por Cristina de la Torre | Mar 26, 2024 | Marzo 2024, Pensiones, Pacto Histórico, Gustavo Petro, Democracia Participativa, Democracia Plebiscitaria, Democracia Liberal, Neoliberalismo, Derecha, Reforma Agraria, Partidos, Izquierda, La paz, Salud, Educación, Justicia, Proceso de paz
El pionero es Uribe y Petro le sigue los pasos. Creyéndose carne y hueso del pueblo soberano, juegan ellos a la democracia directa sobre el cadáver de la representativa y del pluralismo, para derivar en democracia plebiscitaria. En Uribe, para hacerse reelegir; en Petro, para organizar el movimiento difuso que lo elevó al gobierno y prolongarlo más allá de 2026. Violenta este modelo las instituciones de la democracia liberal y sirve indistintamente a la derecha y a la izquierda, a ideologías y programas contrarios: Uribe pone las necesidades de las comunidades al servicio del neoliberalismo; y Petro moviliza masas, bajo la figura de proceso constituyente, en función de una reforma radical. Dos efectos inmediatos podrán desprenderse de este desafío. Uno, se congela el ya yerto Gobierno en funciones; dos, la oposición -verborrágica, insustancial- se unifica sembrando miedo y vuelve al mando.
Como si no fuera también él un poder constituido para ejecutar lo prometido, habló el presidente de constituyente, porque los poderes constituidos obstruyen sus reformas. Yo gané las elecciones para hacer el cambio y no puedo sino obedecer al voto popular, argumentó. El proceso constituyente principia por organizar comités municipales y cabildos abiertos, medios de la democracia directa del 91, que movilicen al pueblo y pueda éste desplegar en las calles su voluntad. Busca Petro que las fuerzas populares “desaten la organización y la movilización general”. Olvida que la democracia es el gobierno de las mayorías, pero también protege a las minorías. Y, en todo caso, controla la voluntad de los más, so pena de caer en tiranía de las mayorías.
De escuela parecida, practicó Álvaro Uribe su Estado de opinión como cruzada contra partidos, sindicatos y órganos de representación popular, intolerancia y caudillismo. Sus herramientas, consejos comunales de gobierno, agitación incesante por la reelección y por un fracasado referendo que buscó, entre otros, revocar el Congreso. Su ataque a las instituciones y a la división de poderes terminó en persecución letal a la Corte Suprema que juzgaba la parapolítica. Los consejos comunales humillaban a las instituciones: suplantaban a alcaldes, gobernadores, asambleas y concejos. “Necesitamos más Estado de opinión, insistía, (en el cual) la instancia judicial pueda ceder a la instancia de la gente. (Tal Estado) supone una comunidad en permanente deliberación y dispuesta a idear soluciones a los problemas”. (Del Escritorio de Uribe, Iela, Medellín, 2002) ¿Cuna del proceso constituyente en marcha?
Fetichizado el pueblo, convergen estos antagonistas en su pasión por la democracia del aplauso, que suplanta al Congreso y resulta de la ojeriza de constituyentes del 91 contra la democracia representativa. En el trasfondo, descalificación de los partidos, desactivación de la sociedad civil organizada en favor del líder. Uribe marchita a los partidos y Petro, en lugar de cohesionar su Pacto Histórico, flirtea con la masa amorfa. El caudillo sustituye a la institución.
Bien merece un partido el programa de Petro que, de realizarse, cambiaría la fisonomía del país, mientras la derecha ve sucumbir el suyo en miasmas y tinieblas. Busca él implementar el Acuerdo de 2016, con su puntal de reforma agraria. Garantizar condiciones mínimas de vida digna en salud, pensiones, educación y trabajo. Una reforma judicial anclada en la verdad. Va por la transición energética, por el ordenamiento del territorio y por la paz. Desde todos los flancos se le pide al presidente no naufragar en la tentación del mesianismo, en la religión secular del caudillo, en la democracia plebiscitaria, expediente de los tiranos que en el mundo han sido. ¡A gobernar!
