por Cristina de la Torre | Abr 23, 2024 | Abril 2024, Crímen organizado, Conversaciones de Paz, Constitución de Colombia, Polarización social, Sustitución de cultivos, Guerrillas, Cultivos ilícitos, Paz Total, Fuerzas Armadas, Farc, ELN, Violencia, Reforma Rural, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Impunidad, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Corrupción, Actores del conflicto armado
Le llegó su hora a la paz: o se malogra en ciclos de violencia sin retorno o triunfa del cerco que amigos y enemigos le han tendido. De las equivocaciones de la Paz Total, por un lado; y por el otro, del cañoneo de todos los armados que convirtieron a Colombia en “una siniestra fábrica de víctimas”, a cuya vera se amasaron sin dolor capitales inmensos. Expresión de Gabriel Cifuentes Ghidini, autor de libro La Paz en su Laberinto, que todos deberíamos leer y apartes del cual me permito glosar aquí. Reflexión de hondo calado sobre el conflicto que arroja nueve millones de víctimas y cientos de miles de colombianos asesinados o desaparecidos.
En éste, su último capítulo, la crisis de orden público y la tímida presencia del Estado en los territorios más flagelados arrojan a la población en brazos de grupos criminales que se expanden en proporción directa al apocamiento de la Fuerza Pública. La paz suscrita en La Habana que el mundo aplaude y este Gobierno debía consolidar, pende de un hilo. Una calamidad. Porque ella no se contrajo a la mecánica de la reincorporación sino que diseñó soluciones a los problemas que dieron lugar al conflicto. El Acuerdo de 2016 es virtual modelo de desarrollo enderezado a vencer la exclusión y las desigualdades, y gravita sobre sobre ejes de participación política, reforma rural y combate a las economías ilegales.
De cuatro factores depende la Paz Total, señala nuestro autor: pleno reconocimiento de los Acuerdos de La Habana y su implementación; elaboración de un marco legal claro y fijación de tiempos para la negociación; fortalecimiento de la presencia militar y social del Estado en los territorios, y avance en una reforma a la justicia capaz de responder a la nueva ola de violencia. No puede el Estado renunciar a su deber de salvaguardar la seguridad y el orden público; ni cese el fuego significa abandonar comunidades a su suerte. Urge un modelo de seguridad preventiva por acción del Estado, complemento de la seguridad reactiva de la Fuerza Pública.
En el diálogo con el ELN no se vislumbra aun una salida a problemas cruciales como cese de hostilidades, desarme y reincorporación: ha dicho él que no entregaría las armas. Mas, “lejos de (sus) pretensiones estrafalarias, será inevitable la entrega de las armas, el compromiso de no seguir delinquiendo, la reparación a las víctimas y el aporte a la verdad”, apunta el autor: son esas las condiciones de la Ley, de la Constitución y del derecho internacional.
A su pretensión de incorporar reformas sociales conforme avanza la negociación, acota Cifuentes que la Constitución y el Acuerdo de 2016 abrazan ya el espectro de cambios deseables. Le resulta inconveniente avanzar en acuerdos parciales sin haber cimentado antes un pacto de base ni depuesto las armas; y, peor aun, que un actor todavía en armas lidere diálogos sociales en paridad de condiciones con el Estado. (Cogobierno armado, aventuramos aquí).
Reprocha Cifuentes a la insurgencia el haber sepultado su ideal político en las economías ilícitas, panacea de todos los armados y políticos que produjeron “una orgía de sangre y fuego”. Si la subversión se transformó en “horda criminal”, la asociación del Estado con el paramilitarismo y horrores como los falsos positivos comprometieron su legitimidad. Pasó el Estado del irrespeto a las reglas de la guerra a la inacción. Unos y otros habrán de rendir cuentas, ya nadie podrá saltarse las pruebas de la verdad y la justicia.
