El poder ilegítimo

En acto vergonzoso que Colombia no olvidará, una mayoría de parlamentarios se postra de hinojos ante el ministro organizador de la represión, ariete del Gobierno que se cobra ya media centena de muertos en las calles. La cobardía inveterada de la clase política, hoy remachada con el voltearepismo de Gaviria y Vargas Lleras, abrió puertas a la anhelada militarización que ha sido arma y estandarte de la extrema derecha. Como si faltaran hechos que confirman todos los días la ilegitimidad de un régimen montado sobre vanidades armadas hasta los dientes: azote de multitudes que reclaman vida digna, cambio y democracia, pero convenientemente reducidas a subversión.

Para que el presidente pueda decretar virtual conmoción interior en nueve departamentos; con sometimiento forzoso de sus autoridades a las medidas que conlleva, so pena de sanciones de la procuradora que trabaja para “nuestro Gobierno”. Providencial, cae la excusa del cielo: entre los infiltrados en las marchas para anarquizarlas, un agente del CTI de la Fiscalía mata a tiros a dos manifestantes y pobladores de la zona lo linchan. Un horror. Ahora podrá Duque responder con el argumento de los fusiles al estallido social que dura y crece porque 98% de los colombianos apoyan la protesta –revela Gallup. Acaso baje aún más el lánguido 18% que, según el Observatorio de la Democracia, confía en las instituciones. Más ilegitimidad de este Gobierno y del Estado, imposible. Incapaz de conjurar el hambre con medidas de sentido común como las que Claudia López toma en Bogotá, menos podrá Duque responder al mar de fondo de la injusticia y la desigualdad. Sin el respeto y el consentimiento de los asociados, querrá gobernar sólo a golpes y manteniendo incólumes los parámetros del poder público.

Sí, dos momentos presenta la resolución de la crisis. El primero demanda medidas de emergencia para neutralizar el golpe social, económico y sanitario de la pandemia. Para rescatar la capital, redirecciona la alcaldesa $1,7 billones hacia la población vulnerable, hasta completar una inversión social de $8,5 billones en la ciudad. Y, para reactivar su economía, reabrirá todos los sectores. Aplauso. Un segundo desafío plantea la reformulación del pacto social con un modelo de democracia y desarrollo que amplíe la participación política, redistribuya el ingreso y desconcentre la propiedad. Y que empiece por devolverle al Estado la legitimidad perdida.

Para el profesor Alberto Valencia, hoy estamos pagando el inmenso costo social de haber enfrentado a los grupos ilegales con medios ilegales: la deslegitimación del Estado. Duque profundizaría la crisis política e institucional que la alimentaba y agudizaría la polarización en torno a los Acuerdos de Paz, ya desafiados por la decisión de terceros y de agentes del Estado de eludir sus responsabilidades en el conflicto. Sin bandera de Gobierno –ni guerra contrainsurgente ni paz– desechó Duque la lucha anticorrupción que Claudia López le ofreció. En sus desencuentros con la sociedad, no captó Duque el cambio en la política que la paz traía. Insistió en crear miedo a unas Farc inexistentes ya y, en el empeño de salvar el pellejo de su mentor, atacó a la JEP; pero perdió la batalla. “En vez de sintonizarse con el país, escribirá Valencia, lo hizo con Uribe”. Terminado el conflicto, recobró su importancia el problema social; pero Duque tampoco lo vio, e insistió en el de seguridad, cuando la gente pedía comida, empleo e igualdad. Golpe final a la legitimidad del Estado será la cooptación de los órganos de control por este Gobierno.

He aquí el trasfondo de un Gobierno arbitrario, brutal en su estentórea debilidad. Este de Duque evoca autocracias que, a falta de legitimidad, se imponen por la fuerza bruta. Ignoran que el poder de la bayoneta, por sí solo, no es poder. No en la democracia.

 

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La hora del cambio

Bajo la rabia que anida en esta sociedad de castas montada sobre la pobreza y la exclusión; desde las lágrimas por tantos y tantos muertos en las calles florece, acá y allá —en el abigarrado tejido que se llama el pueblo— disposición para enfrentar la adversidad concertando un nuevo pacto social. Pues el que rige, pervertido en el privilegio, en la violencia, en una democracia quebradiza, es causa de la debacle. Y hace agua. Díganlo, si no, esquirlas tomadas al azar de las granadas que este Gobierno ha lanzado contra las multitudes que protestan.

