por Cristina de la Torre | Abr 2, 2024 | Abril 2024, Iglesia Católica, Estado laico, Paz Total, Fascismo, Violencia, La paz, Iglesias
Una velada incitación a la acción intrépida formula en plena misa el padre Chucho, en el país que se desangra. Advierte a grandes voces el prelado, Jesús Orjuela, que Colombia “se prepara para una guerra civil (pues) el pueblo sufre por un hombre que quiere destruir”. Evoca discurso y escenario de tonsurados que en tiempos de la Violencia instaron desde el púlpito a matar liberales, voz cantante del oscurantismo homicida del laureanismo que entre los fascismos había escogido el de Francisco Franco. Hieren doblemente sus palabras porque reabren heridas de aquella guerra santa y porque en la Iglesia ha terminado por prevalecer el compromiso con la paz. Monseñor Omar Sánchez, arzobispo de Popayán, reconvino al cura de marras: “uno no puede confesarse cristiano y manifestar signos de muerte … que destruyen vidas”, declaró. Se precave el prelado contra horrores que, si no obedecen hoy a conflicto entre liberales y conservadores, reeditan su pauta sangrienta: la insurrección retardataria cobró en solo un día 150 vidas en el pueblo de Ceilán.
Con la Violencia se respondió a las reformas sociales de la Constitución de 1936 pero, sobre todo, al desmonte del Estado confesional que perpetuaba el imperio de la Iglesia sobre la vida pública y privada en la nación. La Revolución en Marcha enfrentó el Concordato que imponía en la educación el dogma y la moral católicos y, fundando el orden político en la religión, extendía el régimen de privilegio de la Iglesia también al estatus ciudadano.
Jerarquía de la Iglesia y dirigencia conservadora alentaron, a una, la rebelión contra el “diabólico estatuto”. Alberto Lleras escribió: las campañas de tipo fascista vienen de “eclesiásticos ardorosos que están organizando campesinos y estimulando una cristiana insurgencia de clase”. Para la Iglesia, la reforma de López Pumarejo es sacrilegio; para el partido azul, un atentado a la identidad conservadora edificada en la simbiosis de lo sagrado y lo político. Recuerda Daniel Pécaut que, con apoyo del episcopado y de miembros del notablato económico, se crearon en Medellín organizaciones paramilitares como la llamada Alianza para la Fe.
En esta guerra contra la secularización del Estado descolló el fundamentalismo ultramontano de Monseñor Builes. Para el purpurado, “los obispos que no defenestran desde el púlpito la apostasía roja no son más que perros echados”. Y su Pastoral 10, 9, 44 reza: “si en las divinas escrituras se os llama Señor de los Ejércitos, contened las fuerzas del infierno (…) burlad sus sacrílegos intentos, tronadles en vuestra ira, conturbadlos en vuestro furor, quebrantadlos con barra de hierro y despedazadlos como artefacto de barro”. Ya el canonizado monseñor Ezequiel Rojas, había llamado a empuñar las armas contra los liberales en la Guerra de los Mil Días.
Las revoluciones liberales separaron hace siglos Iglesia y Estado, disolvieron el haz de poder que mezcló política y religión. Conquista admirable de la modernidad. Pero en Colombia es camino incierto marcado por pugilatos en la Iglesia, que se embarca en la Teología de la Liberación inspirada en Juan XXIII y alcanza su clímax en el Celam de Medellín en 1978, para desbarrancarse luego en el abismo reaccionario de Juan Pablo II y sellar con el broche ominoso de su sabotaje a la paz en el plebiscito de 2016.
