¿Volverá la horrible noche?

Si regresara Uribe a la silla de Bolívar en la persona de Duque, no necesitaría convocar constituyente. Para reeditar, ahondado, su modelo de gobierno autoritario y violento, le bastará con ejecutar la sustancia inocultable de las reformas que su pupilo barniza: suprimir la independencia de los poderes públicos, revivir la guerra y abrir nuevas puertas al abuso del poder. A ello conducen, por un lado, la disolución de las Cortes y su integración en una sola, sacada del cubilete del Presidente; y el achatamiento del Congreso a cien miembros, para lo cual tendría primero que revocarlo. De otro lado, los anunciados “ajustes” al acuerdo de paz apuntan a destruirlo; de donde no podrá resultar sino el regreso de la guerrillerada a las armas y el sabotaje a la reforma rural. Audacias que el mórbido Duque acometería, rodeado como estará por las fuerzas vivas de la patria: el clientelismo en pleno, los gremios económicos, el latifundismo, el cuerpo de notables sub judice o prófugos de la justicia, la parentela de la parapolítica, iglesias adictas a la teocracia, verdugos de la diversidad sexual y el popeyismo.

Al nuevo tribunal supremo erigido sobre el cadáver de las cortes que investigan al expresidente y familia, podrá el Primer Mandatario, es decir Uribe, enviar magistrados de su círculo personal. La reforma le entrega al presidente el nombramiento del fiscal, al Gobierno la estructuración de la investigación criminal, y a la Policía, funciones judiciales. En modo viejo DAS, anuncia Duque la creación de un aparato de control político envolvente sobre la población: Un sofisticado sistema de denuncias y seguimiento, con monitoreo electrónico que lo coloca por encima de la Stasi en la Alemania Oriental, de la KGB, de los Comités de Defensa de la Revolución Cubana y sus vástagos del madurismo.

Providencial, esta reforma de las Cortes borraría de un plumazo las 280 indagaciones que se le siguen al senador Uribe, más de una de carácter penal. Como la recién reabierta por presunta responsabilidad por omisión del entonces gobernador de Antioquia en las masacres perpetradas por paramilitares y Fuerza Pública en La granja y El Aro en los 90. Y en relación con el asesinato del líder de Derechos Humanos en ese departamento, Jesús María Valle, tras suplicar sin éxito al mandatario seccional protección para la población de esas localidades. Según Semana, la Corte Suprema investiga la formación del grupo paramilitar autor de tales masacres, “que habría usado como base de operaciones la hacienda Guacharacas de propiedad de la familia Uribe Vélez”. El senador pidió celeridad en la investigación.

Por otra parte, Duque le pone dinamita al Acuerdo de Paz. ¿O es que impedir el debut de los desmovilizados en política para arrojarlos a la cárcel no redunda de inmediato en el regreso de 10.000 guerrilleros hacia la disidencia de las Farc o hacia las bacrim? ¿No es eso reactivar la guerra? ¿No es revictimizar a las víctimas que se quedarán, así, sin verdad, sin reparación y blanco de una nueva guerra? De una guerra donde son los campesinos los que ponen los muertos de todos los ejércitos, pues nunca van los hijos del poder al frente de batalla.

He aquí los hilos de la constituyente uribista que Duque lanzaría, no tanto por blandura como por convicción. Chavismo puro y duro. Como lo prueban sus debates de ocho años en el Congreso. Ni Duque es “el James de la política” –despropósito de su jefe de campaña–, ni es Uribe el Cid Campeador de todos los colombianos en todos los tiempos. Media Colombia acaba de apartarse en las urnas de quien encarna, más bien, al procaz perdonavidas, seductor de  reprimidos por las hipocresías eclesiales: las religiosas y las políticas. Se ha rebelado ya contra la horrible noche que se le ofrece.

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Iván Duque o la derecha galopante

Se desboca el uribismo hacia la restauración de la autocracia. Jefe, candidato y partido del Centro Democrático van anticipando los trazos archisabidos de los regímenes de fuerza. Con la insolencia del que se siente ya sentado en el solio de Bolívar, anuncia Uribe venganza contra la prensa libre. Mientras tanto  Duque, cinco en disciplina, recita en jaculatorias el plan de gobierno de su “presidente eterno”: disolver las Cortes que juzgan al expresidente y sus amigos, para fundirlas en órgano único que, en un régimen arbitrario, personalista, no podría sino caer bajo la égida del gobernante. Bajar aún más impuestos a los ricos y multiplicarles las gabelas. Herir de muerte la restitución de tierras, la reforma rural y sabotear el catastro llamado a ordenar el territorio, a planificar la producción y a fijar en justicia el impuesto predial. En abrazo a conmilitones involucrados en atrocidades de guerra, desmontará (o cercenará) el tribunal de Justicia Especial de Paz; y echará por tierra los acuerdos que condujeron a la desmovilización de la guerrilla más antigua del mundo ¿No es esto hacer trizas la paz, logro espléndido? ¿No es volver a la guerra?