por Cristina de la Torre | Ene 24, 2024 | Enero 2024, Parapolítica, Policía Nacional, Protesta social, Violencia, Socialdemocracia, Derecha, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Seguridad social, Uribismo, Izquierda, Internacional, Impunidad, Justicia, Corrupción
Como un patadón en la espinilla debió de sentir Álvaro Uribe el arribo de Bernardo Arévalo a la presidencia de Guatemala. Es triunfo del pueblo que hizo respetar su decisión en las urnas contra la corrupción de cuello blanco adueñada del Estado en ese país. Pero lo es también del hombre que puso tras las rejas a la cúpula de tal poder, un presidente comprendido, y su acción catalizó la protesta popular como opción política del cambio: Iván Velásquez. El mismo investigador estrella de la parapolítica que mandó a la cárcel a 50 parlamentarios, miembros casi todos de la bancada uribista. Una razón poderosa obraría en el expresidente para pasar de incógnito ante la elección que alegra a los demócratas del continente: a ella tributó su odiado verdugo.
En uno y otro país hizo historia Velásquez, aunque a elevado costo: a exiliarse para salvar la vida lo obligó la persecución del DAS en Colombia y, tras cuatro años de investigar por encargo de la ONU a la satrapía de Guatemala, en 2018 lo expulsó en represalia ese Gobierno. En movilizaciones sin precedentes, vitoreaba el pueblo a su “héroe”. Pero ya desde antes, el 19 de octubre de 2017, escribiría Uribe que Velásquez, “afiliado a la extrema izquierda, (había corrompido) a la justicia colombiana y debería estar preso”. Venía de señalar que su antagonista estaba “pasado de que lo expulsaran de Guatemala”. En 2022 declaró Paloma Valencia que “el nombramiento de un enemigo acérrimo del partido y del jefe del partido de oposición como ministro de Defensa no es sólo un desafío, es una amenaza”.
La clamorosa victoria de Arévalo dio lugar a una asonada judicial que buscó golpe de Estado contra el electo presidente: quiso negar su inmunidad, desarticular su partido, anular la elección popular y, para perplejidad del mundo, boicoteó durante once horas la ceremonia de asunción del mando. Es que no se jugaba sólo la promesa de erradicar la corrupción y la impunidad. Con Bernardo Arévalo renacía de sus cenizas el mandato del padre, Juan José Arévalo, que, tras una dictadura de 15 años, instauraba en 1945 un gobierno de “socialismo espiritual”, hoy reformulado por el vástago en clave de democracia social. Con intervalo de 80 años, padre e hijo levantan idéntico blasón de democracia y equidad, en un país humillado en el despotismo y la pobreza.
Profesor, humanista, escritor, el primer Arévalo intentó una reforma agraria anclada en el principio de función social de la propiedad, que sólo lograría su sucesor Jacobo Arbenz en 1951. Pero el código laboral de Arévalo erradicó el trabajo forzado heredado de la Colonia, amplió los derechos ciudadanos, universalizó el voto y el seguro social. El nuevo Arévalo, profesor, sociólogo, filósofo, se propone pasar la página de la historia: cerrar el capítulo de la corrupción y construir los cimientos de una sociedad democrática donde las instituciones se pongan sin ambigüedades al servicio del pueblo.
No será fácil. La derecha ultramontana de Guatemala porfiará en el sino del golpismo latinoamericano, en modalidad de cerco jurídico, o bien, en la de Trump, que la ultraderecha de Colombia quisiera intentar. Noticias UNO revela informe de inteligencia de la Policía según el cual fuerzas radicales de oposición se propondrían desestabilizar el gobierno: pasar de manifestaciones callejeras a toma violenta del Palacio de Nariño y del Capitolio por grupos de asalto que fuercen la renuncia del presidente. Se perora a sotto voce en Medellín.
