Izquierda y Centro: se alborota el cotarro

Unos juegan con los principios y se complacen en la derecha; otros se abocan al reto de verterlos en programas de cambio. Mientras Petro se extravía en un crudo pragmatismo haciendo aliados que disuenan entre “los decentes”, los candidatos de la Coalición Centro Esperanza tendrán que optar por una entre las variantes de libre mercado que todos ellos adoptan: la gama va desde un neoliberalismo cerrero hasta el capitalismo social. Si, como dicen, representan la convergencia del reformismo estructural, no podrán menos que allanarse al modelo de economía de mercado con regulación del Estado. Será respuesta al negro balance del Consenso de Washington, cuya alternativa lanzan hoy las potencias del G7: el Consenso de Cornwall.

Conforme se consolida el Centro precisamente porque rehúye el abrazo de un oficialismo liberal amancebado con la corrupción, con el gobierno Duque y su partido, Petro le tiende la mano a Luis Pérez, artífice con Uribe, Martha Lucía y don Berna, de la mortífera Operación Orión. Y convida al pastor Saade, célebre por su odio al aborto, a la mujer, a la comunidad LGBTI.

Genio y figura, de suyo arbitrario, el autoendiosado Petro se ríe de la izquierda sacrificada, probada en mil batallas, que ahora lo acompaña en la idea de transformar este país. Y encubre su arrebato electorero con el argumento de la vieja alianza del liberalismo con la izquierda. Como si Luis Pérez fuera Uribe Uribe o López Pumarejo. Como si no hubiera sucumbido el Partido Liberal a la corrupción, a la hegemonía de la derecha en sus filas, a los turbios manejos del jefe.

Poniéndole conejo con la caverna cristiana y con la derecha liberal, arriesga Petro la cohesión de la coalición de izquierda. Sus aliados podrán pasar del estupor a la estampida. Como se insinúa ya: Francia Márquez pidió “no cambiar los valores de la vida por votos”, Iván Cepeda declaró que “las elecciones se pueden perder pero la coherencia ética, no”, e Inti Asprilla remató: “la pela interna que nos dimos en el Verde no fue para esto”. Pero Petro es así: impredecible en política… y en ideas. Si votó por Ordóñez para procurador, si considera a Álvaro Gómez más progresista que Navarro Wolf, se comprenderá que invite ahora al uribismo al Pacto Histórico, a la derecha liberal y a la caverna cristiana.

Más atento a la formulación de un programa económico que responda al anhelo de las mayorías, en el Centro Esperanza Jorge Enrique Robledo, verbigracia, insiste en cambiar el modelo pero dentro de la economía de mercado, con respeto a la propiedad y a la empresa privadas, y sin estatizar la economía. Para él, un efecto devastador de la globalización neoliberal en Colombia fue la destrucción en gran medida del aparato productivo del país: la desindustrialización y la crisis agropecuaria. Un desastre, pues es la industria el gran multiplicador de la productividad del trabajo, base del desarrollo. Con la apertura comercial se sustituyeron la producción y el trabajo nacionales por los extranjeros: el Consenso de Washington desprotegió el capitalismo nacional en favor del foráneo. Ahora, para reemplazar aquel Consenso, las grandes potencias marchan hacia un paradigma alternativo, el nacido del Consenso de Cornwall, en pos de una economía equitativa y sostenible que restituya el papel del Estado en la economía, sus metas sociales y la perspectiva del bien común.

Horizonte claro para transitar hacia un nuevo contrato social, sin que sus promotores deban endosar la iniciativa a la politiquería tradicional, gran responsable de las desgracias que en Colombia han sido. Modere Petro sus ínfulas napoleónicas en el platanal, y acoja el Centro sin ambigüedades el paradigma del capitalismo social.

Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz Navidad a los amables lectores.

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Contratación pública, la cueva de Alibabá

 Van por los restos. Ya las bancadas del Gobierno preparan anhelantes el asalto final al erario, no sea que se queden con bolsillos y urnas a medio llenar. Tumbar la Ley de Garantías Electorales será tarea de cierre para cargar sin obstáculos el último saco de la cosecha de corrupción en esta Administración, puesta la mira –entre otros– en los $20 billones de regalías represadas y en los $2 billones reservados a vías terciarias. Si no caen sobre el pastel entero, a lo menos sobre una porción que asegure la curul y el nuevo ciclo de puestos y contratos cocinados en la sombra con amigos. Prolongan la saga de Reficar, Odebrecht, Saludcoop o el carrusel de la contratación en Bogotá, cuyo cerebro, Emilio Tapia, reaparece como el Ave Fénix en la defraudación de Mintic por $70 mil millones.

