por Cristina de la Torre | Feb 6, 2024 | Febrero 2024, Paz Total, Gustavo Petro, Modelo Político, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Impunidad, Justicia, Proceso de paz, Actores del conflicto armado
Error monumental. Cuando el desafío es dar con hechos de Gobierno la talla de su discurso de cambio, prescinde el presidente de Jorge Iván González, artífice del Plan que enruta a Colombia por el defenestrado desarrollo; provoca la renuncia del experimentado investigador y ejecutor de políticas, orgullo del gabinete. Y la de ministros no menos respetables. Que se sepa hasta ahora, la de Germán Umaña, cuyas estrategias de reindustrialización responden a un anhelo sepultado durante 30 años. Y la de Néstor Osuna, jurista de alto vuelo con propuestas de reforma a la justicia capaces de ponerla al alcance de todos, humanizarla y cercar la impunidad. Como si los vacíos del Gobierno personalista -que en la inacción devienen abismos- pudieran llenarse convirtiendo a sus ministros en chivos expiatorios del jefe en cuyo liderazgo reposa la responsabilidad del mando. El bajonazo en popularidad del presidente sugiere que Gustavo Petro fue elegido menos por los rasgos de su personalidad que por izar después de cien años las banderas del reformismo. Pero, incierto el cambio, tras año y medio de mucho pregonarlo y ejecutarlo poco, se ha quedado en sueño, y los sueños sueños son.
Y, sin embargo, la visita al Pacífico olvidado con el Ejecutivo en pleno aterrizó un viraje para acometer, en descentralización de facto, las tareas que las comunidades demandan: acueductos, colegios, universidades, hospitales, hidroeléctrica, puerto. Y titulación de casi 29.000 hectáreas a la comunidad del Micay. Si salta todo ello de promesa a realidad tangible, y dondequiera reine la necesidad, habrá honrado la promesa de cambio y creado argumentos imbatibles de campaña, si su partido aspira a continuar la transformación del país.
Proyecto estrella del Gobierno, este Plan Nacional de Desarrollo modifica el horizonte tradicional de la planeación en el país. Ahora intersectorial, sus referentes son las regiones y las personas. Producto de 53 diálogos regionales, 250.000 miembros de comunidades participaron en sus definiciones y objetivos, la paz en la mira. Va en pos de un nuevo contrato social que permita superar injusticias y exclusiones históricas, cambia nuestra relación con el ambiente y persigue una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. El cumplimiento de estas metas no es posible sin el concurso de todos los alcaldes y gobernadores y sin el aporte de las organizaciones gremiales, escribió González en su carta de renuncia.
La política de reindustrialización que el ministro Germán Umaña trazó apunta a cambiar el paradigma productivo para diversificar la oferta exportadora con bienes y servicios que incorporen valor. Lo cual implica multiplicar la inversión extranjera directa, la del capital nacional -sea exclusiva o público-privada- y la inversión del Estado, que ha de ser masiva. Ahora bien, después de 30 años de apertura, privilegiar la industria implica cambiar el modelo de desarrollo, en lo que coincide con el DNP.
Mejorar el acceso a la justicia, reducir la impunidad, combatir la corrupción, propender a la solución pacífica de conflictos, ayudar a construir la paz y volcar la justicia al esclarecimiento de la verdad son lineamiento de la reforma que el ministro de la cartera, Néstor Osuna, trazó. Propone revisar el criterio punitivo de la justicia y contemplar el restaurativo.
Haría bien el presidente en ratificar a sus ministros y asumir las dificultades de la administración que a él competen. No se puede jugar al caudillo para la gloria y a la víctima para los sinsabores del poder que él ejerce a plenitud.
