por Cristina de la Torre | May 17, 2021 | Centro, Paro Nacional, Modelo Político, Modelo Económico, Izquierda, Movimiento social, Impunidad, Mayo 2021
Bajo la rabia que anida en esta sociedad de castas montada sobre la pobreza y la exclusión; desde las lágrimas por tantos y tantos muertos en las calles florece, acá y allá —en el abigarrado tejido que se llama el pueblo— disposición para enfrentar la adversidad concertando un nuevo pacto social. Pues el que rige, pervertido en el privilegio, en la violencia, en una democracia quebradiza, es causa de la debacle. Y hace agua. Díganlo, si no, esquirlas tomadas al azar de las granadas que este Gobierno ha lanzado contra las multitudes que protestan.
Detenida y abusada sexualmente por agentes del Esmad, una adolecente “se suicida” en Popayán. En Cali, paramilitares estrato diez disparan contra indígenas, cuadro inmortal de los ancestros que exalta el puño de hierro del encomendero sobre el nativo. El alcalde de Pereira cohonesta alianza de civiles con veleidosas empresas de seguridad privada: de ocho tiros muere Lucas Villa. Álvaro Uribe insta a la Fuerza Pública a disparar contra terroristas que pueden ser cualquier manifestante, y acaricia la ilusión de volver a la guerra.
El nuevo pacto social principia por devolver al Estado su protagonismo, integrar los excluidos a la empresa reformista y rescatar las dinámicas de la paz. Proponen Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo “convocar a todos los partidos y movimientos sociales, a todas las fuerzas vivas a concertar un Gran Acuerdo Político Nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande”. La deliberación democrática tendría que aterrizar en el Congreso, su escenario natural, y traducirse en leyes. Hay que deliberar para reconciliar, señalan.
Para muchos, en el centro del acuerdo medran medidas de emergencia que empiezan y terminan en el eje del empleo. En la creación inmediata de puestos de trabajo desde el sector público y, a largo plazo, en una estrategia de pleno empleo que privilegie la economía real sobre la especulativa financiera. Otra medida urgente, de vida o muerte, la creación de una renta básica para 6 millones de hogares que oscile entre $320.000 y $480.000 mensuales, financiada —como en todo país civilizado— con impuestos directos sobre la renta y el patrimonio de los más pudientes.
La crema de los profesores universitarios sugiere alternativas en política económica y social distintas de la reducción de impuestos a los ricos. En estas décadas, afirma, ha operado una redistribución regresiva del ingreso que castiga los salarios, premia las ganancias y concentra sin pausa la propiedad y la riqueza. Se suprimió la función del Estado como prestador de servicios públicos y garante de los derechos económicos y sociales que culminen en educación y salud universales. Para los académicos, la redistribución del ingreso no se logra con mayor “libertad económica”. Lo prueba la historia de los países desarrollados, donde el Estado fue el gran responsable del desarrollo afirmado en la industrialización y en el impuesto progresivo.
Diríase que un rediseño de la fiscalidad debería comenzar por derogar la reforma tributaria de 2019, que otorgó gabelas por $14 billones a los ricos, a las cuales ha renunciado ya la Andi. Aconsejaría liquidar el adefesio de que los archimillonarios de Colombia paguen apenas entre 1 y 2% de impuesto sobre la renta. Y actualizar el catastro para que también los terratenientes paguen impuestos a derechas.
Otros signos de la crisis que abraza al pacto social y político agudizada por el uribismo en el poder: sólo 9% de los jóvenes confía en la Presidencia y 7% en el Congreso (Cifras y Conceptos). En perspectiva electoral, por la derecha votaría el 5%; por la izquierda, el 25%; y por el centro, 41%. Llegó la hora del cambio. Si el pacto se adopta democráticamente, hallaría su refrendación en las urnas el año entrante.
por Cristina de la Torre | May 24, 2021 | Paro Nacional, Modelo Político, Movimiento social, Mayo 2021
Fuera del sabotaje a la economía mediante bloqueo de vías, dos obstáculos formidables taponan por ahora la salida a la crisis. Primero, una violencia incontrolada del Gobierno contra el pueblo inerme, para escándalo del mundo que asocia a Colombia con dictaduras dadas por desaparecidas. Segundo, el reto al sistema político de abrir canales de expresión y trámite de demandas para mayorías ultrajadas que rompen ruidosamente las amarras de la resignación, cuando los partidos no las representan ya y la democracia directa que la Carta del 91 introdujo degeneró en populismo plebiscitario a instancias de algún egócrata con prontuario.
51 muertos en las calles cuenta Indepaz, 43 de ellos supuestamente a manos de la Fuerza Pública; para la Defensoría del Pueblo son 42 y, para la Fiscalía, 14. Pero el presidente se emplea a fondo: anuncia máximo despliegue de la Fuerza Pública. Su ministro de Defensa, la torpeza hecha poder armado, tiene por terroristas a los protestantes. Y Marta Lucía Ramírez, flamante Canciller, atribuye el estallido al Acuerdo de Paz. En franco alarde de castrochavismo, no acepta Duque todavía inspección en terreno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como nunca la aceptaron Maduro, Castro y Ortega. Todo ello ventilado en los prolegómenos de negociación con el Comité del Paro y con jóvenes en incipientes mesas de negociación regionales. Exigen todos garantías para la vida y la integridad de los marchantes; reconocimiento expreso del Presidente sobre excesos de sus hombres, y autorización a la visita de la comisión de Derechos Humanos. Áspera barrera para el hombre que se debate entre la endeblez y cada divisa brutal de su mentor.
