por Cristina de la Torre | Nov 8, 2022 | Noviembre 2022, Reforma tributaria progresiva, Impuesto progresivo, Economía extractivista, Reformas liberales, Reforma tributaria, Reforma Fiscal, Modelo Económico, Política económica, Justicia, Corrupción, Clientelismo, Modelo Económico en Colombia
En treinta años de campaña contra la búsqueda de igualdad y democracia económica que fuera idea tutelar del liberalismo, nunca había llegado su partido tan lejos como esta vez contra la reforma tributaria más progresiva en la historia de Colombia. Salvo, tal vez, la adhesión de muchos en el notablato liberal a la desafiante respuesta del conservatismo a la reforma de marras en 1936. A instancias del jefe César Gaviria, promotor del modelo que sacrificó justicia social al mercado y socio del banquero mayor, entregó ahora la bancada liberal hasta su último aliento para hundir la reforma que exacerba la avaricia de la plutocracia. No lo logró, pero contribuyó a cercenar la quinta parte a su potencial de recaudo original.
Hundió el impuesto a los muy terrenales negocios de las iglesias; empujó la exoneración del gravamen a las megapensiones, el más grosero símbolo de privilegio; luchó contra afectaciones al patrimonio, a las zonas francas, a las bebidas azucaradas que minan la salud de la gente. Y se empleó a fondo por la deducibilidad de regalías en el cálculo del impuesto de renta para petroleras y carboneras. Acaso porque, según Las2orillas, fue accionista Gaviria de la firma de hidrocarburos MC2, socia del Grupo Aval. Si el otro jefe liberal, Germán Vargas, negó de plano la reforma, Gaviria soñó con reducirla a la mitad. Deshonrando la memoria de la colectividad que había empuñado la bandera de los pobres, desdeñaban aquellos ahora el pronunciamiento popular de las calles y las urnas, al cual responde esta reforma proyectada sobre todo para ampliar el gasto social en un país atribulado por la pobreza. Reforma que acerca por fin a Colombia al promedio impositivo de América Latina.
Las regalías son pago por usufructuar el subsuelo irreparable de la nación. ¿Por qué habría de regalárseles a firmas opulentas que, aun en tiempo de bonanza, se niegan a ajustar en mísero 3% el impuesto que se les cobra por doquier? Su tasa efectiva de tributación es 38%, no el 80% que la fantasiosa Andi le atribuye. Hasta 1989 se pagaba 2% de impuesto sobre el patrimonio; hoy lo revive este Gobierno con canon de 1% en promedio y el establecimiento se desgañita a voces de ¡terremoto, calamidad, desastre! Varias veces lo entregaron nuestros ricos con emoción patriótica para financiar las guerras de la Seguridad Democrática; pero ahora, cuando de los pobres y de la paz se trata, resulta un atentado contra la sagrada propiedad.
Atribuye la prensa el texto de objeciones de Gaviria a la reforma a Juana Caballero, vinculada a la empresa de Santiago Pardo, tributarista de Sarmiento Angulo. Si la compinchería entre elites económica y política viene de vieja data, se afianza con la privatización y la preeminencia que el sector financiero cobra con el modelo neoliberal que Gaviria introdujo. Liberalizado el sector, explica Hernando Gómez Buendía, se concentra en pocos bancos, que se enriquecen escandalosamente con las gabelas de Gaviria: no podrá el Gobierno acudir al Banco Central sino al onerosísimo crédito de la banca privada. La deuda pública es hoy fuente principal de las ganancias de la banca colombiana, explica Gómez, que han cambiado la composición sectorial de la economía: en 20 años, pasaron los bancos de generar el 8.8% del PIB al 22% en 1.917. Un cambio sin precedentes en el mundo. La Carta del 91 -remata- acabó por entregarle la economía del país a grupos financieros gigantes: al Grupo Empresarial Antioqueño, al Grupo Bolívar y al Grupo Aval. Y el franciscano ajuste del 5% en impuestos al sector provocó, empero, más de una protesta. Abominable.
