Perdón y olvido para quién

Hilando delgadito, en la propuesta de amnistía de Álvaro Uribe se insinuaría un nódulo clasista y hasta de deslealtad a subordinados y aliados. En radical negación de responsabilidades por falsos positivos ante la Comisión de la Verdad, acusó él a sus soldados de haberlo engañado. Y a poco, en entrevista para El Tiempo, propuso para ellos (y para los paramilitares involucrados) juicio con penas reducidas o libertad condicional, si confiesan la verdad y asumen la responsabilidad de sus crímenes. En un órgano de justicia distinto de la JEP, acaso presidido por otro Barbosa de sus afectos. Para él, en cambio, y para todos los capitanes de las fuerzas enfrentadas en el conflicto —responsables mayores entre políticos, paramilitares, uniformados y empresarios— habría borrón y cuenta nueva. Para el pináculo de la contienda, la amnistía posible, pues lo no amnistiable  (crímenes de guerra y de lesa humanidad, genocidio y agresión) habrá recaído sobre el estrato inferior del ejército patriota. La culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia, espetó valiente; es del incapaz criminal que para demostrar resultados produce crímenes: ¿el soldado que ejecuta una política trazada minuciosamente desde la comandancia suprema de las Fuerzas Armadas?

Tal vez quiera Uribe repetir el pacto de olvido que reconcilió a los promotores de la Violencia bajo un manto de silencio, para que no figuren en la memoria nacional los cientos de miles de campesinos asesinados, los dos millones de hectáreas usurpadas en el otro conflicto devastador del siglo XX. Venias, besos,  abrazos y un drink sobre la sangre derramada y las haciendas agrandadas. Ni el nombre de los señorones que desde los directorios políticos ordenaron la matanza. Y en la faena de “olvidar el pasado por el bien de todos”, señalaron culpables: “el pueblo degenerado y mil veces tarado”, escribió el editorialista de La República apenas firmado el pacto del Frente Nacional. El “oscuro, inepto vulgo” de Laureano, revictimizado ayer por la impiadosa sindicación del general Montoya a sus soldados: es que nadan en la mugre, insinuó, y no saben ni manejar cubiertos en la mesa. Los mismos soldados que en su instinto criminal engañaron al beatífico caudillo.

A nimiedades contrajo la admisión de sus culpas en el espectáculo exculpatorio que montó para injuriar a la CV, a los nueve millones de víctimas y al país, que ha seguido el paso de la guerra. Y que bobo no es.  Primero, a la frase desobligante  de “no estarían cogiendo café” para remarcar su acusación contra los muchachos de Soacha cuyo asesinato prendió las alarmas de los falsos positivos: 6.402 en su Gobierno. Y a su solicitud como gobernador de dotar de armas largas a las Convivir, aparato homicida del paramilitarismo que el mandatario regional expandió agresivamente. “Errores” llamó a estas  fruslerías, dedo impotente frente al sol de las infamias cometidas.

Si la Violencia enfrentó a liberales y conservadores, hay quienes presentan el conflicto del último medio siglo como confrontación entre patriotas y el “enemigo interno”. Pero mucho ha cambiado. No se mueve ya la gente por banderías de partido sino por derechos políticos y sociales; y un nuevo actor ocupa el estrado de la política: las víctimas. Sin ellas, sin ajustarse a los límites jurídicos de la amnistía, sin verdad, reparación y garantía de no repetición, vano será cualquier intento de perdón y olvido. Acudir en el ocaso del poder a la autoamnistía para escamotear el juicio de la historia es viejo recurso de dictadores; como los militares argentinos en 1983. No quiera el expresidente Uribe contemplar siquiera tan desapacible expediente. Muchos esperan de él la gallardía de allanarse a la verdad, el más preciado regalo que diera a sus compatriotas. Y aporte fecundo a las memorias del conflicto.

Comparte esta información:
Share

Avalancha de presidentes convictos

¿Será Colombia el lunar entre los once países de América Latina que en dos  décadas han procesado a 20 mandatarios por corrupción y por violación de derechos humanos? ¿Prevalecerá la Fiscalía, que pide cerrar investigación contra el expresidente Uribe por supuesta manipulación de testigos que lo vincularían al paramilitarismo de Antioquia y a la creación del Bloque Metro, sobre los 1.554 folios de pruebas y argumentos que la Corte Suprema consolidó sobre el caso, tras seis años de investigación? Grande paradoja sería este entrampamiento de la justicia en el país que entre sus pares funge como democracia estable; así consista ella apenas en combinar elecciones regulares con  violencia armada como modus operandi de la política. Renunciados esos presidentes, o prófugos de la justicia o tras las rejas, desnuda Latinoamérica su cansancio con el abuso ancestral de gobernantes elegidos que agitan el sable y llenan su faltriquera en la impunidad. ¿Y Colombia?