Si cabe esperar tramoya de fuerzas oscuras en Guatemala, en Colombia una intentona de golpe sería aventura de energúmenos venidos a menos. Allá y acá, brilla la evocación de Iván Velásquez: “podrán cortar todas las flores, pero siempre volverá la primavera”.
por Cristina de la Torre | Ago 1, 2023 | Agosto 2023, Campesinado, Congreso de la República, Protesta social, Agencia Nacional de Tierras, Reforma tributaria progresiva, Pacto Histórico, Violencia, Gustavo Petro, Desplazamientos, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma Fiscal, Derecha, Reforma Agraria, Tierras, Modelo Económico, Izquierda, Política agraria, Salud, Educación, Corrupción, Sin categoría
Sí, fue golpe de suma cero: el triunfo de la derecha este domingo no podía resultar sino del naufragio de la izquierda. Pero será una victoria pírrica, con los días contados si, más allá de las urnas, no leen los elegidos el hambre del 28% de colombianos que disparó el estallido social de 2021, con sus 80 muertos, y amenaza con volver a perturbar el sosiego de la gente de bien en el segundo país más desigual del continente. Conquista de la vieja política reeditada en clanes, con todo su potencial de corrupción y aún de crimen. Los Char, los Barreto, los Gnecco, los Caicedo, los Turbay, los Torres, las Dilian Francisca recuperaron lo perdido hace cuatro años.
Pescaron en la incapacidad del Pacto Histórico para gobernar a todo tren; en la endeblez de una coalición que pareció armada sólo de ocasión, liderada por la Colombia Humana, un movimiento difuso de vocación caudillista que se niega organización de partido. Y, sin embargo, supo darse un programa de reformas que responde al general anhelo de cambio. Reformas como la agraria para moderar desigualdades intolerables entre sectores sociales, causa mayor de guerras que han cobrado medio millón de vidas, hoy en marcha. Como la de reformular el manejo de las finanzas territoriales para vencer desigualdades entre regiones, que debería integrarse al bloque de cambios que el Congreso discute.
Denuncia Mauricio Cabrera una “escandalosa concentración de la riqueza” en nuestro país. Pese a que ha mejorado el acceso a los bienes y servicios básicos, es cada vez más desigual la distribución del ingreso y de la riqueza. El Gini en este rubro es de 0.83 y en depósitos financieros es de 97%. Entre los tres tipos de activos que componen la riqueza -propiedad raíz, acciones en empresas y financieros en propiedad rural, Colombia es subcampeón mundial en peor distribución de la tierra: sólo el 1% de la población es dueña del 80% del territorio, revela Oxfam. Los 7.2 millones de hectáreas de tierra óptima para agricultura están casi por completo desaprovechados o dedicados a ganadería extensiva. En Sucre, nueve clanes familiares son dueños del 55% de la superficie del departamento.
Tarea medular de los nuevos alcaldes y gobernadores será el manejo de sus recursos. De los impuestos locales, de regalías y transferencias del Gobierno central. Su destino, el financiamiento de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Demuestran Oliver Pardo y William Reyes la necesidad de reformar el sistema de tributación en departamentos y municipios y de ampliar su autonomía para depender menos de las transferencias de la nación. E integrar esta innovación tributaria y de manejo de las finanzas territoriales al bloque de reformas en trámite y materia del gran acuerdo nacional, diríamos aquí.
En este horizonte y vista la proyección territorial del Plan Nacional de Desarrollo, otra fisonomía les esperaría a las reformas que son materia del acuerdo nacional. Ya el presidente Petro convoca a los mandatarios elegidos para “articular planes locales con el cambio”. Y éstos no son ajenos a los congresistas que participan de la misma lid política en las regiones. El apoyo parlamentario a las reformas derivaría naturalmente de la comunidad de intereses políticos que gravitan en torno a los programas de campaña de los elegidos: ellos atañen tanto a la rama legislativa del poder como a la rama ejecutiva de los gobiernos locales.