Pero el episcopado de Colombia se compromete ahora como mediador en el conflicto y apasionado animador de la reconciliación. Tal vez comprendió que la mengua del rebaño responde a la derrota de la opción social por los pobres; donde no podían sino germinar flores carnívoras como esta del padre Chucho, desapacible émulo de monseñor Builes.
por Cristina de la Torre | Mar 5, 2024 | Marzo 2024, Crímen organizado, Guerrillas, Paz Total, ELN, Clan del Golfo, Violencia, Gustavo Petro, Capitalismo, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Actores del conflicto armado
Se diría que la vieja guerrilla ha vuelto a la política. Pero no ya inspirada en la toma del Estado capitalista para instaurar el socialismo, sino en la suplantación del poder popular para prevalecer como dictadura armada en los territorios y para mejor usufructuar las economías ilegales. Divisa que desnaturaliza su formal disposición al cambio y a la paz. Está por establecerse en qué medida emulan estos grupos al Clan del Golfo en atentados a líderes sociales, 33% de los cuales son dirigentes de Acción Comunal, la organización de mayor arraigo en las comunidades: así eliminan su poder social y amedrentan a la población.
Pero el asedio de grupos armados al poder popular no sólo cobra líderes en organizaciones de base; los negociadores del ELN en particular proceden a su vez contra los diálogos regionales en ciernes y cuya matriz es, precisamente, la participación de las comunidades, directa y libre de coacción. Apuntarían ellos a destruir la autonomía de las organizaciones sociales para monopolizar la agenda en estos espacios colectivos, pese a la legitimidad de la palabra y del quehacer de los pobladores que ninguna mesa puede alienar. De paso, al descalificar los diálogos regionales, desvela el Comando Central del ELN (Coce) su crisis ideológica, de representación y de autoridad.
Juliette de Rivero, vocera de la ONU, sostiene que la violenta incursión de grupos armados en los territorios compromete la gobernabilidad en 206 municipios, destruye su tejido social y la supervivencia física y cultural de la población. Se hace eco del viraje hacia negociaciones regionales, pide al Gobierno formalizar diálogo directo y permanente con las organizaciones de base, fortalecer la gobernabilidad del Estado y su política de seguridad.
Insistiendo en dialogar por su cuenta y riesgo, el Frente Comunero del ELN aplaude la decisión del Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, de convertir la paz en eje de su gobierno, y pide instalar mesa en ese departamento. Para el mandatario, los diálogos no pueden ser sólo con los armados sino con todos los actores del territorio. En la misma dirección van los gobernadores de Arauca, Meta y Chocó, destinatarios de la regionalización del diálogo que el presidente Petro ofreció en su correría por el Pacífico, y que en Nariño suscitó multitudinaria manifestación de apoyo. El EMC se sumaría al modelo de negociación por bloques.
La idea no podía sino precipitar la crisis en el ELN, pues pone en riesgo el control que el Coce aspira a ejercer sobre los mandos regionales de esa guerrilla, cuando salta a la vista la falta de representatividad de la vieja dirigencia y de sus delegados en la mesa nacional. Carlos Arturo Velandia, antiguo comandante del grupo armado, ha dicho que el 70 por ciento de la organización no está representado en ella.
Otty Patiño, comisionado de paz, señala que no son ya los viejos del ELN quienes dirigen la guerra. Ignoran que la guerrillerada es petrista, que proyecta sus ideales en las propuestas de cambio del presidente y se aviene a trocar las armas por la política. En entrevista concedida a Cambio, afirma Patiño que las comunidades están hartas de la guerra y de los abusos de los armados. Hace votos porque los negociadores de paz sean quienes están librando la guerra. Antonio García ejercería un liderazgo “muy negativo”, basado en la vieja idea de que es el arma lo que le da identidad al revolucionario. Pues no es el arma, responde Patiño, es su disposición a transformar la realidad.
Remata el Comisionado con una advertencia perentoria: el Gobierno no dialogará con grupo armado que amenace o mate a firmantes de paz o a líderes sociales. Será línea roja de la negociación.
