Venganza ciega contra un valiente

Elevada la hipocresía a política de Estado, la satrapía de Guatemala la resuelve en asonada judicial, y la caverna uribista, en lenguas de fuego inquisitorial. La víctima, Iván Velásquez. El valiente que destapó en ese país la podredumbre del poder en funciones y, en Colombia, el engendro de la parapolítica. El presidente Pérez Molina, su vicepresidenta, siete ministros, media centena de diputados y prohombres de la sociedad fueron sentenciados a prisión por corrupción, mientras el pueblo manifestaba júbilo en las calles. Aquí, la indagación que lideró el entonces magistrado de la Corte Suprema, Velásquez, involucró a 130 parlamentarios y 50 de ellos terminaron tras las rejas por complicidad con los héroes de la motosierra. Casi la bancada en pleno del presidente Uribe, su primo Mario a la cabeza.

Todo el poder del poderoso líder se vertió contra el hombre que levantaba la tapa de la alcantarilla y había ya descubierto en el parqueadero Padilla de Medellín el entramado de mil hilos que invadía territorios enteros de la política y del empresariado. Después fue Troya: se extendieron hacia el magistrado y hacia la Corte Suprema los dispositivos de persecución a la oposición legal, tenida por terrorista. Entre otros el DAS, órgano dependiente de la presidencia que entregaba pilares de la seguridad del Estado a las mafias del narcotráfico. Para no mencionar el grosero montaje que desde el poder supremo se urdió contra Velásquez, a instancias del tenebroso Tasmania, que frecuentaba la Casa de Nariño.

A voces agrias, acaso en memoria del abuelo, blande Enrique Gómez la espada y convoca la hoguera para este símbolo continental del coraje contra la impunidad: que renuncie, pide, que “deje el descaro”. Hace décadas lo persigue Álvaro Uribe: el 19 de octubre de 2017 escribió que Velásquez, “afiliado a la extrema izquierda, corrompió a la justicia colombiana, debería estar preso”. Venía de escribir que estaba ya “pasado de que lo expulsen de Guatemala, su militancia pro terrorismo guerrillero es contraria a la lucha contra corrupción”. Y ahora lamenta la inconsútil Paloma el ascenso de un “lobo” al gabinete: un “enemigo acérrimo del partido y del jefe del partido de oposición como ministro de Defensa no es sólo un desafío; es una amenaza”

Si la campaña de Iván Velásquez en Colombia concitó el aplauso de sus compatriotas y del mundo, no menos reconocimiento le mereció la ejecutada en Guatemala; y explica el ánimo de venganza que en ambas derechas medra. Como que 35 jueces y fiscales guatemaltecos padecen exilio, y el galardonado periodista Rubén Zamora está preso por falsos cargos. Como jefe de la misión de la ONU que emprendió la investigación, Velásquez pidió juzgar al presidente mismo de la nación, Jimmy Morales; demostró que el excandidato presidencial Manuel Baldizón sobornó a Odebrecht, y recuperó los dineros girados. El fiscal Curruchiche, que hoy acusa al colombiano, anuló esas decisiones y fue incluido por Estados Unidos en la lista Engel de corruptos. Hoy funge como encubridor del presidente Giammattei, quien pagó cárcel por resultar implicado en una masacre de narcos ejecutada para proteger a mafias de la elite.

Si descabellada la acusación de Guatemala, ésta entró en barrena con el pronunciamiento de la ONU sobre vigencia de la inmunidad concedida al colombiano cuando lo designó jefe de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Pese al respaldo adicional de la Unión Europea, de Human Rights Watch y del Departamento de Estado, nuestra temeraria ultraderecha porfiará con febril impaciencia en trocar al héroe en villano. Mas, fiel a su carácter, la víctima replica: “conocemos al monstruo, lo hemos visto muy de cerca y desde diferentes trincheras lo hemos combatido. Sabemos cómo se transforma y los métodos que utiliza, pero no nos atemoriza”.

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Piérre Gilhodés

Murió el más entrañable colombiano de los colombianistas. ¡Cómo duele! Una fila interminable de discípulos, estudiosos, dirigentes, líderes sociales y personas del común acusa aturdida el golpe de la Intrusa. Más de medio siglo vivió Piérre Gilhodés en Colombia, gran parte en Chaparral, patria chica de su esposa y el otro nido del francés. Investigador severo, inveterado correcaminos, la singularidad de sus tesis abonó el mundo de la academia y trazó pautas de análisis que perduran. Obra seminal en la materia, su libro Las Luchas Agrarias en Colombia demostró hace décadas que los conflictos por la tierra han signado la historia del país. El incesante trasegar por su geografía y sus gentes, por cifras y exploraciones de primera mano sobre la cosa agraria, trazó la ruta del asesor de Incora que, todavía joven, llegó a Colombia en los años 60. Después cofundaría la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Sería su docente estrella, brújula de un programa de estudios que otros replicaron, tutor y amigo de sus colegas y de la muchachada.