Coda. Me sumo al clamor ante la Corte Suprema para que elija este jueves a la nueva fiscal en propiedad. Se juega la integridad moral y jurídica de la Fiscalía.
por Cristina de la Torre | Nov 7, 2023 | Noviembre 2023, Estado liberal, Constitución de Colombia, Protesta social, Polarización social, Reforma a la salud, Derecho fundamental, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Estado Social, Capitalismo Social, Estado de Derecho, Reformas liberales, Capitalismo, Libre Mercado, Neoliberalismo, Seguridad social, Modelo Político, Modelo Económico, Salud, Personajes, Justicia, Corrupción, Modelo Económico en Colombia
Y dele con el sambenito de la ideología. Opositor político, dirigente de EPS, jefe gremial, académico de everfit en regla o caudillo que se respete descalificará desde su propio arsenal de ideas-fuerza la reforma a la salud: proyecto estatizante de inocultable sabor comunista, dirá, se brinca el criterio técnico y financiero que encumbró a este sector en Colombia al podio de los mejores del mundo. Teme Álvaro Uribe el arribo de un “empadronamiento socialista” en afiliación al sistema de salud, la supeditación de las EPS al Estado y augura una explosión de burocracia y politiquería en el sector. Carlos Caballero lo secunda: esta reforma respondería al “prurito ideológico de estatizar”.
Bronco recurso de propaganda que evade los términos reales de la lid: una dura confrontación entre ideas del Estado social que concibe la salud como derecho fundamental inalienable y el refocilado Estado liberal radical que la privatiza y menea la ficción ideológica de neutralidad de la técnica; para no llamarla por su nombre, el lucro, cosechado precisamente por negación del servicio. Se dirime, pues, si las EPS se subordinan al Estado -como sucede en economías mixtas y lo teme el expresidente- o si se sigue subordinando el Estado al bolsillo y a los abusos de las EPS.
Se remonta la disyuntiva a la Constitución misma, que consagra a un tiempo el derecho fundamental a la salud y el derecho de libertad económica en su dimensión de libertad de empresa, como lo registra el muy ponderado estudio de Jaime Gañán, Los muertos de la Ley 100, que aquí glosamos. Estos principios jurídicos -sostiene- entran en colisión, termina por prevalecer el principio de libertad económica que opera como negación de servicios y estalla, por fin, en riadas de tutelas. La tensión entre el derecho social y el derecho económico cristaliza en la ineficacia del sistema.
Si, dos ideologías se enfrentan aquí. La del Estado social, cuyos presupuestos de salud, vida, igualdad y dignidad humana consagra nuestra Carta, por un lado, y por el otro, el derecho de libre iniciativa económica para derivar utilidad privada. Pero si el primero se aparta del socialismo al reconocer el derecho de libertad económica, otorga al Estado capacidad de intervención para regular la economía y presidir la política social. El segundo evoluciona desde la economía liberal ultramontana (con su valor absoluto de libertad económica) hacia la libertad regulada, limitada por los fines del Estado social: el interés general y el bien común. Si la protección de los derechos sociales entra en crisis es porque la Carta del 91 coincide con la entronización del modelo neoliberal, que burla la economía social de mercado del Estado de bienestar.
En el modelo Ley 100 la salud parece ser un bien más de tráfico mercantil que un derecho fundamental: el aseguramiento en salud escala a negocio sin par. Su racionalidad económica, que baja costos para maximizar ganancias, opera por negación masiva de servicios por las EPS. Las tutelas se desbordan. El año pasado registró 114.313 por salud, 58.3% más que el año anterior.
La Ley Estatutaria de Salud de 2016 protocolizó el principio de la salud como derecho fundamental y servicio público esencial. Y la función de dirección del Estado en el sector, enderezada a promover la salud, prevenir la enfermedad y suministrar atención primaria a todos los colombianos. El choque de ideologías se traduce en defensa de la salud como negocio administrado por los grupos financieros, o bien, en su afirmación como servicio público. Se impone un acuerdo razonable que controle la mano invisible del mercado con la mano visible del Estado.
