por Cristina de la Torre | Mar 5, 2024 | Marzo 2024, Crímen organizado, Guerrillas, Paz Total, ELN, Clan del Golfo, Violencia, Gustavo Petro, Capitalismo, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Actores del conflicto armado
Se diría que la vieja guerrilla ha vuelto a la política. Pero no ya inspirada en la toma del Estado capitalista para instaurar el socialismo, sino en la suplantación del poder popular para prevalecer como dictadura armada en los territorios y para mejor usufructuar las economías ilegales. Divisa que desnaturaliza su formal disposición al cambio y a la paz. Está por establecerse en qué medida emulan estos grupos al Clan del Golfo en atentados a líderes sociales, 33% de los cuales son dirigentes de Acción Comunal, la organización de mayor arraigo en las comunidades: así eliminan su poder social y amedrentan a la población.
Pero el asedio de grupos armados al poder popular no sólo cobra líderes en organizaciones de base; los negociadores del ELN en particular proceden a su vez contra los diálogos regionales en ciernes y cuya matriz es, precisamente, la participación de las comunidades, directa y libre de coacción. Apuntarían ellos a destruir la autonomía de las organizaciones sociales para monopolizar la agenda en estos espacios colectivos, pese a la legitimidad de la palabra y del quehacer de los pobladores que ninguna mesa puede alienar. De paso, al descalificar los diálogos regionales, desvela el Comando Central del ELN (Coce) su crisis ideológica, de representación y de autoridad.
Juliette de Rivero, vocera de la ONU, sostiene que la violenta incursión de grupos armados en los territorios compromete la gobernabilidad en 206 municipios, destruye su tejido social y la supervivencia física y cultural de la población. Se hace eco del viraje hacia negociaciones regionales, pide al Gobierno formalizar diálogo directo y permanente con las organizaciones de base, fortalecer la gobernabilidad del Estado y su política de seguridad.
Insistiendo en dialogar por su cuenta y riesgo, el Frente Comunero del ELN aplaude la decisión del Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, de convertir la paz en eje de su gobierno, y pide instalar mesa en ese departamento. Para el mandatario, los diálogos no pueden ser sólo con los armados sino con todos los actores del territorio. En la misma dirección van los gobernadores de Arauca, Meta y Chocó, destinatarios de la regionalización del diálogo que el presidente Petro ofreció en su correría por el Pacífico, y que en Nariño suscitó multitudinaria manifestación de apoyo. El EMC se sumaría al modelo de negociación por bloques.
La idea no podía sino precipitar la crisis en el ELN, pues pone en riesgo el control que el Coce aspira a ejercer sobre los mandos regionales de esa guerrilla, cuando salta a la vista la falta de representatividad de la vieja dirigencia y de sus delegados en la mesa nacional. Carlos Arturo Velandia, antiguo comandante del grupo armado, ha dicho que el 70 por ciento de la organización no está representado en ella.
Otty Patiño, comisionado de paz, señala que no son ya los viejos del ELN quienes dirigen la guerra. Ignoran que la guerrillerada es petrista, que proyecta sus ideales en las propuestas de cambio del presidente y se aviene a trocar las armas por la política. En entrevista concedida a Cambio, afirma Patiño que las comunidades están hartas de la guerra y de los abusos de los armados. Hace votos porque los negociadores de paz sean quienes están librando la guerra. Antonio García ejercería un liderazgo “muy negativo”, basado en la vieja idea de que es el arma lo que le da identidad al revolucionario. Pues no es el arma, responde Patiño, es su disposición a transformar la realidad.
Remata el Comisionado con una advertencia perentoria: el Gobierno no dialogará con grupo armado que amenace o mate a firmantes de paz o a líderes sociales. Será línea roja de la negociación.
