En Colombia, un capitalismo hirsuto

Motivo “reestructuración”, El Colombiano prescindió del columnista Francisco Cortés Rodas en el día del periodista. Al parecer, no tolera ese periódico la opinión libre sobre verdades que violan su intimidad con los grupos de poder en Antioquia. Piedra de escándalo habría sido la columna que el catedrático tituló “El capitalismo paraco y los empresarios honorables”.

Nuestros grupos capitalistas –escribió él– no son moralmente virtuosos. Aquí se desarrolló también la fórmula extrema de un capitalismo sin ley ni orden que podrá llamarse “Capitalismo paraco”; con apoyo de los Gobiernos de turno y gracias a una alianza entre paramilitares, narcotraficantes, políticos y “honorables empresarios”. Uno de ellos –dice– es José Félix Lafaurie, denunciado de tales vínculos por el dirigente ganadero Benito Osorio, cuya revelación reafirma Mancuso: para él, la de Fedegán y AUC  fue una “alianza gremial, política y militar de alcances que la sociedad colombiana aún no ha llegado a imaginar”. Entre otros, un sangriento proceso de apropiación de tierras.

Hay capitalismos de capitalismos, argumenta Cortés. En Antioquia floreció uno “virtuoso” construido mediante estructura empresarial de propiedad cruzada llamado GEA. Virtuoso sería porque ha generado empleo y mejorado la calidad de vida. Un capitalismo benévolo, inscrito en la línea de la filantropía moderna, pese al pecadillo de Argos que compró con ventaja tierras de campesinos en situación de desplazamiento. Pero filantropía es caridad, no justicia social. Se pregunta el columnista si benévola será la fórmula corporativa que al GEA le permitió usar una empresa pública como EPM para sus propios intereses. Para mantenerse y expandirse, este capitalismo se habría valido de la razón y de la ley, pero también de la fuerza, la violencia y la apropiación de bienes ajenos. Excesos propios de su natural voracidad, que demandan una transformación del orden político y económico capaz de regular el capitalismo y redistribuir la riqueza.

Para Juan Manuel Ospina (El Espectador enero 28), el discurso liberal del dejar-hacer mueve a grandes empresas que terminan por destruir las instituciones del capitalismo de libre mercado. En la base del fenómeno, el desplazamiento del poder de los accionistas –los dueños de la empresa– a sus administradores  que, empoderados, cambian las prioridades: reparten una pizca de utilidades entre los accionistas e invierten el grueso, no en creación de nuevas empresas sino en la compra de otras ya existentes. “Es –señala Ospina– un capitalismo más de concentración que de creación de capacidad productiva, donde el capital financiero es actor central”. El GEA es una variante de este modelo, con una particularidad: un grupo de empresas de propiedad cruzada, florecientes, y con acciones en la bolsa (las de sus accionistas) subvaluadas.

Marcadas ya por el crimen, ya por el despotismo empresarial, armonizan estas dinámicas del capitalismo en Colombia con las políticas de los Gobiernos, y mucho desemboca en violencia, exclusión y hambre. Dígalo, si no, la más reciente revelación sobre inseguridad alimentaria que en el país alcanza al 54,2% de los hogares, 64,1% en el campo. Debido, en parte, a la franciscana asignación de recursos al agro que, cuando la hay, va a parar a la gran agricultura empresarial de materias primas, no al campesino que pone más de dos tercios de los alimentos en la mesa de los colombianos. Debido, también, a la importación masiva de alimentos que el país puede producir.

Boyantes en el dejar-hacer de los Gobiernos, al lado del patrón que asocia a gremios (de ganaderos, de palmeros) con paramilitares y políticos, el modelo GEA marcha vertiginoso hacia el monopolio, la privatización de lo público y el abuso de poder. He aquí las dos patas del capitalismo hirsuto que nos asiste.

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Duque: pistola a la reforma rural

Este presidente recibe un país con el mejor acuerdo posible de paz e índices de violencia política reducidos, y lo devuelve en guerra. Las crueles imágenes de comunidades asediadas por grupos armados y de desplazados por decenas de miles han vuelto a copar pantallas y páginas de prensa. Para no mencionar los cientos de masacres, de líderes sociales y reinsertados asesinados que la costosísima Fuerza Pública no impide, pese a la patética locuacidad de sus comandantes. Ni seguridad para los reinsertados ni solución al conflicto por la tierra que alimenta la guerra. En fallo sin antecedentes, la Corte Constitucional emplaza al Gobierno por “violación masiva del Acuerdo de Paz” y le ordena cumplirlo integralmente. Naciones Unidas y la CIDH se unen al clamor, mientras la FAO advierte que Colombia se halla en riesgo inminente de inseguridad alimentaria: poblaciones enteras no podrían acceder a alimentos, entre otras razones, por eludir la Reforma Rural pactada con el Estado en el Acuerdo de Paz: distribución, formalización y restitución de tierras andan en pañales. Denuncia el exministro Juan Camilo Restrepo “un déficit presupuestal gigantesco para atender los cometidos del posconflicto”.