En esta sociedad del privilegio, inmóvil, sus elites -la del trapo rojo a la cabeza- juzgan apocalíptico todo gesto de cambio en democracia. Así se autoinflige el Partido Liberal el puntillazo final. Responsos se le rezan ya.8
por Cristina de la Torre | Oct 17, 2022 | Octubre 2022, Agencia Nacional de Tierras, Desarrollo agrícola, Pacto Histórico, Economía productiva, Gustavo Petro, Reformas liberales, AUC, Desplazamientos, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Reforma Agraria, Tierras, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Política agraria, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Modelo Económico en Colombia, Actores del conflicto armado
Pragmático en su empaque de humanista reformador, la mira puesta tercamente en la paz, Petro negocia por lo alto con el latifundismo: con José Félix Lafaurie, figura de recibo en el gremio ganadero, aun entre quienes fungieron allí como agresivos instigadores y usufructuarios de la guerra. Consigue el mandatario a un tiempo poner en hibernación ejércitos privados y acometer la anhelada reforma agraria. Será demostración de que la paz viene adherida al cambio. Al tránsito de ganadería extensiva a agricultura intensiva en manos de campesinos. Y no mediante la expropiación que la legislación colombiana autoriza para tierras subexplotadas, sino con la fórmula más conservadora, la de Carlos Lleras: comprar tierra para redistribuirla entre quienes la necesitan.
Incorar se le llamó en su hora, mas con tantos tropiezos y vacíos, que en medio siglo entregó escasos 2 millones de hectáreas; mientras se aspira ahora a reunir 3 millones, de procedencias varias, en el curso de un gobierno, y con los necesarios apoyos financiero, de infraestructura y técnico. Moñona. Petro le baja decibeles a la violencia y, a la par con titulación de predios y recuperación de baldíos, emprende por fin la reforma del campo. Pero el efecto político no suma sólo al haber del Pacto Histórico borrándole el Inri de expropiador. Es también carambola calculada con esmero por lo más granado de la derecha; “un acuerdo de alta política”, diría Lafaurie, para subirse al tren de la paz y del cambio, que arrastra el sentir mayoritario del país y el aplauso del mundo.
En abordaje del Acuerdo de Paz, la ministra López anuncia compra de tierra productiva en la frontera agrícola a Fedegán y a otros oferentes posibles, previa evaluación de su capacidad productiva, de la legalidad de sus títulos, sin pleitos, a paz y salvo en impuestos, en posesión de su dueño y revisado el precio por el IGAC. El reto primero, ha dicho, llegar al amplio sector que produce alimentos, siempre marginado de la política agraria, del crédito, del agua. Aunque apunta también a la gran producción y a las cadenas productivas entre economía campesina y agroindustria. Propone entronizar el sistema silvopastoril para la producción de carne y leche: liberar 20 millones de hectáreas de los 39 millones dedicados a ganadería extensiva, para sumarlos a los míseros 7 millones destinados a agricultura, sin afectar la producción ganadera.
“Es mucho mejor comprar tierras que crear pánico con la expropiación”, declaró el poderoso terrateniente Álvaro Uribe. “No, replicó el especialista en problemas agrarios Alejandro Reyes, mejor extinguir el dominio que comprar la tierra”: el Estado pierde en un mercado de monopolio de quienes engordaron la tierra sin trabajarla y ahora querrán venderla con valores inflados, a precio comercial. Para evadir la extinción de dominio, alegarán ellos que sí explotaban la tierra (¡con menos de una vaca por hectárea!). Retomando la idea original de la ministra, insta Reyes a fijar el precio con base en la declaración de renta: o se confiesan evasores de impuestos o se confiesan propietarios improductivos. Y entonces el Estado podrá comprar esas tierras a su precio real. Punto sensible del acuerdo con Fedegán, que debería revisarse.
