por Cristina de la Torre | Ene 17, 2023 | Enero 2023, Farc, ELN, Violencia, AUC, Desplazamientos, Desplazados, Narcotráfico, La paz, Posconflicto, Impunidad, Acuerdos de paz, Justicia, Régimen político, Proceso de paz, Corrupción
El Eln quiso inventarse una crisis en la mesa de diálogo dramatizando su adhesión a las reglas del proceso, con el fin de ganar tiempo y espacio para negociar grandes concesiones. Pero exhibió más artificio que compromiso con la causa humanitaria. Porque, mientras el comandante se permitía ultrajar al presidente de la república magnificando un dislate que resultó de ambigüedades tejidas a cuatro manos, frentes de guerra del grupo armado volvían -tras la pausa de Navidad- a lo suyo: confinamiento, desplazamiento y muerte contra la población. O a batallar con rivales como las disidencias de las Farc, a las que acaba de cobrar once muertos en Arauca. Mas no en defensa del pueblo que dice representar sino en disputa por el territorio que abriga los corredores del narcotráfico. Poco certera la saeta de Antonio García al proclamarse víctima del mandatario que dispone todos los medios para parar una matazón que sólo el año pasado cobró en ese departamento 352 muertos, casi todos a manos del Eln y disidencias de las Farc.
El desencuentro en la mesa no es de forma sino de perspectiva. Y de ritmo. En la mira la paz total, al presidente Petro le urge salvar cada vida de campesino, indígena o afrodescendiente expuesto por la guerra entre bandas criminales en Arauca, en el Valle, en Cauca, en Nariño, en Chocó. El Eln, en cambio, tras cuarenta años de frustrar negociaciones de paz, se proyecta a la eternidad. Tiempo sin fin que la dirigencia aprovecha para darse tono ante el mundo, y sus frentes más beligerantes, para expandir el negocio del narcotráfico, con desdén del terror que éste acarrea. Esta guerrilla, escribió el editorialista de El Espectador, “lleva años actuando de manera caprichosa y cruel, buscando cualquier excusa para hacerle trampa al Gobierno de turno y sembrando dudas sobre su genuina voluntad de paz”. Mucho debió de dolerle el discurso de Petro en Chile la semana pasada. Dijo él que la lucha armada había sido descalificada por la historia y agregó: “nada tienen que ver las ideas progresistas con guerrillas capaces de secuestros de dieciséis años”.
Si de paz total se trata, en el esperanzador reencuentro de las partes este miércoles tendrán que contemplarse cese el fuego multilateral y cese de hostilidades, como lo suplican las comunidades diezmadas por la guerra. El solo cese bilateral suprime el enfrentamiento armado del ELN con el Estado, pero no le impide lucrarse de economías ilegales ni seguir violentando civiles. Acaso la negativa de los elenos al cese multilateral y su puja por diferenciarse de bandas criminales obedezca al propósito de alinear al Gobierno de su lado contra las disidencias y el Clan del Golfo. Tarde o temprano tendrán que ampliar su representación en la mesa con delegados de esos frentes, o bien, reconocer diferencias de fondo entre facciones de la organización guerrillera que comprometerían su unidad.
El buen éxito de estas conversaciones dependerá también de la eficacia del Gobierno para desplegar su estrategia de seguridad. En buena hora ha rescatado él la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad ordenada por el Acuerdo de Paz para desmantelar las organizaciones criminales y el paramilitarismo. Dependerá también de que el Eln suprima su recurso retórico a las formas para torpedear una política de paz sin precedentes. Depende, en fin, de que esta guerrilla comprenda la imposibilidad de apuntarle a la vez a la paz y al negocio maldito que sólo arroja sufrimiento y muerte. Tal vez nunca como ahora se viera el Eln ante disyuntiva tan dramática como esta de suscribir la paz total que un gobierno de izquierda promueve, o bien, sucumbir al poder degradado de sus facciones más radicales. Será su última oportunidad de alinearse con la paz, para no pasar a la historia como banda terrorista de narcotraficantes.
