De regreso al Estado social

No se ha necesitado (por ahora) una sublevación popular. El coronavirus se encargó de destapar las taras de una economía montada sobre el hambre, la inequidad y el desempleo. De un capitalismo que agota en sus excesos, no digamos la posibilidad del bienestar, sino la supervivencia misma de millones de colombianos. Si muchos vacilan todavía entre morir de hambre o del virus, éste empaña también la rosada aurora del modelo que concentró la riqueza –como jamás lo registrara la historia– en una élite económica mimada hasta la obscenidad por gobiernos y legisladores. Hasta en la divisa de socorrer a los más pobres con fondos de pensiones que pertenecen a las regiones, alargó el Gobierno la uña para entregárselos a bancos y grandes empresas. Pese a que el Banrepública acababa de destinarle $23,5 billones a la banca y a que en el mes de agosto pasado amasó el sistema financiero $65,2 billones de utilidades.

Pero, efecto insospechado de la pandemia, ésta le devolvió al Estado control de la salud pública e instrumentos de dirección de la economía. Tras mucho errar y vacilar, apareció el viernes en pantalla el presidente Duque en aparente dominio de su función frente a la crisis. ¿Iniciaba el renacer de lo público que, por efecto de demostración, acaso no tuviera ya reversa? Pasado el trance, tal vez acuse también Colombia el golpe a la globalización que fue panacea de unos cuantos e infierno de la mayoría. Y corrija el rumbo hacia la producción de riqueza con equidad, empleo formal y respeto por el ambiente. Ejemplos hay en la historia reciente: a la Gran Depresión de los años 30 respondió Roosevelt con el New Deal que conjuró la pobreza y el desempleo, y enrutó a Estados Unidos por el camino del Estado social, que hoy volvería a ofrecerse como solución a crisis parecida.

Proponen César Ferrari y Jorge Iván González cambiar en Colombia la mirada de la economía: volver a la inversión pública y aumentarla. Financiarla con mayor recaudo fiscal, mediante tributación progresiva que reduzca exenciones y eleve tarifas de impuestos al patrimonio y a la renta de personas naturales (en particular a los dividendos). Invertir regalías en grandes proyectos de infraestructura –formidables creadores de empleo–; en proyectos estratégicos como el de carreteras de tercer nivel. Frenar el déficit en balanza de pagos, aumentando exportaciones y reduciendo importaciones: reindustrializar. Actualizar el catastro y extraer de allí ingresos vitales para los municipios.

El catastro multipropósito, programa que en buena hora emprende este Gobierno, pintará el mapa de la propiedad rural, de su valor económico, su estado jurídico y su componente social y ambiental. No sólo servirá para tasar el impuesto predial sino para planificar el desarrollo, en función de la ocupación de la tierra y de su vocación productiva. Queda, sin embargo, una interrogante crucial: ¿por qué aplaza la formalización de los siete millones de hectáreas que están en la raíz del conflicto armado, y la identificación de los baldíos abusivamente ocupados?

Con todo ello vendría la reactivación del campo. No apenas para dinamizar la producción, sino para garantizar la seguridad alimentaria. Vencido el virus, Colombia no será la misma. Ya se ha dicho. Será el momento de rediseñar el contrato social. Con menos capitalismo y más humanismo, dirá el profesor Augusto Trujillo; con menos ética del éxito y más ética de solidaridad, con menos competitividad y más cooperación. Con miras al Estado social como alternativa al estallido social. Para que el coronavirus no se ofrezca como problema de orden público sino de política pública. ¿Se rendirá Duque a la evidencia, o disparará contra los indignados?

 

 

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Reanudar relaciones con Venezuela

Si tuvieran algún sentido del desarrollo, algún sentido de patria, se jugarían nuestros empresarios el restablecimiento de relaciones comerciales con Venezuela. Ya que son Gobierno, y el presidente Duque, su servidor y amigo. Oportunidad que el propio Maduro le abre a Colombia, mientras ofrece al capital extranjero el control de su industria petrolera y Trump vira hacia una propuesta de gobierno de transición en este país: rinden frutos su bloqueo económico a la dictadura, y la comprobación de que ésta de Maduro ostenta la misma vocación de eternidad de sus gemelas en Rusia, China, Cuba y Corea. Vira también el Grupo de Lima, en pos de una solución pacífica y democrática.