Si bien este Gobierno escogió negociar en vez de chocar, comprar en vez de extinguir el dominio y comprometer en la Paz Total a todos los actores del conflicto, revisar el criterio de fijación del precio de compra no quita lo bailado. Protegería las finanzas públicas y favorecería, más bien, los proyectos productivos aledaños a la entrega de tierras. Su poder negociador dependerá en mucho del acompañamiento del movimiento campesino, combativa avanzada del pueblo que eligió a Petro presidente. Y éste pasaría a la historia como gran hacedor de la reforma agraria.
por Cristina de la Torre | Sep 27, 2022 | Septiembre 2022, Agencia Nacional de Tierras, Farc, Desarrollo agrícola, Justicia restaurativa, Desarrollo sostenible, ELN, Economía productiva, Gustavo Petro, AUC, Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Iván Duque, Reforma Agraria, Tierras, Conflicto armado, La paz, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Modelo Económico en Colombia, Actores del conflicto armado
En sólo un mes, este Gobierno tituló 681.372 hectáreas de tierra a familias campesinas sujetos de reforma agraria. Medida trascendental en cien años de historia atascada, que sorprendió por sus dimensiones y por el rigor legal que la cobija. Es paso inicial de una estrategia más enjundiosa contemplada, entre otros, en el Acuerdo de Paz que Iván Duque saboteó para mantener a Colombia en el podio mundial de mayor concentración de la propiedad en el campo. Oscilando entre amenaza y maná del cielo debió de caerles a los señores de la tierra la ocupación de 108 predios ajenos, mientras la ministra Cecilia López abría compuertas a la titulación represada por el uribismo. Amenaza, la invasión de propiedades, que la ministra condenó sin atenuantes. Pero a su vez, la fortuita coincidencia daba pábulo al mensaje subliminal del latifundismo: invasiones y reforma agraria atentan, todas a una, contra la propiedad. Ergo, invita a crear “grupos de reacción inmediata”, germen del paramilitarismo.
Juzga esta derecha por su condición. Tras 40 años de silencio autoimpuesto para encubrir la expropiación violenta de ocho millones de hectáreas al campesinado, cree ahora adivinar en la naciente reforma agraria la mano peluda del comunismo. Quienes se sumaron por los lados a la violencia que cobró medio millón de muertos y desaparecidos, querrían invocarla de nuevo como derecho adquirido. También yerran el ELN y las disidencias de las Farc si, como aventura el Defensor del Pueblo, promueven en algún grado las invasiones. Pero unos y otros aran en el desierto: no está ya dispuesto el país al sacrificio ni a la guerra.
Dijo Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, que aquella iniciativa de Lafaurie coincide con las Convivir, origen de la amarga sangría que Colombia no quiere revivir. “No, no más civiles armados, apuntó; de ningún lado, y menos de los señores que dicen ser empresarios del campo”: los conflictos de tierras los resuelven las entidades del Estado, no los particulares; ni organizaciones privadas de protección de la propiedad, ni invasores ni ocupantes. Si la mayoría de éstos últimos son campesinos cansados de confiar en promesas incumplidas y con los cuales discute acuerdos el Gobierno, éste ha anunciado también que allí donde medren armados ilegales les hará sentir el peso de la ley. Empezando porque les negará la titulación y todos los apoyos oficiales para explotar el fundo.
Precisa el Gobierno que se propone cumplir rigurosamente el Acuerdo de Paz, en particular el punto uno de reforma rural: adjudicar 3 millones de hectáreas a campesinos; formalizar 7 millones de hectáreas abriendo puertas a todos los medios de fomento que el Estado ofrece en crédito, asistencia técnica, adecuación de tierras y comercialización; y culminar el catastro multipropósito para saber qué tierras hay, a quién pertenecen, a qué se dedican, cual es su potencial real. Que las tierras inexplotadas paguen impuestos o, en su defecto, se le vendan al Estado para que éste las distribuya entre campesinos laboriosos. Sugiere Petro comprar los 3 millones de hectáreas con deuda pública redimible a futuro, compensando el golpe a la deuda pública con una reestructuración del gasto del Estado; por ejemplo, sobre los múltiples ejecutores de vías.