Detenida y abusada sexualmente por agentes del Esmad, una adolecente “se suicida” en Popayán. En Cali, paramilitares estrato diez disparan contra indígenas, cuadro inmortal de los ancestros que exalta el puño de hierro del encomendero sobre el nativo. El alcalde de Pereira cohonesta alianza de civiles  con veleidosas empresas de seguridad privada: de ocho tiros muere Lucas Villa. Álvaro Uribe insta a la Fuerza Pública a disparar contra terroristas que pueden ser cualquier manifestante, y acaricia la ilusión de volver a la guerra.

El nuevo pacto social principia por devolver al Estado su protagonismo, integrar los excluidos a la empresa reformista y rescatar las dinámicas de la paz. Proponen Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo “convocar a todos los partidos y movimientos sociales, a todas las fuerzas vivas a concertar un Gran Acuerdo Político Nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande”. La deliberación democrática tendría que aterrizar en el Congreso, su escenario natural, y traducirse en leyes. Hay que deliberar para reconciliar, señalan.

Para muchos, en el centro del acuerdo medran medidas de emergencia que empiezan y terminan en el eje del empleo. En la creación inmediata de puestos de trabajo desde el sector público y, a largo plazo, en una estrategia de pleno empleo que privilegie la economía real sobre la especulativa financiera. Otra medida urgente, de vida o muerte, la creación de una renta básica para 6 millones de hogares que oscile entre $320.000 y $480.000 mensuales, financiada —como en todo país civilizado— con impuestos directos sobre la renta y el patrimonio de los más pudientes.

La crema de los profesores universitarios sugiere alternativas en política económica y social distintas de la reducción de impuestos a los ricos. En estas décadas, afirma, ha operado una redistribución regresiva del ingreso que castiga los salarios, premia las ganancias y concentra sin pausa la propiedad y la riqueza. Se suprimió la función del Estado como prestador de servicios públicos y garante de los derechos económicos y sociales que culminen en educación y salud universales. Para los académicos, la redistribución del ingreso no se logra con mayor “libertad económica”. Lo prueba la historia de los países desarrollados, donde el Estado fue el gran responsable del desarrollo afirmado en la industrialización y en el impuesto progresivo.

Diríase que un rediseño de la fiscalidad debería comenzar por derogar la reforma tributaria de 2019, que otorgó gabelas por $14 billones a los ricos, a las cuales ha renunciado ya la Andi. Aconsejaría liquidar el adefesio de que los archimillonarios de Colombia paguen apenas entre 1 y 2% de impuesto sobre la renta. Y actualizar el catastro para que también los terratenientes paguen impuestos a derechas.

Otros signos de la crisis que abraza al pacto social y político agudizada por el uribismo en el poder: sólo 9% de los jóvenes confía en la Presidencia y 7% en el Congreso (Cifras y Conceptos). En perspectiva electoral, por la derecha votaría el 5%; por la izquierda, el 25%; y por el centro, 41%. Llegó la hora del cambio. Si el pacto se adopta democráticamente, hallaría su refrendación en las urnas el año entrante.

 

 

 

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Escollos de la negociación

Fuera del sabotaje a la economía mediante bloqueo de vías, dos obstáculos formidables taponan por ahora la salida a la crisis. Primero, una violencia incontrolada del Gobierno contra el pueblo inerme, para escándalo del mundo que asocia a Colombia con dictaduras dadas por desaparecidas. Segundo, el reto al sistema político de abrir canales de expresión y trámite de demandas para mayorías ultrajadas que rompen ruidosamente las amarras de la resignación, cuando los partidos no las representan ya y la democracia directa que la Carta del 91 introdujo degeneró en populismo plebiscitario a instancias de algún egócrata con prontuario.

51 muertos en las calles cuenta Indepaz, 43 de ellos supuestamente a manos de la Fuerza Pública; para la Defensoría del Pueblo son 42 y, para la Fiscalía, 14. Pero el presidente se emplea a fondo: anuncia máximo despliegue de la Fuerza Pública. Su ministro de Defensa, la torpeza hecha poder armado, tiene por terroristas a los protestantes. Y Marta Lucía Ramírez, flamante Canciller, atribuye el estallido al Acuerdo de Paz. En franco alarde de castrochavismo, no acepta Duque todavía inspección en terreno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como nunca la aceptaron Maduro, Castro y Ortega. Todo ello ventilado en los prolegómenos de negociación con el Comité del Paro y con jóvenes en incipientes mesas de negociación regionales. Exigen todos garantías para la vida y la integridad de los marchantes; reconocimiento expreso del Presidente sobre excesos de sus hombres, y autorización a la visita de la comisión de Derechos Humanos. Áspera barrera para el hombre que se debate entre la endeblez y cada divisa brutal de su mentor.