Reabrir el mercado de Venezuela no revertiría el modelo de apertura hacia adentro que rige en Colombia desde 1991 e hirió de muerte su industria en ciernes; pero sí empezaría por aliviar la crisis de balanza comercial, efecto de aumentar importaciones y reducir dramáticamente nuestras exportaciones. Venezuela fue por décadas su primer destino; y ahora, malogrado su aparato productivo, abre mercado a Colombia y podría explorar en el nuestro. Al vecino nos unen la historia, la cultura, la gente, 2.000 kilómetros de frontera, un natural intercambio de mercaderías y 1.500.000 migrantes, a medias colombianos, que han dinamizado nuestra economía.

Es el nuestro un modelo de sustitución de la industria y la agricultura propias por la foránea; un modelo que sustituye el empleo nacional por el extranjero. Paradigma de no-desarrollo, nos condena a la exportación de productos primario —petróleo, café, bananos, flores—, y nos niega el salto a la producción de bienes de tecnología avanzada y buenos salarios. Todo comenzó con la súbita reducción de aranceles de Gaviria: antes de la apertura eran del 30%, y hoy, del 5%. Según Mauricio Cabrera, entre 1991 y 2018, las importaciones pasaron de representar el 8,6% al 15,5% del PIB: aquellas crecieron  el año pasado 9,2%, más del doble de la demanda interna y casi el triple que el PIB. Significa que los colombianos estamos comprando más productos extranjeros que nacionales. Desde 2001, las ventas de textiles y confecciones crecieron 146%; pero la producción nacional de confecciones subió apenas el 24%, y la de telas cayó 42%.

El mercado de Venezuela se ofrecería como oportunidad para aumentar exportaciones y diversificarlas. Vale decir, para reemprender el camino del desarrollo industrial. Al cual se aboca también el país vecino, con más veras si prospera la idea de repotenciar el Grupo Andino como fórmula de integración regional para el desarrollo de los países socios, y reciprocidad entre ellos. Esta vez, por supuesto, incorporando a Venezuela.

Las circunstancias evolucionan aprisa y, por qué no, también podrá cambiar nuestra relación con Venezuela. Lo mismo baja Trump la guardia frente a Maduro que protagoniza éste un viraje doloroso en el país de monopolio estatal sobre su petróleo: ahora ofrece Venezuela privatizar la empresa PDVSA. Multinacionales serían socios mayoritarios del puntal de la riqueza nacional, y aquellas condicionan su inversión multimillonaria a que Trump elimine las sanciones contra ella.

Invita el presidente del BID a los empresarios colombianos a exportar, a salir de su zona de confort. En clásico mohín de hipocresía, podrán ellos negarse a tratos con el castrochavismo, buscar aterrizaje en China, y entregarle no sólo el metro de Bogotá. ¿Será por ventura Jinping menos dictador que Maduro? ¿No sugiere la privatización de PDVSA entronización del modelo chino, a saber, economía de mercado y gobierno autoritario? Las relaciones entre países convocan intereses de Estado, no pataleos de un Gobierno.

 

 

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Pacto socialdemócrata

Llega, providencialmente, el último libro de Piketty a esta Colombia que se rebela en las calles, como nunca antes, contra la inequidad y el abuso. Ofrece el autor propuestas de esperanza que alarman a la avara dirigencia prendada de su ombligo y su faltriquera. Y no porque traigan impronta chavista sino porque resultan viables en democracia, que respondieron con creces a la prueba de la historia. Porque son experiencia vivida, a la mano, en el Occidente capitalista durante casi todo el siglo XX, en cuya virtud se alcanzaron cotas inéditas de crecimiento económico y prosperidad. Es el modelo de la socialdemocracia.

Se afirma ésta, sobre todo, en el yunque del impuesto progresivo, con tarifas hasta del 90% a los más ricos, para financiar la política social del bienestar general: pensiones; salud y educación universales y gratuitas. Hasta los años 80-90, cuando Thatcher y Reagan soltaron las amarras a especuladores y banqueros, desplomaron la fiscalidad progresiva –Trump acabó de hundirla reduciendo hasta el 21% el impuesto de renta a los multimillonarios– y convirtieron salud, educación y pensiones en negocio privado. Pero la tempestad de la protesta arrecia en todas partes y el neoliberalismo hace agua. Piketty le contrapone el paradigma de una socialdemocracia remozada. Apunta a un nuevo contrato social basado en otra idea de igualdad, de  propiedad, de educación y distribución del poder.