Esta reforma agraria ofrece salidas plausibles a los problemas estructurales del campo: a la hiperconcentración de la propiedad, al uso irracional del suelo, a la brutalidad contra el campesino. Es decir, al modelo de tenencia y uso de la tierra, que es talanquera formidable al desarrollo. Busca saltar del feudalismo a la modernidad: del despotismo a la democracia, de la miseria a la dignidad, de los ejércitos particulares al monopolio de la fuerza en el Estado. Busca entregar la tierra prometida, sin usurpadores. ¿Mucho pedir?
por Cristina de la Torre | Oct 12, 2021 | Educación, Régimen político, Modelo Económico en Colombia, Octubre 2021
De amplitud y duración sin precedentes, el movimiento estudiantil de 1971 fue no obstante un fenómeno “bipolar”. Mientras el estudiantado luchó en masa por la reforma universitaria, muchos de sus dirigentes quisieron “elevar” el modesto reformismo a categoría política, a revolución. Como si romper las cadenas del poder eclesial-oligárquico y la tiranía del tomismo en el currículo; como si abogar por autonomía, financiamiento, libre cátedra y universidad pública para todos no fuera el más ambicioso programa político. Pero no se conformaba aquella propuesta con este programa mínimo: se agitaba el programa máximo de revolución que casara con cada modelo del socialismo internacional hasta simpatizar, a menudo, con su modalidad de lucha armada: si el modelo soviético, con las Farc; si el chino, con el EPL; si el cubano, con el ELN. Trasplante a la brava del dogmatismo que informó los totalitarismos comunistas, para cercar al contradictor y nutrir retóricas de vanguardias construidas en el aire: sin pueblo. A distancia de este espíritu doctrinario, diría Hernán Darío Correa, la oleada del pensamiento crítico que oxigenaba desde París en el 68; aunque allá fue rebelión contra el Estado tutelar y la familia patriarcal, y aquí la solución del problema universitario tenía que pasar por la acción del Estado.
En la crisis social abrevó el movimiento del 71. En la estrechez del aula para albergar contingentes crecientes de muchachos que aspiraban a formación profesional; en un movimiento campesino resuelto en invasión de tierras; en el hastío con el Frente Nacional que había trocado la competencia política por una desproporcionada acción contrainsurgente del Estado contra guerrillas en ciernes y contra todo el que discrepara del orden conservador en el único país latinoamericano que no ha tenido un gobierno de izquierda. En el supuesto fraude de 1970 que entregó la presidencia a Misael Pastrana, cuya ejecutoria inmortal sería el entierro de la reforma agraria.
Con todo, no podía atribuirse el surgimiento de la insurgencia al portazo del Frente Nacional contra los partidos de izquierda, un lánguido porcentaje de la cosecha electoral. Ni los abusos y arbitrariedades de la democracia colombiana podían equipararse a los de las dictaduras militares del vecindario. Disonaba, pues, la ruidosa perorata del mesianismo, así trasladada al movimiento estudiantil. Liderazgo efímero del sueño revolucionario en las aulas, mientras se afirmaba el estudiantado en el cogobierno de la universidad y se volcaba al estudio de la realidad nacional. 40 años después, protagonizaría la MANE una vuelta de tuerca: se dio el movimiento una dirigencia plural salida de la base, interpretó el sentir del estudiantado como categoría social, lo vinculó a la lucha contra la privatización, logró que ésta fuera pacífica y, en 2018, que el Gobierno destinara 6% del PIB a educación. En el estallido social de 2021, jugaría papel medular.
Periplo semejante al descrito en 1918 por la reforma universitaria de Córdoba, Argentina, que se extendió al punto a toda la América Latina. Primero como puntal de las reformas liberales que enfrentaron la tórrida herencia colonial; y luego, como ariete del cambio político y social, bandera flameante ya en el continente entero. En Perú dio lugar al primer gran partido revolucionario, nacionalista y popular, con réplicas por doquier: el APRA.