Más que observador del país, penetró Gilhodés en las raíces de su historia reciente. Las mostró a legos, entreverando el saber con el afecto y, con sus pares, se batió desde la ética de la lealtad en el acuerdo o en la discrepancia. Fue interlocutor natural del campesino, del guerrillero en negociación de paz, del empresario; contertulio de presidentes y expresidentes. A esta tierra ingresó por la puerta grande de La Vorágine, La Violencia en Colombia y el monumento irrepetible de Virginia Gutiérrez de Pineda, La Familia en Colombia. Se metió en mil problemas de teoría política, hasta sorprender con enunciados como aquel de que nuestros partidos tradicionales, a leguas de la modernidad, eran subculturas diferenciadas pero complementarias; que permitieron la alternación, mas no la alternativa. Debió de sentirse maravillado Gilhodés cuando vendría ésta a imponerse ahora por la fuerza de la historia.

Verdades de a puño hoy que en su hora arriesgó el maestro sobre historia y milagros de la política colombiana, son ya patrimonio de este sedimento teórico. Si en los años 30 -escribió- se intentó la modernización de los partidos, la Violencia, el clientelismo y el Frente Nacional los fosilizaron y los despojaron de toda legitimidad. Y no es que el régimen de coalición los fusionara sino que borró sus fronteras. Desapareció la noción de oposición y, con ella, un paral de la democracia. Barco resucitó el sistema de gobierno y oposición, pero a poco, en 1990, se volvió a las andadas del Frente Nacional. Entonces se eternizaron estas colectividades como partidos de notables y de electores, no de afiliados. Montoneras arriadas por jefes que inclinan la testa ante el mejor postor. Se dirá que hoy encarna César Gaviria la versión más depurada de tal partido de notables y, para rematar, sin electores. O casi. Coalición heteróclita de intereses locales y dispersos, reunidos sólo para gozar de una etiqueta rentable, precisó el maestro. Cascarón a la deriva en el mar de corrupción que había motivado la Constituyente del 91.

Como si fuera hoy, expresó Gilhodés hace 30 años: Colombia enfrenta la disyuntiva de madurar en democracia, con justicia social y reconciliación en la búsqueda del progreso; o bien ahogarse en la putrefacción que superpone crisis, guerrillas, narcotráfico, degeneración clientelista y el dinero como valor supremo. Se impone la creación y consolidación de partidos políticos sólidos: con partidos del siglo XIX, no habrá Constitución para el siglo XXI que valga. 

Para la mar de los que nos sentimos huérfanos con la desaparición de Piérre Gilhodés, ahí está el maestro en su obra. Fecunda, provocadora y vital, como dijo él que debía ser el trabajo intelectual.

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Ecos del fascismo en Colombia

La tentación fascista no murió en nuestro país con el aparente intento de instaurar sin disimulos un Estado totalitario el 6 de septiembre de 1952, mar de fondo en el incendio de la prensa y de las casas de los líderes liberales, que medraban en la oposición al Gobierno conservador. Aquel impulso convertido en llamas serpentea en el pantano de la política-a-tiros y levanta su cabeza periódicamente desde los meandros más oscuros del poder. Más allá de un régimen formalizado como fascista, rugen aun sus motores mayores: la violencia como misión y la militarización de la política. 

Ayer fue conflagración. Después, savia que un estatuto de seguridad bebió de dictaduras del Cono Sur, para evolucionar como política de Estado afincada en falsos positivos. Respiró en el movimiento Morena de autodefensas en el Magdalena Medio, mediante asociación de ganaderos emparentada con ésta cuyo jefe convoca hoy, de nuevo, la “reacción solidaria inmediata” que diera origen al paramilitarismo. Se exhibió en 2020 como acción intrépida de paramilitares contra manifestantes en las calles de Cali. En la veneración de Hitler por un candidato que casi gana la presidencia con apoyo de la derecha en pleno. En celebración de la escuela de Policía de Tuluá, ataviados sus agentes con uniformes de la SS. En la exhibición de símbolos del ejército nazi en el Gun Club de Bogotá.