Por su parte, contra la historia y el clamor de los colombianos, el Presidente Duque abruma de regalos tributarios a los más ricos. Con la reforma tributaria que el Congreso le aprobó mientras la gente acusaba la bofetada en pleno rostro, feriaba concesiones hasta  por $26 billones. Y les perdonaba a los más pudientes otros $8 billones en impuestos, para un total de $34 billones. Sin contar con que ahora los patrimonios hasta de $5.000 millones no pagarán impuesto a la riqueza. Para moderar el faltante en las finanzas públicas, sigilosamente, en las tinieblas de la última noche del año, firma el Presidente un decreto que recorta en $9 billones la inversión pública y social, salud y educación comprendidas. Seguirán los fondos privados de pensiones perorando sobre bomba pensional, las EPS apoderándose de los fondos públicos de Salud y los empresarios suprimiendo puestos de trabajo mientras se embolsillan los impuestos perdonados para que crearan empleo. Los superricos del país ni siquiera pagan la pizca que les cargan a los suyos en Estados Unidos: por rentas de capital, gracias a todas las porosidades y gabelas, aquí sólo pagan el 1.8% efectivo, señalan Espitia y Garay.

A este arquetipo contrapone Piketty una socialdemocracia remozada, con criterio igualitario anclado en la propiedad social, en la educación, en la redistribución del poder. Una democracia participativa que reoriente la economía hacia la justicia social y fiscal. Pero sociedad justa no significaría uniformidad ni igualdad absoluta. Absoluta tendría que ser, eso sí, la igualdad de acceso a los bienes básicos: a participación política, salud, educación y  renta. En ello, insiste, juega papel crucial la progresividad fiscal. Allí donde se aplicó hubo pleno empleo y, pese a impuestos elevadísimos a los ricos, la productividad y el crecimiento económico se dispararon. Y Galbraith pudo registrar su asombro ante la insospechable opulencia.

El modelo que Piketty rescata (del cual sólo tomamos aquí la progresividad fiscal) no implica la destrucción del capitalismo, pero sí podrá limar las dramáticas desigualdades que en Colombia pesan sobre una ciudadanía humillada y sin miedo. Urge un nuevo pacto social para el tercer país más desigual del mundo. ¿Un pacto socialdemocrático? Por qué no.

 

 

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Tatequieto al FMI y sus muchachos

 Volvía el Fondo Monetario Internacional (FMI) al ajuste draconiano de tres décadas atrás en América Latina; pero no calculó en su rudeza –tampoco los amigos del patio trasero en su indignidad– que se estrellarían contra una sublevación popular. Estalló en Ecuador, estalló en Chile y reverbera en Argentina. Y si, como es de esperar, el lánguido mentís de Duque a sus reformas laboral y pensional es sólo ardid de elecciones, será Colombia la cuarta ficha del dominó en caer. El FMI condicionó crédito al Ecuador a una drástica reducción del gasto público cuya medida última fue duplicar el precio de la gasolina. Gota que rebozó la copa de austeridad forzosa que se traduce en “flexibilización” laboral, aumento de impuestos al común, reducción de los mismos a los ricos, privatización de salud y pensiones, eliminación de subsidios; todo, dentro del modelo de mercado que pesa como un piano sobre los hombros de las mayorías hambreadas que esta vez gritaron: ¡estamos hartos y no tenemos miedo!

Once días duró la protesta que debutó con los indígenas y se volvió avalancha acrecida con trabajadores, estudiantes, campesinos y transportadores, cuya disciplina y organización no le restaron la vehemencia necesaria para triunfar: el Gobierno retiró la medida. La brutalidad de la fuerza pública había cobrado 10 muertos y 1.340 heridos. Notas inéditas en marchas callejeras: cientos de médicos, estudiantes de medicina y socorristas voluntarios forman cordón humanitario de protección a heridos. Algún soldado llora su arrepentimiento entre abrazos de la gente. Los manifestantes retienen a 40 policías para neutralizarlos; les dan alimento y trato digno.

Una descomunal jornada de protesta tuvo lugar el viernes en Santiago de Chile, por aumento en el pasaje del metro. 41 estaciones resultaron destruidas y dos edificios, símbolos del poder, incendiados. Tras 29 años, reapareció el ejército en las calles. Presencia ominosa que había rubricado la ferocidad de la dictadura y que hoy volvía a las andadas: se vio el video de un soldado que dispara su fusil a quemarropa a la cabeza de un ciudadano. También en Chile se apelmaza una historia de alzas en salud y servicios públicos, privatización de pensiones, impuestos a los pobres, salarios en caída y una desigualdad social intolerable. También en Chile debió el presidente derogar el decreto de marras.