Un alud de interceptaciones legales, testimonios, inspecciones técnicas a cárceles, grabaciones y chats le permitió a la Corte Suprema concluir que “la prueba indiciaria es absolutamente clara, inequívoca y concluyente de (la condición de Uribe) como determinador”. Pero la Fiscalía nada ve o se finge ciega, para pedir la preclusión del proceso dizque por falta de pruebas. Pese a que los delitos contemplados aquí pertenecen a la misma gama de los hallados en el vecindario, y hasta pueden desbordarla.

Tras la condena de 25 años de prisión a Alberto Fujimori por corrupción y por ordenar el asesinato de 25 personas, en Perú se investiga a seis de los últimos siete presidentes. También Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Kuczynsky dieron con la cárcel, y ya Martín Vizcarra la olía. Alan García se suicidó a dos pasos de su detención. En Ecuador, Lucio Gutiérrez y Rafael Correa (condenado a 8 años de prisión) son prófugos de la justicia. También huyó de la fiscalía boliviana Sánchez de Lozada, mientras Jeanine Añez, paga condena por sedición y terrorismo. Ricardo Matinelli fue detenido en Panamá por espionaje a la oposición y por corrupción. En Brasil perdió su libertad durante años Lula da Silva y su sucesora, Dilma Roussef, la silla presidencial. La fiscalía de México cierra el cerco contra Peña Nieto. Y en Argentina Carlos Menem pagó cárcel por tráfico de armas y por corrupción; a Cristina Fernández la investigan por enriquecimiento ilícito de ella, de su esposo (también presidente) y de la familia en pleno.

Guatemala es caso aparte. A una orden de detención de la fiscalía, renunció a la presidencia Otto Pérez Molina. El hecho es epílogo de una investigación de Naciones Unidas presidida por Iván Velásquez, exmagistrado de la Corte Suprema de Colombia, que señaló el mismo destino para centenares de figuras públicas y otros tres expresidentes del país. Hubo conmoción en el continente. Y ésta derivó en manifestaciones multitudinarias en Guatemala contra el decreto del presidente Jimmy Morales que expulsaba del país al investigador. Es que el propio hijo del Ejecutivo y su hermano habían caído en desgracia por lavado de dinero y fraude. Velásquez, astro de la Corte Suprema contra la parapolítica en Colombia, fue blanco codiciado de la celada que el Gobierno de Uribe le tendió al alto Tribunal. Venía él de enfrentar la mafia de Escobar y la parapolítica en Antioquia.

Aun contra la saga del subcontinente que pone en cintura la impunidad amparada en el abuso de poder, porfía nuestra Fiscalía en negar evidencias judiciales para sabotear el pronunciamiento de la justicia en un Estado de derecho. La esperanza es que prevalezca el rigor de la Corte Suprema sobre la chapucería políticamente interesada de la Fiscalía. Emular conquistas como las de Iván Velásquez, el valiente, y respirar un día mejores aires.

 

Comparte esta información:
Share

¿Quién le teme a la JEP?

Mientras el presidente vuelve hilachas la paz y se ríe de la democracia, la JEP dignifica la justicia. El primero marca en su hilarante discurso del 20 de julio otro hito en el rosario de asonadas que ha tendido Uribe contra la verdad judicial y la verdad histórica. La segunda emplaza a todos los grandes responsables del holocausto que cobró la vida de 280.000 inocentes, desapareció a 180.000 y arrojó ocho millones de víctimas. Ante ella comparecen lo mismo guerrilleros que paramilitares, empresarios, políticos y militares. En macrocasos de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por sistema, en masa, como política de organización, busca la JEP a los responsables máximos por cadena de mando. Así en el caso de secuestro contra la cúpula de las Farc, de falsos positivos contra comandantes de brigadas militares y ahora imputará a exgobernadores de Sucre asociados con el paramilitarismo que habría signado el ejercicio todo de la administración pública en Sincelejo y en ese departamento. Pero Duque sólo contempla a la JEP para intentar destruirla, o cuando ésta sindica a las Farc; ignora pudibundo los autos que tocan sus afectos.

