental inalienable y el refocilado Estado liberal radical que la privatiza y menea la ficción ideológica de neutralidad de la técnica; para no llamarla por su nombre, el lucro, cosechado precisamente por negación del servicio. Se dirime, pues, si las EPS se subordinan al Estado -como sucede en economías mixtas y lo teme el expresidente- o si se sigue subordinando el Estado al bolsillo y a los abusos de las EPS.
Se remonta la disyuntiva a la Constitución misma, que consagra a un tiempo el derecho fundamental a la salud y el derecho de libertad económica en su dimensión de libertad de empresa, como lo registra el muy ponderado estudio de Jaime Gañán, Los muertos de la Ley 100, que aquí glosamos. Estos principios jurídicos -sostiene- entran en colisión, termina por prevalecer el principio de libertad económica que opera como negación de servicios y estalla, por fin, en riadas de tutelas. La tensión entre el derecho social y el derecho económico cristaliza en la ineficacia del sistema.
Si, dos ideologías se enfrentan aquí. La del Estado social, cuyos presupuestos de salud, vida, igualdad y dignidad humana consagra nuestra Carta, por un lado, y por el otro, el derecho de libre iniciativa económica para derivar utilidad privada. Pero si el primero se aparta del socialismo al reconocer el derecho de libertad económica, otorga al Estado capacidad de intervención para regular la economía y presidir la política social. El segundo evoluciona desde la economía liberal ultramontana (con su valor absoluto de libertad económica) hacia la libertad regulada, limitada por los fines del Estado social: el interés general y el bien común. Si la protección de los derechos sociales entra en crisis es porque la Carta del 91 coincide con la entronización del modelo neoliberal, que burla la economía social de mercado del Estado de bienestar.
En el modelo Ley 100 la salud parece ser un bien más de tráfico mercantil que un derecho fundamental: el aseguramiento en salud escala a negocio sin par. Su racionalidad económica, que baja costos para maximizar ganancias, opera por negación masiva de servicios por las EPS. Las tutelas se desbordan. El año pasado registró 114.313 por salud, 58.3% más que el año anterior.
La Ley Estatutaria de Salud de 2016 protocolizó el principio de la salud como derecho fundamental y servicio público esencial. Y la función de dirección del Estado en el sector, enderezada a promover la salud, prevenir la enfermedad y suministrar atención primaria a todos los colombianos. El choque de ideologías se traduce en defensa de la salud como negocio administrado por los grupos financieros, o bien, en su afirmación como servicio público. Se impone un acuerdo razonable que controle la mano invisible del mercado con la mano visible del Estado.
por Cristina de la Torre | Sep 26, 2023 | Septiembre 2023, Lucha antinarcóticos, Reforma a la salud, Derecho fundamental, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Adres, Fraude Electoral, Derecha, Seguridad social, Partidos, Salud, Corrupción, Clientelismo
Inesperadamente, para congoja de la derecha, después de 6 meses congelada, aprobó la Cámara ponencia positiva de la reforma a la salud y despejó el camino para discutir su articulado. Tras enjundioso proceso de divulgación, consulta y negociación, se han depurado los problemas alrededor de un asunto crucial: quién controla los fondos públicos de la salud. ¿El Estado, como es regla en todos los países; o bien, empresas privadas, a manos llenas y sin control, como sucede en el nuestro, lunar del mundo?
La batalla febril que los interesados han librado dice de la bolsa que no quieren soltar: $87 billones este año. Dueñas de su propia auditoría y hábiles en ardides contables, muchas EPS como Saludcoop se forraron en dinero de la ciudadanía desviando recursos del sistema a sus negocios particulares. Y no pocas financiaron campañas de políticos. De Roy Barreras, verbigracia, o de Efraín Cepeda (Semana) o de Cambio Radical que, según el concejal Alejandro Guerra, recibió de una EPS $500 millones en 2010. Adalides de la oposición a la reforma que derivó en ataque de espada y hoguera para adulterar su sentido y crucificar a la ministra Carolina Corcho, cuya distinción intelectual y moral pareció mancillar la equívoca prestancia de sus detractores. Rabo de paja.
La intermediación financiera de las EPS sobra. Pero el giro directo a hospitales no la desmonta, porque siguen ellas ejerciendo como ordenadoras del gasto. Deciden cuánto pagar, a quién, cuándo y por cuál servicio. Y, de preferencia, a sus propias clínicas. Conservan el poder de decisión sobre los recursos, mientras Adres se contrae a girar, vendada, lo que ellas digan.