Podrá haber girado el péndulo hacia la derecha, mas, para no invocar espíritu de patria sino el sentido práctico de neutralizar a tiempo otra explosión de ira social, dignatarios locales, parlamentarios y Gobierno deberían ser la primera piedra de un pacto nacional que no da espera.
por Cristina de la Torre | Jul 4, 2023 | Pensiones, Julio 2023, Gustavo Petro, Capitalismo, Seguridad social, Modelo Económico, Partidos, Izquierda, Salud
Graves definiciones enfrentan los partidos. Dos propuestas de coalición antagónicas ponen sobre el tapete, no tanto la polarización que ha llegado a su clímax, como el alcance ideológico de posturas que van desde el variado tinglado del reformismo hasta la caverna irredenta. Inesperada cosecha en partidos que agonizan por falta absoluta de ideas y de interlocución con un país en crisis. El Gobierno se propone reconstruir su coalición moderando el contenido de las reformas e instalar mesas técnicas de discusión con liberales, conservadores y seguidores de la U. Sabrá que con la mayoría alcanzada en las urnas no le basta para ejercer como gobierno de partido. Vargas Lleras, impetuosa figura de la ultraderecha, propone coalición de oposición con todas las colectividades del establecimiento contra el Gobierno que nos tocó en desgracia, según él, contra todo amago de renovación. Aspira a triunfar en los comicios de octubre combatiendo fórmulas de cambio que responden a los anhelos del electorado. Vea usted.
Pero hace sólo dos semanas escribió César Gaviria: “estamos preparados para concretar acuerdos y sentar bases para el diálogo en el que participen diversos sectores de la sociedad… para abordar los aspectos problemáticos de las reformas. Somos sus aliados, presidente, no un obstáculo”. Dilian Francisca Toro, presidenta de la U, declaró que estudiará la iniciativa; pero que se inclina por la independencia, por aprobar lo que sea necesario y negar lo que perjudique al ciudadano.
Mientras sostiene Vargas que su coalición evitaría una catástrofe, Carlos Enrique Cavelier, notable del empresariado que juega como otro actor definitorio en la crisis, postula lo contrario: si no conversamos y sacamos algo en común, ponemos la democracia en juego. Colombia necesita reformas, agrega, y volver a la industrialización. Enmienda él la desobligante página que MacMaster, jefe de la Andi, escribió contra el ministro Ocampo y su reforma tributaria, y que mereció la protesta de la exministra Cecilia López. Para ella, “este país tiene más chance con un gobierno de izquierda que con uno de derecha para empezar los cambios por los que hemos peleado toda la vida”.
En sustitución de cultivos, el Gobierno prepara titulación masiva de pequeños fundos de coca y alternativas de nuevos productos industrializados. Tras la hecatombe de la apertura económica que golpeó la industrialización lograda y sacrificó sectores enteros de la producción nacional, vuelve Petro sus pasos sobre el desarrollo que crea riqueza, empleo y bienestar. Para revertir el desastre que significa la caída en participación de la industria en el PIB del 25% en 1991 al 11.5% hoy.
El nuevo paradigma sentó sus reales en una súbita apertura comercial, desregulación de la economía y privatización de empresas y funciones del Estado. Corolario suyo fue la privatización de la seguridad social, (salud y pensiones) y el desmonte de las garantías laborales que la OIT consagra para el mundo. Al rescate del principio solidario, no mercantil de esos servicios se suma la búsqueda de un viraje en el modelo económico que adapte logros modernizantes del pasado a la dinámica de los tiempos. En eso andamos. Queriendo apenas nivelarnos con democracias de capitalismo social.
¿A qué tanta vocinglería, aun en boca del presidente que postula las reformas? Ojalá recupere Petro el tono de su invitación inaugural a construir con la oposición “una gran nación pacífica, moderna y democrática”. Ojalá los pinitos de aliento reformista que reverdecerían a los partidos tradicionales den la talla del cambio que el país espera. Aunque no suscribieran cada inciso, cada coma de las reformas, saldrían del pantano de la irrelevancia.