En bufonada digna de otros frenéticos al mando en la historia de América Latina, corona Duque de laureles a los jefes del Ejército y la Policía, que no responden todavía por los 80 asesinados en las calles durante el paro. Denuesta en su discurso la mentira pero miente sin dolor: dizque “nuestra Fuerza Pública está sujeta a los más altos estándares” de Derechos Humanos. Ovación de una mayoría parlamentaria en cuya imagen se deleitan las cámaras del régimen, que se cuida de blanquear a la oposición en el recinto y su imprecación de “¡asesinos!”. Es primera vez en la historia de Colombia que se niega el ingreso de la prensa al Capitolio. Como si con ello se pudieran ocultar la charada y la equívoca elección de dignatarios rodeados de circunstancias non sanctas.

Para escándalo del mundo, en el primero de seis procesos por falsos positivos documentó la JEP 6.402 casos en el Gobierno de Uribe. El 3 de julio imputó a militares de brigada del Catatumbo por 120 casos, en virtud de una política institucional de conteo de cuerpos e incentivos que implicaba a todos los niveles del mando: en la Brigada Móvil 15 se montó una organización criminal entre miembros del Estado Mayor, de Inteligencia, de Batallones y Compañías.

Una segunda imputación recae sobre el comandante del Batallón La Popa de Valledupar, coronel Mejía, quien implantó allí “una organización criminal jerarquizada” para asesinar a 75 personas. También se le imputan decenas de desapariciones forzadas y asociación con el paramilitarismo, valiéndose de “de sus posiciones de mando [y de] las facultades legales [del Ejército] para idear, planear, organizar, ejecutar y encubrir los crímenes”.

Salvador Arana, exgobernador de Sucre condenado por el asesinato del alcalde de El Roble, ha empezado a involucrar al notablato político y empresarial en pleno de su departamento; y se confiesa cofundador del bloque de las Autodefensas de Montes de María, al lado del “gordo” García, gobernador también que fuera de Sucre y condenado a 40 años por la masacre de Macayepo.

El tribunal imputó a las Farc por secuestro masivo, toma de rehenes, homicidio, tortura, desaparición y violencia sexual, en acatamiento de “una política trazada por el alto mando de la organización guerrillera”.

Si la JEP mide a todos con la misma vara, ¿quién le teme? ¿El que aspira a salvar su pellejo, militar o expresidente? Duque cubre de gloria al mando militar: acaso responde a la tesis del columnista Santiago Villa, para quien “cada transgresión por parte de militares y policías que el uribismo protege es un eslabón más hacia la politización de las Fuerzas Armadas a favor del proyecto de la ultraderecha colombiana”.

 

Comparte esta información:
Share

Santos: prueba ácida para el Ejército

En muestra de pundonor que devuelve dignidad al Estado democrático, un expresidente de la República reconoce la responsabilidad del Ejército como institución en el genocidio de los llamados falsos positivos. Por vez primera se sindica del horror al Arma mayor sin acudir al socorrido expediente de las manzanas podridas. Ante la Comisión de la Verdad pidió Juan Manuel Santos perdón, “desde lo más profundo de mi alma”, a las madres de los sacrificados en esta larga “cadena de crímenes horrendos”. Con 6.402 casos alcanzó la infamia su más alta cota en el Gobierno de Álvaro Uribe, cuyo ministro de Defensa fue Santos. Una práctica criminal del Ejército, dijo, por la cual se sentía él moralmente comprometido. Si bien hizo cuanto pudo para descubrirla y la cortó de un tajo, se permitió al principio largos meses de inacción frente a rumores de hechos que le resultaban inconcebibles. A principios de 2007 se toparía con los primeros casos, lo que condujo a la destitución de 30 altos oficiales (3 generales comprendidos), a instrucción perentoria de respeto al DIH –que la doctrina Damasco recogería después– y a la identificación de los comandantes asociados a los hechos.

Armado de copiosa documentación, manifestó Santos que “el pecado original fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de la (llamada) doctrina Vietnam. Pero en honor a la verdad debo decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esa nefasta doctrina que él mismo había estimulado. Nunca recibí una contraorden ni fui desautorizado”. Con todo, un obstáculo fue la negativa de Uribe a reconocer el conflicto y su apoyo a la política de incentivos por bajas. Se recordará que esta se plasmó en directiva del anterior ministro, Camilo Ospina, expedida en noviembre de 2005.

