por Cristina de la Torre | Jul 11, 2023 | Julio 2023, Guerrillas, Fuerzas Armadas, Farc, Violencia, AUC, Desplazamientos, Desplazados, JEP, Derecha, Paramilitarismo, Uribismo, Conflicto interno, Impunidad, Justicia
Como en los países menesterosos del Tercer Mundo, sucede en éste, el segundo más desigual del continente. Al tiempo, tuvieron que cantarlo 8 oficiales del Ejército a instancias de la JEP en Dabeiba para derrotar el negacionismo de los responsables políticos del genocidio encarnado en 6.402 asesinatos de civiles presentados como bajas de las Farc en la guerra contra ellas. La mayoría en el Gobierno Uribe, supuestamente a instancias del general Montoya, excomandante del Ejército que, según los comparecientes a la audiencia, exigía litros, carrotanques, ríos de sangre. Muertos, como fuera.
Huevos incubados en el mismo nido -falsos positivos y hambre por marginalidad, corrupción y despojo de tierras- parecen retocar un lienzo común: el formato de la violencia como sistema, tan caro al añoso poder hacendario que, cuando no vistió de paternalismo sus crueldades, las desnudó sin pudor. Que, a fuer de guerra contrainsurgente, contrajo a bala su política de seguridad, ejecutó una contrarreforma agraria a muerte y, allí donde más se ensañó, disparó el hambre. El hambre, hija del desempleo, de la informalidad, de la precariedad del ingreso o de su falta absoluta. Hija del asalto a bienes públicos y fundos campesinos por las gavillas más avezadas de la gente de bien.
Tras la muelle indolencia de los apoltronados en el sistema de abuso y privilegio que se asume como sino natural, escurren el bulto los responsables últimos de falsos positivos. Por cobardía, por miedo a la verdad y al castigo. A la verdad develada en Dabeiba ante sus víctimas: los falsos positivos no fueron hecho fortuito de algún díscolo uniformado; fueron estrategia oficial, sistemática de Seguridad, política institucional de un Gobierno que encarnaba a un tiempo la jefatura suprema del Estado y de las Fuerzas Armadas. Si no penal, ¿le cabe responsabilidad política, aunque se diga ahora “traicionado” por sus subalternos? “No éramos ruedas sueltas, había una jerarquía de mando”, declaró el sargento Ochoa. Con idéntico criterio de cadena de mando acaba de imputar la JEP a 10 miembros de las Farc como “máximos responsables (del secuestro de 144 personas) por su liderazgo y ostentación de mando”.
Agudización de la pobreza, con sus secuelas de hambre y exclusión, resultó de la masiva expropiación de la pequeña propiedad rural en la Costa Caribe. En particular en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar que hoy acusan los peores índices de la FAO, y la incontenible expansión de la hacienda ganadera. Fueron ellos epicentro del sangriento proyecto político, militar y económico del paramilitarismo y de su brazo desarmado, la parapolítica. Formidable fuerza de apoyo de la ultraderecha que se pavoneaba en el poder del caudillo, parte sustantiva de cuyo ejército hacía la vista gorda ante el despojo y sumaba cifras de “bajas guerrilleras”: de falsos positivos.
El programa Hambre Cero sólo alivia si se ejecuta al punto, con subsidios y creación inmediata de empleo juvenil. Atacar sus causas será estrategia de mediano y largo plazo. Sobre falsos positivos, la comentarista Shirley de este diario señala que estamos ante la monstruosidad de un genocidio. Para esclarecerlo pide identificar a sus determinadores: ”No queremos venganza ni odio -remata- sólo justicia, ya, para mañana es tarde”.