Tras persecución implacable que siendo presidente protagonizó contra la Corte que juzgaba a su bancada de parapolíticos, Álvaro Uribe se sinceró por fin el 31 de agosto de 2017: propuso revocar las Cortes y armar en su lugar una sola. Duque recogió el guante: a desmontar la Constitucional que le negó a Uribe una segunda reelección (para eternizarse, como Evo, como Ortega, como Maduro, en el poder); y la Suprema que hoy le sigue 28 procesos por supuestas manipulación de testigos, masacres, y creación de grupos paramilitares. Abierto ahora el de falsos testigos, “denunció” el flamante candidato la existencia de “un pacto entre el Gobierno y las Farc Para encarcelar a Uribe”; gastada monserga de quien ha burlado así la ley.

De la mano de la persecución a los jueces vino –y vendría– la encerrona a los periodistas que informan con rigor y opinan en libertad: Matador, Daniel Coronell, Yolanda Ruiz, Cecilia Orozco, Yohir Akerman, Daniel Samper, para mencionar los de la hora. Sostuvo Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en lides de asedio a la prensa, fue Trump el que aprendió de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Álvaro Uribe. Ya antes que el gringo, estos habían dado a periodistas trato de subversivos, de enemigos del pueblo y –agregaríamos aquí– de terroristas.

El programa económico de Duque es calco esmerado del de su mentor. En modo Trump, concedería ventajas tributarias exorbitantes a los millonarios. Con lo que extremaría la inequidad: reduciría la inversión pública y desfinanciaría el gasto social en educación, salud e infraestructura. Sin impuesto a la riqueza y a los dividendos, imposible moderar la desigualdad en un país donde el 1% de la gente recibe el 22% del ingreso. Ha expresado Duque en todos los tonos su oposición a la restitución de tierras –6.800.000 hectáreas arrebatadas a sangre y fuego– y a la reforma rural, pretextando “vacíos jurídicos” en la ley. Más expresivo, su vecino de bancada y converso, Alfredo Rangel, desconceptúa la Ley de Tierras, que “sólo da incertidumbre jurídica a los inversionistas”; y, en sibilina amenaza, advierte que los propietarios “de buena fe” se irían a las armas. Ese mismo día, Duque anuncia que eximirá de impuesto de renta por diez años a grandes inversionistas del campo.

¿No configura todo aquello un clásico programa de ultraderecha, adobado con dudas sobre la pulcritud del candidato? ¿O no estuvo Duque presente en el Brasil cuando se negociaba la entrega ilegal de $US1,6 millones para la campaña de su partido?

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Héroes de barro y sangre

A tono con el amparo que los poderosos brindan a delincuentes de cuello blanco, con su exaltación de criminales o su indulgencia hacia ellos, proliferan en este país sepelios apoteósicos de jefes paramilitares. Como marchando en la misma dirección, 5.000 lugareños acompañan entre vítores el féretro de alias Inglaterra; y el Congreso exonera virtualmente de culpa a empresarios y funcionarios que fueron sus aliados en atrocidades de la guerra. Reserva el juicio sólo para las Farc, el otro responsable del horror.

Con flores, bombas, narcocorridos, aguardiente, pólvora, lágrimas, disparos al aire, desfile de carros y motos e invitaciones a la venganza se honra en Carepa al homicida y violador de niñas, mando del Clan del Golfo. La mayoría parlamentaria, por su parte, celebra a carcajadas el estropicio que salva el pellejo a los señorones de la guerra: no a quienes debieron pagar para protegerse del secuestro de las Farc, sino a 57 empresas  sindicadas por Tribunales de Justicia y Paz de coligarse con frentes de las AUC. Deja a las víctimas sin verdad ni representación política. Descuellan en este parlamento taimado Rodrigo Lara y Carlos Galán, hijos indignos de quienes se inmolaron por enfrentar al narcoparamilitarismo, cuyos socios ayudaron estos sinvergüenzas a salvar.