Corolario de esta eficientísima abulia hacia la paz en el campo, el silencio del presidente Duque, de su Gobierno y su partido, ante el escándalo que toca a uno de sus dirigentes, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, por presunta complicidad con paramilitares que en los 90 despojaron 4.000 hectáreas en Urabá y Córdoba, y decapitaron con motosierra a quienes presentaron resistencia. En confesión de la verdad ante la JEP, el exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio, comprometió a Lafaurie con paramilitares como Mancuso y con generales condenados por asesinato como Rito Alejo del Río. Osorio fue sentenciado a prisión por expropiación de tierras en asocio de paramilitares.

Pero el caso pertenece apenas al último capítulo de una saga centenaria escrita con sangre: es el capítulo de la contrarreforma agraria agenciada por la troica de paramilitares, gamonales y políticos que, tras sus revelaciones en Justicia y Paz, debuta ahora en la JEP. Se comprenderá por qué ha querido el uribismo destruir el tribunal de justicia transicional. En la entraña de nuestra historia medra una minoría que acapara la tierra, paga impuestos irrisorios o ninguno, usufructúa la inversión pública que besa sus predios y engorda en el modelo predominante de tierra sin hombres y hombres sin tierra. Bloqueada la modernización en estos lares, sin Estado, sin tierra, sin trabajo, desfallece la vida del campesino y hierve el conflicto social. 

Salomón Kalmanovitz presenta ejemplo al canto: la hacienda El Ubérrimo es  tierra potencialmente agrícola dedicada a ganadería extensiva. Son 1.500 hectáreas urbanizables, valorizadas con riego y drenaje a cargo del Estado, su dueño la declara por 17 veces menos de su valor comercial. No valdría, según nuestro analista, $8.600 millones sino $165.000 millones. En consecuencia, tampoco debería pagar $178 millones de impuestos.

La derecha dio siempre en la flor de calificar como sovietizante cualquier intento de expropiación con indemnización por su valor comercial de tierras inexplotadas. Política típicamente liberal que en toda Europa y en Japón se aplicó sin anestesia, coco de las élites que mandan en éste nuestro país, el más conservador del continente, el de mayor concentración de la propiedad agraria.  Sovietizante les pareció la Ley 200 de López Pumarejo, y desataron la Violencia; la de Lleras Restrepo, y la sepultaron en Chicoral. Sovietizante les parece cualquier alusión al recurso legal ratificado aun por la Ley 60 de 1994. ¿Cómo prevalecen ellas, pues, por encima del sentido común y de la historia? Haciéndole pistola a la reforma rural.

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Asalto al tinglado electoral

La impudicia del Uribe-duquismo para tomarse todos los flancos del tinglado electoral denuncia pánico de perder el poder, en el único país de América Latina que nunca tuvo un gobierno de izquierda. Emulando al dictador de Nicaragua, nuestro registrador sentencia: si la oposición se siente sin garantías electorales, bien podrá renunciar a su participación en la contienda. Insólito anuncio de pasos del animal grande que va triturando con su pata peluda las reglas de la democracia. Entrega la logística y el escrutinio electorales a empresas privadas que harán la tarea sin auditoría ni control. Confunde (¿deliberadamente?) censo de población con censo electoral, acaso para meter millones de votos fantasmas, de derecha, en las urnas. El Gobierno suspende la Ley de Garantías concebida para asegurar igualdad en la competencia electoral. Contempla –mudo, manco, sordo– el festín que funcionarios, paramilitares, gamonales y victimarios han armado para manduquearse, tras haberlas vetado, las 16 curules de las víctimas.  Jorgito junior, hijo de Jorge 40, el más sanguinario entre los masacradores del paramilitarismo y héroe del muchacho, aspira a una de ellas. Mientras tanto, varios de los líderes comunitarios, depositarios naturales de este recurso de paz, han sido ya notificados: o renuncian a su aspiración, o serán declarados objetivo militar. Y el Gobierno ahí, alelado testigo del horror que no conjura.

