por Cristina de la Torre | Ago 22, 2023 | Agosto 2023, Campesinado, Sustitución de cultivos, Cultivos ilícitos, Desarrollo agrícola, Impuesto progresivo, Seguridad Alimentaria, Industrialización, Violencia, Desplazamientos, Inseguridad Alimentaria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, GEA, Especulación Financiera, Reforma Agraria, Tierras, Modelo Económico, Salud, Educación
Un escandaloso grado de concentración del poder económico sitúa a Colombia entre los países más desiguales del mundo. En depurado análisis (Le Diplo) concluye Libardo Sarmiento que entre nuestras 2.161.000 empresas sólo 50 definen el destino del país. Reciben ellas ingresos operacionales equivalentes al 36.7% del PIB y emplean apenas el 1.3% de la fuerza laboral. Las ganancias de las mil mayores empresas subieron el año pasado 40.8%. Cinco compañías bancarias controlan el 72% del sistema financiero. En esta estructura consolidada de nuestra economía, podrá el gran capital sortear con menos afugias la difícil coyuntura: un bajón de 24% en la inversión, inducido sobre todo por la elevación de las tasas de interés por el Banco Central, conlleva menos producción, menos crecimiento de la economía y amenaza el empleo. Más debilitadas para sortear la desaceleración se verán la pequeña y la mediana empresa, el grueso del empresariado.
En el Octavo Congreso Empresarial en Cartagena, Bruce MacMaster, vocero de la Andi, se hace eco de la insistencia del presidente en allegar acuerdos con la elite económica: con el empresariado y los gremios de la producción. Propone redoblar esfuerzos para acelerar el cambio y cerrar brechas en ingresos, educación y salud. Y revitalizar el modelo de asociación público-privada en dos momentos: primero, para enfrentar las dificultades de la desaceleración inyectando inversiones en infraestructura y construcción; y, puesta la mira en el largo plazo, embarcarse en la reindustrialización.
Concedida la distancia que pueda mediar entre el discurso y la real disposición a la acción, difícil calibrar la viabilidad de la propuesta. Y no porque al gran empresariado le signifique sacrificio o concesión de privilegios, pues dinamizar la economía, crear riqueza será siempre un buen negocio. Para ricos y pobres. Es que implicaría desplazar el eje del modelo especulativo y rentista al modelo productivo, ya reducido a su mínima expresión.
De la banca de fomento que durante casi todo el siglo XX fuera motor de la industria y la agricultura, no queda sino el recuerdo. Salvo el Banco Agrario. Señala Hernando Gómez Buendía que el sistema financiero está concentrado hoy en tres actores principales, e integrado a su turno en los mayores grupos empresariales: el GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), el grupo AVAL y el grupo Bolívar. Los dos primeros monopolizan los fondos de pensiones, principal ahorro de los colombianos.
Vino el salto, inesperadamente, de la Constitución del 91, que revolcó la forma de financiar los gastos del Estado. Desde entonces, no puede el Gobierno acudir al Banco de la República sino a la banca privada, que le presta con intereses elevados. “La deuda pública -escribe Gómez Buendía- es hoy fuente principal de las ganancias que reporta cada año la banca colombiana. En 20 años pasó (el sector financiero) de generar el 8.8% del PIB al 22% en 2017. Un cambio en la composición sectorial de la economía (casi) sin precedente en el mundo. La Carta igualitaria del 91 le entregó la economía del país a dos grupos financieros gigantes”.