Las aspiraciones variopintas del levantamiento popular que reclama participación política desafían a la maltrecha democracia representativa, enhorabuena fortalecida por las 16 curules de paz que la Constitucional revive para comunidades abandonadas al olvido y a las cicatrices del conflicto. Victoria de las víctimas. La indecorosa protesta de Paloma Valencia y de su partido no hace sino enaltecer la decisión de la Corte. Pero, mientras culmina la reforma política y electoral que depure y fortalezca a los partidos y abra el compás a nuevas opciones, nada tan propicio como los canales de democracia directa, local, que la Constitución ofrece. Como el cabildo abierto. O los Consejos Territoriales de Paz, Comités de Justicia Transicional y Consejos de Desarrollo Rural creados por el Acuerdo de Paz, que multiplican los canales de participación política. Democracia de abajo hacia arriba.
O los imaginativos mecanismos que la mesa de negociación de La Habana ideó para incorporar la avalancha de propuestas que fluyó hacia ella desde la sociedad civil, a saber: página web a través de la cual se recibieron, sistematizaron y analizaron propuestas ciudadanas; cinco foros temáticos ejecutados por el PNUD y la Universidad Nacional con más de 40.000 propuestas sobre los temas de negociación, y mesas de trabajo regionales en todo el país para recoger propuestas sobre los ejes temáticos en discusión. Se han consolidado también experiencias como la del Comité de Integración Social del Catatumbo, que representa a organizaciones de varios municipios de Santander y hoy prepara un pliego campesino del departamento que sirva de insumo en la negociación del Comité Nacional del Paro.
¿No servirían mecanismos de esta índole para recoger y debatir los reclamos de los manifestantes, como actores políticos, y articularlos a las negociaciones del Gobierno con el Comité del Paro o al Congreso cuando excedan el ámbito local? ¿No ayudarían a saltar el candado que bloquea una negociación democrática? ¿Querrán anarquistas tomarse el movimiento para que los heraldos de la guerra “salven” el país todo con una gran operación Orión?
por Cristina de la Torre | Dic 3, 2019 | Paro Nacional, Reforma Fiscal, Movimiento social, Diciembre 2019
En el espectáculo de un país que sale del hueco, respira y pide el cambio, como no se viera en 60 años, dos fuerzas formidables parecen correr a la caza de candados: la vanidad del presidente y la insubordinación de los energúmenos que lo rodean. En su conmovedora insustancialidad, incapaz de dimensionar el significado y la potencia de este pronunciamiento ciudadano, pretende él responder a sus demandas con propaganda sobre lo cuestionado. Diluir en el tiempo, en el espacio, en mil inquietudes sueltas la negociación con los personeros del paro. Para atomizar, dilatar y evadir núcleos duros de la protesta como los de cumplimiento integral del Acuerdo de paz y política de seguridad.
De otra parte, la derecha frenética de su partido le blande garrote para que asuma por fin, de frente, sin miramientos “mujeriles”, como un varón, contra el terrorista que habita en cada estudiante, indígena, artista, trabajador, gay, ambientalista o feminista que grita y canta sus reclamos en la calle. Contra la gente toda y su concierto de cacerolas. Se reivindica lo elemental: seguridad, educación, trabajo, salud, salarios y pensiones decentes, paz. Y la alegría de vivir. Anatema. Ruge la caverna, y caen todas las hojas de parra. Desnudando la pulsión golpista que heredó de sus mayores, Fernando Londoño le pide al Presidente de la República apartarse del cargo “mientras negocia” y que en su lugar gobierne Marta Lucía Ramírez. Juan Carlos Pastrana insta a militarizar cada esquina, pues “terroristas y malandrines no deben tener movilidad alguna”. Rafael Nieto acusa a Dilan de ser responsable de su propia muerte, por participar en protestas. Y Álvaro Uribe considera legítima la patada que un miembro del Esmad le propina en la cara a una muchacha.
Codiciosa, provinciana, acostumbrada a prevalecer a golpes, sin el recorrido civilizador que da la democracia, a la primera voz de descontento se cala su antifaz la clase dirigente, para no ver sino el billón de pesos que el paro ha costado a sus negocios, poner el grito en el cielo y cuidarse de mencionar los $50 billones que sus malandrines, esos sí, se roban cada año. Ahora cogobierna en pleno, manu militare, evocando el tenebroso Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala. Y reduce a modesta proporción la agenda rural del tratado de Paz, que contempla Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), sustitución de cultivos ilícitos y restitución de tierras.