por Cristina de la Torre | Oct 11, 2022 | Fascismo, Fuerzas Armadas, Violencia, AUC, Desplazamientos, Desplazados, Restitución de Tierras, JEP, Líderes Sociales, Paramilitarismo, Conflicto armado, Conflicto interno, Régimen político, Octubre 2022
Para salvar la cara cuando su partido abre campaña electoral de mitaca, el expresidente Uribe hace de la historia una caricatura. Caricatura macabra esta vez, para convertir a las víctimas en victimarios. “Los falsos positivos -escribe paladinamente- parecieron una estrategia para deshonrar la Seguridad Democrática y afectar a un Gobierno que había conquistado cariño popular”. Las 6.402 ejecuciones extrajudiciales certificadas por la JEP para el período en que Uribe gobernó (la más pavorosa atrocidad de la guerra que campeaba) habrían sido un simple ardid de sus detractores políticos. Y, por extensión, de la Colombia y del mundo que registraron horrorizados la matanza. A su lado, otras políticas de aquella Seguridad: las de crear una red de un millón de informantes civiles y, a cuatro años, un contingente de cien mil soldados campesinos de apoyo al cuerpo profesional. Medidas que tributaron al despliegue del paramilitarismo, al asesinato de inocentes para presentarlos como bajas en combate; y abrieron puertas a la guerra civil, a la irrupción de la población como protagonista de la guerra.
Confeso responsable de falsos positivos, el coronel (r) del Ejército Gabriel Rincón declaró que la exigencia de mostrar resultados en bajas respondía al imperativo del comandante del Ejército de acopiar “litros de sangre, tanques de sangre”. “Por tener contento a un Gobierno”, adujo el cabo Caro Salazar, cabía todo, aun la alianza con paramilitares. Dos coroneles describieron la acción de “una verdadera banda criminal” en el seno de la Brigada 15 que ellos comandaron. El 25 de julio pasado imputó la JEP a 22 militares más por la comisión de falsos positivos, por los cuales la justicia había ya condenado a otros 1.749 uniformados. Para Jacqueline Castillo, vocera de Madres de Falsos Positivos, las revelaciones de la JEP “prueban que la Seguridad Democrática fue una política criminal (…) sistemática y generalizada, bajo el ala de un Gobierno que vendía ideas falsas de seguridad a cambio de beneficios para quienes entregaran resultados macabros”.
Y sí, sólo en el primer año del Gobierno Uribe aumentaron estos crímenes 138%, dice La Pulla, y entre 2004 y 2008 se presentó el mayor número de falsos positivos en el país. A la cifra fatal, que escandalizaría aun a las dictaduras del Cono Sur, llegó la JEP contrastando fuentes oficiales y no oficiales: de la Fiscalía, del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la Coordinadora Colombia-Europa-Estados Unidos. La JEP registró confesiones, contrastó fuentes y verificó los hechos. Ninguna autoridad jurisdiccional del país o del mundo ha cuestionado este resultado.
La red de informantes de marras derivó en abusos y detenciones arbitrarias a granel; y el programa de soldados campesinos expuso a las comunidades a nuevos riesgos en el conflicto. Primer efecto, se dispararon los falsos positivos. Integrada por civiles remunerados y con instrucción militar, pronto la primera dio lugar a las Convivir, matriz del paramilitarismo. Mimetizados en la entraña misma de la comunidad, los soldados campesinos cumplirían de preferencia labor de inteligencia: reportarían movimientos de extraños. La estrategia apuntaba, como en la Rusia de Stalin y en la Italia de Mussolini, al apoyo de la población al régimen. Ya escribía Antonio Caballero que el fascismo está menos en la represión que en el entusiasmo generalizado por la represión.