70 años han pasado desde cuando turbas incendiaron los diarios El Espectador y El Tiempo, la Dirección Nacional Liberal, y las casas de López Pumarejo y Lleras Restrepo. Acoge el historiador Guillermo Pérez la hipótesis de que tras los disturbios obraba el propósito, largamente acariciado, de entronizar una dictadura de partido único, corporativista y católica como la de Franco en España o la de Oliveira Salazar en Portugal. Mas, pese a la evidente participación de la Policía en los hechos y a la negligencia de las autoridades para conjurarlos, todo quedó envuelto, como envueltos quedaron los muertos de la Violencia, en espesa nube de silencio.

Julio Gaitán y Miguel Malagón recuerdan que, conforme alcanzaba su cénit el nazi-fascismo en la Europa de los años 30 se sembraba América Latina de dictaduras militares, pero en Colombia accedía el liberalismo al poder tras 40 años de hegemonía conservadora. A la reforma liberal opuso la reacción, la Iglesia Católica al canto, fiera oposición plasmada en estandartes hispanistas de Dios, patria, familia, tradición y propiedad, contra la “barbarie moscovita”, la masonería y la diabólica revolución del liberalismo, que es pecado. Y cantaron los líderes su credo de viva voz. 

Pronostica Silvio Villegas, director del periódico La Patria, que “las masas desencantadas de la actividad democrática terminarán por buscar en métodos fascistas la reivindicación de los derechos conculcados”. Y Laureano Gómez exclama en acto público de exaltación a la España victoriosa de la guerra civil: “en sus falanges inscribimos nuestros nombres con gozo indescriptible”.  15 años después, en 1952, plasmará la doctrina del corporativismo fascista en su propuesta de Estado autoritario, con los expresidentes y el arzobispo de Bogotá en olor de senadores vitalicios. Integrado por gremios y corporaciones, era éste contrapartida al Estado democrático liberal: no podían ahora esas organizaciones denostar el Estado, como era costumbre en la Edad Media, sino someterse, cooptadas a la brava, a su voluntad de hierro.

De la historia no queda sólo el eco: hoy como ayer proliferan grupos, lances y aventuras fascistas que, para descalificarlo, meten dentro del mismo saco del comunismo hasta el más modesto intento de justicia social. Si reforma agraria, la Violencia y el despojo. Si tributo progresivo, vociferan “¡anatema!”. Si paz, la guerra, edén de cuanto fascista pisó la tierra, llámese Ortega o Bolsonaro.

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Izquierda y Centro: se alborota el cotarro

Unos juegan con los principios y se complacen en la derecha; otros se abocan al reto de verterlos en programas de cambio. Mientras Petro se extravía en un crudo pragmatismo haciendo aliados que disuenan entre “los decentes”, los candidatos de la Coalición Centro Esperanza tendrán que optar por una entre las variantes de libre mercado que todos ellos adoptan: la gama va desde un neoliberalismo cerrero hasta el capitalismo social. Si, como dicen, representan la convergencia del reformismo estructural, no podrán menos que allanarse al modelo de economía de mercado con regulación del Estado. Será respuesta al negro balance del Consenso de Washington, cuya alternativa lanzan hoy las potencias del G7: el Consenso de Cornwall.

Conforme se consolida el Centro precisamente porque rehúye el abrazo de un oficialismo liberal amancebado con la corrupción, con el gobierno Duque y su partido, Petro le tiende la mano a Luis Pérez, artífice con Uribe, Martha Lucía y don Berna, de la mortífera Operación Orión. Y convida al pastor Saade, célebre por su odio al aborto, a la mujer, a la comunidad LGBTI.

Genio y figura, de suyo arbitrario, el autoendiosado Petro se ríe de la izquierda sacrificada, probada en mil batallas, que ahora lo acompaña en la idea de transformar este país. Y encubre su arrebato electorero con el argumento de la vieja alianza del liberalismo con la izquierda. Como si Luis Pérez fuera Uribe Uribe o López Pumarejo. Como si no hubiera sucumbido el Partido Liberal a la corrupción, a la hegemonía de la derecha en sus filas, a los turbios manejos del jefe.

Poniéndole conejo con la caverna cristiana y con la derecha liberal, arriesga Petro la cohesión de la coalición de izquierda. Sus aliados podrán pasar del estupor a la estampida. Como se insinúa ya: Francia Márquez pidió “no cambiar los valores de la vida por votos”, Iván Cepeda declaró que “las elecciones se pueden perder pero la coherencia ética, no”, e Inti Asprilla remató: “la pela interna que nos dimos en el Verde no fue para esto”. Pero Petro es así: impredecible en política… y en ideas. Si votó por Ordóñez para procurador, si considera a Álvaro Gómez más progresista que Navarro Wolf, se comprenderá que invite ahora al uribismo al Pacto Histórico, a la derecha liberal y a la caverna cristiana.