Cuando parece la paz enfrentar un punto de quiebre, responde el comisionado Patiño a nuevas realidades de la guerra y vira hacia la territorialización de negociaciones. En Nariño se conversa ya con quienes sí quieren la paz.
por Cristina de la Torre | Abr 16, 2024 | Álvaro Uribe Vélez, Abril 2024, Parapolítica, Guerrillas, Farc, Violencia, AUC, Desplazamientos, Desplazados, JEP, Derecha, Paramilitarismo, Partidos, Uribismo, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Personajes, Impunidad, Justicia, Clientelismo, Actores del conflicto armado
Hay alborozo porque llega al fin la justicia, aunque atenuado el jolgorio por el miedo que se apoderó de esta Colombia sometida a crueldades no vistas en guerras pasadas. Así parece reaccionar el país al llamado a juicio del expresidente Uribe, salvo el círculo cada vez más encogido de sus amigos. El patriota bajado del cielo para redimir a su pueblo mutó a referente de fuerzas siniestras, de mano y corazón de piedra. No dejarán de supurar en la memoria nacional los 6.402 falsos positivos, hazaña que no lograron los dictadores del Cono Sur. Ni el homenaje que el político rindió al convicto general Rito Alejo del Río, después que la Procuraduría avalara petición de condena contra él como autor mediato del asesinato de Mario López a manos de paramilitares que jugaron fútbol con su cabeza. Muestra tenebrosa del recorrido de este hombre, hoy acusado de fraude procesal y soborno a testigos que lo vinculan a la creación de un grupo paramilitar.
Retoma la Fiscalía el expediente pletórico de pruebas de la Corte Suprema. Mas, genio y figura, se declara el procesado perseguido político, víctima de que quieran “abrirle las puertas de la cárcel sin pruebas”. Y, en uso de su proverbial habilidad manipuladora del electorado, agitará esa bandera en campaña para 2026. Pese a que el gran protagonista de la política se ha convertido en sombra del héroe, abatido bajo el fardo de sus excesos, que el país conoce ya y deplora.
Iván Cepeda, víctima en este proceso, se congratula de que nadie esté por encima de la justicia; pero invita a un acuerdo nacional construido sobre la verdad, no sobre el castigo, la venganza o la vendeta judicial. En gesto de grandeza, tiende su mano al acusado para sellar acuerdo de paz y reconciliación. Pero éste declara que no se allanará a trato igual con delincuentes, “como lo hicieron con las Farc, y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido”.
Acomodando los principios a su interés personal en cada circunstancia, nadie diría que hace sólo mes y medio propuso Uribe amnistía para recuperar derechos políticos de condenados. Y su Ley de Justicia y Paz de 2005, más que perseguir la paz, parecía una oferta de perdón, olvido e impunidad a violadores de derechos humanos. El proyecto quiso calificar como delito político la actividad paramilitar. Y la Corte Suprema determinó que sedición sólo hay en fuerzas que se oponen al Estado, no en aquellas que trabajan de consuno con él, como sucede con el paramilitarismo. Las Convivir, verbigracia, fueron organización paramilitar financiada y armada por el Estado. Pero Uribe insistió por años en su tesis: guerrillas y paramilitares podían ser beneficiarios del delito político de sedición. En tal moral acomodaticia, no sorprenden sus escrúpulos de hoy.
Este Gobierno avalaría ahora una ley de perdón judicial como instrumento de reconciliación: el proyecto anula condenas judiciales, archiva investigaciones en marcha, restablece los derechos políticos al afectado, y entrega a la persona del presidente la monárquica prerrogativa de concederlo. Recurso aplicado repetidas veces en nuestra historia, hoy entra en juego, no obstante, el derecho de las víctimas y se excluyen los delitos comunes y de lesa humanidad. En lugar de entregar poderes desbordados al príncipe, debería gestionarse en serio la ley que le falta a la paz para abordar negociación con subversivos y sometimiento con delincuentes comunes.