Respuesta primera de Duque al 21N: el Gobierno impulsará su paz con legalidad, giro que supone ilegal la paz acordada e incorporada en la Constitución. Contrae la implementación del Acuerdo a la reincorporación de desmovilizados y a algunos programas PDET. Ilegal le parecerá la Ley de restitución de tierras, hoy en capilla por iniciativa de María Fernanda Cabal. Ricardo Sabogal, exdirector de Restitución de Tierras, revela que él y funcionarios suyos sufrieron persecución y amenazas: varios fueron asesinados. Muchas de esas tierras, dice, terminaron en gente prestante, pese a saber que habían sido despojadas o compradas a la brava. Tampoco brinda Duque garantías en seguridad rural: no desmonta el paramilitarismo, exterminador principal de líderes sociales, y reduce el control territorial a militarización. De remate, sabotea la sustitución de cultivos.
Parsimonia en tan graves materias o para mantener el paquetazo sabrá hoy a provocación. Harta de violencia y de mordaza, la gente exige solución civilizada a sus problemas y espera poder ventilarlos en democracia, sin riesgo de muerte. ¿Sabrá el Poder cuán difícil le resultará en adelante presumirse demócrata y sin embargo disparar? El Presidente decidirá si escoger el diálogo constructivo, o bien, verse atrapado sin salida.
por Cristina de la Torre | Nov 26, 2019 | Paro Nacional, Movimiento social, La paz, Acuerdos de paz, Corrupción, Noviembre 2019
Y se plantó el movimiento social. En protesta multitudinaria que hará historia, marcó éste un punto de inflexión difícil de revertir: mostró su potencia para disputarles el protagonismo de la política a politicastros y napoleoncitos de cartón, que la monopolizan desde tiempos inmemoriales. Sí, político es su airado reclamo por la corrupción, la violencia, el etnocidio, las desigualdades y la negligencia que sella esta arrogancia del poder edificado para usufructo de mandarines, bribones y magnates. Cientos de miles de colombianos gritaron su indignación al sol y al agua y la prolongaron en inédito cacerolazo que no termina. Triunfaron del miedo cocinado con esmero por el Gobierno mediante acuartelamiento de primer grado; autorización a alcaldes para decretar toques de queda; teatralización de la guerra militarizando las ciudades, arma de tiranos para atemorizar al pueblo; y vandalismo inducido para generar pánico y deslegitimar la protesta.
Pero los marchantes dieron ejemplo de valor y civilidad, a leguas de grupúsculos violentos infiltrados también por la Policía para justificar la brutal embestida del Esmad contra aquellos. Y para que pudiera el Poder magnificar los desafueros como caos, en la vana pretensión de opacar las razones de la inconformidad. Mas terminaron por rendirse a la evidencia de una sociedad movilizada por la urgencia del cambio. El Presidente ofreció “conversación general […] para fortalecer la agenda vigente de política social”. ¿Para porfiar en lo mismo? ¿No ve, no oye, no registra la contundencia del mensaje que emite una ciudadanía madurada a golpes de violencia, exclusión, inequidad y privaciones?
Más perceptivo y avisado, da en el clavo el procurador Carrillo: invita a “diseñar una nueva agenda social, (a) reinventar la democracia con un modelo de justicia social”. Diríase un modelo distinto del neoliberal, pilar de la agenda social y económica que se ríe del impuesto progresivo, degrada salarios y reduce las pensiones al ridículo en favor de fondos privados. ¿Será esta agenda social y económica, hija del modelo de marras que es biblia del Presidente Duque, la que él quiera fortalecer?
Aunque la fe neoliberal periclita en el balance de su propia obra, insisten sus pontífices en adjudicar la pérdida de competitividad y de empleo a las políticas de seguridad social, salarios decentes, regulación financiera e impuesto progresivo. Contra todos sus pronósticos, aquella propuesta no consiguió armonizar crecimiento con redistribución. Lejos de derramarse hacia abajo, la riqueza se disparó a la cima de la pirámide social. Su ética andaba por otro lado.
Díganlo, si no, las desigualdades que en Colombia escandalizan y son, como en otros países de la región, la bofetada que arroja muchedumbres a las calles. Segundo país más desigual del continente, la concentración de la tierra, del patrimonio y del ingreso en Colombia crece sin cesar. Y el Gobierno la impulsa. Revelan Espitia y Garay que el 95% de la riqueza de personas jurídicas se concentra en las empresas más ricas. La tarifa efectiva de impuestos que las empresas pagan es un vergonzoso 1,9%, habiendo ellas recibido gabelas y exenciones tributarias por más de $27 billones.
Una disyuntiva dramática debe de acosar al Presidente: o se paraliza bajo la tenaza del uribismo y pasa a la historia como un sátrapa, o se allana a una negociación civilizada con el movimiento social del país que dice amar. Tal el desafío, que hasta Caballero Argáez invita a “dar un timonazo, cambiar de rumbo y reinventar el modelo de desarrollo. Explorar las formas para armar un Estado de bienestar en beneficio de las clases menos favorecidas…” Los colombianos piden a gritos otro pacto social.