Coincidencia terrible que mueve a preguntarse si la desfachatez de las elites no estará proyectándose como mandato ético desde arriba hacia comunidades marginadas, que no se reconocen en su historia y su cultura; pasto seco para el primer incendiario que meta miedo y pase por benefactor de pobres. Mas el mensaje no es nuevo. A la voz que asimila librepensador con terrorista, levitando en la laxitud de las derechas frente al historial de la mafia, se sintió Popeye autorizado a fungir como estrella en manifestación uribista de abril. Cómo no, si el expresidente Pastrana, el exvicepresidente Francisco Santos y la exministra Martha Lucía Ramírez disculpaban blandamente la exhibición en el evento del sicario que se reclama autor de 300 asesinatos y auspiciador de otros 3.000. Fue Samuel Hoyos, congresista del Centro Democrático, el único de ese partido en rechazar la participación del matón, a quien calificó de sicario y criminal.

En la saga de condescendencia con los violentos, cuyo impacto deberá calibrarse en un país donde el protomacho es rey y la política procede a bala, viene a la memoria una célebre columna publicada en 2006 por el ideólogo del uribismo, Fernando Londoño. Argumenta él, con algo de razón, que las autodefensas nacieron como respuesta a la guerrilla. Y que Carlos Castaño, “intelectual hecho a pulso” cuyo ideario debería resucitar, hubo de plegarse al narcotráfico como fuente de financiación de las AUC; pero sin perder “su naturaleza política antisubversiva y anticomunista”. Dos omisiones graves: primera, el carácter “político” de las AUC pronto se reveló como fachada funcional del negocio maldito del narcotráfico. Segunda: ya desde 1988 y hasta 2002 a Castaño se le sindicaba de decenas de masacres y asesinatos individuales. Lo que no impedía que señoras “divinamente” suspiraran en sus clubes por el sujeto de marras. Pobres por necesidad, ricos por interés en el negocio compartido, simpatizaron (y simpatizan) con el paramilitarismo. Y  acuden a los sepelios de sus jefes.

Escribe el editorialista de El Colombiano: no pueden ser los pabloescobares, carloscastaños, inglaterras y otrora timochenkos quienes nos sirvan de ejemplo. Pero Rafael Nieto anuncia que “estamos listos a asumir los costos de la continuación de la guerra con las Farc”. Quiénes: ¿sus hijos? ¿O seguirán las víctimas como carne de cañón de nuestros héroes de barro y sangre, y de sus socios?

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Quién le teme al Tribunal de Paz

Cuando ya todo se daba por perdido, envilecida la cúpula de la Justicia, asqueado el país en la imagen de su togado supremo tras las rejas, nos sorprende la creación de un órgano de justicia único en la historia de Colombia: un tribunal de paz integrado por personalidades de probada solvencia moral y profesional, seleccionadas entre miles de postulantes de todas las etnias, regiones e inclinaciones ideológicas, con predominio de mujeres y presidido por ellas. Por Patricia Linares en la presidencia y Luz Marina Monzón en la Búsqueda de Desaparecidos. Instancia de cierre del conflicto, este órgano será decisivo en la reconciliación. Su misión, hacer justicia para asegurar la paz; su meta, la verdad de lo ocurrido y la reparación integral de las víctimas. Juzgará a responsables de todos los bandos por los delitos más graves cometidos en la guerra, para que haya verdad, sanción y reparación.

Mas, no bien se enciende esta luz al final del túnel, saltan al ruedo, todos a una, picos y garras afilados, los que temen a la verdad, los nostálgicos de la violencia. José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, declara que la Justicia Especial de Paz (JEP) es “indigna, una claudicación estatal”. La también uribista, Paloma Valencia, gestiona en nombre de su bancada referendo para derogar este instrumento expedito de paz y reconciliación. El Fiscal Martínez convierte imprecisiones salvables del proyecto de ley que la reglamenta en monstruo de siete cabezas; y teme que la ley desproteja a empresarios tenidos por protagonistas del conflicto y no por víctimas. Pero no aclara si habla de los que pagaron para protegerse del secuestro o de quienes financiaron a paramilitares para lucrarse de sus crímenes. En la misma vena, Cambio Radical, el partido de Vargas Lleras, anuncia que no votará la ley, por supuesto sesgo político en el recién creado Tribunal contra los mismos empresarios del corazón del Fiscal. Y, por si fuera poco, Jesús Santrich, vocero de la corriente más oscura de la Farc, se suma a la descalificación del Tribunal. Sesgo no habrá en un órgano cuyas decisiones se adoptan en colectivo, previa deliberación entre magistrados de todas las tendencias y sabedores de que el país entero ausculta, una a una, sus determinaciones.