por Cristina de la Torre | Sep 26, 2023 | Septiembre 2023, Crímen organizado, Narcoestado, Lavado de activos, Corrupción Electoral, Manipulación Electoral, Fraude Electoral, Derecha, Paramilitarismo, Modelo Político, Justicia, Corrupción
Clarísimo: había que vetar La Costa Nostra, desactivar esta carga de dinamita contra el imperio inexpugnable de los Char, cuya primera grieta asoma en la detención del delfín, Arturo, por concierto para delinquir y corrupción del sufragante agravados. Pero el silencio no era una opción, declaró Laura Ardila, autora de la crónica que desnuda, a todo color y en escenarios donde sus protagonistas fungen menos como héroes que como villanos, las entretelas del poder edificado en la corrupción. Mas no moraliza Ardila, ni oculta méritos en la administración de la ciudad, ni precipita diagnósticos inapelables. Va hilando hechos que terminan por tejer la filigrana completa de una hegemonía cuyas dinámicas se replican en el país entero, y configuran el modelo político que se impuso: la privatización del poder público en favor de agraciados del destino que supieron combinar negocios particulares y contratación pública con corrupción electoral y resbalones en el paramilitarismo.
Tras la exaltación del llamado milagro de Barranquilla, dice la autora, yace el costo ético, político y democrático de la incautación del erario para enriquecimiento y solaz de unos cuantos. La moral del todo vale desbocada en simbiosis de poder económico y político, meca real del clan que había roto con el cura Hoyos por quebrar a delito limpio la ciudad. Saneó sus finanzas, sí, pero terminó cooptando a los autores del desastre y, en radical falta de escrúpulos, montó un sofisticado entramado de contratación pública, de modo que todo quedara en familia y entre amigos. Cerró filas con adversarios y con la talentosa compravotos Aida Merlano, hoy sentenciada por delitos propios y ajenos.
Tras desapacible paso por el Concejo, Alejandro Char se hizo constructor y contratista del Estado. Se asoció con su cuñado, Guido Nule, y con sus primos, reyes del carrusel de la contratación que desfalcó a Bogotá. En sólo dos años, entre 2004 y 2006, suscribió el cuarteto contratos con Barranquilla por un billón de pesos. Habiendo quebrado a la Arenosa, con Alex Char escalaron los Daes a megacontratistas de la ciudad. Con estos compartieron mieles otros fieles del círculo íntimo del alcalde: Julio Gerlein, Faisal Cure y Samuel Tcherassi. Por su parte, la interventoría de los contratos recaía en miembros de la familia Char que, cosa rara, no detectaron el mecanismo perverso de probable lavado de activos en que incurría la propia ciudad: préstamos de los contratistas mismos para ejecutar las obras y luego pagados con dineros de cualquier laya.
Con la alianza Char-Cambio Radical, se dispararon los contactos nonsanctos. David Char Abdala, en lista de ese partido, reconoció haberse aliado con paramilitares. Su fórmula, Alonso Acosta, enfrentó juicio por parapolítica. Cambio Radical avaló en 2011 a Kiko Gómez, homicida exgobernador de la Guajira. Allí sellaron los Char alianza con Oneida Pinto, ficha de Kiko Gómez. En Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba y Sucre avalaron a paras o afines.
En la casa Gerlein se consagró Aida Merlano como experta coordinadora del mercado de sufragios. Sentenciada la subalterna a 15 años de prisión, ella mostró pruebas de que tanto Gerlein como Alejandro y Arturo Char habían financiado este delito. Y con fondos oficiales. La plata salía del distrito, declaró, “gracias a que en su segunda administración Char se embolsillaba el 30% de los recursos de aquella contratación…”
Cifra fatal: pese al “progreso” que publicita Barranquilla, 30% de su gente hace sólo una comida al día. Aunque el promedio nacional de hambre es inferior, vuelva el amable lector los ojos sobre su ciudad o su región, y descubrirá que la Costa Nostra es Colombia toda. Este libro debería ser lectura obligada en colegios y universidades.