Coda. Reconforta el saber sanos y salvos a Sergio Jaramillo, Héctor Abad y Catalina Gómez tras el criminal ataque de Rusia a civiles inermes en Ucrania.
por Cristina de la Torre | Ene 24, 2023 | Derecha, Paramilitarismo, Partidos, Uribismo, Izquierda, Internacional, Justicia, Corrupción, Enero 2023
Elevada la hipocresía a política de Estado, la satrapía de Guatemala la resuelve en asonada judicial, y la caverna uribista, en lenguas de fuego inquisitorial. La víctima, Iván Velásquez. El valiente que destapó en ese país la podredumbre del poder en funciones y, en Colombia, el engendro de la parapolítica. El presidente Pérez Molina, su vicepresidenta, siete ministros, media centena de diputados y prohombres de la sociedad fueron sentenciados a prisión por corrupción, mientras el pueblo manifestaba júbilo en las calles. Aquí, la indagación que lideró el entonces magistrado de la Corte Suprema, Velásquez, involucró a 130 parlamentarios y 50 de ellos terminaron tras las rejas por complicidad con los héroes de la motosierra. Casi la bancada en pleno del presidente Uribe, su primo Mario a la cabeza.
Todo el poder del poderoso líder se vertió contra el hombre que levantaba la tapa de la alcantarilla y había ya descubierto en el parqueadero Padilla de Medellín el entramado de mil hilos que invadía territorios enteros de la política y del empresariado. Después fue Troya: se extendieron hacia el magistrado y hacia la Corte Suprema los dispositivos de persecución a la oposición legal, tenida por terrorista. Entre otros el DAS, órgano dependiente de la presidencia que entregaba pilares de la seguridad del Estado a las mafias del narcotráfico. Para no mencionar el grosero montaje que desde el poder supremo se urdió contra Velásquez, a instancias del tenebroso Tasmania, que frecuentaba la Casa de Nariño.
A voces agrias, acaso en memoria del abuelo, blande Enrique Gómez la espada y convoca la hoguera para este símbolo continental del coraje contra la impunidad: que renuncie, pide, que “deje el descaro”. Hace décadas lo persigue Álvaro Uribe: el 19 de octubre de 2017 escribió que Velásquez, “afiliado a la extrema izquierda, corrompió a la justicia colombiana, debería estar preso”. Venía de escribir que estaba ya “pasado de que lo expulsen de Guatemala, su militancia pro terrorismo guerrillero es contraria a la lucha contra corrupción”. Y ahora lamenta la inconsútil Paloma el ascenso de un “lobo” al gabinete: un “enemigo acérrimo del partido y del jefe del partido de oposición como ministro de Defensa no es sólo un desafío; es una amenaza”
Si la campaña de Iván Velásquez en Colombia concitó el aplauso de sus compatriotas y del mundo, no menos reconocimiento le mereció la ejecutada en Guatemala; y explica el ánimo de venganza que en ambas derechas medra. Como que 35 jueces y fiscales guatemaltecos padecen exilio, y el galardonado periodista Rubén Zamora está preso por falsos cargos. Como jefe de la misión de la ONU que emprendió la investigación, Velásquez pidió juzgar al presidente mismo de la nación, Jimmy Morales; demostró que el excandidato presidencial Manuel Baldizón sobornó a Odebrecht, y recuperó los dineros girados. El fiscal Curruchiche, que hoy acusa al colombiano, anuló esas decisiones y fue incluido por Estados Unidos en la lista Engel de corruptos. Hoy funge como encubridor del presidente Giammattei, quien pagó cárcel por resultar implicado en una masacre de narcos ejecutada para proteger a mafias de la elite.