Coda. Sentido pésame por la muerte de Roberto Hinestroza Rey.
por Cristina de la Torre | Ene 25, 2022 | Curules de Paz, Manipulación Electoral, Censo Electoral, Fraude Electoral, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Derecha, Paramilitarismo
La impudicia del Uribe-duquismo para tomarse todos los flancos del tinglado electoral denuncia pánico de perder el poder, en el único país de América Latina que nunca tuvo un gobierno de izquierda. Emulando al dictador de Nicaragua, nuestro registrador sentencia: si la oposición se siente sin garantías electorales, bien podrá renunciar a su participación en la contienda. Insólito anuncio de pasos del animal grande que va triturando con su pata peluda las reglas de la democracia. Entrega la logística y el escrutinio electorales a empresas privadas que harán la tarea sin auditoría ni control. Confunde (¿deliberadamente?) censo de población con censo electoral, acaso para meter millones de votos fantasmas, de derecha, en las urnas. El Gobierno suspende la Ley de Garantías concebida para asegurar igualdad en la competencia electoral. Contempla –mudo, manco, sordo– el festín que funcionarios, paramilitares, gamonales y victimarios han armado para manduquearse, tras haberlas vetado, las 16 curules de las víctimas. Jorgito junior, hijo de Jorge 40, el más sanguinario entre los masacradores del paramilitarismo y héroe del muchacho, aspira a una de ellas. Mientras tanto, varios de los líderes comunitarios, depositarios naturales de este recurso de paz, han sido ya notificados: o renuncian a su aspiración, o serán declarados objetivo militar. Y el Gobierno ahí, alelado testigo del horror que no conjura.
El registrador firmó contrato con la empresa española INDRA para coordinar el escrutinio de los votos y consolidar los datos de los formularios E14 de los jurados. Denuncia NT24 que la firma se vio involucrada en escándalos por fallas en el voto electrónico y por casos de soborno y manipulación electoral. Según Noticias UNO, había firmado antes otro contrato con DISPOEL para inscripción de cédulas, recolección de datos y elección de jurados. Por vez primera, dos empresas privadas, escogidas a dedo, controlarán todos los resultados electorales, sin vigilancia ni control.
La directora de la MOE alerta sobre dificultades para hacerle monitoreo, seguimiento y control a la información electoral, desde las mesas de votación. Las múltiples dificultades en la inscripción de cédulas develarían riesgos, que vienen a sumarse a los acumulados en once meses de bloqueo de información necesaria para inferir trasteo de votos. A la fecha, no se sabe en qué consiste la depuración del censo electoral. Se denuncia, sí, que la Registraduría ha represado la entrega de tres millones de nuevas cédulas. Votantes jóvenes, tal vez menos proclives a sufragar por el que, cuesta abajo en su rodada, se dijo dueño de vidas y haciendas.
Definitoria en la estrategia envolvente que apunta al fraude fue la suspensión de la Ley de Garantías Electorales. Presidente y Congreso rompieron el equilibrio en la competencia electoral que deriva de la neutralidad de los funcionarios públicos, de la prohibición de ceder contratos por intereses políticos y del congelamiento de la nómina oficial. Primera agraciada con el cambio, Margarita Cabello: nombró, de una tacada, 1.208 funcionarios inútiles en la Procuraduría.
Dramático, el cerco tendido a los líderes sociales que aspiran a las curules de paz. Amenazas de muerte, bloqueo de los modestos fondos destinados a su campaña, interferencia de clanes políticos y grupos armados en territorios donde el asesinato de líderes es rey. Quienes vetaron el proyecto que creaba las curules querrán ser ahora sus directos beneficiarios, aun victimarios que fungen de víctimas.
Y así va el fraude. Planta carnívora de los pantanos donde la extrema derecha sembró su imperio de odio, violencia, ladronera impune y abuso de poder. Pero es flor que, contaminada de sus propias miasmas, agoniza. Como agoniza la hegemonía de quienes la sembraron. No estamos ya en 2002 sino en 2022.