por Cristina de la Torre | Nov 29, 2022 | Noviembre 2022, Fuerzas Armadas, Justicia restaurativa, Pacto Histórico, ELN, Izquierda, Conflicto interno, La paz, Posconflicto, Impunidad, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Actores del conflicto armado
Sentimientos encontrados se tejen en la reanudación de diálogos con el ELN: esperanza, pues esta vez concurren circunstancias inéditas que prometen allanar el camino de la paz; pero también desconcierto porque sería ésta la primera vez que se negocie un conflicto sin exigir entrega de las armas, es decir, sin garantía de terminarlo. Además, podrían ellas derivar en espada de Damocles para presionar el cumplimiento de cada decisión parcial que la mesa adopte. Así, el ELN actuaría como veedor armado sobre el ejercicio del Gobierno legítimo y aumentaría el poder del fusil para contiendas menos nobles. Como su batalla por rutas del narcotráfico.
Entre las ventajas de este proceso, descuella el que nunca había la insurgencia negociado con un Gobierno de izquierda, abanderado de reformas parecidas a las que el ELN agitó y voz del pueblo que esa guerrilla presume representar. Al punto que ésta bien podría decretar pacto de adhesión al programa que triunfó en las urnas gracias al Acuerdo de La Habana y a la presión de los inconformes en las calles. No lo hará. Sobre todo porque cuidará la prolongación indefinida de la mesa como tribuna de propaganda ante el mundo, recurso archiconocido del ELN.
Tampoco se había integrado en el cuerpo de negociadores oficiales a un José Félix Lafaurie, vocero del partido y de elites agrarias que han fungido como ardorosos enemigos de la paz. Ni había sido tan completa y diversa la representación de la sociedad en el equipo negociador. Un gran motivo de esperanza: que la suerte de la negociación se depositara en la inteligencia, la experiencia y la sindéresis de Otty Patiño, con la Constitución del 91 como barrera infranqueable. Y la decadencia ideológica del ELN, que sustituyó la lucha por el poder del Estado para erigirse en alternativa, por la guerra de varios de sus frentes contra rivales para prevalecer en el narcotráfico. Poder militar y económico que hiere de muerte el carácter político de esa guerrilla.
Mas contra estas auspiciosas circunstancias conspira el objetivo declarado: no buscar que el ELN entregue las armas, sino que no las dispare. Fórmula matizada por el proyecto temporal de desescalar el conflicto mediante una agenda humanitaria para ahorrar sufrimiento a la población, cese el fuego y acuerdo final en la mira. Como acaba de anunciarlo la mesa. Ya se aludía en este espacio a las objeciones de Sergio Jaramillo al modelo de negociación por acuerdos parciales, de concesiones sin contraprestación, porque no garantizan el desarme final, que es la finalidad de todo proceso de paz. Ni asegura la desmovilización de los poderosos mandos medios, ni el desmonte de los negocios ilícitos.
Tampoco habla (¿hablará?) de las víctimas: de los 450.664 muertos habidos en el conflicto sólo entre 1985 y 2018 (la mayoría civiles según la Comisión de la Verdad) 122.000 de los cuales corren por cuenta de las guerrillas; ni de los 9.646 secuestrados por el ELN. ¡9.646! Ni de Machuca, la dantesca conflagración de un río por acción del grupo armado contra el oleoducto, que causó 84 muertos. Ni pide perdón por el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía que cobró hace tres años la vida de 22 muchachos.