En Colombia, el partido de Gobierno ha depurado dos proyectos largamente acariciados y son de la entraña del FMI: golpear los salarios, y apuntar a la eventual liquidación de Colpensiones en favor de los fondos privados. Para ello, según informe detallado de Portafolio, suprimirá el subsidio a las pensiones y elevará el aporte del aspirante a pensión. El viejo modelo de Pinochet, que el uribismo querría emular. Sabedor del daño que la noticia podría ocasionarle este domingo en las urnas, se apresuró el presidente a declarar que no, que de ninguna manera, que cómo se les ocurre. Lo mismo proclama por doquier su apoyo a la paz mientras la acosa. El hecho es que la daga contra salarios y pensiones lleva años tras la capa del mentor y no será su discípulo quien los redima. ¿Osarán el lance, en esta Colombia sofocada bajo el mismo modelo que provocó las revueltas de Chile y Ecuador?

Coda. Bogotá merece su mejor alcaldesa posible: Claudia López. Merece su mejor concejala posible: Clara López. Y Medellín merece concejalas entre mujeres extraordinarias agrupadas en el movimiento Estamos Listas para gobernar. Es iniciativa femenina que propende, no obstante, a la igualdad para hombres y mujeres. Lo que está en juego, dicen, es transformar esta ciudad inequitativa y violenta en urbe democrática, justa y plural. ¡Bienvenidas!

 

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Feriar el Estado, mimar a los ricos

 

“No concilio que se venda Isagén, privando a la Nación de un patrimonio rentable y estratégico […] Hay que mantener el control estatal sobre este tipo de empresas porque son un elemento central de la seguridad nacional…”, dijo Duque a la venta de Isagén. Pero hoy prepara la privatización de Isa, Cenit y parte de Ecopetrol, para comenzar, los bienes públicos más rentables de Colombia. Para llenar el hueco fiscal que la ley de (des)financiamiento no cubrió, ahondado por el fastuoso obsequio en impuestos que la élite económica recibió, gratis, sin que amague ella el más leve gesto de reciprocidad hacia el país. Además, con riesgo de convertir el producto de esas operaciones en plata de bolsillo de un Gobierno en campaña perpetua, proclive a la torpeza de vender la nevera para poder mercar. Ya el Gobierno puso el ojo en las 107 empresas (que valen $170 billones) donde el Estado es accionista, para vender sus frutos más apetitosos, mientras la quejosa cresta empresarial atesora gabelas oficiales y, en vez de reinvertir ganancias en proyectos productivos  para crear riqueza y empleo en Colombia, exporta sus utilidades y cierra masivamente plazas de trabajo. O especula con ellas. Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República, declara sin más vueltas que se frenó la inversión en el país.

Se hace ilusiones Carrasquilla. Espera que “la significativa reducción implementada en la carga tributaria empresarial estimule la inversión y la generación de empleo”. La verdad, como ha sucedido siempre con esta fantasía, es que –entre otras razones por angurria empresarial– la economía se empereza y el desempleo se dispara. En Medellín alcanzó 13,5% en abril. No sólo no se crean nuevos puestos de trabajo sino que se cierran por cientos de miles. Revela Mauricio Cabrera que el desempleo desborda los dos dígitos, no porque haya más gente buscando empleo (621.000 renunciaron a la faena) sino porque se han eliminado 775.000 puestos de trabajo. El país entró en una temporada de destrucción neta de puestos de trabajo, apunta crudamente Dinero.  Además,  el subempleo creció en el último año, para desaparición total de 1.389.000 empleos decentes. Una tragedia, escribe Cabrera.

Tan mal negocio será abrumar de dádivas y canonjías a una oligarquía sin sentido de patria como sacrificar el patrimonio más preciado de la Nación. Menos, cuando sus ingresos y utilidades crecen. Como es el caso de Isa, que en tres años duplicó el valor de su acción y los dividendos que gira a la nación. El año pasado obtuvo ingresos por $7,2 billones y utilidades por $1,5 billones. Es líder del transporte de energía en el subcontinente, incursiona en vías y comunicaciones y administra el mercado de energía en el país. Ecopetrol, por su parte, es la empresa más productiva y rentable de Colombia. Registró el año pasado ingresos por más de $62 billones, 25% más que el año anterior. Sus activos valen $114 billones, y su patrimonio, $57 billones.