 El registrador firmó contrato con la empresa española INDRA para coordinar el escrutinio de los votos y consolidar los datos de los formularios E14 de los jurados. Denuncia NT24 que la firma se vio involucrada en escándalos por fallas en el voto electrónico y por casos de soborno y manipulación electoral. Según Noticias UNO, había firmado antes otro contrato con DISPOEL  para inscripción de cédulas, recolección de datos y elección de jurados. Por vez primera, dos empresas privadas, escogidas a dedo, controlarán todos los resultados electorales, sin vigilancia ni control.

La directora de la MOE alerta sobre dificultades para hacerle monitoreo, seguimiento y control a la información electoral, desde las mesas de votación. Las múltiples dificultades en la inscripción de cédulas develarían riesgos, que vienen a sumarse a los acumulados en once meses de bloqueo de información necesaria para inferir trasteo de votos. A la fecha, no se sabe en qué consiste la depuración del censo electoral. Se denuncia, sí, que la Registraduría ha represado la entrega de tres millones de nuevas cédulas. Votantes jóvenes, tal vez menos proclives a sufragar por el que, cuesta abajo en su rodada, se dijo dueño de vidas y haciendas. 

Definitoria en la estrategia envolvente que apunta al fraude fue la suspensión de la Ley de Garantías Electorales. Presidente y Congreso rompieron el equilibrio en la competencia electoral que deriva de la neutralidad de los funcionarios públicos, de la prohibición de ceder contratos por intereses políticos y del congelamiento de la nómina oficial. Primera agraciada con el cambio, Margarita Cabello: nombró, de una tacada, 1.208 funcionarios inútiles en la Procuraduría.

Dramático, el cerco tendido a los líderes sociales que aspiran a las curules de paz. Amenazas de muerte, bloqueo de los modestos fondos destinados a su campaña, interferencia de clanes políticos y grupos armados en territorios donde el asesinato de líderes es rey. Quienes vetaron el proyecto que creaba las curules querrán ser ahora sus directos beneficiarios, aun victimarios que fungen de víctimas.

Y así va el fraude. Planta carnívora de los pantanos donde la extrema derecha sembró su imperio de odio, violencia, ladronera impune y abuso de poder. Pero es flor que, contaminada de sus propias miasmas, agoniza. Como agoniza la hegemonía de quienes la sembraron. No estamos ya en 2002 sino en 2022.

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Paz sin reversa

Con la desaparición de las Farc perdió Uribe el enemigo sobre cuyo lomo había edificado su reputación de guerrero indómito; para reemplazarlo, camufló entre tules de justicia y patria a un nuevo antagonista: la paz. Mas, pese a sus vacíos, a la reconversión de la violencia en muchos territorios, a la ferocidad de la acometida contra ella en estos años, hoy resulta irreversible la paz. Y apuntalado en el mundo el prestigio del Acuerdo que terminó una guerra de medio siglo con una guerrilla poderosa en su bestialidad. Por eso la carta del expresidente al secretario de la ONU, que desconceptúa por enésima vez el Acuerdo, tiene menos de memorial de agravios que de conjuro. No por decir que “acuerdo no hubo” desaparecen mágicamente su estatuto constitucional y legal, y sus efectos: los miles de vidas salvadas, la desmovilización de 13.000 guerrilleros y la fundición de sus armas, la conversión de los insurgentes en partido legal, el espectáculo de la JEP que emplaza a militares por la ejecución de 6.402 falsos positivos y a las Farc por crímenes horrendos, las decenas de miles de testimonios de las víctimas a la Comisión de la Verdad, materia viva para una historia universal del horror. Y la aplastante mayoría de colombianos que sueñan con una paz completa.

Dice Uribe que, en vez de acuerdo, hubo fractura de la ley para dar impunidad y elegibilidad a responsables de delitos atroces. Olvida que su proyecto original de desmovilización de autodefensas concedía perdón sin verdad, justicia y reparación. Que su Administración auspició la presencia insultante del jefe paramilitar Mancuso en plenaria del Congreso y cogobernó con bancadas de parapolíticos. Al Acuerdo atribuye la instauración de “un Estado criminal alternativo”. Pero este existía desde mucho antes, gracias a la alianza de  narcoparamilitares con políticos, empresarios, funcionarios y militares que en su Gobierno alcanzó todo su esplendor.

Al presidente Duque se le agradece el inesperado viraje por la paz. Pero no se le cree. Mal actor en las artes de la simulación, nos enseñó que su retórica anda lejos, muy lejos de los hechos. De la campaña por hacer trizas la paz, que se resolvió en obstrucción o en ejecución liliputiense de su implementación: casi nulas reforma rural y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos; ninguna, en seguridad en los territorios, como que masacres y asesinatos de líderes sociales y desmovilizados escandalizan. Sabotaje a la jurisdicción agraria y pasos de tortuga en actualización del catastro.  Persecución a la JEP y migajas para los programas de posconflicto. Salvo en PDETs, donde Emilio Archila puede mostrar algún resultado decoroso.