No se sabe si el expresidente Uribe resultaría absuelto o condenado. En todo caso, repugna crear leyes con nombre propio. Para una justicia restaurativa, ahí está la JEP con su proceso integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
por Cristina de la Torre | Mar 19, 2024 | Marzo 2024, Reforma a la salud, Sistema de salud, EPS, Adres, Gustavo Petro, Salud, Impunidad, Corrupción
A juzgar por el delirante llamado del presidente Petro a una constituyente, que el propio Navarro Wolf desestimó por “innecesaria” ahora, no sorprendería que desoyera invitaciones a conciliar para salvar su proyecto bandera, la reforma a la salud, virtualmente hundida en el Senado. Se diría que a pesar de Gustavo Petro, en año y medio de tormenta sobre el sistema, tres pilares despejó ya el debate: potenciar la medicina preventiva, extender el servicio hacia los territorios y poblaciones olvidados y formalizar a los trabajadores del sector. Una cuarta, fuente de encendida controversia porque pone en juego los billonarios recursos del sistema, apunta a parar la sangría que los convierte en patrimonio privado de las EPS. En treinta años de administrarlos sin controles, habrán ellas superado con creces la corrupción que deploran en el viejo Seguro Social.
Pero ahora, ante el propósito de archivar el proyecto en la Comisión Séptima del Senado, surge la alternativa: la propuesta del senador Fabián Díaz modula la reforma y ofrece espacio razonable de conciliación entre las partes. Propone que la transición de las EPS a gestoras no transcurra en dos años sino en cinco. Revive la libre elección del ciudadano para ingresar al sistema, no ya sólo por los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Conserva en alcaldes y gobernadores la prerrogativa de designar gerentes de los hospitales públicos, pero seleccionados de lista previa integrada por los actores organizados de la salud. Ofrece mecanismos para evitar la fragmentación de redes de atención en salud y para definir responsables cuando fallen. Impone auditoría sobre la totalidad de los giros que el sistema emita. E invita a las partes todas a concertar la reforma, que le parece ineludible.
Recuerda Iván Jaramillo que con la reforma perderían las EPS el carácter de aseguradoras que ellas se han adjudicado, el manejo de los recursos financieros y de las redes de servicios. Ahora lo asumirían la ADRES y las secretarías de salud. Si bien no podrán aquellas seguir operando como intermediarias financieras, sí podrán direccionar los servicios y auditar la facturación. Agrega Jaramillo que a la reforma le faltaría un plan anticorrupción para conjurar peligros de desborde de costos por giro directo, fraude, facturación a discreción y falta de controles previos. Será imperativo redefinir todo el sistema de auditoría de cuentas, revisar toda la facturación y profesionalizar la auditoría.
En diciembre pasado concluyó el contralor general que los problemas financieros de las EPS no responden a falta de recursos sino a su uso irregular, toda vez que no hay control real sobre su facturación. “Hay muchos recursos invertidos durante muchos años que vale la pena saber a dónde fueron, a través de quién se contrataron y en capital de quiénes terminaron”, precisó. Y, sin embargo, la deuda de las EPS con las IPS asciende a $11.3 billones. Deuda con la red que no es de su propiedad, porque a sus clínicas y hospitales giran cumplidamente. El capital de las EPS parece crecer en razón directa de sus deudas con las IPS ajenas.
Allanarse a concertar la reforma de salud será prueba de fuego para el presidente Petro. Entre otras razones, porque sería un paso elocuente hacia el acuerdo nacional que Colombia anhela. Razón le asiste a la senadora Angélica Lozano en su lapidaria sentencia de que esta reforma, sin el diálogo que el Gobierno le hurta, no tiene sentido ni futuro. Como no parecería tener futuro, dice, un presidente que se niega a gobernar, a encontrar solución a los problemas del país. Y le pregunta a Petro si él quería luchar sólo por ser presidente, o quería ser presidente para gobernar.
por Cristina de la Torre | Feb 27, 2024 | Febrero 2024, Campesinado, Guerrillas, Fuerzas Armadas, ELN, Violencia, AUC, Restitución de Tierras, Paramilitarismo, Uribismo, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, Impunidad, Justicia, Actores del conflicto armado
¡Como si nos faltaran mesnadas y grupos armados! Sin medir el riesgo de revivir las Convivir – germen del paramilitarismo al que muchos ganaderos se asociaron de buena gana- José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, invita a integrar Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera para responder a la inseguridad que también a ellos afecta. Se trata de “construir un tejido social que los proteja de los bandidos”, redes de apoyo pacíficas que adviertan a las autoridades sobre riesgo o comisión de delitos contra empresarios de bien.