A su lado, la ejecución de $5,7 billones del Fome en la pandemia que, según el Foro Nacional por Colombia, registra alertas y “promesas” de investigación. Si no fuera por su grotesca incongruencia, muchos de esos contratos moverían a risa: una distribuidora de licores que vende ventiladores clínicos, una polvorera que vende tapabocas, una firma que suministra materias primas a industrias del acero y el petróleo vende ventiladores para las UCI. La suma de estos contratos daría $179,116 millones. Modesta muestra de la corrupción que puede brotar allí donde el gobernante trueca el interés colectivo por el suyo propio y el de su círculo de poder.

Que corrupción hubo siempre no se discute. Pero en las últimas décadas se  acumularon factores que no fueron ya de riesgo sino dinamita para una explosión en masa de la robadera. Para comenzar, con la fiebre privatizadora de 1991 que entregó a particulares empresas y funciones del Estado, creyeron los constituyentes erradicar la corrupción: la empresa privada se les ofrecía como un nirvana de  pulcritud y decencia. Se equivocaron. Servicios públicos, salud y pensiones fueron desde entonces negocio de mercaderes, mientras la contratación pública crecía como la espuma, casi sin controles, para contento de sus usufructuarios mayores: funcionarios, políticos y contratistas. Afirmada sobre la cultura de la ley hecha para violarla, del clientelismo y de las mafias, a la corrupción han contribuido también otros factores:

La elección popular de alcaldes y gobernadores rompió los controles (con vacíos pero todavía vigorosos) del poder central sobre funcionarios que se rodearon de nubes de contratistas compinches, mientras las contralorías departamentales participaban del negocio. A la postre, también el poder central se lucraría impunemente bajo el ala de los organismos de control  cooptados por el Ejecutivo, como sucede hoy. El auge del petróleo y del carbón, traducido en regalías, derivó en feria de millonarios elefantes blancos. Y, con la circunscripción nacional para senado, los costos de una campaña llegaron a superar los $25 mil millones financiados por alguna chequera intrépida, erogación que el dadivoso recuperaría después con creces en contratos públicos. La financiación privada de campañas electorales es fuente suprema de la corrupción.

Contra ella nada hace el Consejo Nacional Electoral, órgano integrado por delegados de los partidos a los que pretende controlar; ellos mismos tampoco sancionan a sus corruptos. Y sigue triunfal, eficientísima, la sociedad entre funcionarios públicos que monopolizan la contratación del Estado y los políticos, con pliegos amañados y a menudo sin licitación. Tal como lo harían ahora, para reelegirse y acabar de enriquecerse, si hunden la Ley de Garantías.  Rendición de cuentas, investigación y sanción quedarán para otros aires. El abuso de poder en este Gobierno es, en palabras del Foro por Colombia, vulneración, afrenta y deshonra para la democracia. Digamos, una cueva de Alibabá.

 

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El poder ilegítimo

En acto vergonzoso que Colombia no olvidará, una mayoría de parlamentarios se postra de hinojos ante el ministro organizador de la represión, ariete del Gobierno que se cobra ya media centena de muertos en las calles. La cobardía inveterada de la clase política, hoy remachada con el voltearepismo de Gaviria y Vargas Lleras, abrió puertas a la anhelada militarización que ha sido arma y estandarte de la extrema derecha. Como si faltaran hechos que confirman todos los días la ilegitimidad de un régimen montado sobre vanidades armadas hasta los dientes: azote de multitudes que reclaman vida digna, cambio y democracia, pero convenientemente reducidas a subversión.

Para que el presidente pueda decretar virtual conmoción interior en nueve departamentos; con sometimiento forzoso de sus autoridades a las medidas que conlleva, so pena de sanciones de la procuradora que trabaja para “nuestro Gobierno”. Providencial, cae la excusa del cielo: entre los infiltrados en las marchas para anarquizarlas, un agente del CTI de la Fiscalía mata a tiros a dos manifestantes y pobladores de la zona lo linchan. Un horror. Ahora podrá Duque responder con el argumento de los fusiles al estallido social que dura y crece porque 98% de los colombianos apoyan la protesta –revela Gallup. Acaso baje aún más el lánguido 18% que, según el Observatorio de la Democracia, confía en las instituciones. Más ilegitimidad de este Gobierno y del Estado, imposible. Incapaz de conjurar el hambre con medidas de sentido común como las que Claudia López toma en Bogotá, menos podrá Duque responder al mar de fondo de la injusticia y la desigualdad. Sin el respeto y el consentimiento de los asociados, querrá gobernar sólo a golpes y manteniendo incólumes los parámetros del poder público.