Coda. Sentido pésame por la muerte de Roberto Hinestroza Rey.
por Cristina de la Torre | Feb 13, 2024 | Febrero 2024, Policía Nacional, Crímen organizado, Conversaciones de Paz, Coca, Guerrillas, Paz Total, Fuerzas Armadas, Farc, ELN, Clan del Golfo, Gustavo Petro, AUC, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, La paz, Impunidad, Proceso de paz, Actores del conflicto armado
Sí, Colombia es país de paradojas. Único donde porfía el anacronismo de guerrillas “revolucionarias” que desaparecieron por irrelevantes hace décadas en toda la región; pero también florecen aquí procesos de paz como el sellado en 2016 con las Farc, un referente inescapable para experiencias de su orden en el mundo. Por vez primera en 30 años renuncian al secuestro el Eln, el Emc de Mordisco y Nueva Marquetalia, la otra disidencia de las Farc que acaba de abrir conversaciones con el Gobierno. Por vez primera en 40 años de diálogos que naufragan en la testarudez de los elenos, se pacta cese el fuego bilateral de 6 meses adicionales con ellos, para completar un año.
Si con ello cabe soñar que amaine la violencia, más le servirá a esta guerrilla alienarle un enemigo, la Fuerza Pública, cuando enfrenta el garrote de sus rivales -el Clan del Golfo verbigracia- todos a una en guerra por el territorio y por el sojuzgamiento de sus gentes; por el control del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando. Mas la que sufre es la población inerme. Que lo ideal hubiera sido un cese multilateral entre armados o, mínimo, de hostilidades contra las comunidades, no invalida lo logrado a la fecha. Ni lo descalifica la insolencia del Eln cuando de contemplar la finalización del conflicto o el abandono de las armas se trata. Pero salta la pregunta de rigor ante la sistemática violación de su palabra: ¿qué sentido tendrá negociar con el Eln si a cuatro días de acordada la tregua anuncia paro armado en el Chocó?
Cosecha franciscana ésta de cese incierto y veto al secuestro sólo por seis meses, cuando en un suspiro han casi duplicado filas los grupos armados y expandido, a sangre y fuego, sus dominios. Ya lo dijera el mismísimo presidente Petro: las de hoy no son las guerrillas de antaño, ya no aspiran ellas a tomarse el poder para cambiar la sociedad. Diríase que han suplantado su lucha política por la grosera rebatiña de economías ilícitas. Reveló el director de la Dijín que la mitad de las incautaciones de droga en 2023 pertenecían al Eln y a las disidencias de las Farc. En 10.000 millones de dólares estimó su valor. Pero el Gobierno no acompasa su diagnóstico con objetivos definidos en la negociación ni métodos claros para acometerla.
Pivote del proceso con las Farc, Sergio Jaramillo clama por redoblar esfuerzos en su implementación. Dos problemas aquejan este proceso de paz, según él: el retroceso en seguridad y el abandono del punto uno del Acuerdo. Es un círculo vicioso: sin seguridad no prosperan los programas de cambio en las comunidades; sin inversión, empleo y presencia del Estado se deteriora la seguridad. El Acuerdo quería desatar lógicas de integración territorial y de inclusión social, pero quedaron como asignatura pendiente. De otro lado, considera un error dar a las disidencias reconocimiento político, aún cuando incumplen el Acuerdo de Paz y asesinan a excombatientes. Y, mientras avanzan en la consolidación del control territorial, señala, montan la fachada de una negociación espectáculo. Como en el Caguán. Invita a revisar el proceso, ahora o nunca.
Mientras Jaramillo señala la recuperación de la construcción de paz en los territorios como foco del viraje, Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para la región escribe: sin una política de seguridad efectiva y una implementación a fondo del Acuerdo de Paz de 2016, tristemente la paz total en Colombia no será exitosa.
