Masacre de líderes: ¿y los autores intelectuales?

Entre narcotraficantes, paramilitares, usurpadores de tierras, mineros del oro, elenos, disidentes de las Farc y políticos que monopolizan el poder local medran los determinadores del genocidio que decapita a las comunidades en los territorios tenidos por objeto primordial de la paz. Indeseables les resultan los programas de posconflicto porque estorban sus negocios, su disputa del territorio y el control de la población. Sustitución de cultivos, restitución de tierras, curules para las víctimas del conflicto, participación comunitaria en la planeación del desarrollo regional e inversión social en grande para remontar la miseria, amenazan el estado de violencia y de abandono que empodera a aquellos sectores. Pero el Gobierno sólo ve a los gatilleros que se pavonean a menudo en la solapada indiferencia del Ejército. No busca a sus contratistas, a los autores intelectuales de la masacre.

La mitad de los 22 líderes asesinados en los 17 primeros días del año eran campesinos comprometidos con la erradicación de cultivos. Los otros, reclamantes de tierras usurpadas, miembros de Acción Comunal, defensores de Derechos Humanos y del ambiente, aspirantes raizales al gobierno de su municipio. Tras mucho ruego al Gobierno, va el Presidente a Tumaco. Pero, presa de su propia impostura publicitaria, humilla a la gente; y acaba de cerrarle el horizonte. Reparte dulcecitos de mermelada entre los niños, de a uno, ante las cámaras, mientras sus padres arman como pueden el joto de la huida, para sumarse a la marcha de los 4.000 desplazados del municipio. Muchos de ellos pertenecen a las 17.000 familias que erradicaron a mano sus siembras de coca, se quedaron esperando las inversiones del Gobierno en los productos sustituto… y tuvieron que volver a la coca. El Presidente anunció que fumigará esos cultivos en Tumaco. Su proyecto de aspersión con glifosato marcha raudo.

Al parecer, la “paz con legalidad” del Gobierno significa también inacción, complaciente impotencia frente a los gestores de la violencia que azuela a las comunidades y sus voceros, panacea de todos los advenedizos armados que trabajan para los poderosos de ayer y de hoy. O para su propio peculio, como es el caso de neofarcos y elenos. Leyder Palacios, víctima de las Farc que en  Bojayá perdió a toda su familia, líder de su comunidad, denuncia la presencia en su territorio de 600 hombres de las Autodefensas Gaitanistas, 100 del ELN y connivencia de la Fuerza Pública con los paramilitares. No le da crédito el Gobierno y Palacios replica: los únicos que no se dan cuenta de la incursión de los paras son las Fuerzas Militares.

Ausente el Estado en los territorios, ausentes las extremas de izquierda y derecha (ELN y uribismo duro) en el Acuerdo de Paz, más por pragmatismo que por ideología, azuzan  estas fuerzas la nueva violencia. Una andanada mortal contra las comunidades que trabajan por la paz. He allí el patrón común de la masacre de sus líderes: resistencia a la implementación de la paz. Votos por volver a la guerra, para seguir cosechando en la refriega. Y ésta renacerá si los autores intelectuales de la matanza de líderes siguen en la impunidad.

Camilo González, director de Indepaz, propone un pequeño Plan Marshall para los territorios más afectados por el conflicto. Cerrar un gran pacto democrático por la vida entre el Gobierno y todas las fuerzas políticas, parte del cual será el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Invita a reconocer la disposición de paz de las comunidades. A abandonar el tratamiento de los territorios como zonas de guerra. Y la creencia de que la matazón de líderes se resuelve militarmente: la solución será social y política, o no será.

 

 

 

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Rebelión contra el glifosato

A todo Goliat le llega su David. Y ocurre a veces que, si al pequeño lo asisten buenas razones y voluntad de hierro, podría ganarle al gigante la partida. Este David es hoy Camilo Romero, el gobernador de Nariño que se declara en rebelión contra el descabellado plan de Duque de bañar en glifosato los sembradíos de coca, con grave riesgo para la salud del hombre y del ambiente. Y con pérdida de ingentes recursos públicos. Se la juega el mandatario regional contra la aplanadora de violencia física y económica dirigida al eslabón más frágil de la cadena del narcotráfico, los cultivadores de coca. Probado en mil batallas, lanza Romero en su tierra –primer productor de la planta– un plan piloto que suprimiría “hasta el último metro” del cultivo. Por concertación con las comunidades de cocaleros que, en lugar de erradicación forzosa y veneno, contemplarían cultivos alternativos avalados por el Gobierno. Tal como lo hizo el gobernador de Caldas, Guido Echeverri, cuando eliminó, ofreciendo al cultivador otras opciones de vida, hasta la última hectárea de coca en ese departamento. Hazaña reconocida por la ONU.