Sostiene Camilo González que, por no implementar a derechas el Acuerdo, se recomponen grupos armados con impacto en 250 municipios, persisten el paramilitarismo y la violencia para hacerse con el control del territorio, con los negocios y con el poder. Estaríamos en la encrucijada del tránsito a una etapa histórica sin guerra, pero la violencia se recicla porque no se atacan sus causas de fondo. La imposición oficial de nuevas estrategias de guerra prevalece sobre programas integrales de desarrollo, de democracia y de bienestar para la población.

Y sin embargo, tan vigoroso es el proceso de paz que ha sobrevivido a las más devastadoras cargas de dinamita. En su visita al país remarcó el secretario de la ONU, “la obligación moral de garantizar que el proceso de paz tenga éxito”, pues éste no se contrae al acto de silenciar las armas: apuntó también a eliminar las causas profundas del conflicto y a curar las heridas, “para que las atrocidades cometidas por todas las partes no vuelvan a ocurrir”. ¿Se traducirá en hechos la retórica pacifista que ahora ensaya Duque, o volverá al frente de guerra contra la paz que Uribe y su candidato Zuluaga reclaman?

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Autobombo ladino

Después de los 6.402 falsos positivos del uribato, en el Gobierno de Duque ha vuelto a correr sangre a chorros. Pero a cada nueva evidencia de la carnicería, un coro se levanta desde el poder para convertirla en gesta heroica de la democracia contra el terrorismo; que lo es todo cuanto se aparte del corro presidencial, de su partido, sus banqueros, sus terratenientes y sus Ñeñes. Y nadie le cree. O muy pocos, porque son legión los colombianos que han visto impotentes el asesinato sin investigación y sin castigo de 116 líderes sociales y la comisión de 69 masacres sólo en lo corrido de este año. Legión, los testigos del homicidio a bala de 13 manifestantes el 9 de septiembre del año pasado y de otros 77 en mayo-junio del presente, según Temblores e Indepaz. A bala de la fuerza pública y de sus adláteres, las Camisas Blancas del paramilitarismo urbano.

El más reciente pronunciamiento es de Nancy Patricia Gutiérrez, Consejera de  Derechos Humanos: “el gobierno del presidente Duque –escribe– ha dado lo mejor por la protección de los líderes sociales [y] ha adoptado políticas públicas de Derechos Humanos que se implementan de manera rigurosa”. Otra cosa dijo la CIDH, que vino, estudió los hechos, comprobó responsabilidad del Gobierno en la matanza del paro nacional y anunció monitoreo al país. También a España llegan ecos de esta finca, y el presidente que corre a suplantar Vallejos en la Feria del Libro de Madrid con su librito de economía naranja. Mas pierde el envión. Nada puede ante la protesta de colombianos en esa ciudad contra el “genocida”, ni ante el manifiesto de 28 libreros indignados con quien llega “a lavarse la sangre derramada”.

Y es que Colombia se corona campeón mundial en asesinato de líderes ambientales: 65 el año pasado, casi la tercera parte de los habidos en el orbe. Informa Global Witness que estos crímenes son parte del ataque generalizado contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, y permanecen en la impunidad. No toca el Gobierno la pulpa de la matanza, bien cobijada como está por su sabotaje a la implementación de la paz. Último dato: cercena la implementación de la paz reduciendo sus recursos de 10% a 3%.

Pero en su grosera distorsión de la realidad, se pavonea Duque disfrazado de   cruzado, de Blancanieves, de presidente. Perdura el recuerdo del chaleco (no disfraz) de policía que se caló para confundirse con quienes acaso venían de matar a 13 muchachos, y los llamó “héroes”. El elogio, flor silvestre, le brotó del alma. Pero otras veces él y su Gobierno mienten en grande sin parpadear. Mienten sus funcionarios, verbigracia, al reconocer 3 muertos en Cali el 28 de mayo a manos del Ejército, la Policía, el Esmad, el Goes y los paramilitares, cuando fueron 12 las víctimas, según indagación pormenorizada de El Espectador, (5, 7, 2021). De las decenas de agentes implicados, sólo uno ha sido llamado a juicio. Y la Fiscalía ahí, se carcajea, mientras a Nury Rojas, madre de la baleada Angie Baquero, la amenazan de muerte por exigir justicia.   Presidente, Fiscal y Mindefensa elevaron a terrorismo las contravenciones de bloquear vías sin violencia o tirar piedra. Se prepara sentencia de 22 años de cárcel contra un miembro de la Primera Línea en Medellín por filmar enfrentamientos con el Esmad y por insultar policías.