Venía Santos de recordar sus diferencias con Uribe sobre la manera de combatir a las Farc: el presidente buscaba su liquidación militar y, el ministro, debilitarlas con una derrota estratégica hasta forzarlas a negociar la paz. Como en efecto sucedió. Además, Uribe nunca reconoció el conflicto ni, por consiguiente, la justicia transicional que conducía a la reconciliación.

Con el empeño de Santos presidente en la paz y la participación de prestigiosos generales en las negociaciones de La Habana, otra atmósfera se respiró en el Ejército. Se consideró que “la paz es la victoria”. A poco cuajaría la doctrina Damasco, decantada por el coronel Pedro Javier Rojas como marco de la más ambiciosa reforma técnica y de doctrina en el Ejército: los derechos humanos  guiarían ahora el conflicto armado, que no era ya, como quisiera la ortodoxia, guerra civil ni terrorismo. Ni al movimiento social se le tendría más por el enemigo interno. Pero el 28 de noviembre pasado, ordenó el comandante del Ejército desmontar la nueva doctrina y eliminar su nombre en “todas las instalaciones y documentos de la Fuerza”. Acaso nunca archivaron los manuales de los 60 que incluyen la promoción del paramilitarismo y la organización militar de civiles en autodefensas. Convivires ayer, hoy paramilitares urbanos que disparan contra el pueblo en las calles.

Para Jacqueline Castillo, líder de Madres de Falsos Positivos, “estos asesinatos fueron sistemáticos y generalizados bajo el ala criminal de un Gobierno que vendía ideas falsas de seguridad a cambio de beneficios por resultados macabros”. Santos da un paso trascendental en el camino de la verdad sobre una monstruosidad que no vieron las peores dictaduras del continente. Su verdad compromete al Estado y deja al Ejército expuesto al juicio de la opinión y de la historia; de la valentía para reconocer el holocausto provocado pende la recuperación de su prestigio. Y al expresidente Uribe le plantea tal vez el reto más obligante de su quehacer político. Proporcional a los ríos de sangre derramada.

 

Comparte esta información:
Share

¿Democracia o dictaduque?

 Rescate del Estado de derecho desde la Corte Suprema de Justicia y burla a la democracia por el alto Gobierno quedaron expuestos sin atenuantes. Al desbordamiento de la violencia instigada con sordina desde arriba, al abuso de poder en el uribato renacido, presidente y ministro de defensa agregan el delito de desacato a una orden judicial: pedir perdón a  víctimas definidas de la brutalidad policial, que se resuelve en protestantes heridos por cientos y muertos por decenas. Pero no. Como levitando sobre el horror, voz engolada de candidato en campaña, el ministro se escabulle y en cambio corona de laureles a la Policía que ha disparado a matar. “Gloria al soldado” escribirá, además, en homenaje  al uniformado que asesinó a Juliana Giraldo, porque sí. Sucia asimilación de las instituciones armadas que monopolizan la fuerza del Estado, mas no ganando el respeto de los asociados sino mediante el crimen.

Cómo no disparar, si en el reino de la caverna todo el que proteste o disienta o sea distinto es terrorista que se la buscó. Guerrillero vestido de civil. Juegan ellos a prevalecer por física eliminación del inconforme. Juegan a reírse de la Justicia para culminar su avanzada hacia el poder único, inapelable, en la persona del patrón de frondoso prontuario que la encabeza. Juegan a llegar por este camino a la meca soñada: coronar el proyecto neofascista que despuntó en 2002 y ahora desespera, peligrosamente, en su impotencia para responder a la peor crisis social en muchos años.

En texto admirable que recupera principios medulares de la democracia moderna, fustiga la Corte esta vulneración generalizada y reiterada de los derechos a la protesta, a la vida, a la participación ciudadana, a la integridad personal, al debido proceso; a la libertad de expresión, de prensa, de reunión y circulación. Y el Ejecutivo no mantiene una postura neutral.

Declara el máximo tribunal que la Fuerza Pública agrede sin pausa ni medida ni control a la población civil que, en manifestaciones, es “brutalmente golpeada”. Interviene sistemáticamente con violencia, usando armas letales, contra la protesta social. Mas, por encima del orden público, postula, está el respeto a la dignidad humana. El uso de la fuerza en el control de disturbios estará limitado por el hecho de que no se trata de enfrentar al enemigo sino de controlar y proteger civiles. Siendo función suya la protección del ciudadano y de la vida, se trata de restablecer el orden, no de conculcar derechos.