Las aspiraciones variopintas del levantamiento popular que reclama participación política desafían a la maltrecha democracia representativa, enhorabuena fortalecida por las 16 curules de paz que la Constitucional revive para comunidades abandonadas al olvido y a las cicatrices del conflicto. Victoria de las víctimas. La indecorosa protesta de Paloma Valencia y de su partido no hace sino enaltecer la decisión de la Corte. Pero, mientras culmina la reforma política y electoral que depure y fortalezca a los partidos y abra el compás  a nuevas opciones, nada tan propicio como los canales de democracia directa, local, que la Constitución ofrece. Como el cabildo abierto. O los Consejos Territoriales de Paz, Comités de Justicia Transicional y Consejos de Desarrollo Rural creados por el Acuerdo de Paz, que multiplican los canales de participación política. Democracia de abajo hacia arriba.

O los imaginativos mecanismos que la mesa de negociación de La Habana ideó para incorporar la avalancha de propuestas que fluyó hacia ella desde la sociedad civil, a saber: página web a través de la cual se recibieron, sistematizaron y analizaron propuestas ciudadanas; cinco foros temáticos ejecutados por el PNUD y la Universidad Nacional con más de 40.000 propuestas sobre los temas de negociación, y mesas de trabajo regionales en todo el país para recoger propuestas sobre los ejes temáticos en discusión. Se han consolidado también experiencias como la del Comité de Integración Social del Catatumbo, que representa a organizaciones de varios municipios de Santander y hoy prepara un pliego campesino del departamento que sirva de insumo en la negociación del Comité Nacional del Paro.

¿No servirían mecanismos de esta índole para recoger y debatir los reclamos de los manifestantes, como actores políticos, y articularlos a las negociaciones del Gobierno con el Comité del Paro o al Congreso cuando excedan el ámbito local? ¿No ayudarían a saltar el candado que bloquea una negociación democrática? ¿Querrán anarquistas tomarse el movimiento para que los heraldos de la guerra “salven” el país todo con una gran operación Orión?

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¿Verdes empantanados?

El partido revelación, que en los comicios del 2010 le plantó cara a la política tradicional y es hoy eje de una coalición de centro capaz de ganar la presidencia, parece chapotear en el pantano del personalismo, en maniobras de política menuda. Como doblegado por una rebatiña de aspirantes a candidato de ese partido, entre figuras que necesitarían más de un hervor para competir con éxito por el solio de Bolívar, pierden los Verdes la iniciativa política que otros copan. No presentan una avanzada contestataria a la medida de su identidad política y de su historia como alternativa de poder. Ni contrapropuestas proporcionales al azote de un Gobierno tan agresivamente abusivo y proclive a la violencia que evoca el experimento fascista de Laureano Gómez. El oro y la escoria de aquel Torquemada se resuelven aquí en una camarilla de aparecidos que gobiernan con los pies, y mayorías maniatadas que sufren sus embates.

Escrito en piedra, el programa verde (audaz reformismo en economía abierta y Estado social) corre el riesgo de volverse piedra: letra inerte por falta de uso en respuesta al momento más aciago de Colombia. ¿Perderá esta organización la oportunidad de abanderar el cambio que se impone, o la verá escurrírsele por entre los dedos, como se le escurrieron los casi 12 millones de votos que cosechó contra la corrupción?

En brillante estudio sobre este partido, sostiene Juan Pablo Castro que, más que por la ideología, los Verdes se dieron identidad por ofrecerse como la nueva forma de hacer política, por el no-todo-vale. Valoran ellos las formas, las reglas del juego, el respeto por la democracia y la Constitución. Alrededor de tres ejes temáticos gira el programa del Partido Verde: educación; medio ambiente; descentralización política, administrativa y económica. En ellos se anclan la lucha por la paz, por la equidad y los derechos sociales; y contra la corrupción. Reivindicaba Antanas Mockus educación universal y de buena calidad para la vida laboral y la vida en sociedad; para eliminar desigualdades entre personas y entre regiones; educación que promueva la creatividad, la innovación y la productividad. Rica cantera para edificar otro país. Temible para la derecha, porque es viable. Y obligante para los Verdes: una advertencia para que no resbalen en la politiquería.