Tarde nos llegó el coletazo de Córdoba, acaso porque fuera nuestro país casi el único en donde al timonazo liberal de un siglo atrás se respondió con la Violencia. Aunque todas las escolásticas y sus catedrales –las reaccionarias y las comunistas– se disputen todavía la grey blandiendo el fierro o impostando superioridad moral, una pregunta queda: ¿no habrá resultado más transformadora la reforma que la revolución?
por Cristina de la Torre | Oct 1, 2021 | Modelo Político, Modelo Económico en Colombia, Septiembre 2021
Van por los restos. Ya las bancadas del Gobierno preparan anhelantes el asalto final al erario, no sea que se queden con bolsillos y urnas a medio llenar. Tumbar la Ley de Garantías Electorales será tarea de cierre para cargar sin obstáculos el último saco de la cosecha de corrupción en esta Administración, puesta la mira –entre otros– en los $20 billones de regalías represadas y en los $2 billones reservados a vías terciarias. Si no caen sobre el pastel entero, a lo menos sobre una porción que asegure la curul y el nuevo ciclo de puestos y contratos cocinados en la sombra con amigos. Prolongan la saga de Reficar, Odebrecht, Saludcoop o el carrusel de la contratación en Bogotá, cuyo cerebro, Emilio Tapia, reaparece como el Ave Fénix en la defraudación de Mintic por $70 mil millones.
A su lado, la ejecución de $5,7 billones del Fome en la pandemia que, según el Foro Nacional por Colombia, registra alertas y “promesas” de investigación. Si no fuera por su grotesca incongruencia, muchos de esos contratos moverían a risa: una distribuidora de licores que vende ventiladores clínicos, una polvorera que vende tapabocas, una firma que suministra materias primas a industrias del acero y el petróleo vende ventiladores para las UCI. La suma de estos contratos daría $179,116 millones. Modesta muestra de la corrupción que puede brotar allí donde el gobernante trueca el interés colectivo por el suyo propio y el de su círculo de poder.
Que corrupción hubo siempre no se discute. Pero en las últimas décadas se acumularon factores que no fueron ya de riesgo sino dinamita para una explosión en masa de la robadera. Para comenzar, con la fiebre privatizadora de 1991 que entregó a particulares empresas y funciones del Estado, creyeron los constituyentes erradicar la corrupción: la empresa privada se les ofrecía como un nirvana de pulcritud y decencia. Se equivocaron. Servicios públicos, salud y pensiones fueron desde entonces negocio de mercaderes, mientras la contratación pública crecía como la espuma, casi sin controles, para contento de sus usufructuarios mayores: funcionarios, políticos y contratistas. Afirmada sobre la cultura de la ley hecha para violarla, del clientelismo y de las mafias, a la corrupción han contribuido también otros factores:
La elección popular de alcaldes y gobernadores rompió los controles (con vacíos pero todavía vigorosos) del poder central sobre funcionarios que se rodearon de nubes de contratistas compinches, mientras las contralorías departamentales participaban del negocio. A la postre, también el poder central se lucraría impunemente bajo el ala de los organismos de control cooptados por el Ejecutivo, como sucede hoy. El auge del petróleo y del carbón, traducido en regalías, derivó en feria de millonarios elefantes blancos. Y, con la circunscripción nacional para senado, los costos de una campaña llegaron a superar los $25 mil millones financiados por alguna chequera intrépida, erogación que el dadivoso recuperaría después con creces en contratos públicos. La financiación privada de campañas electorales es fuente suprema de la corrupción.
Contra ella nada hace el Consejo Nacional Electoral, órgano integrado por delegados de los partidos a los que pretende controlar; ellos mismos tampoco sancionan a sus corruptos. Y sigue triunfal, eficientísima, la sociedad entre funcionarios públicos que monopolizan la contratación del Estado y los políticos, con pliegos amañados y a menudo sin licitación. Tal como lo harían ahora, para reelegirse y acabar de enriquecerse, si hunden la Ley de Garantías. Rendición de cuentas, investigación y sanción quedarán para otros aires. El abuso de poder en este Gobierno es, en palabras del Foro por Colombia, vulneración, afrenta y deshonra para la democracia. Digamos, una cueva de Alibabá.
