por Cristina de la Torre | Abr 9, 2024 | Abril 2024, Congreso de la República, Reforma a la salud, Derecho fundamental, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Ley Estatutaria de 2015, Seguridad social, Salud, Ciencia
Amigos y enemigos de la reforma a la salud sentaron inesperadamente posiciones de fuerza equivalentes que sugieren, no obstante, el agotamiento de la confrontación suicida y abren nuevos escenarios de negociación. En el término de 24 horas se precipitaron dos hechos que obligan a replantear el debate: el hundimiento del proyecto en el Senado y la intervención administrativa de las dos mayores EPS, Sánitas y Nueva EPS. Para no mencionar la solicitud de liquidación de Compensar. Una prueba más de que el sistema de aseguramiento financiero en salud hace agua, se suma a la liquidación de otras 119 en el pasado. Con la intervención de estas dos (que es medida de salvamento, pues expropiación de bienes del Estado no cabe), queda bajo el manto del Gobierno la mitad de los usuarios y éste tendrá que responder, mínimo, con la misma eficiencia al paciente y con la honradez en el manejo de los recursos que casi nunca brilló en las empresas de salud públicas y privadas. Dice el presidente que estudia alternativas para “reordenar el sistema”, principiando por la creación de una comisión asesora con representantes de clínicas, hospitales y pacientes.
En audiencia pública reconvino el presidente de la Corte Constitucional al ministro de Salud por el cálculo de la UPC y a los órganos de control por mirar desde la barrera la corrupción que devora al sistema de salud. Se comprometió el ministro Jaramillo a revisar el método de cálculo de la UPC y el delegado de la Fiscalía no pudo sino callar a la afirmación del alto magistrado de que “la corrupción seguirá siendo uno de los asuntos más claros por los cuales la salud no funciona”. No ha mucho concluyó la Contraloría que 26 EPS acusaban faltantes por $25 billones, así: $11.3 billones en deudas a Clínicas y hospitales, y $13.7 billones en reservas técnicas. Se habrían embolatado $11.8 billones girados en 2023 a cuatro EPS, denunció la exministra Carolina Corcho.
Razón le asiste a Acemi en decir que muchas de las estrategias de la reforma pueden implementarse reglamentando las normas existentes. Y el Gobierno avanza de hecho hacia la medicina preventiva en la Nueva EPS, diseñada en la Ley 1438/11; echará mano de la Ley 1122 de 2007 para formalizar a los trabajadores del sector, y a la Estatutaria de 2015 para abrir Centros de Atención Primaria por doquier y crear los equipos médicos necesarios en los territorios: ya van 70 en Córdoba. Para el analista Iván Jaramillo, con o sin reforma expedida por el Congreso, ésta podrá ejecutarse por vía reglamentaria. Ya el Plan de Desarrollo aprobó el giro directo a los hospitales, sin intermediación de las EPS (salvo para aprobar facturas), con lo cual recupera el Estado el control directo de los recursos de salud. Como sucede en casi todas las democracias, Costa Rica la más cercana. Pero queda el pendiente mayor, la naturaleza de las EPS; si pueden ellas seguir siendo aseguradoras, o bien, adaptarse a la nueva condición de gestoras de salud, en un modelo mixto (depurado, saneado y vigilado con rigor) que retribuya su trabajo.
Declara el ministro que la solución estructural a los vicios del modelo que rige no apunta a eliminar las EPS sino a transformarlas. Ana María Vesga, presidenta de Acemi, invita a convertir este debate en una gran mesa de diálogo nacional, para buscar entre todos los cambios y ajustes necesarios al sistema de salud. También las organizaciones más prestantes del sector, como el Colegio Médico Colombiano y la Asociación de Sociedades Científicas, proponen plan de choque y concertación sin demora. Nadie quede como culpable ante la historia de no haberlo empeñado todo en el diseño del mejor sistema posible de salud para los colombianos.
por Cristina de la Torre | Ene 30, 2023 | Reforma a la salud, Derecho fundamental, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Ley Estatutaria de 2015, Adres, Salud, Corrupción, Enero 2023
Los negociantes que llevan tres décadas volviendo fiesta los recursos públicos de salud sufren pánico de perder la piñata que este año alcanzará 73 billones. Callan frente a desfalcos billonarios como el de Saludcoop o deudas de las EPS por $23 billones que ahogan a clínicas y hospitales. Desesperan. No faltan quienes mienten y tergiversan hasta dibujar la imagen de un salto fatal del paraíso al infierno. Grosera deformación de una reforma inspirada en la Ley Estatutaria de 2015 que elevó la salud a derecho fundamental y desde hace años estudian con esmero las asociaciones médicas y científicas, de pacientes, hospitales, trabajadores y organizaciones sociales.
El proyecto recoge las ideas madre, que este Gobierno cooptó: en pos de una salud plena para todos, mejorar la calidad y el acceso a los servicios desde la atención primaria y preventiva hasta la especializada, promoviendo la equidad en un marco de sostenibilidad financiera. Propone fortalecer la red de hospitales públicos, devolverle al Estado la iniciativa en políticas de salud y el control de sus dineros. No más administración privada de recursos públicos: habrá, como en toda democracia, administración pública de los recursos públicos. El régimen será centralizado en lo financiero desde la Adres y descentralizado en el servicio. La junta directiva de este órgano será tripartita, integrada por empresarios, gobierno y trabajadores. Se vinculará a estos últimos mediante contrato laboral formal. Por razones de eficiencia y de transparencia, se creará un sistema único de información que operará en línea y en tiempo real. Y se adoptarán los sistemas más desarrollados de vigilancia participación y control.
El proyecto invita a reconocer las desigualdades de un sistema que consagra cobertura universal en el papel, pero en los hechos resulta discriminatorio. Que estar afiliado al sistema no siempre significa recibir el servicio lo demuestran los 308 niños que el año pasado murieron por desnutrición, el record de Colombia en muerte materna entre los países de la Ocde, los 630 municipios que carecen de dispensarios de salud rurales, los 20 millones de colombianos que en los territorios reciben precaria o nula atención médica, las 250.000 tutelas y el millón de quejas ante la Supersalud por desatención médica.
Con todo, señala la ministra Carolina Corcho que el proyecto de reforma construye sobre lo construido, reconoce logros de la Ley 100 y desvirtúa el rebuscado fatalismo de sus detractores. El sistema recupera el manejo de sus recursos, pero no será estatizado. No elimina el aseguramiento en salud, pues éste sigue nutriéndose de los aportes de empresarios, trabajadores y del presupuesto nacional que, gracias a la Ley 100, no representa ya 3% sino 8% del PIB. Así deba hacerse efectiva para todos, la cobertura de casi 100% del sistema es otro logro del modelo vigente. Se avanza en el control de precios de medicamentos logrado, y hacia la producción nacional de drogas, con el sector privado. Tampoco entrega el sistema a alcaldes y gobernadores. Cambia, eso sí, el mecanismo de pagos a clínicas y hospitales: no ya por medio de las EPS, sino mediante giro directo de la Adres a los prestadores, en su mayoría privados. Tampoco desaparecen las EPS, éstas permanecen en el sistema de redes integrales e integradas de salud, que son públicas, privadas y mixtas.
Este modelo, más preventivo que curativo, avanza innovaciones como la de los primeros 1.007 de 20.000 equipos de personal médico desplazados a hogares en los territorios. Les seguirá la construcción de hospitales y puestos de salud. Elocuente señal del horizonte que la reforma abre. Tras el rigor técnico y de prospectiva que la informa, respira, sin eufemismos, un principio moral y político: la salud es derecho pleno de todos, no un negocio.