por Cristina de la Torre | Ago 15, 2023 | Agosto 2023, Congreso de la República, Crímen organizado, Farc, Violencia, Gustavo Petro, AUC, Fraude Electoral, Antioquia, Iván Duque, Paramilitarismo, Modelo Político, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, Justicia, Corrupción, Actores del conflicto armado
La frase, de un congresista en prisión, alude a una realidad abrumadora: se ha pasado en Colombia de la cruda incursión del narcotráfico en elecciones a la corrupción política como profesión. Se asimila el reino de la ilegalidad al negocio de la política, mientras hombres de negocios proceden como mafias. Los comicios son cada vez más una feria en mercado libre de inversión y de lucro, de lavado de activos y asalto de piratas que pasan por políticos a los recursos del Estado. Ideas, pocas o ninguna; es el poder por el poder, por el erario. A dentelladas. Lo que alarma ahora es que el fenómeno pueda penetrar en su antípoda moral: en la fuerza contestataria representada por el hombre que encaró la parapolítica, con riesgo de su propia vida, y que hoy encarna los anhelos de cambio.
Artífice de este azar, su propio hijo. Deslumbrado por los fuegos de artificio que rodean el ascenso de sectores que reclaman su parte en el poder -a menudo desde el delito y el crimen- resulta Nicolás Petro sindicado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Revela, además, financiación ilegal en la campaña del presidente. Sin pruebas para querella judicial, el daño es político: estocada directa a la yugular, desestabiliza al Gobierno y compromete su proyecto reformista. El presidente Petro está obligado a pasar de la presunción de inocencia a demostrarla. Tendrá que demostrarla por honor, y apuntando a menguar la marcha de la fronda que menea cada día nuevos pretextos para tumbarlo.
Agranda ella errores del reformador -por serlo- mientras sigue echando tierra a las vergüenzas de sus antecesores. No defenestró a Uribe por encontrarse su bancada incursa en parapolítica (narcotraficantes, políticos y empresarios en llave); ni porque corriera la ruidosa bola del enriquecimiento de sus hijos por favores del poder. Tampoco movió un dedo para emplazar a Duque cuando se sindicó a su campaña de recibir dineros del narcotraficante Ñeñe Hernández; ni cuando, suvenir de despedida, enterró la Fiscalía la investigación.
Mucha agua ha pasado bajo el puente desde el proceso 8.000, afirma Gustavo Duncan; no es el mismo río, pues ha cambiado la relación entre narcotráfico y política. El cartel de Cali aportó directamente a la campaña de Samper. Pero con la desmovilización de las AUC y las Farc, reyes del narcotráfico, los armados se desplazaron hacia la periferia y se fortaleció en su lugar el poder político de un sector económico enriquecido en el negocio: lavadores, contratistas del Estado, contrabandistas, políticos corruptos colonizaron franjas enteras del poder público y minaron la democracia. Conforme perdían poder los armados y las mafias, agencias del Estado y sus recursos se volvieron fuente privilegiada de riqueza. Ahora son empresarios especializados en contratación pública, en lavado de dinero y contrabando quienes financian las campañas, explica Duncan. Mil indicios y sospechas de tratativas con la corrupta Odebrecht salpican a los expresidentes Uribe, Santos y Duque.
Parte de la nueva capa social se integra a las elites desde su ilegalidad de origen, así como el narcotráfico movió su mercancía por la red de vías que los viejos contrabandistas habían trazado desde hace casi un siglo. Aventureros que en Antioquia, verbigracia, alcanzaron prestancia parecida a la de los paladines de la industria. ¿Ninguna distancia crítica? ¿Rige para todos la misma identidad ética edificada en la exaltación del enriquecimiento personal a toda costa?