por Cristina de la Torre | Mar 20, 2021 | Reforma Agraria, Modelo Político, Modelo Económico, Izquierda, Conflicto armado, Política agraria, Política económica, Modelo Económico en Colombia, Marzo 2021
Se descalifica por “chavista” la propuesta económica de Petro, cuando ella difícilmente emula el reformismo liberal de un Carlos Lleras. Preocupa, en cambio, la blandura de su “pudo haber sido un error” en respuesta a Vicky Dávila sobre responsabilidad del M19 en el holocausto del Palacio de Justicia que esa guerrilla provocó. Invoca el candidato el derecho de rebelión. También lo hace Timochenko en proceso público que reconocerá verdades del conflicto. Pero éste declara que “el derecho de rebelión no es patente de corso para ejecutar crímenes de guerra o no asumir nuestras responsabilidades”. Sí. Algo va de muertos habidos en combate con el enemigo a los muertos inocentes que resultan de una acción terrorista.
Por lo que toca al modelo económico, si no sirviera a causa tan deleznable como la sociedad del privilegio, daría risa el patetismo de la derecha. Ha desatado ella un alud de propaganda antediluviana contra el restablecimiento del rol del Estado, insoslayable ya como organizador del desarrollo que el neoliberalismo aniquiló. Denuncia Juan Lozano “una peligrosa artillería orientada a socavar la iniciativa privada, la libre empresa y la libre competencia que pasa por volver pecaminoso el éxito empresarial”. Y, en alusión a Petro, el infaltable comodín del chavismo.
Pero la propuesta económica del líder de la Colombia Humana –impulsar un capitalismo productivo de generación de riqueza y su redistribución– no trasciende la del expresidente de marras cifrada en reforma agraria, control de capitales, integración andina y tatequieto a la banca multilateral. Reformismo liberal anclado en la industrialización y en la modernización del campo, es escuela emparentada con el capitalismo social que hoy promueve toda la centro izquierda. A Petro alcalde le cobraron como embuchado comunista su intento de devolver al sector púbico el servicio de acueducto. Mas, antes de que los idólatras del mercado liquidaran la iniciativa económica del Estado y su función social, ya Colombia había experimentado durante medio siglo el modelo que confiaba al Estado servicios públicos e infraestructura del desarrollo. Derechos ciudadanos y bienes de beneficio común fueron indelegables al sector privado. Taca burro la derecha.
Por otro lado, aunque Petro no estuviese personalmente involucrado en los hechos del Palacio y pese a que el Eme fue indultado, debería el candidato sumarse a la autocrítica de Antonio Navarro, más necesaria hoy que nunca. Para el dirigente, aquella acción armada fue “el peor error del M19, [pues] marcó con fuego la historia de Colombia. Difícilmente ha pasado en este país algo más terrible… una terrible equivocación de la cual nunca nos arrepentiremos lo suficiente […] Aunque no tuve responsabilidad en la toma, soy el superviviente del Eme y a nombre de todos mis compañeros he pedido perdón por lo sucedido”.
Más de un pensador ha legitimado la rebelión contra el tirano. La justificó Santo Tomás como resistencia contra él, aun, hasta eliminarlo. Hobbes la considera inevitable cuando no garantiza el soberano la vida y la seguridad de los asociados. En el legítimo alzamiento contra una dictadura oprobiosa, será crucial establecer, primero, si se configura tal régimen de fuerza; y segundo, si la rebelión tiene licencia para derivar en guerra sucia. El Che Guevara condenó la lucha armada contra el autoritarismo que abrigara resquicios de democracia. Y el derecho internacional regla el conflicto armado: condena los crímenes de guerra y de lesa humanidad. En un país abocado a la prueba ácida de la verdad, a demandar claridad sobre acontecimientos que lo marcaron con sangre, no deberían sus líderes callar o guarecerse en la ambigüedad. Aquí puede faltarle a Petro la coherencia que su programa económico respira. Unas de cal, otras de arena.