Más atento a la formulación de un programa económico que responda al anhelo de las mayorías, en el Centro Esperanza Jorge Enrique Robledo, verbigracia, insiste en cambiar el modelo pero dentro de la economía de mercado, con respeto a la propiedad y a la empresa privadas, y sin estatizar la economía. Para él, un efecto devastador de la globalización neoliberal en Colombia fue la destrucción en gran medida del aparato productivo del país: la desindustrialización y la crisis agropecuaria. Un desastre, pues es la industria el gran multiplicador de la productividad del trabajo, base del desarrollo. Con la apertura comercial se sustituyeron la producción y el trabajo nacionales por los extranjeros: el Consenso de Washington desprotegió el capitalismo nacional en favor del foráneo. Ahora, para reemplazar aquel Consenso, las grandes potencias marchan hacia un paradigma alternativo, el nacido del Consenso de Cornwall, en pos de una economía equitativa y sostenible que restituya el papel del Estado en la economía, sus metas sociales y la perspectiva del bien común.

Horizonte claro para transitar hacia un nuevo contrato social, sin que sus promotores deban endosar la iniciativa a la politiquería tradicional, gran responsable de las desgracias que en Colombia han sido. Modere Petro sus ínfulas napoleónicas en el platanal, y acoja el Centro sin ambigüedades el paradigma del capitalismo social.

Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz Navidad a los amables lectores.

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La rebelión de la ciudadanía

Superando de lejos la votación alcanzada por presidente alguno en la historia de Colombia, casi doce millones de votos contra la corrupción crearon un hecho político soberbio: se alzó la gente contra la ratería que convirtió a Colombia en cueva de Alí Babá y sus buenos muchachos. Victoria del voto libre, no comprado, la clase parlamentaria no podrá sino asumirla como mandato popular para ejecutar las reformas que ocho veces enterró. Fracasó el boicot que contra la consulta se fraguaba: el sabotaje del uribismo, estridente y mentiroso, como lo fuera su campaña en un plebiscito para negar la paz; y el sabotaje por calculada pereza de los partidos que traicionaron su originario respaldo a la consulta en el Congreso. Pero no pudieron ahogar la rebelión de la ciudadanía, hombres y mujeres de todas las clases sociales y colores políticos que echaron los cimientos de un monumento contra la corrupción cuya edificación no cesará ya.

Censura de la sociedad al bandidaje instalado en salas de gobierno y de ricos particulares, que ha mandado a la cárcel a siete exmandatarios en Brasil, Perú, Guatemala, Panamá y Salvador; mientras en Colombia fungen los campeones de la corrupción como patriarcas coronados. Una vergüenza. Un prolongarse el secular asalto a lo público, transmitido al ADN de la nación por ejemplo de sus élites, hoy catalizado por dos disparadores nefandos: la privatización del Estado y el narcotráfico. Sin cortapisas éticas, en el frenesí del ascenso y la revancha social en un país de inequidades extremas, bajo el ala del narcotráfico y tratativas dolosas con el Estado, mafiosos y politicastros de fusta y camándula devienen héroes.

Con la privatización de funciones y empresas del Estado vino el auge de la contratación pública directa. Pícaros que pasan por emprendedores, por   viceministros, por parlamentarios, se han feriado los dineros de todos. El contralor saliente, Edgardo Maya, calculó en $50 billones las pérdidas anuales del Estado por corrupción. Mas la plata desaparece en las arcas del canalla, no se recupera. Autor de un  desfalco de $70.000 millones, el exgobernador Alejandro Lyons sólo repondrá $4.000 millones.

Extravagancias de hoy que echan raíces en un remoto pasado. Eduardo Lindarte (Razón Pública 8, 18) encuentra entre las causas de tales desafueros una degradación de las normas morales y legales que las reduce a obstáculos por vencer, de donde resultará casi natural violarlas. La concentración del poder en élites que dominaron siempre todas las esferas de la vida en Colombia se resolvió en privilegio suyo, defendido a capa y espada. La corrupción se volvió regla y toda la sociedad cayó en ella. Grande daño causó la dualidad de una tradición legalista –que no legal– al lado de la doblez  de una Iglesia que se arrogó el derecho de impartir la moral mientras ella misma caía en corrupción. Para Lindarte, la demora en el trámite de los cambios sociales por la vía política ha sido el motor principal de la violencia, la ilegalidad y la corrupción.