A los falsos positivos, a la red de informantes y de soldados campesinos se sumó la transformación del DAS en órgano presidencial de espionaje a la oposición y de persecución a la Corte Suprema que juzgaba a la parapolítica. En todas las aristas de la Seguridad Democrática mandaba El Supremo, desde arriba. La queja que Uribe emite hoy evoca la parodia de los pájaros que disparan a las escopetas.
por Cristina de la Torre | Jul 19, 2022 | ELN, AUC, Desplazamientos, Desplazados, JEP, Paramilitarismo, Tierras, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, Acuerdos de paz, Corrupción, Actores del conflicto armado, Julio 2022
Tanto alarde de dignidad ofendida entre empresarios de discutible honradez en el conflicto mueve a sospecha: ¿para salvar la cara y la faltriquera, seguirán endilgando a otros sus culpas? Nuestro paramilitarismo no se contrae a la acción de derechas armadas en la guerra. Muchos empresarios, políticos, militares, funcionarios y narcotraficantes semejan electrones del átomo que gravitan en torno a un núcleo de pistoleros: integran una y misma cosa. Objetivo medular de esta franja de las elites, el poder económico centrado en el acaparamiento de tierras que operó entre ríos de sangre contra el pequeño campesinado. Su presentación política, la lucha contrainsurgente, en un país donde se tuvo por subversivo lo mismo al guerrillero que al minifundista de parcela apetitosa para prolongar un corredor de la droga, para sembrar palma de aceite, para ampliar un latifundio de ganadería extensiva. “Guerrilleros vestidos de civil” fue el mote que lo permitió todo. Surgieron autodefensas, sí, para contener el acoso de la sedición, cuando la seguridad del Estado falló. Pero pronto derivaron en el terrorífico proyecto de despojo y muerte que, al lado de las infamias de las Farc, del ELN y parte de la Fuerza Pública, produjo en Colombia un holocausto.
De tanto padecerlo, ya medio país lo sabía y el resto lo barruntaba. Pero nunca adquirieron los hechos la entidad histórica que el informe oficial de la Comisión de la Verdad les da. Ni la categoría política que el presidente electo les imprime al cooptar diagnóstico y propuestas como divisas de su Gobierno. Contra viento y marea acometen su tarea los órganos de verdad y justicia del Acuerdo de Paz. El mundo registró asombrado dos audiencias históricas de la JEP: en la primera, oficiales de alto rango del Ejército reconocieron responsabilidad en la comisión de los falsos positivos. En la segunda, la cúpula de las Farc reconoció la suya en el secuestro de 21.788 civiles. Ahora se impone la comparecencia de un tercer actor del conflicto: los llamados “terceros” civiles, casi todos empresarios que financiaron al paramilitarismo y, sin integrarse a su cuerpo armado, coadyuvaron a sus crímenes. Y no es que los paramilitares buscaran a empresarios y políticos, que fue de éstos la iniciativa de armar manguala.
Según la Comisión de la Verdad, este empresariado cosechó en el acceso privilegiado a recursos, en la amenaza o eliminación de la competencia económica, en la violencia que el conflicto aparejaba, para multiplicar utilidades. Entre 2011 y 2015 se relacionó en Justicia y Paz a 439 actores empresariales con paramilitares: ganaderos, palmeros, bananeros. Para el comisionado Alejandro Valencia, es en despojo de tierras donde se dibuja nítidamente el acoplamiento de paramilitares, empresarios, políticos y funcionarios: armados masacraban y desplazaban, empresarios compraban a huevo la tierra arrebatada y notarios “legalizaban” la operación.
Díganlo, si no, las confesiones del exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, ante la JEP. Probó él la relación del Fondo Ganadero de Córdoba con la casa Castaño en la usurpación de tierras. Reveló nombres de empresarios y autoridades públicas involucrados en el despojo de Tulapas. Se reconoció como testaferro de paras y dio fe de pactos entre estos y la Fuerza Pública. Las tierras despojadas (8 millones de hectáreas) no están en manos de la mafia sino de empresarios y políticos. Si bien Argos y Unibán descuellan como grandes compradores de predios así habidos, el Fondo de marras y Chiquita Brands se llevan las palmas.