Sí, dos momentos presenta la resolución de la crisis. El primero demanda medidas de emergencia para neutralizar el golpe social, económico y sanitario de la pandemia. Para rescatar la capital, redirecciona la alcaldesa $1,7 billones hacia la población vulnerable, hasta completar una inversión social de $8,5 billones en la ciudad. Y, para reactivar su economía, reabrirá todos los sectores. Aplauso. Un segundo desafío plantea la reformulación del pacto social con un modelo de democracia y desarrollo que amplíe la participación política, redistribuya el ingreso y desconcentre la propiedad. Y que empiece por devolverle al Estado la legitimidad perdida.

Para el profesor Alberto Valencia, hoy estamos pagando el inmenso costo social de haber enfrentado a los grupos ilegales con medios ilegales: la deslegitimación del Estado. Duque profundizaría la crisis política e institucional que la alimentaba y agudizaría la polarización en torno a los Acuerdos de Paz, ya desafiados por la decisión de terceros y de agentes del Estado de eludir sus responsabilidades en el conflicto. Sin bandera de Gobierno –ni guerra contrainsurgente ni paz– desechó Duque la lucha anticorrupción que Claudia López le ofreció. En sus desencuentros con la sociedad, no captó Duque el cambio en la política que la paz traía. Insistió en crear miedo a unas Farc inexistentes ya y, en el empeño de salvar el pellejo de su mentor, atacó a la JEP; pero perdió la batalla. “En vez de sintonizarse con el país, escribirá Valencia, lo hizo con Uribe”. Terminado el conflicto, recobró su importancia el problema social; pero Duque tampoco lo vio, e insistió en el de seguridad, cuando la gente pedía comida, empleo e igualdad. Golpe final a la legitimidad del Estado será la cooptación de los órganos de control por este Gobierno.

He aquí el trasfondo de un Gobierno arbitrario, brutal en su estentórea debilidad. Este de Duque evoca autocracias que, a falta de legitimidad, se imponen por la fuerza bruta. Ignoran que el poder de la bayoneta, por sí solo, no es poder. No en la democracia.

 

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La hora del cambio

Bajo la rabia que anida en esta sociedad de castas montada sobre la pobreza y la exclusión; desde las lágrimas por tantos y tantos muertos en las calles florece, acá y allá —en el abigarrado tejido que se llama el pueblo— disposición para enfrentar la adversidad concertando un nuevo pacto social. Pues el que rige, pervertido en el privilegio, en la violencia, en una democracia quebradiza, es causa de la debacle. Y hace agua. Díganlo, si no, esquirlas tomadas al azar de las granadas que este Gobierno ha lanzado contra las multitudes que protestan.

Detenida y abusada sexualmente por agentes del Esmad, una adolecente “se suicida” en Popayán. En Cali, paramilitares estrato diez disparan contra indígenas, cuadro inmortal de los ancestros que exalta el puño de hierro del encomendero sobre el nativo. El alcalde de Pereira cohonesta alianza de civiles  con veleidosas empresas de seguridad privada: de ocho tiros muere Lucas Villa. Álvaro Uribe insta a la Fuerza Pública a disparar contra terroristas que pueden ser cualquier manifestante, y acaricia la ilusión de volver a la guerra.

El nuevo pacto social principia por devolver al Estado su protagonismo, integrar los excluidos a la empresa reformista y rescatar las dinámicas de la paz. Proponen Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo “convocar a todos los partidos y movimientos sociales, a todas las fuerzas vivas a concertar un Gran Acuerdo Político Nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande”. La deliberación democrática tendría que aterrizar en el Congreso, su escenario natural, y traducirse en leyes. Hay que deliberar para reconciliar, señalan.

Para muchos, en el centro del acuerdo medran medidas de emergencia que empiezan y terminan en el eje del empleo. En la creación inmediata de puestos de trabajo desde el sector público y, a largo plazo, en una estrategia de pleno empleo que privilegie la economía real sobre la especulativa financiera. Otra medida urgente, de vida o muerte, la creación de una renta básica para 6 millones de hogares que oscile entre $320.000 y $480.000 mensuales, financiada —como en todo país civilizado— con impuestos directos sobre la renta y el patrimonio de los más pudientes.