Se la juega el nariñense también contra el alarde criminal y peregrino de que reduciendo al hambre a 300 mil familias dedicadas a cultivos ilícitos se conjura el narcotráfico. Mentira. Mentira interesada para ganar méritos con el patrón del Norte, que persigue la producción para disparar la rentabilidad del consumo. Hasta los menos avisados saben que de los 85.000 millones de dólares que el narcotráfico mueve, sólo 300 millones llegan a los cultivadores colombianos. El resto se enreda entre laboratorios de cocaína, exportadores y comercializadores para terminar, lavado todo, en las impolutas arcas de la banca mundial… y nacional.

Reafirma la Corte que sólo habrá aspersión si el Gobierno no logra concertación con las comunidades o sustituir cultivos. Pero éste no intenta una acción integral y quiere en cambio repetir la fracasada y costosísima aspersión  con glifosato, medio infalible para provocar una crisis humanitaria. Recuerda Romero que en 2005 había en su tierra 3.875 hectáreas de coca; se asperjó sin medida y hoy son 45.000 las hectáreas sembradas. De los 70.000 cultivadores nariñenses, apenas 16.000 reciben ayuda oficial.

Ebrio en los soñados efluvios  del glifosato, ignora el Gobierno experiencias que, de generalizarse, cortarían por lo sano. En 2013 se destruyeron en Caldas las últimas siembras de coca. El secreto: se pactó la solución con las comunidades, el Estado allegó bienes, servicios y abrió vías; convergieron   organizaciones públicas y sociales con los órganos de gobierno para crear alternativas a los cultivos ilícitos y se estimuló la natural asociatividad de la gente, hasta pergeñar el remedio: primero fue la erradicación manual y voluntaria; luego, la ejecución de proyectos productivos acordada con la comunidad.

Tampoco, en su infinita liviandad, registra el Gobierno el horizonte de industrialización que la coca ofrece. Científicos llevan años investigando sus múltiples aplicaciones médicas y farmacológicas, maravillados del potencial que los alcaloides ofrecen en Colombia. No. Anda Duque desvariando en la economía naranja, fantasía infantil para el hada Campanita de Peter Pan.

Pero un grupo variopinto de parlamentarios presenta proyecto de ley que replantea la política de drogas: prioriza la erradicación y sustitución voluntaria de cultivos, con acceso a tierras y a activos productivos. Volvemos a la pepa del asunto: perseguir al narcotraficante, al lavador, no al cultivador. Ejecutar la Reforma Rural Integral, con sus componentes sustantivos de entrega de tierra al campesino y apoyos para cultivarla a derechas. Condición necesaria para ello, la rebelión contra el glifosato que ya nuestro David emprendió.

 

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La rebelión de la ciudadanía

Superando de lejos la votación alcanzada por presidente alguno en la historia de Colombia, casi doce millones de votos contra la corrupción crearon un hecho político soberbio: se alzó la gente contra la ratería que convirtió a Colombia en cueva de Alí Babá y sus buenos muchachos. Victoria del voto libre, no comprado, la clase parlamentaria no podrá sino asumirla como mandato popular para ejecutar las reformas que ocho veces enterró. Fracasó el boicot que contra la consulta se fraguaba: el sabotaje del uribismo, estridente y mentiroso, como lo fuera su campaña en un plebiscito para negar la paz; y el sabotaje por calculada pereza de los partidos que traicionaron su originario respaldo a la consulta en el Congreso. Pero no pudieron ahogar la rebelión de la ciudadanía, hombres y mujeres de todas las clases sociales y colores políticos que echaron los cimientos de un monumento contra la corrupción cuya edificación no cesará ya.

Censura de la sociedad al bandidaje instalado en salas de gobierno y de ricos particulares, que ha mandado a la cárcel a siete exmandatarios en Brasil, Perú, Guatemala, Panamá y Salvador; mientras en Colombia fungen los campeones de la corrupción como patriarcas coronados. Una vergüenza. Un prolongarse el secular asalto a lo público, transmitido al ADN de la nación por ejemplo de sus élites, hoy catalizado por dos disparadores nefandos: la privatización del Estado y el narcotráfico. Sin cortapisas éticas, en el frenesí del ascenso y la revancha social en un país de inequidades extremas, bajo el ala del narcotráfico y tratativas dolosas con el Estado, mafiosos y politicastros de fusta y camándula devienen héroes.