Más que aliados de ocasión, numerosos empresarios fueron eslabones de la cadena paramilitar. Para que no se repita la impunidad de los responsables de la Violencia con un pacto de silencio, Colombia pide a gritos también la verdad de aquellos empresarios. Ya es hora.
por Cristina de la Torre | Abr 26, 2022 | Justicia restaurativa, ELN, Gustavo Petro, AUC, JEP, Paramilitarismo, Izquierda, Corrupción, Abril 2022
No terminaba Petro de ofrecer en bandeja el monumental disparate de congraciarse con maleantes cuando conspicuos adelantados de la derecha tronaron en la hipocresía que los distingue. Más de uno incurso en prácticas y relaciones peligrosas, subjudice alguno, vociferaron y se rasgaron las vestiduras para condenar la iniciativa de perdón social del dirigente de izquierda; nombre con el que éste designaba la propuesta de amnistía general lanzada por Uribe un año atrás. Expresidentes, fiscal, candidato de la derecha y dignatarios de su campaña explotaron exultantes el golpe de opinión de la trampa que le habían tendido a Petro, mediante documento apócrifo que circulaba en La Picota. Y el de la inveterada compulsión del candidato a lanzar globos al aire.
Celada y autocelada. Si hubo complot a dos manos por la derecha armada y la desarmada, quedaba asimismo en entredicho la consistencia ética y política de Petro. No sólo arriesgaba él su victoria electoral sino que podía afectar la primera opción de poder a la mano de la izquierda democrática en 200 años. Envanecido, ciego, responde Petro a los arrebatos de su natural narcisista, que encarna a veces en el lenguaje corporal de muelle abandono y desprecio por la audiencia.
Para Federico Gutiérrez, supuesto oficiante de pactos con la Oficina de Envigado y prosélito de este Gobierno –el más corrupto que se recuerde–, la oferta de Petro es un “descalabro moral”, y lo insta a renunciar. Ante los medios niega aquel legado vergonzoso, edulcora el abrazo de la política tradicional que es eje de su campaña, donde medran corruptos y violentos. Medra Luis Alfredo Ramos, a quien la Corte Suprema acaba de ratificar condena por asociación delictiva con paramilitares. Luis Felipe Henao, su jefe de debate, señala que Petro se propone “ser benevolente y financiador de terroristas de la primera línea, aliado político de extraditables y copartidario de estructuras delictivas como el ELN”. Ni una prueba. Pero posa en fotografías con el Ñeñe Hernández, paramilitar señalado de aportar a la campaña presidencial de Iván Duque.
Se opone el fiscal Barbosa a la propuesta de perdón social por inconstitucional, dice, y porque rompe la separación de poderes. Reivindica su lucha contra la corrupción, dizque pilar de la Fiscalía, en lo cual habría ésta logrado “grandes resultados”. Él, que metió la Fiscalía en el bolsillo del presidente, mientras ésta escamoteaba toda responsabilidad de Abudinen en el robo de $70.000 millones al Mintic y pedía precluir la investigación contra el expresidente Uribe por manipulación de testigos en delitos penales, pese a la montaña de pruebas en contra.
Álvaro Uribe presentó el año pasado propuesta preliminar de amnistía general: procesados y condenados podrían aspirar a cargos públicos o de elección popular. Buscaba, según el exfiscal Montealegre, proteger a sus colaboradores y a parapolíticos. Para De la Calle y Jaramillo, la propuesta afectaría a las víctimas y a los uniformados que comparecen ante la JEP. Ya en 2007 había concedido Uribe jugosos beneficios a miles de miembros de las AUC involucrados en narcotráfico que se hicieron pasar por autodefensas. Su proyecto otorgaba estatus político a paramilitares, declarándolos sediciosos. Pero sediciosos son armados que se alzan contra el Estado, no paramilitares que lo defienden o reciben su apoyo. Y en este sentido se pronunció la Corte.