Atribuye el profesor Augusto Trujillo la creciente militarización de nuestra seguridad ciudadana al hecho de que la Policía de Colombia es la única en el mundo que depende del Ministerio de Defensa. Se diría también que sigue dominada por los fantasmas de la Guerra Fría, como  el del enemigo interno, que germina con más exuberancia allí donde las diferencias políticas se ventilan con corte de franela o a motosierra batiente.

Por eso cae como un bálsamo, una luz en las tinieblas, esta voz poderosa de la Corte Suprema de Justicia: una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo-enemigo, buenos y malos, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho. Si la mayoría de colombianos recibe con esperanza esta simiente, que ella germine dependerá de su decisión de protegerla, regarla y abonarla, pues los que mandan se proponen destruirla metódicamente, hacerla trizas, día tras día, durante los dos largos años que les quedan todavía en el poder. No será la primera lucha sin fusiles que la democracia libre contra la rudeza del poder que hoy encarna esta dictaduque.

 

Comparte esta información:
Share

“¡Viva la muerte, muera la inteligencia!”

Grito de guerra de la Falange franquista en el paraninfo de la Universidad de Salamanca contra su rector, don Miguel de Unamuno, en octubre de 1936. Presidido por el lisiado en batalla y procurador del gobierno, general José Millán Astray, un contingente de estudiantes desafió al escritor a las voces de “¡viva la muerte!”, “¡viva Cristo Rey!”. La afrenta culminó en destitución de Unamuno, a la vez como rector y como concejal. Al “necrófilo e insensato grito” había respondido el humanista como mentor del “sagrado recinto de la inteligencia. Venceréis –dijo– porque tenéis sobrada fuerza bruta; pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha […] No puede convencer el odio a la inteligencia, que es crítica, diferenciadora, inquisitiva […] El general Millán es un inválido de guerra; también lo fue Cervantes… pero un inválido que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes se sentirá aliviado al ver cómo aumentan los mutilados a su alrededor”. Unamuno murió desolado bajo arresto domiciliario.

Acometidas de la misma cepa germinan en Colombia. Por el pecado de pensar, van desde el asesinato de 26 profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia en 1987, y hoy amenazan en panfletos con repetir la hazaña. Pasan por la abusiva imposición en la academia del pensamiento único en economía por nuestros obsequiosos conserjes del Consenso de Washington. Nostálgicos del laureanismo filofranquista lanzan desde el poder proyectos para matar la libertad de ideas y de cátedra en la escuela: prohibirían a los profesores “incitar” en el aula a la discusión política. Y, la tapa, convierten el Centro de Memoria Histórica en instrumento de fanáticos y victimarios para instaurar a mandobles una historia oficial. El nuevo director degrada a paria la entidad de prestigio mundial. Desanda el camino de la memoria de y para las víctimas a la memoria de y para los victimarios.

Atmósfera y políticas del Gobierno Duque, de su partido y su jefe, honran una pavorosa involución hacia la caverna, tributaria de su añorada guerra. Se ataca el pensamiento orientado a desentrañar raíces y pintar colores: a preguntar, descubrir, encarar, comparar y probar. Se marcha en pos del auto de fe, de la verdad revelada, de la idea única y la historia oficial impuesta (¿también por eliminación física, como enseña Millán Astray?). Mordaza y ostracismo contra los adversarios en ideas son recurso de tiranos que repugna a la democracia; pero renace de sus cenizas en cada valentón de barrio hecho a prevalecer por aplastamiento de todo el que no es estrecho amigo y por traición al que lo fue mientras le sirvió.

Explica la historiadora María Emma Wills que la verdad oficial se construye mediante la instauración de un discurso único acerca del pasado que magnifica los atributos de la nación, y desconoce las violencias y exclusiones promovidas por el Estado. Esta narrativa épica termina por colonizar todo el espacio público, gracias a los medios de vigilancia, persecución y castigo que aplica a quienes se sublevan contra ella. Además, protege a quienes ocupan la cúspide: inmunidad e impunidad los cobijan. Son propios del totalitarismo.

Teflón, le hemos llamado aquí: la verdad oficial devenida en coartada personal del Eterno. Pero ahora esa verdad trastabilla, averiada como queda tras las revelaciones de un escándalo catedralicio que compromete a presidente y expresidente, paras de por medio, en supuesto fraude para hacerse con el poder. Acaso no baste ya con aquella verdad para salvar el pellejo o con incitar a la muerte de todas las demás. Tendrá que derrotar verdades inesperadas, diamantinas.

Comparte esta información:
Share
Share