La crema de los profesores universitarios sugiere alternativas en política económica y social distintas de la reducción de impuestos a los ricos. En estas décadas, afirma, ha operado una redistribución regresiva del ingreso que castiga los salarios, premia las ganancias y concentra sin pausa la propiedad y la riqueza. Se suprimió la función del Estado como prestador de servicios públicos y garante de los derechos económicos y sociales que culminen en educación y salud universales. Para los académicos, la redistribución del ingreso no se logra con mayor “libertad económica”. Lo prueba la historia de los países desarrollados, donde el Estado fue el gran responsable del desarrollo afirmado en la industrialización y en el impuesto progresivo.

Diríase que un rediseño de la fiscalidad debería comenzar por derogar la reforma tributaria de 2019, que otorgó gabelas por $14 billones a los ricos, a las cuales ha renunciado ya la Andi. Aconsejaría liquidar el adefesio de que los archimillonarios de Colombia paguen apenas entre 1 y 2% de impuesto sobre la renta. Y actualizar el catastro para que también los terratenientes paguen impuestos a derechas.

Otros signos de la crisis que abraza al pacto social y político agudizada por el uribismo en el poder: sólo 9% de los jóvenes confía en la Presidencia y 7% en el Congreso (Cifras y Conceptos). En perspectiva electoral, por la derecha votaría el 5%; por la izquierda, el 25%; y por el centro, 41%. Llegó la hora del cambio. Si el pacto se adopta democráticamente, hallaría su refrendación en las urnas el año entrante.

 

 

 

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Escollos de la negociación

Fuera del sabotaje a la economía mediante bloqueo de vías, dos obstáculos formidables taponan por ahora la salida a la crisis. Primero, una violencia incontrolada del Gobierno contra el pueblo inerme, para escándalo del mundo que asocia a Colombia con dictaduras dadas por desaparecidas. Segundo, el reto al sistema político de abrir canales de expresión y trámite de demandas para mayorías ultrajadas que rompen ruidosamente las amarras de la resignación, cuando los partidos no las representan ya y la democracia directa que la Carta del 91 introdujo degeneró en populismo plebiscitario a instancias de algún egócrata con prontuario.

51 muertos en las calles cuenta Indepaz, 43 de ellos supuestamente a manos de la Fuerza Pública; para la Defensoría del Pueblo son 42 y, para la Fiscalía, 14. Pero el presidente se emplea a fondo: anuncia máximo despliegue de la Fuerza Pública. Su ministro de Defensa, la torpeza hecha poder armado, tiene por terroristas a los protestantes. Y Marta Lucía Ramírez, flamante Canciller, atribuye el estallido al Acuerdo de Paz. En franco alarde de castrochavismo, no acepta Duque todavía inspección en terreno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como nunca la aceptaron Maduro, Castro y Ortega. Todo ello ventilado en los prolegómenos de negociación con el Comité del Paro y con jóvenes en incipientes mesas de negociación regionales. Exigen todos garantías para la vida y la integridad de los marchantes; reconocimiento expreso del Presidente sobre excesos de sus hombres, y autorización a la visita de la comisión de Derechos Humanos. Áspera barrera para el hombre que se debate entre la endeblez y cada divisa brutal de su mentor.

Las aspiraciones variopintas del levantamiento popular que reclama participación política desafían a la maltrecha democracia representativa, enhorabuena fortalecida por las 16 curules de paz que la Constitucional revive para comunidades abandonadas al olvido y a las cicatrices del conflicto. Victoria de las víctimas. La indecorosa protesta de Paloma Valencia y de su partido no hace sino enaltecer la decisión de la Corte. Pero, mientras culmina la reforma política y electoral que depure y fortalezca a los partidos y abra el compás  a nuevas opciones, nada tan propicio como los canales de democracia directa, local, que la Constitución ofrece. Como el cabildo abierto. O los Consejos Territoriales de Paz, Comités de Justicia Transicional y Consejos de Desarrollo Rural creados por el Acuerdo de Paz, que multiplican los canales de participación política. Democracia de abajo hacia arriba.