Promisorio podrá resultar el diálogo, pero sin reconocer el horror causado, sin allanarse a la justicia y sin deponer las armas, será canto de sirena. De la cabal implementación del Acuerdo de la Habana, de la eficacia en los planes contra la pobreza, de la acción persuasiva de una Fuerza Pública que mantenga en alto la guardia y de la entereza de los negociadores del Gobierno dependerá el buen suceso de esta negociación de paz. Paz sujeta a la desmovilización final del ELN, no convertida en apaciguamiento. Paz en armas es contradicción en los términos.
por Cristina de la Torre | Ago 16, 2022 | Seguridad Humana, Fuerzas Armadas, Farc, Agosto 2022, ELN, Violencia, Gustavo Petro, Iván Duque, Uribismo, Impunidad, Corrupción
Su propio ascenso al poder por las urnas y no por las armas es a un tiempo mentís a la religión guerrillera de la lucha armada y principio de acción para su Gobierno y las Fuerzas Armadas. Es salto de la estrategia de seguridad a bala contra la gente, a la de Seguridad Humana por la vida de la gente. Mas, ante el conato de sublevación de un Duque resoplante en su irrelevancia contra el nuevo mandatario elegido por la Colombia plural representada en la Plaza de Bolívar, Petro se hizo acompañar de la espada del prócer. Resultó equívoco el símbolo, bélico, antípoda del camino pacífico que lo llevó a la presidencia. Arma de una libertad que fue más generosa con la elite criolla, imitadora vergonzante del chapetón, que con la “guacherna”. Arma del Bolívar que predicó la Ilustración y emancipó, pero se permitió veleidades como la de su Constitución Boliviana, una propuesta de dictadura con presidente vitalicio. Con todo, prevalecieron la intención de evocar en Bolívar el mito fundacional de la nación y el sueño de que pueda ella un día sustentarse en el pueblo. Y en la paz.
A la política de muertos y muertos inocentes antepone Petro su Seguridad Humana en defensa de la vida, mediante acción integral del Estado contra la violencia en los territorios. Y confía su liderazgo a la nueva cúpula militar. Tareas suyas serán defender los derechos humanos y la paz. Por oposición a la instrucción que en los cuarteles permitió la ejecución de 6.402 falsos positivos entre 2002 y 2008, agrega Petro que el éxito no estriba en el número de bajas sino en las vidas salvadas. El ascenso se concederá ahora por impedir la masacre o el asesinato del líder social o por resultados en pacificación del territorio. Vuelta a la consigna de “la victoria es la paz” y contrapartida radical a la divisa uribista de tierra arrasada a la que Duque sumó una corrupción desbordada.
Conlleva el nuevo enfoque cambios en la normativa militar, acaso inspirados en la doctrina Damasco que el Ejército adoptó en 2011: misión de la tropa será, además de brindar seguridad y respetar los derechos humanos, ponerse al servicio de la comunidad. Para el coronel Pedro Javier Rojas, entonces director del Centro de Doctrina del Ejército, éste debe adaptar sus principios a la cambiante realidad. Lejos de guerra civil o de amenaza terrorista, Colombia enfrenta un conflicto armado sujeto al derecho internacional humanitario. Tras medio siglo de guerra contrainsurgente apoyada en la doctrina de seguridad nacional de la Guerra Fría contra el enemigo interno que dio lugar a los peores excesos, era hora de cambiar el enfoque para terminar el conflicto y cifrar la política militar en la paz. Pues bien, en ello se avanzó entre 2011 y 2018, hasta cuando Duque y su partido volvieron a las andadas, sobre un mar de sangre.
Cuando por ventura reconoció excesos, habló de manzanas podridas. Pero el experto Armando Borrero sostiene que la responsabilidad es institucional: ante prácticas tan monstruosas como los falsos positivos, el Ejército debe preguntarse si ellas obedecen a lineamientos de la institución o a fallas de procedimiento. El primer obstáculo a la autocrítica, argumenta, es la politización de las Fuerzas Armadas, tras décadas de lucha contrainsurgente. Fenómeno comprensible en Fuerzas que son políticas por definición, pues encarnan el poder del Estado. Otra, inadmisible, es su politización partidista. Podrá un general batirse en divisa política por la patria; pero nunca participar en debate contra un candidato a la presidencia.