El pacto para transitar de un país con 22 cerrado de la riqueza hacia otro con más democracia y equidad debería principiar por un compromiso de los banqueros con el cierre financiero, a tasas mínimas, de los proyectos de infraestructura y construcción, a punto de ejecución. Con jugosos aportes a la reforma agraria en marcha (titulación, compra, entrega de tierra a campesinos y sustitución de cultivos ilícitos con adjudicación de la parcela respectiva). Y, abordada la reactivación, proyectarla hacia el complejo estratégico de la industrialización. Grupos económicos: en reciprocidad por los favores recibidos, ¡la mano al dril!
por Cristina de la Torre | Ene 18, 2022 | GEA, Hidroituango, Gilinski, Ardila Lulle, EPM, Antioquia, Especulación Financiera, Narcotráfico, Enero 2022
Dos puñaladas ha recibido por estos días la élite paisa, abrazada al mito fundador de la antioqueñidad que el GEA quiere representar. Primero, un fallo que obliga el pago de $4,5 billones por los monumentales errores y omisiones cometidos en la construcción de Hidroituango, a resultas de demanda interpuesta por un alcalde al que tienen menos por hijo de la comarca que por advenedizo de la odiada Bogotá. Después, la ofensiva de Gilinski para hacerse con la cuarta parte de Sura y Nutresa, sus empresas bandera, abrió una tronera en la fortaleza que protege los negocios locales contra forasteros y vientos que soplan allende la Villa de la Candelaria.
Si la compra de Coltejer por el santandereano Ardila Lulle traumatizó a Medellín, la intrusión de los caleños agrieta el modelo autodefensivo de acciones y directivos cruzados entre firmas del conglomerado que así ahuyentó amagos de compra por el narcotráfico; y, sobre todo, el modelo de enroque abrochó con doble candado la exclusividad regionalista de sus compañías. Esta dinámica cristaliza en el poder indisputado de la burguesía sobre la economía y la política de la región, pues pone a su servicio el relato heroico de un pueblo que forjó su identidad en la colonización antioqueña, más aun cuando sus dirigentes lideraron la industrialización en el país.
La antioqueñidad inspira sentido de pertenencia y nutre el imaginario de las élites. América Larraín dirá que sobrevalora el ego social que sataniza al “otro”, al forastero, y crea un aura épica de hombre recio, blanco, amante de Dios y de la ley. Figura viril que ostenta virtudes de laboriosidad, arrojo, espíritu religioso y de familia, abridora de caminos y de empresas. Mas, como todo relato mítico, también éste oculta los conflictos territoriales de la colonización y la violencia ejercida sobre comunidades negras e indígenas de los territorios conquistados. No todo fue tiple, fundación de poblados –con su iglesia– y expansión de la economía cafetera, como alardea la versión hegemónica de la colonización, cuyo correlato moral fantasea con un pueblo homogéneo, igualitario, cohesionado en el yunque de la familia. La verdad es que pocos prevalecieron sobre los demás. Como pasado el tiempo dominarían, diga usted, los intereses ocultos de los más intrépidos sobre el yunque de la “gran familia de EPM”.
Juan Carlos López define el modelo gerencial antioqueño como taylorismo de carriel y camándula. Modernización en la premodernidad, integra valores campesinos, pueblerinos, con sofisticados procesos de acumulación de capital marcados a un tiempo con la impronta tecnocrática de la Escuela de Minas y el activismo moral de la iglesia Católica. Despuntó esta burguesía en la minería, pasó por el café y culminó en la industria. Al menos hasta los años 50 del siglo XX se perfiló el modelo económico en el paternalismo: en la naciente industria textil de Fabricato lo orquestó la Iglesia, para mitigar o liquidar conflictos laborales, mediante un rígido sistema de control físico y moral de las obreras, herramienta poderosa que neutralizaba la naciente lucha de clases. En los últimos decenios vendría la desindustrialización, promovida a la vez por el modelo de apertura y por la avasalladora rentabilidad del narcotráfico y la especulación financiera.
Mérito del GEA será porfiar en la industria con empresas multilatinas en donde casi desaparece ya el espíritu de aldea que había acompañado el arribo a la modernidad. Acaso el soplo de otros aires y la dura lección de la presa de Ituango –tragos amargos que el GEA ha debido apurar– moderen su atávica inclinación al ejercicio del poder omnímodo, despótico, excluyente, que en la ambigüedad de la fórmula corporativa ordeñó a veces en la sombra a una empresa pública como EPM, para llenar bolsillos inescrupulosos.