Con la privatización de funciones y empresas del Estado vino el auge de la contratación pública directa. Pícaros que pasan por emprendedores, por   viceministros, por parlamentarios, se han feriado los dineros de todos. El contralor saliente, Edgardo Maya, calculó en $50 billones las pérdidas anuales del Estado por corrupción. Mas la plata desaparece en las arcas del canalla, no se recupera. Autor de un  desfalco de $70.000 millones, el exgobernador Alejandro Lyons sólo repondrá $4.000 millones.

Extravagancias de hoy que echan raíces en un remoto pasado. Eduardo Lindarte (Razón Pública 8, 18) encuentra entre las causas de tales desafueros una degradación de las normas morales y legales que las reduce a obstáculos por vencer, de donde resultará casi natural violarlas. La concentración del poder en élites que dominaron siempre todas las esferas de la vida en Colombia se resolvió en privilegio suyo, defendido a capa y espada. La corrupción se volvió regla y toda la sociedad cayó en ella. Grande daño causó la dualidad de una tradición legalista –que no legal– al lado de la doblez  de una Iglesia que se arrogó el derecho de impartir la moral mientras ella misma caía en corrupción. Para Lindarte, la demora en el trámite de los cambios sociales por la vía política ha sido el motor principal de la violencia, la ilegalidad y la corrupción.

Ya se recordaba en este espacio que el modelo de la hacienda decimonónica –paternalista y despótica– se proyectó como estructura del Estado y este fue patrimonio privado de la élite. Hoy deglute ella la contratación pública y la comparte con élites emergentes que reclaman lo suyo. No pocos entre ellas sobreenriquecidos en el narcotráfico.

La consulta del domingo devuelve confianza en la Justicia. Y abre perspectiva de soluciones que apuntan a las raíces del mal. Educación, sanción social,  control ciudadano, compromiso inescapable de la dirigencia nacional con una cruzada sin pausa contra la corrupción. Para empezar, deber del Presidente de explicar la designación del corrupto Alejandro Ordóñez como embajador en la OEA. Doce millones de votantes lo reclaman.

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Oposición libertaria y reformista

La pluralidad de fuerzas que, coligadas, arañaron el poder este domingo con 8 millones de votos augura una oposición tan vigorosa como abominable podrá ser un tercer mandato de Álvaro Uribe. Libertaria, reformista, pacifista, antípoda de la caverna que lo abriga, no le faltará a la oposición energía para hacerse respetar. Pero su eficacia dependerá de la disposición a converger en tareas comunes, ya en el Congreso; ya en las urnas; ya en las calles, arena primigenia de la democracia. Dependerá de su lealtad a la democracia liberal y a su corolario contemporáneo, el Estado social. Se fincará en la defensa de las libertades individuales y políticas cuando el DAS –órgano de seguridad del Estado– resurja como policía política del “presidente eterno” compartida con criminales para perseguir a las Cortes que lo juzgan, a la prensa libre y a sus contradictores. Dependerá, en fin, del ardor con que defienda al Estado que vuelve a respirar, tras décadas de asfixia bajo la tenaza neoliberal.

En campaña de ideas, esa sí política, menearon el centro-izquierda y la derecha concepciones divergentes del Estado y su relación con la economía y la sociedad. Dibujó cada uno la matriz de economía política que sustenta su propuesta de país. La reacción, Estado mínimo al servicio de latifundistas y banqueros. La Colombia contestataria que se despabila, Estado promotor del desarrollo y protector de los derechos sociales con recurso al impuesto progresivo sobre el ingreso.

Eje del capitalismo democrático que prevaleció en Europa y Estados Unidos entre 1930 y 1980 (en Colombia como intento malogrado del reformismo liberal), el Estado social busca redistribuir el ingreso en función del bien común, prestar servicios públicos y garantizar los derechos ciudadanos: derecho a educación, a pensión, a salud (ahora convertida en negocio de mercaderes). Derechos de la mujer, de la población LGBTI, de las comunidades étnicas. Derecho de propiedad, violado aquí mediante despojo masivo de tierras por el narcoparamilitarismo y su brazo político seguidor del uribismo. Una nueva oleada de expropiaciones a campesinos se avecina con el relanzamiento de las tenebrosas Convivir.