No se entrega la infraestructura del desarrollo al interés privado. Ni se subordina la rentabilidad social al lucro particular. Trocar en negocio privado los bienes estratégicos de beneficio general puede comprometer el futuro. Privatizar no es apenas depositar en particulares la propiedad pública: es también confiarles funciones y proyectos del Estado que terminarán supeditados a su apetito de negociantes. Con la venta de Isagén, y ahora de Isa, Cenit y parte de Ecopetrol, queda en entredicho la soberanía energética del país. Como agonizantes quedan las finanzas públicas con tanto mimo a elites improductivas. El Gobierno busca la plata fuera del tiesto. ¿Por qué no condiciona la exención tributaria a la verificada creación de empleo formal? Ominosa esta fórmula de feriar el Estado y mimar, de gratis, a los ricos.

 

 

 

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Colombia y USA: el legado de los años 30

Contra todo pronóstico, para capear la desigualdad que se adueña de Estados Unidos y se creía patrimonio exclusivo del Tercer Mundo, los demócratas gringos desentierran la socialdemocracia del New Deal. Y los colombianos, la divisa liberal de López Pumarejo que, apuñaleada en la cuna, ha sobrevivido a trompicones hasta hoy, cuando el laureanismo blande de nuevo su guadaña. Al unísono con el oscurantismo cavernario que vocifera allá y acá, el neoliberalismo desmontó en el país del norte el Estado de bienestar y, en el nuestro, le bloqueó la entrada. Encima, patrocina aquí una virulenta campaña contra las instituciones primigenias de la democracia liberal.

Contra la libertad de pensamiento y de cátedra; contra la diversidad sexual y de modelos de familia; contra la real separación de iglesias y Estado; contra la reforma agraria que nunca fue, mientras hervía en sangre el conflicto por la tierra; contra la independencia de los jueces; contra el impuesto progresivo que el Gobierno de Duque ha reducido al ridículo. Si Roosevelt sorteó la crisis de los años 30 implantando el Estado de bienestar, intervencionista, López se limitó a pintar un horizonte de modernidad dentro de los cánones del Estado liberal y del capitalismo social. Una revolución, para la hegemonía de capataces que regía. Y que rige. Después de casi 90 años, como si no hubiera corrido el río de la historia, habría que rescatar el programa de López Pumarejo.

Bajo el efecto de demostración de la Revolución Mexicana, con su reforma agraria y clerical que impactaba por doquier, el modelo de López apuntó a industrialización; a reforma agraria atada al principio de función social de la propiedad, para modernizar el campo y presionar la explotación de la tierra; a impuesto directo y progresivo para financiar la política social desde el Estado. Se batió por Estado y educación laicos, que el conservatismo filofranquista y la Iglesia tuvieron por asalto a la moral cristiana, por instrumento de la bestia liberal contra la familia en la heredad de Cristo-Rey y, en materia agraria y fiscal, por usurpación de la propiedad. Entonces fue la Violencia. María Fernanda Cabal no sólo niega hoy la opción de una reforma agraria sino la restitución de las tierras robadas.

Emulando a Monseñor Builes, les niega Vivian Morales derechos a la mujer y a los homosexuales. Otra audacia de su partido religioso, el ojo puesto en el Estado confesional que fuera meca y respuesta del  partido azul a la Carta del 36. Por el mismo sendero camina John Milton Rodríguez, con proyecto que mata la libertad de cátedra y de pensamiento. Y el senador del CD, Juan Carlos Wills, con el suyo de crear un ministerio para imponer la minoritaria familia patriarcal como modelo único. Se ha revitalizado en Colombia el discurso fascista presidido por los vocablos inapelables de dios, patria, familia, propiedad y orden enderezado a imponer una república autoritaria y cristiana.

Guardadas diferencias, mucho del elán del New Deal se respira en López Pumarejo. Para enfrentar la depresión de los años 30, intervino Roosevelt la banca. Reactivó la industria mediante planes gigantescos de obras públicas. Planificó la agricultura. Elevó salarios e ingresos para reactivar la demanda, y con ella, la producción. Configuró un Estado de bienestar, con fuerte impuesto progresivo para financiar políticas públicas en salud, pensiones y seguro de desempleo. En línea parecida van hoy Bernie Sanders y otros precandidatos demócratas.

En Estados Unidos y en Colombia, adquieren Roosevelt y López vigencia renovada como alternativa al modelo neoliberal de mercados sin control para engorde de los tiburones y extinción de las sardinas, tropelías del sistema financiero e impuestos en picada para los ricos. Bienvenido el legado de los años 30.

 

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