Esta paz no es el jardín de rosas que sus propagandistas muestran. Tampoco solo espinas, como quisieran los enamorados secretos de la guerra que se presentan como simples contradictores del presidente. Pero rectificar no da espera. Demasiadas vidas penden de una negociación de paz como para jugarla al azar.
por Cristina de la Torre | Feb 6, 2024 | Febrero 2024, Paz Total, Gustavo Petro, Modelo Político, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Impunidad, Justicia, Proceso de paz, Actores del conflicto armado
Error monumental. Cuando el desafío es dar con hechos de Gobierno la talla de su discurso de cambio, prescinde el presidente de Jorge Iván González, artífice del Plan que enruta a Colombia por el defenestrado desarrollo; provoca la renuncia del experimentado investigador y ejecutor de políticas, orgullo del gabinete. Y la de ministros no menos respetables. Que se sepa hasta ahora, la de Germán Umaña, cuyas estrategias de reindustrialización responden a un anhelo sepultado durante 30 años. Y la de Néstor Osuna, jurista de alto vuelo con propuestas de reforma a la justicia capaces de ponerla al alcance de todos, humanizarla y cercar la impunidad. Como si los vacíos del Gobierno personalista -que en la inacción devienen abismos- pudieran llenarse convirtiendo a sus ministros en chivos expiatorios del jefe en cuyo liderazgo reposa la responsabilidad del mando. El bajonazo en popularidad del presidente sugiere que Gustavo Petro fue elegido menos por los rasgos de su personalidad que por izar después de cien años las banderas del reformismo. Pero, incierto el cambio, tras año y medio de mucho pregonarlo y ejecutarlo poco, se ha quedado en sueño, y los sueños sueños son.
Y, sin embargo, la visita al Pacífico olvidado con el Ejecutivo en pleno aterrizó un viraje para acometer, en descentralización de facto, las tareas que las comunidades demandan: acueductos, colegios, universidades, hospitales, hidroeléctrica, puerto. Y titulación de casi 29.000 hectáreas a la comunidad del Micay. Si salta todo ello de promesa a realidad tangible, y dondequiera reine la necesidad, habrá honrado la promesa de cambio y creado argumentos imbatibles de campaña, si su partido aspira a continuar la transformación del país.
Proyecto estrella del Gobierno, este Plan Nacional de Desarrollo modifica el horizonte tradicional de la planeación en el país. Ahora intersectorial, sus referentes son las regiones y las personas. Producto de 53 diálogos regionales, 250.000 miembros de comunidades participaron en sus definiciones y objetivos, la paz en la mira. Va en pos de un nuevo contrato social que permita superar injusticias y exclusiones históricas, cambia nuestra relación con el ambiente y persigue una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. El cumplimiento de estas metas no es posible sin el concurso de todos los alcaldes y gobernadores y sin el aporte de las organizaciones gremiales, escribió González en su carta de renuncia.
La política de reindustrialización que el ministro Germán Umaña trazó apunta a cambiar el paradigma productivo para diversificar la oferta exportadora con bienes y servicios que incorporen valor. Lo cual implica multiplicar la inversión extranjera directa, la del capital nacional -sea exclusiva o público-privada- y la inversión del Estado, que ha de ser masiva. Ahora bien, después de 30 años de apertura, privilegiar la industria implica cambiar el modelo de desarrollo, en lo que coincide con el DNP.
Mejorar el acceso a la justicia, reducir la impunidad, combatir la corrupción, propender a la solución pacífica de conflictos, ayudar a construir la paz y volcar la justicia al esclarecimiento de la verdad son lineamiento de la reforma que el ministro de la cartera, Néstor Osuna, trazó. Propone revisar el criterio punitivo de la justicia y contemplar el restaurativo.
Haría bien el presidente en ratificar a sus ministros y asumir las dificultades de la administración que a él competen. No se puede jugar al caudillo para la gloria y a la víctima para los sinsabores del poder que él ejerce a plenitud.