Discurso idéntico al que justificó la creación de aquellas cooperativas que, con pretexto de legítima defensa, derivaron en la mayor fuerza homicida de una guerra que cobró 9 millones de víctimas. Así justificó su creación Pedro Juan Moreno, a nombre del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe: tenían ellas “el propósito altruista de interrelacionar la población civil con las autoridades legítimamente constituidas y crear entre la ciudadanía de bien una conciencia de colaboración con las instituciones del Estado…” Fedegán las apoyó, el puño en alto, y pidió que hubiera Convivir en todos los municipios y veredas.
Cómo negar que ganaderos fueron víctima de extorsión, abigeato y secuestro por las guerrillas. Que estas asesinaron a José Raimundo Sojo, directivo de Fedegán y, no ha mucho, el ELN secuestró al ganadero Heriberto Urbina. Mas las agresiones derivaron al punto en pretexto contrainsurgente para organizarse en autodefensas. Junto con paramilitares y narcotraficantes, se ensañaron ellas en la población inerme, a bala y motosierra, y operaron una contrarreforma agraria que arrebató 6 millones de hectáreas a pequeños campesinos.
Con razón descalifica el Ministro de Defensa la iniciativa: el Gobierno no patrocina o promueve proyectos que vinculen particulares a organizaciones de reacción contra el delito, declara, porque son formas de autodefensa. La Fuerza pública es la única autorizada para combatir la delincuencia. Una cosa es la colaboración de la ciudadanía con la autoridad y otra, la organización de grupos ciudadanos para enfrentarla. No demoró el ganadero Ofo Morón, coordinador del CD en el Cesar, en acusarlo de “alfil” de la izquierda. Y Joaquín Ovalle lo instó a renunciar: un tipo que ataca a los ciudadanos de bien, espetó, apoya a la delincuencia.
Nada nuevo bajo el sol. Hace casi 90 años, la defensa armada de grandes fundos ahogó en la Violencia la reforma agraria de López Pumarejo. Desde entonces, resurge ésta periódicamente; hasta el año pasado cuando, a la voz de reforma rural, de titulación y restitución de tierras, exhibió una ruidosa senda de camionetas fantasma que transportaban hombres en camuflado y armados. Pese a que el Gobierno les compra ahora tierras a precio de oro, quieren los ganaderos ganar con cara y con sello.
Vienen bien apertrechados de oscuros pergaminos. En cabeza de Convivires fungieron paramilitares. Salvatore Mancuso y dos ganaderos de renombre fundaron la Horizonte. El Espectador revela archivos sobre participación de reconocidos dirigentes ganaderos en la Convivir Papagayo. Declaró Hasbún a la Fiscalía haber fundado un grupo paramilitar en compañía de ganaderos, 91 de los cuales contribuyeron a financiarlo. El investigador Mauricio Romero recuerda (Razón Pública, 16,7,18) que en 2006 admitió la dirigencia de Fedegán que su gremio había financiado a paramilitares en el pasado.