Correligionario del neoconservadurismo que hace agua por haber esquilmado a los más en provecho de los menos, Duque representa el anverso del Estado social que grava comparativamente más a los pudientes, para financiar la política social de beneficio común. El nuevo presidente rompe el cordón umbilical que une al Estado contemporáneo con el impuesto progresivo, siempre defenestrado por las élites colombianas. Y ahonda las desigualdades: multiplica beneficios a los acaparadores de la riqueza, en un país donde el 1% de los más ricos concentra el 20% de los ingresos.

Como si apoyo les faltara para llenar alforjas: con su ley, contra la ley o a bala, como es ya historia patria en Colombia. En el campo, donde el feudalismo de zurriago y sus ejércitos de matones guerrea sin pausa por preservar las tierras usurpadas y sus privilegios de casta. Duque los exime del impuesto predial y archivará la actualización del catastro. Y al empresariado todo, baluarte de su campaña, le concederá decenas de billones en exenciones tributarias.

No consiste la redistribución moderna en expropiar a los ricos para enriquecer a los pobres. Consiste en desarrollar la función social del Estado  por referencia a un principio decoroso de igualdad. Y esto, que en otras latitudes es pan comido, a la oposición le plantea un reto colosal: entre las reformas por la paz, hacer de nuestro Estado social de derecho una realidad. Empresa descomunal, pero proporcional a la revolución operada el domingo: 46% del electorado gritó “no más” al grosero pavoneo de estas castas sin patria y con prontuario.

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Medellín dulce y cruel

Amable como su clima y su paisaje, el trato de los medellinenses desarma hasta al más hostil. Al orgullo de patria chica se suma aquí el coraje de quienes se empeñan en recoger las cenizas de una ciudad tiranizada por el narcotráfico. Pero a poco se va revelando doblegada por el que Carlos Patiño llama ethos antioqueño, amasado en discriminación, racismo e integrismo católico. Activadores de la agresión contra los excluidos y caldo de cultivo para las bandas criminales que pueblan las comunas de los “otros”, mientras el espíritu de parroquia aletea invencible sobre una metrópoli de cuatro millones de habitantes.

Más melodrama paternalista que genuina rebelión contra el medio que permite discriminar a don José Lopera en un restaurante de El Poblado, la protesta paisa parecía dar por exótico el incidente: una rareza en Medellín, meca de la igualdad, donde somos todos tan queridos. No. Luis Bernardo Vélez, Secretario de Inclusión Social, declaró que el caso de don José se repite todos los días: en el trabajo, en la escuela, en el espacio público; por motivos sociales, raciales o sexuales. Agua fría a la ficción de sociedad igualitaria.

En entrevista concedida a Natalia Arbeláez (La Silla Vacía, 6, 11, 17) el profesor Patiño describe el modelo social “totalitario” que rige en Medellín, afirmado en el conservadurismo más acendrado, en el racismo, en la vieja moral católica, en la ética al servicio del dinero, en una sociedad endogámica hostil a todo el que viene de afuera, y al de adentro que no responde a ese ideal: negros, mestizos, mulatos, zambos, librepensadores y ateos, vagos, prostitutas, mendigos, los que viven en unión libre, los hijos ilegítimos y las zonas que todos ellos ocupan, las laderas, han sido siempre excluidos en esta ciudad que se modernizó pero se negó la modernidad.

Cara ha salido la exclusión. Herederas de Pablo Escobar y de Don Berna, las bandas de las comunas se disputan el control del territorio, de la extorsión y el microtráfico, ahora fortalecidas con el Clan del Golfo. En la guerra de este año entre sus 2000 miembros, van 200 muertos. Contrapoderes ilegales que desafían al Gobierno de la ciudad y fuerzan pactos de donbernabilidad, son –según Patiño– la opción que la desindustrialización dejó. Alternativa al   todovale con bendición divina que rigió los negocios en más de un grupo de poder en Antioquia, insensible a la diferencia entre economías lícitas e ilícitas, tocadas o no de grupo armado. Diríase que la revolución del narcotráfico lo fue también estética y moral. Y sin fronteras de clase. En ella, el lenguaje traqueto naturalizó el discurso del horror, personificado en el sicario de los 300 muertos que funge como propagandista del Centro Democrático.

Pero habrá siempre quien se atreva contra la dictadura del miedo. “La violencia no nos vence” fue consigna de resistencia que acompañó este 5 de mayo el soberbio  concierto que diez grupos de la Comuna 13 interpretaron en defensa de la paz  y en recuerdo de las 197 víctimas (entre muertos y desaparecidos) habidos en la toma de la zona por 1000 soldados y 3.000 paramilitares hace 15 años. Otra vez militarizada la comuna, se prometieron los pobladores en pleno no permitir un muerto más.