Si descabellada la acusación de Guatemala, ésta entró en barrena con el pronunciamiento de la ONU sobre vigencia de la inmunidad concedida al colombiano cuando lo designó jefe de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Pese al respaldo adicional de la Unión Europea, de Human Rights Watch y del Departamento de Estado, nuestra temeraria ultraderecha porfiará con febril impaciencia en trocar al héroe en villano. Mas, fiel a su carácter, la víctima replica: “conocemos al monstruo, lo hemos visto muy de cerca y desde diferentes trincheras lo hemos combatido. Sabemos cómo se transforma y los métodos que utiliza, pero no nos atemoriza”.
por Cristina de la Torre | Nov 29, 2022 | Fuerzas Armadas, Justicia restaurativa, Pacto Histórico, ELN, Izquierda, Conflicto interno, La paz, Posconflicto, Impunidad, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Actores del conflicto armado, Noviembre 2022
Sentimientos encontrados se tejen en la reanudación de diálogos con el ELN: esperanza, pues esta vez concurren circunstancias inéditas que prometen allanar el camino de la paz; pero también desconcierto porque sería ésta la primera vez que se negocie un conflicto sin exigir entrega de las armas, es decir, sin garantía de terminarlo. Además, podrían ellas derivar en espada de Damocles para presionar el cumplimiento de cada decisión parcial que la mesa adopte. Así, el ELN actuaría como veedor armado sobre el ejercicio del Gobierno legítimo y aumentaría el poder del fusil para contiendas menos nobles. Como su batalla por rutas del narcotráfico.
Entre las ventajas de este proceso, descuella el que nunca había la insurgencia negociado con un Gobierno de izquierda, abanderado de reformas parecidas a las que el ELN agitó y voz del pueblo que esa guerrilla presume representar. Al punto que ésta bien podría decretar pacto de adhesión al programa que triunfó en las urnas gracias al Acuerdo de La Habana y a la presión de los inconformes en las calles. No lo hará. Sobre todo porque cuidará la prolongación indefinida de la mesa como tribuna de propaganda ante el mundo, recurso archiconocido del ELN.
Tampoco se había integrado en el cuerpo de negociadores oficiales a un José Félix Lafaurie, vocero del partido y de elites agrarias que han fungido como ardorosos enemigos de la paz. Ni había sido tan completa y diversa la representación de la sociedad en el equipo negociador. Un gran motivo de esperanza: que la suerte de la negociación se depositara en la inteligencia, la experiencia y la sindéresis de Otty Patiño, con la Constitución del 91 como barrera infranqueable. Y la decadencia ideológica del ELN, que sustituyó la lucha por el poder del Estado para erigirse en alternativa, por la guerra de varios de sus frentes contra rivales para prevalecer en el narcotráfico. Poder militar y económico que hiere de muerte el carácter político de esa guerrilla.
Mas contra estas auspiciosas circunstancias conspira el objetivo declarado: no buscar que el ELN entregue las armas, sino que no las dispare. Fórmula matizada por el proyecto temporal de desescalar el conflicto mediante una agenda humanitaria para ahorrar sufrimiento a la población, cese el fuego y acuerdo final en la mira. Como acaba de anunciarlo la mesa. Ya se aludía en este espacio a las objeciones de Sergio Jaramillo al modelo de negociación por acuerdos parciales, de concesiones sin contraprestación, porque no garantizan el desarme final, que es la finalidad de todo proceso de paz. Ni asegura la desmovilización de los poderosos mandos medios, ni el desmonte de los negocios ilícitos.
Tampoco habla (¿hablará?) de las víctimas: de los 450.664 muertos habidos en el conflicto sólo entre 1985 y 2018 (la mayoría civiles según la Comisión de la Verdad) 122.000 de los cuales corren por cuenta de las guerrillas; ni de los 9.646 secuestrados por el ELN. ¡9.646! Ni de Machuca, la dantesca conflagración de un río por acción del grupo armado contra el oleoducto, que causó 84 muertos. Ni pide perdón por el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía que cobró hace tres años la vida de 22 muchachos.
Promisorio podrá resultar el diálogo, pero sin reconocer el horror causado, sin allanarse a la justicia y sin deponer las armas, será canto de sirena. De la cabal implementación del Acuerdo de la Habana, de la eficacia en los planes contra la pobreza, de la acción persuasiva de una Fuerza Pública que mantenga en alto la guardia y de la entereza de los negociadores del Gobierno dependerá el buen suceso de esta negociación de paz. Paz sujeta a la desmovilización final del ELN, no convertida en apaciguamiento. Paz en armas es contradicción en los términos.