Y por lo alto: Jorge Visbal, expresidente de Fedegán, fue sentenciado a 9 años de prisión por vínculos con paramilitares; el exgobernador de Córdoba y gerente del Fondo Ganadero de ese departamento, Benito Osorio, a 19 años, por la misma razón. ¿Puede Lafaurie ignorar el engendro que incursionó en el gremio? ¿Mide él las previsibles consecuencias de su juego con candela?
por Cristina de la Torre | Feb 13, 2024 | Febrero 2024, Policía Nacional, Crímen organizado, Conversaciones de Paz, Coca, Guerrillas, Paz Total, Fuerzas Armadas, Farc, ELN, Clan del Golfo, Gustavo Petro, AUC, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, La paz, Impunidad, Proceso de paz, Actores del conflicto armado
Sí, Colombia es país de paradojas. Único donde porfía el anacronismo de guerrillas “revolucionarias” que desaparecieron por irrelevantes hace décadas en toda la región; pero también florecen aquí procesos de paz como el sellado en 2016 con las Farc, un referente inescapable para experiencias de su orden en el mundo. Por vez primera en 30 años renuncian al secuestro el Eln, el Emc de Mordisco y Nueva Marquetalia, la otra disidencia de las Farc que acaba de abrir conversaciones con el Gobierno. Por vez primera en 40 años de diálogos que naufragan en la testarudez de los elenos, se pacta cese el fuego bilateral de 6 meses adicionales con ellos, para completar un año.
Si con ello cabe soñar que amaine la violencia, más le servirá a esta guerrilla alienarle un enemigo, la Fuerza Pública, cuando enfrenta el garrote de sus rivales -el Clan del Golfo verbigracia- todos a una en guerra por el territorio y por el sojuzgamiento de sus gentes; por el control del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando. Mas la que sufre es la población inerme. Que lo ideal hubiera sido un cese multilateral entre armados o, mínimo, de hostilidades contra las comunidades, no invalida lo logrado a la fecha. Ni lo descalifica la insolencia del Eln cuando de contemplar la finalización del conflicto o el abandono de las armas se trata. Pero salta la pregunta de rigor ante la sistemática violación de su palabra: ¿qué sentido tendrá negociar con el Eln si a cuatro días de acordada la tregua anuncia paro armado en el Chocó?
Cosecha franciscana ésta de cese incierto y veto al secuestro sólo por seis meses, cuando en un suspiro han casi duplicado filas los grupos armados y expandido, a sangre y fuego, sus dominios. Ya lo dijera el mismísimo presidente Petro: las de hoy no son las guerrillas de antaño, ya no aspiran ellas a tomarse el poder para cambiar la sociedad. Diríase que han suplantado su lucha política por la grosera rebatiña de economías ilícitas. Reveló el director de la Dijín que la mitad de las incautaciones de droga en 2023 pertenecían al Eln y a las disidencias de las Farc. En 10.000 millones de dólares estimó su valor. Pero el Gobierno no acompasa su diagnóstico con objetivos definidos en la negociación ni métodos claros para acometerla.
Pivote del proceso con las Farc, Sergio Jaramillo clama por redoblar esfuerzos en su implementación. Dos problemas aquejan este proceso de paz, según él: el retroceso en seguridad y el abandono del punto uno del Acuerdo. Es un círculo vicioso: sin seguridad no prosperan los programas de cambio en las comunidades; sin inversión, empleo y presencia del Estado se deteriora la seguridad. El Acuerdo quería desatar lógicas de integración territorial y de inclusión social, pero quedaron como asignatura pendiente. De otro lado, considera un error dar a las disidencias reconocimiento político, aún cuando incumplen el Acuerdo de Paz y asesinan a excombatientes. Y, mientras avanzan en la consolidación del control territorial, señala, montan la fachada de una negociación espectáculo. Como en el Caguán. Invita a revisar el proceso, ahora o nunca.
Mientras Jaramillo señala la recuperación de la construcción de paz en los territorios como foco del viraje, Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para la región escribe: sin una política de seguridad efectiva y una implementación a fondo del Acuerdo de Paz de 2016, tristemente la paz total en Colombia no será exitosa.