Contraste agudo entre la violencia de estas reacciones y la sindéresis que respira la presidenta del Tribunal, su dominio de la materia y la fuerza de carácter que proyecta. Dijo ella: “hoy lo que concebí como un sueño es una realidad con la firma del Acuerdo de Paz; estoy preparada para asumir el deber ético de ayudar a su cumplimiento; y, en la JEP, para administrar justicia restaurativa que sirva a la reconciliación y alivie el dolor de las víctimas (…) El compromiso de esta jurisdicción es contribuir a la reconstrucción de un país que no soporta más guerra”.

Guerra sucia, despiadada, que cobró su mayoría de víctimas entre la población inerme. Conflagración de crueldades inenarrables que hunde raíces en la exclusión, en el despojo, en la impunidad, en el terror de nuestro diario vivir. En el entramado social y político que la produce y retroalimenta. Es hora de que todos los comprometidos en el desastre asuman su responsabilidad, Estado incluido. La reconciliación, insiste Linares, no puede fundarse en el ocultamiento y la negación.

Madruga nuestra derecha a sacudirse la hoja de parra que disimulaba sus vergüenzas. En su íntimo propósito de hacer trizas la paz, acomete de frente contra la espina dorsal del Acuerdo y su Tribunal de Paz. Se dará contra el pueblo que ha padecido la guerra. Y contra el reclamo universal por haber querido reabrir la puerta del horror.

 

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Quién le teme al Tribunal de Paz

Cuando ya todo se daba por perdido, envilecida la cúpula de la Justicia, asqueado el país en la imagen de su togado supremo tras las rejas, nos sorprende la creación de un órgano de justicia único en la historia de Colombia: un tribunal de paz integrado por personalidades de probada solvencia moral y profesional, seleccionadas entre miles de postulantes de todas las etnias, regiones e inclinaciones ideológicas, con predominio de mujeres y presidido por ellas. Por Patricia Linares en la presidencia y Luz Marina Monzón en la Búsqueda de Desaparecidos. Instancia de cierre del conflicto, este órgano será decisivo en la reconciliación. Su misión, hacer justicia para asegurar la paz;  su meta, la verdad de lo ocurrido y la reparación integral de las víctimas. Juzgará a responsables de todos los bandos por los delitos más graves cometidos en la guerra, para que haya verdad, sanción y reparación.

Mas, no bien se enciende esta luz al final del túnel, saltan al ruedo, todos a una, picos y garras afilados, los que temen a la verdad, los nostálgicos de la violencia. José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, declara que la Justicia Especial de Paz (JEP) es “indigna, una claudicación estatal”. La también uribista, Paloma Valencia, gestiona en nombre de su bancada referendo para derogar este instrumento expedito de paz y reconciliación. El Fiscal Martínez convierte imprecisiones salvables del proyecto de ley que la reglamenta en monstruo de siete cabezas; y teme que la ley desproteja a empresarios tenidos por protagonistas del conflicto y no por víctimas. Pero no aclara si habla de los que pagaron para protegerse del secuestro o de quienes financiaron a paramilitares para lucrarse de sus crímenes. En la misma vena, Cambio Radical, el partido de Vargas Lleras, anuncia que no votará la ley, por supuesto sesgo político en el recién creado Tribunal contra los mismos empresarios del corazón del Fiscal. Y, por si fuera poco, Jesús Santrich,  vocero de la corriente más oscura de la Farc, se suma a la descalificación del Tribunal. Sesgo no habrá en un órgano cuyas decisiones se adoptan en colectivo, previa deliberación entre magistrados de todas las tendencias y sabedores de que el país entero ausculta, una a una, sus determinaciones.

Contraste agudo entre la violencia de estas reacciones y la sindéresis que respira la presidenta del Tribunal, su dominio de la materia y la fuerza de carácter que proyecta. Dijo ella: “hoy lo que concebí como un sueño es una realidad con la firma del Acuerdo de Paz; estoy preparada para asumir el deber ético de ayudar a su cumplimiento; y, en la JEP, para administrar justicia restaurativa que sirva a la reconciliación y alivie el dolor de las víctimas (…) El compromiso de esta jurisdicción es contribuir a la reconstrucción de un país que no soporta más guerra”.