Si equidad y democracia han de ser parales del acuerdo nacional, tendrán ellos que afirmarse en la profilaxis de la política. Y esta debería empezar por aplicar sanción jurídica o social a los hijos del Ejecutivo que hayan abusado de su condición de privilegio.
por Cristina de la Torre | May 15, 2023 | Conversaciones de Paz, Guerrillas, Fuerzas Armadas, ELN, Gustavo Petro, Modelo Político, Modelo Económico, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, Acuerdos de paz, Actores del conflicto armado, Mayo 2023
Ha prevalecido la impresión de que el Gobierno lo concede todo, y el Eln, nada. Más aun, en espacios como este se temió que el nuevo modelo de negociación con esa guerrilla condujera al cogobierno con una fuerza insurreccional en armas, pues tampoco parecía ella dispuesta a deponerlas. Pero ahora, en una de sus más acabadas exposiciones, destapa el presidente Petro el lado oscuro del Eln: ésta no es la insurgencia que apuntaba a la derrota del Estado -declaró ante 85 comandantes de las Fuerzas Armadas-; hoy se contrae a pelearse con otros armados el territorio, en pos de la economía ilícita. Es esta la razón de ser del nuevo Eln, una federación de frentes autónomos que los añosos dirigentes con nostalgia de pasado revolucionario no representarían ya. Divorciado de ideales políticos, el Eln no sería más una fuerza insurreccional sino una organización marcada por la impronta de “la plata”, por la dinámica del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
Severo mensaje envía el Presidente al tercer ciclo de conversaciones en Cuba: a la paz se arribará por una estrategia combinada de acción militar sin contemplaciones contra los circuitos del narcotráfico y políticas de desarrollo en las regiones. Destruir la economía ilícita mediante inteligencia y acción armada en el terreno, y recuperar el territorio con políticas sociales y económicas serán ahora las metas de la seguridad. Una cosa es la insurgencia, apunta Petro; otra, el engendro bifronte de dinero y terror del narcotráfico, que llenó el vacío ideológico resultante de la caída del muro de Berlín.
Señalaba esta columna las desmedidas pretensiones del Eln y la condescendencia del Gobierno en la reinstalada mesa de negociación. Todo bonhomía en los enviados del Presidente, la grosera petulancia de la contraparte humillaba la mano tendida del Gobierno. Mas la imagen que se proyectaba no era gratuita: exigía aquella cambio de modelos económico y político. Y éste operaría por decisiones acumulativas de la mesa, bajo tácita vigilancia (armada) de la guerrilla: cambio que se aprobara en la mesa debía traducirse en su respectiva política de Gobierno. Se cruzarían así líneas rojas del Estado de derecho que, si imperfecto, sólo podía reformarse en reglada lid democrática. Ejecutar medidas antes de un acuerdo final era invertir la secuencia de cualquier negociación de paz. Y era cogobernar.
“El Estado no abdica, se fortalece en beneficio de todos”, declara el manifiesto de 20 intelectuales y exnegociadores de paz, apuntando al buen éxito del proyecto de paz total. Juan Camilo Restrepo, Rafael Pardo, Enrique Santos, Jorge Orlando Melo, el general Fredy Padilla de León y Eduardo Pizarro, entre ellos, señalan que estos procesos son una concesión del Estado a grupos armados fuera de la ley, que debe redoblar medidas para garantizar el orden público. El cese el fuego sólo debe pactarse al final de la negociación, previa concentración de los armados y en zonas delimitadas. Pero es urgente buscar ya un cese de hostilidades contra la población civil. Objetivo primordial de los acuerdos de paz es la desmovilización de los armados, su integración a la democracia y el abandono de las armas. La ley de sometimiento tendrá que servir para combatir empresas criminales de enorme rédito económico, no para patrocinar rotación de elites delincuenciales.
En ruidoso viraje del trato prodigado al Eln hasta ahora, le quita Petro su hoja de parra y le advierte que el hecho de negociar con él no implica abandonar el combate contra su economía ilícita, ni permitir más violencia contra la población civil.