Esta paz no es el jardín de rosas que sus propagandistas muestran. Tampoco solo espinas, como quisieran los enamorados secretos de la guerra que se presentan como simples contradictores del presidente. Pero rectificar no da espera. Demasiadas vidas penden de una negociación de paz como para jugarla al azar.
por Cristina de la Torre | Feb 6, 2024 | Febrero 2024, Paz Total, Gustavo Petro, Modelo Político, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Impunidad, Justicia, Proceso de paz, Actores del conflicto armado
Error monumental. Cuando el desafío es dar con hechos de Gobierno la talla de su discurso de cambio, prescinde el presidente de Jorge Iván González, artífice del Plan que enruta a Colombia por el defenestrado desarrollo; provoca la renuncia del experimentado investigador y ejecutor de políticas, orgullo del gabinete. Y la de ministros no menos respetables. Que se sepa hasta ahora, la de Germán Umaña, cuyas estrategias de reindustrialización responden a un anhelo sepultado durante 30 años. Y la de Néstor Osuna, jurista de alto vuelo con propuestas de reforma a la justicia capaces de ponerla al alcance de todos, humanizarla y cercar la impunidad. Como si los vacíos del Gobierno personalista -que en la inacción devienen abismos- pudieran llenarse convirtiendo a sus ministros en chivos expiatorios del jefe en cuyo liderazgo reposa la responsabilidad del mando. El bajonazo en popularidad del presidente sugiere que Gustavo Petro fue elegido menos por los rasgos de su personalidad que por izar después de cien años las banderas del reformismo. Pero, incierto el cambio, tras año y medio de mucho pregonarlo y ejecutarlo poco, se ha quedado en sueño, y los sueños sueños son.
Y, sin embargo, la visita al Pacífico olvidado con el Ejecutivo en pleno aterrizó un viraje para acometer, en descentralización de facto, las tareas que las comunidades demandan: acueductos, colegios, universidades, hospitales, hidroeléctrica, puerto. Y titulación de casi 29.000 hectáreas a la comunidad del Micay. Si salta todo ello de promesa a realidad tangible, y dondequiera reine la necesidad, habrá honrado la promesa de cambio y creado argumentos imbatibles de campaña, si su partido aspira a continuar la transformación del país.
Proyecto estrella del Gobierno, este Plan Nacional de Desarrollo modifica el horizonte tradicional de la planeación en el país. Ahora intersectorial, sus referentes son las regiones y las personas. Producto de 53 diálogos regionales, 250.000 miembros de comunidades participaron en sus definiciones y objetivos, la paz en la mira. Va en pos de un nuevo contrato social que permita superar injusticias y exclusiones históricas, cambia nuestra relación con el ambiente y persigue una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. El cumplimiento de estas metas no es posible sin el concurso de todos los alcaldes y gobernadores y sin el aporte de las organizaciones gremiales, escribió González en su carta de renuncia.
La política de reindustrialización que el ministro Germán Umaña trazó apunta a cambiar el paradigma productivo para diversificar la oferta exportadora con bienes y servicios que incorporen valor. Lo cual implica multiplicar la inversión extranjera directa, la del capital nacional -sea exclusiva o público-privada- y la inversión del Estado, que ha de ser masiva. Ahora bien, después de 30 años de apertura, privilegiar la industria implica cambiar el modelo de desarrollo, en lo que coincide con el DNP.
Mejorar el acceso a la justicia, reducir la impunidad, combatir la corrupción, propender a la solución pacífica de conflictos, ayudar a construir la paz y volcar la justicia al esclarecimiento de la verdad son lineamiento de la reforma que el ministro de la cartera, Néstor Osuna, trazó. Propone revisar el criterio punitivo de la justicia y contemplar el restaurativo.
Haría bien el presidente en ratificar a sus ministros y asumir las dificultades de la administración que a él competen. No se puede jugar al caudillo para la gloria y a la víctima para los sinsabores del poder que él ejerce a plenitud.
Coda. Me sumo al clamor ante la Corte Suprema para que elija este jueves a la nueva fiscal en propiedad. Se juega la integridad moral y jurídica de la Fiscalía.