El mundo de las letras en pluma de libreros descalificó en España el ladino autobombo de este “heredero de la peor tradición uribista, la de los falsos positivos, los cuerpos mutilados, el narcotráfico y las matanzas paramilitares […] el responsable directo de la represión, de las torturas y desapariciones de los últimos meses”. Mas, si por allá llueve, por acá no escampa: 70% de los colombianos reniegan de la perversa charada y reclaman respeto a la vida a quien todos los días tira la piedra y esconde la mano.

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Avalancha de presidentes convictos

¿Será Colombia el lunar entre los once países de América Latina que en dos  décadas han procesado a 20 mandatarios por corrupción y por violación de derechos humanos? ¿Prevalecerá la Fiscalía, que pide cerrar investigación contra el expresidente Uribe por supuesta manipulación de testigos que lo vincularían al paramilitarismo de Antioquia y a la creación del Bloque Metro, sobre los 1.554 folios de pruebas y argumentos que la Corte Suprema consolidó sobre el caso, tras seis años de investigación? Grande paradoja sería este entrampamiento de la justicia en el país que entre sus pares funge como democracia estable; así consista ella apenas en combinar elecciones regulares con  violencia armada como modus operandi de la política. Renunciados esos presidentes, o prófugos de la justicia o tras las rejas, desnuda Latinoamérica su cansancio con el abuso ancestral de gobernantes elegidos que agitan el sable y llenan su faltriquera en la impunidad. ¿Y Colombia?

Un alud de interceptaciones legales, testimonios, inspecciones técnicas a cárceles, grabaciones y chats le permitió a la Corte Suprema concluir que “la prueba indiciaria es absolutamente clara, inequívoca y concluyente de (la condición de Uribe) como determinador”. Pero la Fiscalía nada ve o se finge ciega, para pedir la preclusión del proceso dizque por falta de pruebas. Pese a que los delitos contemplados aquí pertenecen a la misma gama de los hallados en el vecindario, y hasta pueden desbordarla.

Tras la condena de 25 años de prisión a Alberto Fujimori por corrupción y por ordenar el asesinato de 25 personas, en Perú se investiga a seis de los últimos siete presidentes. También Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Kuczynsky dieron con la cárcel, y ya Martín Vizcarra la olía. Alan García se suicidó a dos pasos de su detención. En Ecuador, Lucio Gutiérrez y Rafael Correa (condenado a 8 años de prisión) son prófugos de la justicia. También huyó de la fiscalía boliviana Sánchez de Lozada, mientras Jeanine Añez, paga condena por sedición y terrorismo. Ricardo Matinelli fue detenido en Panamá por espionaje a la oposición y por corrupción. En Brasil perdió su libertad durante años Lula da Silva y su sucesora, Dilma Roussef, la silla presidencial. La fiscalía de México cierra el cerco contra Peña Nieto. Y en Argentina Carlos Menem pagó cárcel por tráfico de armas y por corrupción; a Cristina Fernández la investigan por enriquecimiento ilícito de ella, de su esposo (también presidente) y de la familia en pleno.

Guatemala es caso aparte. A una orden de detención de la fiscalía, renunció a la presidencia Otto Pérez Molina. El hecho es epílogo de una investigación de Naciones Unidas presidida por Iván Velásquez, exmagistrado de la Corte Suprema de Colombia, que señaló el mismo destino para centenares de figuras públicas y otros tres expresidentes del país. Hubo conmoción en el continente. Y ésta derivó en manifestaciones multitudinarias en Guatemala contra el decreto del presidente Jimmy Morales que expulsaba del país al investigador. Es que el propio hijo del Ejecutivo y su hermano habían caído en desgracia por lavado de dinero y fraude. Velásquez, astro de la Corte Suprema contra la parapolítica en Colombia, fue blanco codiciado de la celada que el Gobierno de Uribe le tendió al alto Tribunal. Venía él de enfrentar la mafia de Escobar y la parapolítica en Antioquia.

Aun contra la saga del subcontinente que pone en cintura la impunidad amparada en el abuso de poder, porfía nuestra Fiscalía en negar evidencias judiciales para sabotear el pronunciamiento de la justicia en un Estado de derecho. La esperanza es que prevalezca el rigor de la Corte Suprema sobre la chapucería políticamente interesada de la Fiscalía. Emular conquistas como las de Iván Velásquez, el valiente, y respirar un día mejores aires.

 

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