El presidente Petro ha marcado ya su tónica de cambio. En la inflexión de “Seguridad Democrática” a “Seguridad Humana” jugarán los uniformados papel estelar. Como protagonistas en esta revolución de la no violencia, podrán empujar al país hacia la paz y, en tal misión, restablecer el honor mancillado.
por Cristina de la Torre | Jul 26, 2022 | TLC, Desarrollo agrícola, Justicia restaurativa, Seguridad Alimentaria, Violencia, Gustavo Petro, Desplazamientos, Inseguridad Alimentaria, Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Líderes Sociales, Iván Duque, Derecha, Racismo, Reforma Agraria, Tierras, Uribismo, Política agraria, Impunidad, Acuerdos de paz, Proceso de paz, Corrupción, Julio 2022
Hace unos años propuso Paloma Valencia formalizar apartheid étnico en la geografía del Cauca: allá los indígenas en sus rastrojos, acá nosotros (la gente de bien). Hoy previene ella contra el peligro de que el líder nasa Giovani Yule, designado jefe de Restitución de Tierras, “priorice tierras para los indígenas”. Anatema. ¿Cómo puede un tal Yule, no ya apenas representar a pueblos desdeñables, sino el interés general desde la autoridad del Estado? El Centro Democrático se declara amenazado. En ostensible confesión de parte, esta derecha ultramontana sella el recorrido de élites sórdidas que en todo el país rural imaginaron su prestancia como atributo de la violencia que ejercieron durante siglos contra etnias y campesinos humillados en la pobreza. Humillados y expropiados. En ofensiva de medio siglo que alcanzó su clímax con los Gobiernos de la Seguridad Democrática, notable el de Duque por su impúdico boicot a la restitución de tierras: a los 932 líderes sociales asesinados en estos cuatro años -muchos de ellos reclamantes de tierras- se suma el aumento inusitado de demandas de restitución rechazadas sin mayor justificación, según informa la Fundación Forjando Futuros: 65%. El número de predios devueltos es irrisorio.
Pero en esta Colombia subcampeona mundial en concentración de la propiedad rural, donde el 0.01% de los propietarios del campo acapara 44.5% del área agropecuaria disponible, restituir lo usurpado es sólo parte de la reforma agraria que los señores de fusta y fusil frustraron una y otra vez. Sin reforma rural, sin tierra, marcha el campesinado a la deriva, los dueños de latifundios improductivos revientan de rentas sus petacas y el país, que podría ser despensa del mundo, importa la tercera parte de los alimentos que consume. En virtud del TLC suscrito con Estados Unidos, importamos de ese país seis veces lo que le exportamos. En 10 años del Tratado pasamos de importar 110.000 toneladas de maíz a 3.858.000. ¡Maíz! Perdimos la soberanía alimentaria y comprometimos la posibilidad de avanzar hacia un capitalismo moderno, diría el presidente Petro.
Cecilia López, su ministra de Agricultura, anuncia una reforma agraria “sin timidez”, que elimine el modelo de una vaca por hectárea. O los terratenientes de ganadería extensiva ponen a producir la tierra, o pagan impuesto sobre su potencial productivo, o le venden al Estado y éste redistribuye la tierra entre campesinos que quieran explotarla. Hay que pasar, declara, de ganadería extensiva de baja productividad a ganadería intensiva de elevada productividad y sostenible. No se diga ahora que inducir el mercado de tierras y su explotación a derechas es plan de expropiación comunista, que fue el muy conservador dirigente don Hernán Echavarría quien defendió la idea.
Pero el Ministerio estira el ojo también hasta la Reforma Rural del Acuerdo de Paz. Con miras a un desarrollo integral en perspectiva de paz, se aplicará a adjudicar las tierras previstas en el Acuerdo, que es ley y norma constitucional. A restituir las arrebatadas. A titularlas. A impulsar Zonas de Reserva Campesina y territorios agroalimentarios de beneficio público y social. A dar al campesino estatus de sujeto especial de derechos y a sus organizaciones categoría de sujetos políticos con derechos integrales. Como lo piden 60 organizaciones campesinas, cuya fortaleza emula el estadio heroico de la vieja Anuc en los 70. Después declinaría estrangulada por una tenaza fatal: de un lado, la más violenta represión del Estado; del otro, la loca pretensión de las guerrillas de tomarse esa organización, pues así legitimó el baño de sangre que vino desde arriba.