No en vano fue éste el primer gran partido de centro que surgió en respuesta a la crisis de los partidos tradicionales. Víctimas, primero, del Frente Nacional, que mató, por fusión en uno, su personalidad ideológica y programática. Y después, de cruzada moralizante contra el clientelismo, que no erradicó el vicio, pero sí atomizó a los partidos, golpeó gratuitamente a sindicatos y organizaciones populares y desactivó en gran medida a la sociedad civil. En la debacle, terminaron liberales y conservadores por exhibir su radical irrelevancia como voceros de la sociedad. Si el Polo se ofreció como alternativa de izquierda legal, los Verdes aglutinaron masas urbanas de centro izquierda mayormente entre las clases medias. Hace 10 años, pasó a segunda vuelta su candidato presidencial y sacó más votos que el Partido Conservador.

Para el analista Castro, los Verdes son partido consolidado como alternativa de centro a la política tradicional; representa una vigorosa contrapartida al statu quo. Diríase que, integrado en la Coalición de la Esperanza, porfiará en la búsqueda del capitalismo social, núcleo de su estrategia de desarrollo, debutando con la defensa del derecho de los colombianos a una vida digna, como precondición de la reactivación económica. Mas, para merecer tan señalada misión, tendría que empezar por el abecé: preservar su forma de hacer política frenando todo resbalón en el pantano de la politiquería.  Infructuosa será la oposición que se ejerza desde allí contra esta autocracia corrupta.

 

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De Lula a Duque: abismos insondables

“Si al final de mi mandato cada brasileño puede desayunar, almorzar y cenar  cada día, habré realizado la misión de mi vida”. Aseveración de Lula da Silva al posesionarse como presidente del Brasil en 2003. Por contraste, en el ocaso de su Gobierno no podrá Duque sino mostrar cifras desoladoras, inexcusables aún por la pandemia: 4,6 millones de familias colombianas hacen dos comidas al día; 179.174 hogares comen una vez, y 23.701 a veces no comen nada: 25 millones de colombianos tienen hambre, ¡la mitad de la población! En platos sobre la mesa se traduce la fisonomía del desarrollo o del subdesarrollo. Al final de su mandato había Lula respondido al reto que se impuso: redistribuir la renta y vencer las desigualdades más acusadas sin desbordar el gasto público. Ocho años después, Brasil era testigo de un crecimiento económico sin precedentes y un avance histórico en política social. Decenas de millones de ciudadanos habían salido de la pobreza y las clases medias multiplicaban su capacidad adquisitiva.

Bolivia, Ecuador, Argentina y Perú inician el retorno a la socialdemocracia en el subcontinente y el pueblo del Brasil se alista para devolverle a Lula el liderazgo del proceso. Mientras tanto, Colombia emula los regímenes de Maduro, Ortega y Bolsonaro. En política, con escaramuzas de golpe para quedarse en el poder; para sitiar a la oposición unificando elecciones de presidente y congresistas; para decapitarla con juicios hechizos a sus candidatos presidenciales desde una Fiscalía que oficia, con todos los órganos de control, como fortín político del Gobierno. Para trocar la seguridad en guerra; para botar, criminal nuevorriquismo bélico, $14 billones en aviones de combate; para solapar entre bastidores dos iniciativas fatídicas: rearmar a la población y conceder el voto a los militares. En economía, para negarle a medio país hasta los últimos recursos de supervivencia humana, así despliegue este Gobierno su vocinglería ramplona enderezada a magnificar las pequeñas miserias que da a una franja de menesterosos.

Registra Roberto Ortíz (CIDOB) ejecutorias del Gobierno Lula que resultan aleccionadoras: política social y crecimiento económico cohabitaron, para convertir al Brasil en séptima economía del mundo. Fue el suyo crecimiento socialmente orientado por concertación con el sector privado, donde empleo e integración social llevaron la voz cantante. Favoreció la inversión productiva  y desanimó la financiera especulativa. Puesta la mira en elevar el nivel de vida de los menos favorecidos, Lula creó millones de empleos, elevó el salario mínimo, financió renta básica para casi la mitad de la población y mejoró la progresividad en la escala de impuestos.

