Paz sin reversa

Con la desaparición de las Farc perdió Uribe el enemigo sobre cuyo lomo había edificado su reputación de guerrero indómito; para reemplazarlo, camufló entre tules de justicia y patria a un nuevo antagonista: la paz. Mas, pese a sus vacíos, a la reconversión de la violencia en muchos territorios, a la ferocidad de la acometida contra ella en estos años, hoy resulta irreversible la paz. Y apuntalado en el mundo el prestigio del Acuerdo que terminó una guerra de medio siglo con una guerrilla poderosa en su bestialidad. Por eso la carta del expresidente al secretario de la ONU, que desconceptúa por enésima vez el Acuerdo, tiene menos de memorial de agravios que de conjuro. No por decir que “acuerdo no hubo” desaparecen mágicamente su estatuto constitucional y legal, y sus efectos: los miles de vidas salvadas, la desmovilización de 13.000 guerrilleros y la fundición de sus armas, la conversión de los insurgentes en partido legal, el espectáculo de la JEP que emplaza a militares por la ejecución de 6.402 falsos positivos y a las Farc por crímenes horrendos, las decenas de miles de testimonios de las víctimas a la Comisión de la Verdad, materia viva para una historia universal del horror. Y la aplastante mayoría de colombianos que sueñan con una paz completa.

Dice Uribe que, en vez de acuerdo, hubo fractura de la ley para dar impunidad y elegibilidad a responsables de delitos atroces. Olvida que su proyecto original de desmovilización de autodefensas concedía perdón sin verdad, justicia y reparación. Que su Administración auspició la presencia insultante del jefe paramilitar Mancuso en plenaria del Congreso y cogobernó con bancadas de parapolíticos. Al Acuerdo atribuye la instauración de “un Estado criminal alternativo”. Pero este existía desde mucho antes, gracias a la alianza de  narcoparamilitares con políticos, empresarios, funcionarios y militares que en su Gobierno alcanzó todo su esplendor.

Al presidente Duque se le agradece el inesperado viraje por la paz. Pero no se le cree. Mal actor en las artes de la simulación, nos enseñó que su retórica anda lejos, muy lejos de los hechos. De la campaña por hacer trizas la paz, que se resolvió en obstrucción o en ejecución liliputiense de su implementación: casi nulas reforma rural y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos; ninguna, en seguridad en los territorios, como que masacres y asesinatos de líderes sociales y desmovilizados escandalizan. Sabotaje a la jurisdicción agraria y pasos de tortuga en actualización del catastro.  Persecución a la JEP y migajas para los programas de posconflicto. Salvo en PDETs, donde Emilio Archila puede mostrar algún resultado decoroso.

Sostiene Camilo González que, por no implementar a derechas el Acuerdo, se recomponen grupos armados con impacto en 250 municipios, persisten el paramilitarismo y la violencia para hacerse con el control del territorio, con los negocios y con el poder. Estaríamos en la encrucijada del tránsito a una etapa histórica sin guerra, pero la violencia se recicla porque no se atacan sus causas de fondo. La imposición oficial de nuevas estrategias de guerra prevalece sobre programas integrales de desarrollo, de democracia y de bienestar para la población.

Y sin embargo, tan vigoroso es el proceso de paz que ha sobrevivido a las más devastadoras cargas de dinamita. En su visita al país remarcó el secretario de la ONU, “la obligación moral de garantizar que el proceso de paz tenga éxito”, pues éste no se contrae al acto de silenciar las armas: apuntó también a eliminar las causas profundas del conflicto y a curar las heridas, “para que las atrocidades cometidas por todas las partes no vuelvan a ocurrir”. ¿Se traducirá en hechos la retórica pacifista que ahora ensaya Duque, o volverá al frente de guerra contra la paz que Uribe y su candidato Zuluaga reclaman?

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Colombia: ¿violencia política sin fin?

“Nosotros hemos sostenido durante años que hubo convivencia del Estado con el paramilitarismo; pero es diferente que lo digan las víctimas a que lo diga el directo y máximo responsable”. Estas palabras de Paola García, cuyos padres fueron asesinados por paramilitares, dan categoría política al reconocimiento de Mancuso —jefe de aquellos victimarios— de los crímenes cometidos. A la confirmación de su alianza con empresarios, hacendados, políticos y militares, que gestó la parapolítica: tuvimos, dijo, alcaldes, gobernadores, congresistas y hasta presidente alcanzamos a ayudar a nombrar. No avanzó nombres ni precisiones. Rodrigo Londoño, comandante de las extintas Farc, reconoció que, pese a sus anhelos de justicia social, los ataques de esa guerrilla a la Fuerza Pública desataron “ríos de sangre” entre civiles. Aunque genérica, más exculpatoria que contrita, la confesión de personeros supremos del horror abre avenidas a la verdad plena del conflicto. Y revela el tejido de justificaciones morales y políticas con el que quisieron legitimar su violencia.