Se toman las EPS atribuciones gratuitas de aseguradoras y de prestadoras del servicio médico. No son ni lo uno ni lo otro. Asegurador es el Estado, dueño único del fondo de salud; y prestadores son las clínicas y hospitales, no las EPS, que se limitan a hacer la gestión administrativa que la reforma reafirma y remuneraría con el 8% del fondo de salud. En el entendido de que no se repitan el millón de tutelas y las 300.000 quejas contra ellas; y de que ofrezcan fórmulas de pago de sus acreencias de $23 billones a los hospitales, que desfallecen de necesidad. Bienvenido el sistema mixto por el que abogan las EPS. Éste existe ya en prestación del servicio y, si se quisiera también en aseguramiento, bastaría con que aquellas invirtieran capital de su bolsillo. Lo que no puede pretenderse es ser aseguradoras privadas con dinero público, como ha ocurrido hasta ahora.
Libres de control, entre EPS floreció todo un ramillete de argucias para llenarse los bolsillos y birlar la ley: sobrefacturar medicamentos y procedimientos médicos, negar servicios, inflar el número de afiliados para derivar más aportes públicos, privilegiar pagos a clínicas de su propiedad. Y hasta armar un “cartel de las EPS”, según el doctor Fernando Galindo, cuando en 2011 la Superintendencia de Industria sancionó a 15 de ellas por configurar un trust de control de precios y negar servicios que debían prestar. En ese mismo año, el ministerio hizo la vista gorda ante la revelación de desfalco de $1.4 billones por Saludcoop.
El modelo de mercado privatizó hace 30 años la seguridad social en Colombia, enarbolando divisa anticorrupción. Mas, no podrá negarse hoy que la corrupción privada superó a la pública en el sector salud ¿A qué entonces bloquear los correctivos de fondo que este Gobierno propone -principiando por la instauración de un sistema único de información en el sector y de medios modernos, de probada eficiencia, en vigilancia y control contable y financiero? La ruda glotonería de Don Dinero terminaría por sacrificar el imperativo de una reforma que encara la nuez del problema: la corrosiva intermediación financiera de las EPS.
por Cristina de la Torre | Jun 4, 2023 | Junio 2023, Reforma a la salud, EPS, Ley 100, Adres, Derecha, Partidos, Uribismo, Salud, Impunidad, Corrupción
Es la plata. La plata ajena, la plata de los colombianos. A la voz de querer recuperarla para extender a todos el servicio de salud, gritan las alarmas. La sociedad del privilegio, que favoreció siempre a los grupos de poder con la tajada más jugosa del patrimonio de la comunidad, se transforma por milagro en víctima de un atentado contra la equidad, contra el decoro, contra la democracia y… la libertad de empresa. Contra el mejor sistema de salud del mundo. Mas choca tal apología con la realidad. En entrevista de Yamid Amat al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo (El Tiempo) cayó una confesión no pedida como roca de granito sobre la rosada demagogia que encubre la rapacidad de las EPS, ruidosamente apadrinadas por la Andi, por los jefes de los partidos de derecha y sus exministros de salud.
“Dicen las EPS que les quitaron 90 billones para entregárselos a Adres”, apunta el periodista, y Jaramillo responde: “no se los hemos quitado, ellas son intermediarias entre el paciente y el hospital; ahora vamos a pagar directamente a clínicas y hospitales (…) No pierden los 90 billones porque ese dinero no es de ellas, es de los colombianos para pagar el servicio de salud”. “Pero dicen que entonces van a desaparecer”, insiste Amat. “Si lo dicen es porque hay gato encerrado. ¿Es que se está haciendo un uso diferente (con ese dinero)?” Lapsus fatal que pone blanco sobre negro la verdad.
Panegírico y escándalo culminan en la propuesta de archivar la reforma, y guardan proporción con la escala del abuso que la Ley 100 les ha permitido durante 30 años. Si el modelo que rige privilegia la medicina curativa (para sectores urbanos pudientes) sobre la atención primaria, preventiva, extendida a todos los sectores y regiones, es porque esta última no abulta el bolsillo de las EPS: su rentabilidad “sólo” es social. El negocio empieza por administrar -sin controles- el 8% del Producto Interno Bruto, presupuesto de salud que el año entrante podrá ascender a 100 billones, y se resuelve en mil prácticas que van desde el favoritismo en un Estado rentista hasta el delito. Como financiar clínicas propias con fondos de la salud, modelo que Saludcoop entronizó y se generalizó en las EPS; negar servicios y sobrefacturar; inducir la quiebra de hospitales públicos reteniéndoles pagos hasta por 23 billones a la fecha. Negocio redondo éste de la Salud Ley 100 para feriantes que ponen el grito en el cielo cuando un Gobierno osa seguir la línea de las democracias maduras: depositar en la esfera pública el control de los fondos públicos de un servicio público.