Lula convocó a todos los brasileños, a empresarios y sindicalistas a construir una sociedad más justa, fraterna y solidaria. Anunció un gobierno de coalición “abierto a los mejores” y un pacto nacional contra la pobreza y la corrupción. Ni transición hacia el socialismo, ni populismo: reformas graduales pero firmes enderezadas a modernizar las estructuras productiva y social. Se trataba, en suma, de una economía social de mercado, acompasada por alianza de Estado y sociedad civil. Terminado el mandato, se había situado el desempleo en Brasil por debajo del registrado en Estados Unidos y Alemania. Lula entregó el mando con 87% de popularidad. La corrupción que asaltó a su partido, el desplome de los precios de materias primas y la dictadura no declarada de Bolsonaro detuvieron en seco los avances que habían convertido al Brasil en estrella de los países emergentes.

Lula recogió el modelo de desarrollo de la Cepal, ajeno por completo al populismo que algunos quieren ahora endilgarle: aquellos para quienes todo lo que no es neoliberal es populista. Entre Lula y Duque media la distancia que va de la Cepal a los cultores del mercado: abismos insondables.

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Petro: unas de cal, otras de arena

 

Se descalifica por “chavista” la propuesta económica de Petro, cuando ella difícilmente emula el reformismo liberal de un Carlos Lleras. Preocupa, en cambio, la blandura de su “pudo haber sido un error” en respuesta a Vicky Dávila sobre responsabilidad del M19 en el holocausto del Palacio de Justicia que esa guerrilla provocó. Invoca el candidato el derecho de rebelión. También lo hace Timochenko en proceso público que reconocerá verdades del conflicto. Pero éste declara que “el derecho de rebelión no es patente de corso para ejecutar crímenes de guerra o no asumir nuestras responsabilidades”. Sí. Algo va de muertos habidos en combate con el enemigo a los muertos inocentes que resultan de una acción terrorista.

Por lo que toca al modelo económico, si no sirviera a causa tan deleznable como la sociedad del privilegio, daría risa el patetismo de la derecha. Ha desatado ella un alud de propaganda antediluviana contra el restablecimiento del rol del Estado, insoslayable ya como organizador del desarrollo que el neoliberalismo aniquiló. Denuncia Juan Lozano “una peligrosa artillería orientada a socavar la iniciativa privada, la libre empresa y la libre competencia que pasa por volver pecaminoso el éxito empresarial”. Y, en alusión a Petro, el infaltable comodín del chavismo.

Pero la propuesta económica del líder de la Colombia Humana –impulsar un capitalismo productivo de generación de riqueza y su redistribución– no trasciende la del expresidente de marras cifrada en reforma agraria, control de capitales, integración andina y tatequieto a la banca multilateral. Reformismo liberal anclado en la industrialización y en la modernización del campo, es escuela emparentada con el capitalismo social que hoy promueve toda la centro izquierda. A Petro alcalde le cobraron como embuchado comunista su intento de devolver al sector púbico el servicio de acueducto. Mas, antes de que los idólatras del mercado liquidaran la iniciativa económica del Estado y su función social, ya Colombia había experimentado durante medio siglo el modelo que confiaba al Estado servicios públicos e infraestructura del desarrollo. Derechos ciudadanos y bienes de beneficio común fueron indelegables al sector privado. Taca burro la derecha.

Por otro lado, aunque Petro no estuviese personalmente involucrado en los hechos del Palacio y pese a que el Eme fue indultado, debería el candidato   sumarse a la autocrítica de Antonio Navarro, más necesaria hoy que nunca. Para el dirigente, aquella acción armada fue “el peor error del M19, [pues] marcó con fuego la historia de Colombia. Difícilmente ha pasado en este país algo más terrible… una terrible equivocación de la cual nunca nos arrepentiremos lo suficiente […] Aunque no tuve responsabilidad en la toma, soy el superviviente del Eme y a nombre de todos mis compañeros he pedido perdón por lo sucedido”.

Más de un pensador ha legitimado la rebelión contra el tirano. La justificó Santo Tomás como resistencia contra él, aun, hasta eliminarlo. Hobbes la considera inevitable cuando no garantiza el soberano la vida y la seguridad de los asociados. En el legítimo alzamiento contra una dictadura oprobiosa, será crucial establecer, primero, si se configura tal régimen de fuerza; y segundo, si  la rebelión tiene licencia para derivar en guerra sucia. El Che Guevara condenó la lucha armada contra el autoritarismo que abrigara resquicios de democracia. Y el derecho internacional regla el conflicto armado: condena los crímenes de guerra y de lesa humanidad. En un país abocado a la prueba ácida de la verdad, a demandar claridad sobre acontecimientos que lo marcaron con sangre, no deberían sus líderes callar o guarecerse en la ambigüedad. Aquí puede faltarle a Petro la coherencia que su programa económico respira. Unas de cal, otras de arena.

 

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