Coda. Colombia espera acción inmediata de la Fiscalía para indagar la desembozada amenaza de golpe de Estado proferida por el coronel (r) John Marulanda, cabeza visible de otros golpistas agazapados en el anonimato.
por Cristina de la Torre | Mar 21, 2023 | Conversaciones de Paz, Paz Total, Farc, Pacto Social, ELN, Estado de Derecho, Seguridad social, Modelo Político, Modelo Económico, Marzo 2023
Por cuanto sugiere la agenda de México, el ELN realizaría su sueño dorado en 40 años de conversaciones de paz: puerta ancha para que le entreguen la “revolución” en la mesa, y sin deponer las armas. Desde una alianza programática y “visión conjunta” de la paz entre el Gobierno elegido en democracia y el grupo insurgente que se alzó contra ella, el proceso apuntaría esta vez a meta más ambiciosa: un pacto nacional entre políticos, gremios y movimiento social para emprender las reformas que la historia impone. Reforma agraria, industrialización y energías limpias, en visión del presidente Petro.
Salta a la vista el primer escollo: un acuerdo sobre reformas democráticas concertadas en diálogo plural con las fuerzas de la sociedad riñe con el protagonismo en la iniciativa que reclama un grupo armado cuyo trasegar de 60 años en nada favoreció al pueblo del que se autoproclama vanguardia y despertó, en cambio, miedo y rabia por la violencia desplegada. Riñe, sobre todo, radicalmente, con el liderazgo que ambiciona una guerrilla extraviada en sus fantasías de poder, mientras rehúye en la mesa un nítido compromiso para poner fin al conflicto armado. Precondición insoslayable de cualquier acuerdo sobre modelos económico y político que tributen a la paz, como la experiencia ha demostrado.
En entrevista concedida a La WRadio, deplora Sergio Jaramillo que se le concedan al ELN todas las gabelas mientras el Gobierno parece deponer prerrogativas irrenunciables. No percibe en esa guerrilla voluntad de acabar la guerra, pues nunca se compromete taxativamente con una eventual dejación de armas ni con el cese el fuego; y el Gobierno concede el abordaje del modelo económico, del régimen político y la seguridad, líneas rojas del Estado de derecho que, si imperfecto, sólo debe reformarse en reglada lid democrática.
Es repetición de la antidemocrática avanzada del Caguán, apunta el negociador de paz que, al lado de Humberto de la Calle, depuró en La Habana un modelo de paz que el mundo aplaudió. Con un agravante: al examen de la economía deberán seguirle políticas públicas de obligatoria ejecución conforme se vayan decidiendo cambios en la mesa (bajo la vigilancia armada del ELN). Peligroso anverso de la negociación con las Farc, cuyo buen éxito estribó precisamente en el principio de que nada está acordado mientras no lo esté acordado todo. Ahora tendrán que ejecutarse cambios ad aeternum (los que el ELN apruebe), mientras se transgrede el otro principio medular: propósito de la negociación es la paz, cuyo primer resultado será separar las armas de la política. Ahora, por lo visto, se trataría de una paz armada.
Estima Jaramillo que la agenda de México deja al ELN en un paraíso, y Juanita León de La Silla Vacía, que la iniciativa recae en la guerrilla mientras el Gobierno juega de notario. Éste ha de responder a su compromiso antes que el ELN deje las armas. Se invierte la secuencia de los procesos: aquí se empezarían a ejecutar medidas antes del acuerdo final, pues éstas serían “de ejecución inmediata”. Según León, se convertiría la negociación en un parlamento paralelo. Y en un gobierno compartido, diría yo.
La estrategia de Paz Total interpreta un hondo anhelo de los colombianos; y la divisa de reformular el pacto social, una esperanza de mayorías. Pero aquella ha de edificarse sobre el Estado de derecho y éste, como pacto pluralista en democracia. Luego, no puede convocarse desde la alianza excluyente y equívoca de un Gobierno democrático con una fuerza insurreccional armada. Sean Álvaro Uribe y José Félix Lafaurie mentores iniciales del Pacto, en nombre de los sectores más beligerantes. Partidos de todos los colores, gremios y organizaciones sociales avalarían un cambio concertado entre todos y para todos. No una propuesta de cogobierno con el ELN en armas.21