Si la cuarta parte de la Colombia profunda no accede a la salud y casi 700 de los 1.123 municipios carecen de hospital y hasta de puesto de salud porque en zonas pobres no prospera ésta como negocio; si las estadísticas reportan decenas de miles de muertes evitables, una reforma se impone. Y ésta podrá perfeccionar un sistema mixto de afiliación, de servicio y aún de aseguramiento, si los particulares interesados aportan capital propio. Para comenzar, prohibir a particulares la integración vertical. En todo caso, el deplorable recorrido financiero de las EPS exige alternativas para sanear el sistema y blindarlo contra la corrupción que lo subyugó. Líneas infranqueables serán no apenas el giro directo de Adres a los hospitales sino su progresiva consolidación como ordenador del gasto, con auditoría propia o del sector privado. O de ambos. Y la creación del sistema único y público de información para el sector.
Tras ocho años de gobiernos que sabotearon la expedición de una ley ordinaria enderezada a reglamentar la Estatutaria de Salud, llegó la hora de hacerlo. Moderen los adversarios de la reforma su libido de poder y de riqueza. Allánense a un acuerdo cifrado en parámetros de ética pública y justicia social.
por Cristina de la Torre | Feb 13, 2023 | Protesta social, Colombia Humana, Polarización social, Reforma pensional, Reforma a la salud, EPS, Gustavo Petro, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma Fiscal, Reforma Agraria, Febrero 2023
Prevaleciendo sobre los partidos, las masas se toman las calles; unas en defensa de las reformas, otras en contra. En legítimo derecho de expresión colectiva, evocan ellas no obstante una deriva inesperada de 1991: la democracia refrendaria –vecina de la autocracia– que Uribe llevó a su apogeo y que parece tentar a Petro. El presidente busca avivar la iniciativa del Gobierno y dibujar mejor la personalidad de su Colombia Humana, en sintonía con la explosión social que desnudó desigualdades inauditas nunca resueltas. Esta le dio a la polarización política categoría de polarización social, y no faltó en la derecha quien denunciara consternado “el nacimiento de la lucha de clases”. Mientras propone Petro “reforma laboral para más estabilidad en el trabajo, pensional para que ningún viejo muera en la calle, de salud para volverla derecho real”, se estampa la oposición en la frente el inri de enemiga del cambio que el pueblo pide.
Pero advierte el editorialista de El Espectador contra la peligrosa tesis de que el triunfo de Petro en las urnas significa la refrendación de sus reformas. No. La democracia, dice, no es una carta blanca. El Gobierno cumple con presentar las reformas prometidas y el Congreso las aprueba, o no. Petro es presidente de todos los colombianos, no sólo de los que votaron por él. Y así ha procedido hasta ahora: formó Gobierno de coalición y empezó a negociar con las EPS la reforma a la salud, como negoció la tributaria.
Cruda paradoja arroja la Carta del 91, pues a veces provoca efectos contrarios a su prospecto original. Quiso la democracia directa y ésta se deformó en el ardid del Estado de opinión; en democracia plebiscitaria afincada en un caudillo, azarosa receta que en más de un país dio lugar a la dictadura. Quiso abrir el compás a nuevas opciones políticas y logró la Onic; mas el efecto de bulto fue la atomización de los partidos en una riada de microempresas electorales construidas alrededor de figurines sin ideas. Hoy son federaciones de poderes locales sin cohesión programática, a menudo salpicados de corrupción. De los partidos como factor de cohesión en la sociedad colombiana casi nada queda. Y en ese vacío floreció el caudillismo.
Y, sin embargo, estos partidos y movimientos políticos encarnan la democracia representativa. Por remota que parezca la reforma política, su designación en las urnas los unge como representantes del pueblo en el Congreso, escenario por antonomasia de la deliberación política, la decisión legislativa y el control del gobernante. La movilización callejera complementa la acción parlamentaria, no la sustituye.
Aleccionadora la embestida caudillista que cada tanto muestra sus orejas. Álvaro Uribe se montó, como en su mejor potro, en ideólogos del 91 que denostaban cuanto dijera de organización en la sociedad. Mucho le sirvió aquella ofensiva contra el Estado, a fuer de lucha contra la politiquería; contra partidos, sindicatos y órganos de representación política, las instancias mediadoras del constitucionalismo liberal. Minimizado el Estado, desactivada la sociedad, brotaría el caudillo, mentor de la receta falaz: “necesitamos más Estado de opinión, dijo, en el cual la instancia judicial pueda ceder a la instancia de la gente”. (Del Escritorio de Uribe, Icla, 2002).
Quiera Petro empujar la reforma que devuelva su fuerza a los partidos, canales cimeros de expresión organizada de la ciudadanía. Y él mismo, en vez de caer en la tentación del caudillismo, aplicarse a la organización de sus huestes en partido. Sabrá, claro, que no basta con agitar reformas, que es preciso organizar a la gente en torno a ellas. Pasar de la revuelta social a un programa político sustantivo de cambio, como lo propone Daniel Pécaut. Saltar del caudillo al jefe de partido. Si no, la movilización popular será flor de un día.