Sí, todo indica que habrá por fin reforma agraria, y sólo un demócrata de izquierda podrá acometer esta revolución liberal. Tal vez no quede ya lugar para el apartheid de Paloma.
por Cristina de la Torre | Jul 12, 2022 | Mintic, Sanción Política, Sanción Social, Manipulación Electoral, Iván Duque, Impunidad, Corrupción, Clientelismo, Julio 2022
Planta carnívora del trópico, no se sacia este Gobierno: tritura el estómago de su gente y exprime hasta la última gota del erario para llenar los bolsillos del compadraje al mando. Sin dolor. Sin pudor. A carcajada batiente se robarían $500.000 millones de regalías para la paz con destino a los 170 municipios más atormentados por la pobreza y la guerra. Según El Tiempo, se indagan contratos por $750.000 millones en todo el país, con el mismo origen y patrón. Y el presidente ahí.
Ya su Mintic había hecho la vista gorda mientras traficantes de contratos desaparecían $70.000 millones, y hasta el sol de hoy: la ministra saltó a puesto más lucrativo y la plata se esfumó. Con la supresión de garantías electorales, políticos y contratistas devoraron carnosa tajada de los $4.5 billones en los que se calcula el valor de los convenios interadministrativos suscritos. Y, cómo no, la Fiscalía se estrenó engavetando sonoros indicios de aportes del impresentable Ñeñe Hernández a la campaña de Duque. Por mostrarlos, puso tras las rejas a dos agentes del CTI y evaporó el escándalo que, caso análogo, le habría costado la presidencia a Ernesto Samper. Pero en su boato prestado, va el presidente de turismo por el mundo para desdeñar, desde más lejos aún, las penurias del inepto vulgo, agravadas por el asalto de los suyos a los recursos públicos. Pasará a la historia esta tropilla de salteadores acaso como el gobierno más corrupto que se recuerde.
De la más reciente incursión dan cuenta los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nohra, cuyas revelaciones han conmocionado a la opinión. Apoyada en hechos no rebatidos, sostiene Santos que altos funcionarios de Planeación Nacional, de la Contraloría y parlamentarios conservadores se habrían apropiado dineros del Acuerdo de Paz en coimas y sobornos. Sólo entre junio y diciembre de 2021 se habría perdido medio billón de pesos, mientras Luis Alberto Rodríguez era jefe del DNP y Emilio Archila alto consejero para el posconflicto. El Contralor general Felipe Córdoba, escribe ella, inventó un control previo que habría obrado como presión para que los alcaldes pagaran las coimas.
Las denuncias emplazan al director de regalías, Álvaro Ávila, mano derecha de Rodríguez, entonces director de Planeación y candidato en remojo del duquismo a contralor general. Como en remojo para esa bagatela andan casi todos los implicados en el atraco. Vea pues. Dijo Archila haber reenviado a la Fiscalía correos que comprometían a Ávila; pero nunca elevó denuncia formal a la entidad, que permaneció tan indiferente al estropicio como desapercibido el presidente.
Se comporta este Gobierno como un ejército de ocupación sobre la población más martirizada y sobrelos recursos públicos. Peor aún, devora a tarascadas los de la paz y hostiliza a su destinatario: las comunidades que desesperan en el hambre, el abandono y la violencia. No ve (¿no quiere ver?) a los asesinos de sus líderes (900 en estos 4 años) ni las masacres (261) mientras da lora el presidente en el extranjero pintando fantasías. Revela Maria Bibiana Botero en El Colombiano que antes de la pandemia 70% de los hogares de Antioquia soportaban inseguridad alimentaria; que en el Bajo Cauca la cifra alcanzaba 87% y, en Urabá, 86%. En 17 municipios de este departamento, 8 de cada 10 personas padecían hambre. ¿También se robaron sus fondos de paz?