Entre tanto, en el teatro Metropolitano dirigía Andrés Orozco el Requiem de Brahms, ante un público que contenía el aliento. Al director de música sinfónica, criado en el barrio obrero de Manrique y respetado en el mundo, lo llaman “el milagro de Viena”. Esta ejecución de Brahms en Medellín se alternó con fotografías de Jesús Abad sobre la guerra. Fue una oda a los que se van, pero también a los que se quedan, declaró Orozco. Y rompió en llanto. Dulce resistencia del arte a las crueldades de la inequidad.

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Héroes de barro y sangre

A tono con el amparo que los poderosos brindan a delincuentes de cuello blanco, con su exaltación de criminales o su indulgencia hacia ellos, proliferan en este país sepelios apoteósicos de jefes paramilitares. Como marchando en la misma dirección, 5.000 lugareños acompañan entre vítores el féretro de alias Inglaterra; y el Congreso exonera virtualmente de culpa a empresarios y funcionarios que fueron sus aliados en atrocidades de la guerra. Reserva el juicio sólo para las Farc, el otro responsable del horror.

Con flores, bombas, narcocorridos, aguardiente, pólvora, lágrimas, disparos al aire, desfile de carros y motos e invitaciones a la venganza se honra en Carepa al homicida y violador de niñas, mando del Clan del Golfo. La mayoría parlamentaria, por su parte, celebra a carcajadas el estropicio que salva el pellejo a los señorones de la guerra: no a quienes debieron pagar para protegerse del secuestro de las Farc, sino a 57 empresas  sindicadas por Tribunales de Justicia y Paz de coligarse con frentes de las AUC. Deja a las víctimas sin verdad ni representación política. Descuellan en este parlamento taimado Rodrigo Lara y Carlos Galán, hijos indignos de quienes se inmolaron por enfrentar al narcoparamilitarismo, cuyos socios ayudaron estos sinvergüenzas a salvar.

Coincidencia terrible que mueve a preguntarse si la desfachatez de las elites no estará proyectándose como mandato ético desde arriba hacia comunidades marginadas, que no se reconocen en su historia y su cultura; pasto seco para el primer incendiario que meta miedo y pase por benefactor de pobres. Mas el mensaje no es nuevo. A la voz que asimila librepensador con terrorista, levitando en la laxitud de las derechas frente al historial de la mafia, se sintió Popeye autorizado a fungir como estrella en manifestación uribista de abril. Cómo no, si el expresidente Pastrana, el exvicepresidente Francisco Santos y la exministra Martha Lucía Ramírez disculpaban blandamente la exhibición en el evento del sicario que se reclama autor de 300 asesinatos y auspiciador de otros 3.000. Fue Samuel Hoyos, congresista del Centro Democrático, el único de ese partido en rechazar la participación del matón, a quien calificó de sicario y criminal.

En la saga de condescendencia con los violentos, cuyo impacto deberá calibrarse en un país donde el protomacho es rey y la política procede a bala, viene a la memoria una célebre columna publicada en 2006 por el ideólogo del uribismo, Fernando Londoño. Argumenta él, con algo de razón, que las autodefensas nacieron como respuesta a la guerrilla. Y que Carlos Castaño, “intelectual hecho a pulso” cuyo ideario debería resucitar, hubo de plegarse al narcotráfico como fuente de financiación de las AUC; pero sin perder “su naturaleza política antisubversiva y anticomunista”. Dos omisiones graves: primera, el carácter “político” de las AUC pronto se reveló como fachada funcional del negocio maldito del narcotráfico. Segunda: ya desde 1988 y hasta 2002 a Castaño se le sindicaba de decenas de masacres y asesinatos individuales. Lo que no impedía que señoras “divinamente” suspiraran en sus clubes por el sujeto de marras. Pobres por necesidad, ricos por interés en el negocio compartido, simpatizaron (y simpatizan) con el paramilitarismo. Y  acuden a los sepelios de sus jefes.

Escribe el editorialista de El Colombiano: no pueden ser los pabloescobares, carloscastaños, inglaterras y otrora timochenkos quienes nos sirvan de ejemplo. Pero Rafael Nieto anuncia que “estamos listos a asumir los costos de la continuación de la guerra con las Farc”. Quiénes: ¿sus hijos? ¿O seguirán las víctimas como carne de cañón de nuestros héroes de barro y sangre, y de sus socios?

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