Guerra sucia, despiadada, que cobró su  mayoría de víctimas entre la población inerme. Conflagración de crueldades inenarrables que hunde raíces en la exclusión, en el despojo, en la impunidad, en el terror de nuestro diario vivir. En el entramado social y político que la produce y retroalimenta. Es hora de que todos los comprometidos en el desastre asuman su responsabilidad, Estado incluido. La reconciliación, insiste Linares, no puede fundarse en el ocultamiento y la negación.

Madruga nuestra derecha a sacudirse la hoja de parra que disimulaba sus vergüenzas. En su íntimo propósito de hacer trizas la paz, acomete de frente contra la espina dorsal del Acuerdo y su Tribunal de Paz. Se dará contra el pueblo que ha padecido la guerra. Y contra el reclamo universal por haber querido reabrir la puerta del horror.

 

 

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Habemus jueces

Bajo una espesa nata de venalidad e impunidad, florecen procesos emblemáticos que sacan la cara por la justicia y exaltan el valor de un número en aumento de jueces y fiscales. Apenas ayer, los magistrados de la Corte Suprema juzgaron, contra viento y marea, la parapolítica. Un hito contra la alianza de criminales y políticos. Hoy, el juicio a Samuel Moreno, capo di tutti capi en la billonaria defraudación de Bogotá, condenado a 18 años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para desempeñar cargos públicos. Y el proceso  de falsos positivos eleva por fin pesquisas hasta la cúpula militar que habría propiciado el asesinato de 4.800 civiles inocentes para presentarlos como bajas guerrilleras, e involucra al mismísimo general Mario Montoya, excomandante del Ejército.

Casos de igual trascendencia anteceden a éstos de la hora. Como la sentencia histórica de Rubén Darío Pinilla, magistrado del Tribunal Superior de Medellín, proferida en mayo 2015. Se reconstruye en ella la historia del despojo y la lucha por la tierra en Córdoba, marcada por la brutalidad del narcoparamilitarismo y la guerrilla. Y exhorta al Estado, por vez primera, a identificar y exigir cuentas a los empresarios, comerciantes, ganaderos, políticos y miembros de la Fuerza Pública que patrocinaron la expansión del paramilitarismo y su dominio absoluto en ese departamento.

 A 22 generales de la República investiga la Fiscalía por falsos positivos, 12 de los cuales concurrirán este mes a indagatoria. Al general Montoya se le imputarán cargos por posible responsabilidad en 1.205 de aquellas ejecuciones de civiles cuando, entre 2006 y 2007, pedía “ríos de sangre” en la guerra contrainsurgente. Tras estudiar miles de folios y testimonios, concluyó la Fiscalía que se había diseñado “un proyecto para hacerle creer al país que la guerra contra la subversión estaba ganándose cuando, en realidad, miles de civiles inocentes resultaron ser víctimas de esta empresa criminal […] y quienes los ultimaron terminaron llenos de medallas” (Juan David Laverde, El Espectador, 4, 16). Pero ahora viene a saberse que el general Jorge Arturo Salgado paró en seco al coronel William Peña, comandante en 2007 de la Brigada XI con sede en Montería, entonces estrella de la infamia: 296 “positivos” se contaron allí ese año. Digno precedente sienta el general Salgado, que honra al Ejército  y el sacrificio de la mayoría de soldados.

Así mismo, le devuelven credibilidad a la justicia fiscales de la talla moral de Claudia Patricia Vanegas y Juan Vicente Valbuena. No sólo por desafiar el poder de altos mandos militares que parecían intocables, sino el de la Casa Rojas que cifraba en su último vástago toda esperanza de volver al solio de Bolívar. Pero el ungido se convirtió en cabeza de la mayor defraudación cometida en la historia contra la capital, mediante contratos multimillonarios en malla vial, hospitales, movilidad, vigilancia, y la dolosa adjudicación del sistema integrado de transporte por la fruslería de $64 billones a 25 años vista. El juez 14 recriminó indignado a Moreno en plena audiencia: por abusar de su investidura para repartirse con funcionarios y particulares, “como en una feria”, los recursos públicos, y lo llamó “ladrón de cuello blanco”. Desapacible evocación del abuelo-presidente, general Rojas Pinilla, quien resultó también condenado y despojado de sus derechos políticos. Por indignidad. Por abusar de su investidura para enriquecerse.

Reconforta verificar que la justicia no apunta ya únicamente a los de ruana.  Que empieza a concentrarse en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y en la faraónica corrupción de las altas esferas, con cuyo monto bien podría financiarse el posconflicto.

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