Este perdón social, esta amnistía evocan el pacto de silencio que eximió a las elites de responsabilidad en la Violencia. Y se brincan la Comisión de la Verdad y la JEP, instituciones que cumplen ya la función de justicia restaurativa. Aquellas propuestas de reconciliación sólo serían viables si existiera antes sanción social, pero aquí reina la condescendencia con la corrupción. Basta de globos de humo, basta de hipocresía irredenta.
por Cristina de la Torre | Feb 1, 2022 | Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, JEP, Derecha, Paramilitarismo, Acuerdos de paz, Febrero 2022
Este presidente recibe un país con el mejor acuerdo posible de paz e índices de violencia política reducidos, y lo devuelve en guerra. Las crueles imágenes de comunidades asediadas por grupos armados y de desplazados por decenas de miles han vuelto a copar pantallas y páginas de prensa. Para no mencionar los cientos de masacres, de líderes sociales y reinsertados asesinados que la costosísima Fuerza Pública no impide, pese a la patética locuacidad de sus comandantes. Ni seguridad para los reinsertados ni solución al conflicto por la tierra que alimenta la guerra. En fallo sin antecedentes, la Corte Constitucional emplaza al Gobierno por “violación masiva del Acuerdo de Paz” y le ordena cumplirlo integralmente. Naciones Unidas y la CIDH se unen al clamor, mientras la FAO advierte que Colombia se halla en riesgo inminente de inseguridad alimentaria: poblaciones enteras no podrían acceder a alimentos, entre otras razones, por eludir la Reforma Rural pactada con el Estado en el Acuerdo de Paz: distribución, formalización y restitución de tierras andan en pañales. Denuncia el exministro Juan Camilo Restrepo “un déficit presupuestal gigantesco para atender los cometidos del posconflicto”.
Corolario de esta eficientísima abulia hacia la paz en el campo, el silencio del presidente Duque, de su Gobierno y su partido, ante el escándalo que toca a uno de sus dirigentes, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, por presunta complicidad con paramilitares que en los 90 despojaron 4.000 hectáreas en Urabá y Córdoba, y decapitaron con motosierra a quienes presentaron resistencia. En confesión de la verdad ante la JEP, el exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio, comprometió a Lafaurie con paramilitares como Mancuso y con generales condenados por asesinato como Rito Alejo del Río. Osorio fue sentenciado a prisión por expropiación de tierras en asocio de paramilitares.
Pero el caso pertenece apenas al último capítulo de una saga centenaria escrita con sangre: es el capítulo de la contrarreforma agraria agenciada por la troica de paramilitares, gamonales y políticos que, tras sus revelaciones en Justicia y Paz, debuta ahora en la JEP. Se comprenderá por qué ha querido el uribismo destruir el tribunal de justicia transicional. En la entraña de nuestra historia medra una minoría que acapara la tierra, paga impuestos irrisorios o ninguno, usufructúa la inversión pública que besa sus predios y engorda en el modelo predominante de tierra sin hombres y hombres sin tierra. Bloqueada la modernización en estos lares, sin Estado, sin tierra, sin trabajo, desfallece la vida del campesino y hierve el conflicto social.
Salomón Kalmanovitz presenta ejemplo al canto: la hacienda El Ubérrimo es tierra potencialmente agrícola dedicada a ganadería extensiva. Son 1.500 hectáreas urbanizables, valorizadas con riego y drenaje a cargo del Estado, su dueño la declara por 17 veces menos de su valor comercial. No valdría, según nuestro analista, $8.600 millones sino $165.000 millones. En consecuencia, tampoco debería pagar $178 millones de impuestos.
La derecha dio siempre en la flor de calificar como sovietizante cualquier intento de expropiación con indemnización por su valor comercial de tierras inexplotadas. Política típicamente liberal que en toda Europa y en Japón se aplicó sin anestesia, coco de las élites que mandan en éste nuestro país, el más conservador del continente, el de mayor concentración de la propiedad agraria. Sovietizante les pareció la Ley 200 de López Pumarejo, y desataron la Violencia; la de Lleras Restrepo, y la sepultaron en Chicoral. Sovietizante les parece cualquier alusión al recurso legal ratificado aun por la Ley 60 de 1994. ¿Cómo prevalecen ellas, pues, por encima del sentido común y de la historia? Haciéndole pistola a la reforma rural.