O los imaginativos mecanismos que la mesa de negociación de La Habana ideó para incorporar la avalancha de propuestas que fluyó hacia ella desde la sociedad civil, a saber: página web a través de la cual se recibieron, sistematizaron y analizaron propuestas ciudadanas; cinco foros temáticos ejecutados por el PNUD y la Universidad Nacional con más de 40.000 propuestas sobre los temas de negociación, y mesas de trabajo regionales en todo el país para recoger propuestas sobre los ejes temáticos en discusión. Se han consolidado también experiencias como la del Comité de Integración Social del Catatumbo, que representa a organizaciones de varios municipios de Santander y hoy prepara un pliego campesino del departamento que sirva de insumo en la negociación del Comité Nacional del Paro.

¿No servirían mecanismos de esta índole para recoger y debatir los reclamos de los manifestantes, como actores políticos, y articularlos a las negociaciones del Gobierno con el Comité del Paro o al Congreso cuando excedan el ámbito local? ¿No ayudarían a saltar el candado que bloquea una negociación democrática? ¿Querrán anarquistas tomarse el movimiento para que los heraldos de la guerra “salven” el país todo con una gran operación Orión?

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¿Verdes empantanados?

El partido revelación, que en los comicios del 2010 le plantó cara a la política tradicional y es hoy eje de una coalición de centro capaz de ganar la presidencia, parece chapotear en el pantano del personalismo, en maniobras de política menuda. Como doblegado por una rebatiña de aspirantes a candidato de ese partido, entre figuras que necesitarían más de un hervor para competir con éxito por el solio de Bolívar, pierden los Verdes la iniciativa política que otros copan. No presentan una avanzada contestataria a la medida de su identidad política y de su historia como alternativa de poder. Ni contrapropuestas proporcionales al azote de un Gobierno tan agresivamente abusivo y proclive a la violencia que evoca el experimento fascista de Laureano Gómez. El oro y la escoria de aquel Torquemada se resuelven aquí en una camarilla de aparecidos que gobiernan con los pies, y mayorías maniatadas que sufren sus embates.

Escrito en piedra, el programa verde (audaz reformismo en economía abierta y Estado social) corre el riesgo de volverse piedra: letra inerte por falta de uso en respuesta al momento más aciago de Colombia. ¿Perderá esta organización la oportunidad de abanderar el cambio que se impone, o la verá escurrírsele por entre los dedos, como se le escurrieron los casi 12 millones de votos que cosechó contra la corrupción?

En brillante estudio sobre este partido, sostiene Juan Pablo Castro que, más que por la ideología, los Verdes se dieron identidad por ofrecerse como la nueva forma de hacer política, por el no-todo-vale. Valoran ellos las formas, las reglas del juego, el respeto por la democracia y la Constitución. Alrededor de tres ejes temáticos gira el programa del Partido Verde: educación; medio ambiente; descentralización política, administrativa y económica. En ellos se anclan la lucha por la paz, por la equidad y los derechos sociales; y contra la corrupción. Reivindicaba Antanas Mockus educación universal y de buena calidad para la vida laboral y la vida en sociedad; para eliminar desigualdades entre personas y entre regiones; educación que promueva la creatividad, la innovación y la productividad. Rica cantera para edificar otro país. Temible para la derecha, porque es viable. Y obligante para los Verdes: una advertencia para que no resbalen en la politiquería.

No en vano fue éste el primer gran partido de centro que surgió en respuesta a la crisis de los partidos tradicionales. Víctimas, primero, del Frente Nacional, que mató, por fusión en uno, su personalidad ideológica y programática. Y después, de cruzada moralizante contra el clientelismo, que no erradicó el vicio, pero sí atomizó a los partidos, golpeó gratuitamente a sindicatos y organizaciones populares y desactivó en gran medida a la sociedad civil. En la debacle, terminaron liberales y conservadores por exhibir su radical irrelevancia como voceros de la sociedad. Si el Polo se ofreció como alternativa de izquierda legal, los Verdes aglutinaron masas urbanas de centro izquierda mayormente entre las clases medias. Hace 10 años, pasó a segunda vuelta su candidato presidencial y sacó más votos que el Partido Conservador.

Para el analista Castro, los Verdes son partido consolidado como alternativa de centro a la política tradicional; representa una vigorosa contrapartida al statu quo. Diríase que, integrado en la Coalición de la Esperanza, porfiará en la búsqueda del capitalismo social, núcleo de su estrategia de desarrollo, debutando con la defensa del derecho de los colombianos a una vida digna, como precondición de la reactivación económica. Mas, para merecer tan señalada misión, tendría que empezar por el abecé: preservar su forma de hacer política frenando todo resbalón en el pantano de la politiquería.  Infructuosa será la oposición que se ejerza desde allí contra esta autocracia corrupta.

 

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