En su debut como primer mandatario, cooptó Duque la consulta popular de Claudia López, casi 12 millones de votos contra la corrupción, sólo para desaparecerla entre bolas de naftalina; hoy cierra este Gobierno con medalla en corrupción. Si Turbay Ayala propuso reducirla a sus justas proporciones, el aventajado discípulo batió la marca: elevó la corrupción hasta su máxima proporción y la coronó con una felonía: calló mientras se robaban hasta la paz.
por Cristina de la Torre | Jun 14, 2022 | Reforma tributaria progresiva, Estado de Derecho, Democracia Liberal, La paz, Impunidad, Corrupción, Junio 2022
No es el miedo como recurso al uso para restarle votos. Es que la inclinación de Rodolfo Hernández a la violencia, su aversión a la ley, su confesa pasión por el paladín del fascismo, revelan una vocación toreada en larga vida de político y negociante con pocos escrúpulos, que se decanta ahora como amenaza al Estado de derecho. Casado con los mandamases de la derecha, convertiría en ejecutorias de gobierno sus arrebatos de ningunear al Congreso, descalificar a los jueces, abofetear a sus críticos, agredir a la prensa y a los funcionarios públicos y “limpiarse el c… con la ley”. Tiene ya redactado un decreto de conmoción interior para mandar a sus anchas –como Maduro o Bolsonaro– mientras obran (ha dicho con picardía) los controles de la Corte Constitucional. Serían medidas de lego en asuntos de Estado y de país, emitidas en el deslumbramiento del voto de opinión. Al amparo de la soberanía de un pueblo hastiado de la podredumbre de sus dirigentes que, sin el filtro de las instituciones de la democracia liberal, sin el control de los poderes públicos al poder del gobernante, podrá terminar como materia maleable en manos de un líder en carrera sin freno hacia la autocracia. Casos abundan.
No se ha curado todavía Colombia del Estado de opinión de Álvaro Uribe, escuela que Hernández recoge para que en él recupere su resuello el uribismo. Manipulación de masas en favor de Fujimoris y Chávez y Bukeles y Uribes, forjada en la suplantación de la realidad por la propaganda; en trampas de alto vuelo, como la del referendo que negó la paz porque sus defensores dizque querían convertir en gais a los niños del país. Es que no le basta a la democracia con la soberanía popular que el voto expresa. Este principio de igualdad en la voluntad general ha de complementarse con el de libertad, en las instituciones y dispositivos de la democracia liberal: con la separación de poderes; el imperio de la ley; los derechos individuales; el respeto a la vida, a la libertad y la propiedad, el pluralismo (social y de partidos) y la rotación pacífica del poder. Hernández parece justificarse en el solo apoyo electoral y desestimar el componente institucional de la democracia liberal.
Expediente capaz de trocar la crispación del país en explosión social. Con buen tino invita Petro a pactar entre el gobierno y la oposición venideros –sean cuales fueren– reformas en modelo productivo, en consolidación de la paz y en respeto pleno de los derechos humanos; sin las cuales mostraría la revuelta sus orejas a la vuelta de la esquina. Se suma Humberto de la Calle a la iniciativa para aceptar el resultado electoral; respetar la Constitución y los fundamentos de la democracia, desechando todo camino extraconstitucional; preservar el modelo de economía abierta con intervención del Estado hasta donde la Carta lo autorice. Y conformar una bancada parlamentaria que permita aplicación íntegra del proceso de paz, disminución de la crisis social, reforma tributaria progresiva y una política de eliminación de combustibles fósiles.
Acuerdo trascendental si de evitar la violencia se trata. Pero sin eliminar la libre expresión de los partidos y de la sociedad sobre estas u otras iniciativas. Tan deseable será propender a un acuerdo sobre lo fundamental como legitimar el conflicto ideológico y político dándole curso por los canales de la democracia. Tan legítimo deberá ser el consenso en los principios medulares de la democracia, libertad e igualdad, como el disenso en los formatos que se les puedan dar. En la esperanza de que Hernández termine por suscribir en un todo los principios e instituciones de la democracia, sugiero votar por el candidato que propone desde ya este pacto histórico, el verdadero cambio: Gustavo Petro. El 19 de junio nos jugamos la democracia.