Ya se recordaba en este espacio que el modelo de la hacienda decimonónica –paternalista y despótica– se proyectó como estructura del Estado y este fue patrimonio privado de la élite. Hoy deglute ella la contratación pública y la comparte con élites emergentes que reclaman lo suyo. No pocos entre ellas sobreenriquecidos en el narcotráfico.

La consulta del domingo devuelve confianza en la Justicia. Y abre perspectiva de soluciones que apuntan a las raíces del mal. Educación, sanción social,  control ciudadano, compromiso inescapable de la dirigencia nacional con una cruzada sin pausa contra la corrupción. Para empezar, deber del Presidente de explicar la designación del corrupto Alejandro Ordóñez como embajador en la OEA. Doce millones de votantes lo reclaman.

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Mano dura y corazón de piedra

Sí, vuelve la caverna con todos sus fierros al poder: con la estrategia bifronte de extremar la desigualdad en este país de pobres y excluídos y, por otro lado, apretar con mano de hierro la protesta social que de allí derive. Riesgo a la vista cuando ocho millones de colombianos repudiaron las miasmas de la politiquería y recelan del curubito empresarial. Símbolo ominoso de las componendas que sellaron alianzas en la cumbre cuandoquiera que el monolito del poder se vio amenazado, tres expresidentes -dos aparecidos y otro subjudice- dizque saltaron de la polarización a la reconciliación. Fue, sin duda, pacto de yo-con-yo para repartirse la torta que un incauto administra. Del Frente Nacional rescatarán las políticas de seguridad y orden público que atribuían al pueblo el carácter de enemigo interno. Y, en economía, coronarán el ponqué neoliberal que desde Gaviria todos ellos amasan, con la roja cereza de una reforma que eliminará casi el último tributo que pesaba sobre los ricos, y cargará contra las clases trabajadoras.

Reforma regresiva montada desde hace 30 años sobre la conveniente falacia de que regalarles impuestos a las empresas (¡a sus dueños!) dispara el empleo, esta vez podrá estancar el crecimiento y dejar al Estado con recursos franciscanos para educación y salud. Lo que eleva la productividad y el empleo,  demostrado está, es la innovación que nuestros flamantes empresarios no abocan. Sostiene Fabio Arias (Las2orillas) que en cinco años los empresarios dejaron de pagar $46 billones por parafiscales, concesión del Gobierno en 2012. Por exenciones sobre patrimonio y renta de los últimos años, se habrían ganado $6 billones adicionales, a los que sumarán otro tanto por la reforma tributaria de Carrasquilla-Uribe-Duque. Pero la informalidad laboral sigue en 64% y el desempleo aun ronda el 10%.

No se sorprendan, pues, si la gente se toma las calles. Ni pretenda el ministro Botero, de Defensa, imponer la protesta asexuada de sus sueños, aconductada por el mazo con el que cree destripar la lucha de clases. El de protesta pacífica es derecho inherente a la democracia, no es subversión ni revuelta ni crimen. Sin él, no hubieran conquistado las mujeres su derecho al voto, ni los trabajadores el suyo a jornada laboral de ocho horas, ni los campesinos despojados podrían recuperar sus tierras.

Mas, mucho indica que la derecha montaraz de vuelta al poder acaricia la impronta contrainsurgente que marcó las políticas de seguridad y orden público en el último siglo. Bajo la capa anticomunista (del conservatismo y la Iglesia primero y, luego, de la Guerra Fría) se estigmatizó, persiguió o asesinó al que protestara o discrepara. Todo librepensador resultó sospechoso de profesar el bolchevismo en la República Conservadora, el comunismo en el Frente Nacional, el terrorismo vistiendo de civil en el Gobierno de la Seguridad Democrática, el castrochavismo como enseña de pánico para la retoma del poder. Al trato de insurgente que recibió el ciudadano inerme contribuyeron las guerrillas. Su táctica de lucha legal e ilegal  redundó en el sacrificio de muchos demócratas que nunca dispararon. Y le dio a la derecha argumentos para violentar a la izquierda legal y al movimiento social, pretextando lucha antisubversiva.

No se visualiza la desaparición de tal legado: el ministro Botero evoca ahora símbolos de aquella tradición. Y el CD acaba de presentar proyecto de ley que niega acceso de la JEP y de la Comisión de la Verdad a información reservada sobre las vicisitudes del conflicto armado, con el argumento de que algunos de sus magistrados son “de tendencia de izquierda». Secta de extrema derecha en lo político y en lo económico, el partido de Gobierno rinde otra vez tributo a su lema: mano dura y corazón de piedra.

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