Coda. Me sumo al clamor ante la Corte Suprema para que elija este jueves a la nueva fiscal en propiedad. Se juega la integridad moral y jurídica de la Fiscalía.
por Cristina de la Torre | Dic 12, 2023 | Diciembre 2023, Conversaciones de Paz, Guerrillas, Lavado de activos, Cese multilateral, Paz Total, ELN, Narcotráfico
Ya era hora. Tras año y medio de confraternizar el comisionado Danilo Rueda con el ELN, de concedérselo todo sin demandarle reciprocidad, asume el cargo Otty Patiño y, con él, nace la esperanza de replantear la negociación con esa guerrilla. El secuestro de don Manuel Díaz rebosó la copa de tolerancia de los colombianos con el grupo terrorista que lleva cuarenta años pujando por imponer su revolución en mesas de negociación, sin más mérito que el de violentar al pueblo que dice representar. Pero ahora tendrá que habérselas también con la rabia de la opinión toda en su contra. Grave crisis de la mesa declaró el nuevo comisionado. Si no se acaban prácticas como el minado, el confinamiento, el reclutamiento, la extorsión y el secuestro, dijo, el proceso de paz no va más. Y avanzó sobre la matriz misma de la negociación, que esa organización armada elude por sistema: venía de declarar que “todo proceso debe culminar en dejación de armas”, y ahora espera cerrar la discusión sobre finalización del conflicto.
Lejos de prestarse a una negociación en regla donde ambas partes sacrifican prerrogativas, el ELN deja traslucir girones de su sueño dorado: envalentonada por la ausencia de Estado y por un cese el fuego prematuro que aquieta a la fuerza pública, apunta esa guerrilla -como todos los armados enriquecidos en el crimen y en economías ilícitas- a saltar del control de un territorio a instaurar en él una dictadura militar.
No bien empezó el cese el fuego con esa guerrilla, declaró Gabino que, con independencia de lo que se negocie, seguirá ella en la lucha armada: “ni asomos de discusión de que vamos a abandonar las armas (…) si esa es la condición, no hay acuerdo”. Y hace una semana aludió el Frente Oriental a una hipotética dejación de armas, para condicionarla a los “cambios estructurales que se vayan materializando” (en el curso de la negociación): en doctrina militar, en el sistema económico, en “lo fundamental de un Estado”. Tienen agallas. Pero no hay ya comisionado que se las alcahuetee.
Pese a los aspavientos de valentón del comandante del ELN, Antonio García, tono y circunstancias son ahora otros. El nuevo comisionado y el ministro de Defensa exigen la libertad inmediata de los 38 secuestrados, no “retenidos”, en poder de esa guerrilla. Declara Iván Velásquez que, siendo el control del territorio potestativo de la fuerza pública, se prepara acción militar envolvente para proteger sin atenuantes a la población. Para defenderla tanto del ELN como del grupo criminal de Mordisco, habrá ajuste de fondo en la política de seguridad.
En alusión a este último, critica el jefe de la cartera de Defensa la cabriola de atentar sin pausa contra las comunidades, levantarse de la mesa de diálogo y librar guerra a muerte contra rivales por prevalecer en el negocio del narcotráfico, mientras reivindica el cese el fuego. Sin negociación no puede haberlo; además, éste debería ser multilateral, si de proteger a la población se trata.
Negarse a hablar de renuncia a las armas y cese del conflicto, porfiar en su guerra degradada contra la sociedad y en negocios sucios; si todo parece tributar al delirio eleno de un Estado paralelo, entonces ¿qué se propone con el diálogo? ¿Sólo el cese el fuego, que reduce el riesgo militar a su disputa con rivales de la misma calaña por economías que comportan crimen y violencia? ¿Quieren la paz, o quieren el despotismo que define su ADN? Respondan ahora también ante la opinión, que se instaló como potente interlocutor en la mesa de negociación. Ya lo dijo Otty Patiño: el proceso se acaba cuando la población lo diga.
Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz navidad a los amables lectores.
por Cristina de la Torre | Nov 28, 2023 | Noviembre 2023, Campesinado, Protesta social, Lavado de activos, Industria agrícola, Paz Total, Justicia tributaria, Desarrollo agrícola, Seguridad Alimentaria, Industrialización, Violencia, Desplazamientos, Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Derecha, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Tierras, Partidos, Uribismo, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, La paz, Política agraria, Posconflicto, Impunidad, Acuerdos de paz, Justicia, Corrupción, Modelo Económico en Colombia, Actores del conflicto armado
Con patético gesto de tragedia descubre nuestra derecha el agua tibia: que el catastro podría conducir a la reforma agraria, sin alzamiento revolucionario ni alharaca, como lo demostró hace décadas don Hernán Echavarría Olózaga. El exministro Andrés Valencia adivina ahora, perspicaz, el aleteo de aquella reforma tras el proyecto para modular el predial. El gran latifundio acapara en este país 80% de la tierra feraz, apenas si la explota, paga impuestos irrisorios o ninguno, lleva 30 años bloqueando la información sobre propiedad y uso de la tierra y, sin embargo, vocifera, protesta, amenaza. Perora Jaime Alberto Cabal desde el uribismo contra este atentado a la iniciativa privada, a la inversión, al derecho de propiedad. También a Germán Vargas le resulta “confiscatorio” el impuesto predial, si bien sueña con la aprobación del proyecto, “para ahora sí ver millones de colombianos marchando enfurecidos”.
La iniciativa apunta, por el contrario, a proteger el bolsillo del contribuyente, a poner topes al impuesto. Pero este señorío de fusta y de motosierra, arrellanado en privilegios que asume como graciosa concesión del destino, tergiversa el proyecto y aprovecha para reivindicar lo suyo: la tierra casi siempre pelada, acaso con vaca por hectárea, rentando por valorización o como lavado de activos. Especulación y delito. Esta belicosa avanzada ha tenido siempre por diabólica la alternativa de ponerla a producir. Peor aún, si el catastro multipropósito es instrumento de la reforma rural contemplada en el Acuerdo de Paz que este Gobierno sitúa en el centro del acuerdo nacional: productividad, inclusión territorial y desarrollo productivo de la tierra son su divisa.
Tres décadas llevamos tratando de actualizar el catastro. En 915 municipios el valor de la tierra figura por menos de la quinta parte del real: avalúo enano y precio comercial astronómico. Si el fenómeno cunde en la Costa Norte, hay en Girardot propiedades que pueden valer hasta $5.000 millones y figuran por sólo $300 millones. Y la desigualdad en favor de la gran propiedad campea: en 2009 el avalúo catastral de sus predios era siete veces menor que el de la hectárea en minifundio. Así mismo se calcula el impuesto.
Mas el interés del catastro desborda el meramente fiscal, fuente principal de ingresos del municipio. Es que contempla el valor económico del predio, su uso, su vocación económica y su dueño. Resulta determinante en planificación y ordenamiento del territorio, y da seguridad jurídica a la propiedad.
Para el empresario y exministro Echavarría, el impuesto a la tierra ataca la pobreza en el campo. Porque compele a invertir en actividad productiva, no especulativa: ante el impuesto real sobre el predio, tendría su propietario que explotarlo a derechas o venderlo. Mucha tierra se liberaría, bajaría su precio en el mercado y, en medida semejante, los precios de los alimentos. Milagro de la tierra que pasa de manos improductivas a manos productivas. Si estuviera ella bien grabada, no andaría acaparada -sentencia. Una revolución sin gota de sangre. Y es esto lo que aterroriza literalmente al aguerrido latifundismo: no sólo por el nuevo destino de la tierra sino por el ahorro de sangre.
En el corazón de nuestras guerras estuvo siempre el conflicto por la tierra. Repartir, restituir, formalizar, industrializar, extender los apoyos del Estado a toda la población del campo son componentes de la reforma agraria que la gran propiedad rural ha frustrado desde 1936. Es hora de acometerla, desde el catastro multipropósito, como estandarte mayor del acuerdo nacional y presupuesto inescapable de la paz. Sin reforma agraria no habrá paz.