Elocuente ilustración al seguimiento de la ideología que animó a los contendientes, expuesta con maestría a la luz de los acontecimientos  por Jorge Orlando Melo, en su último libro Colombia: las razones de la guerra. Para el autor, la violencia es elemento central de la historia de Colombia. Tres ideas entresacadas de la obra:

En la violencia más reciente, entre 1950 y 2016, la justificación ideológica de la guerrilla se afirmó en la existencia de una sociedad injusta y antidemocrática que era preciso cambiar. El Estado legitimó su violencia argumentando lazos de los alzados con una conspiración internacional. La propaganda de los gobiernos trocó la violencia rural entre colombianos en el producto magnificado de una conspiración foránea. Y el paramilitarismo, firme aliado de terratenientes, ejerció la suya amparado en el derecho de defensa personal; y dio por subversiva  toda movilización social.

La izquierda insurrecta se justificó en el derecho de rebelión contra el tirano y la democracia restringida del Frente Nacional, que asimiló a las dictaduras militares de la región. A la acción armada contra el Estado sumó la guerrilla crímenes horrendos como el secuestro; y el fusilamiento por “traición” de disidentes políticos en sus propias filas. Respondió el establecimiento con un reformismo pobretón pero, sobre todo, con una cruzada anticomunista envolvente (que hoy renace con vigor inusitado). Elemento central de esta violencia fue la alianza contrainsurgente y acaparadora de tierras entre políticos, hacendados, narcotraficantes y uniformados, que ya Mancuso señalara como germen del paramilitarismo.

Sostiene Melo que el choque entre guerrillas y paramilitares —con apoyo del Estado y de amplios sectores sociales— explica la larga duración del conflicto colombiano y las formas de violencia extrema que adoptó. Si bien no se justifica ya un proyecto político paramilitar ni el insurreccional de la guerrilla, 70 años de conflicto armado arrojan un país más inclinado a la derecha, a reformas de epidermis que no toquen la ortodoxia capitalista. Y concluye: quienes propendan al cambio deberán abrevar en el núcleo del individualismo  ilustrado de los derechos del hombre y el ciudadano; en la búsqueda de la sociedad libre, igualitaria y creativa que el propio Marx había retomado de Locke y de Rousseau. Con proyecto de reformas creíble expresado en lenguaje que defina claramente recursos, mecanismos y procesos.

Quedaría demostrado que la violencia sólo conduce a más violencia y al refinamiento de los mecanismos de dominación. Lo que se infiere, entre otras, de la tibia pero inédita contrición de Mancuso y Londoño. Tras la paz con las Farc, la verdad trae nueva esperanza del fin de la violencia.

 

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La paz sitiada

Si sobrevivimos a las objeciones (a la JEP) y a los entrampamientos es porque el proceso de paz en los territorios es más fuerte que sus detractores en la capital, dice Sergio Jaramillo, arquitecto del Acuerdo con las Farc. Se declara optimista, pero reconoce que graves amenazas podrán desbarrancar el proceso de paz. La primera, la inseguridad en las regiones, que podrá provocar el rearme de los reinsertados. Este Gobierno y sus ministros de Defensa, acota, han sido asombrosamente incompetentes para controlar disputas armadas por el territorio, que se resuelven en masacres (78 este año) y en centenares de asesinatos de líderes y desmovilizados.

Al punto que la propia ministra del Interior reconoció esta semana la impotencia del Gobierno para neutralizarlos. Desapacible confesión de ineptitud e insolencia que deshonra su cargo, si es que más deshonra le cabe tras haber insultado a quienes denunciaban los crímenes invitándolos a dejar de “chillar”.

Menos optimista que Jaramillo, teme Francisco Gutiérrez el inicio de un tercer ciclo de violencia política después de la liberal-conservadora de mediados del siglo pasado y de la contrainsurgente desde 1964 hasta la firma del Acuerdo del Teatro Colón. Resorte de la nueva guerra, el rabioso sabotaje del uribismo a los instrumentos de paz acordados, señaladamente a la justicia transicional y a la reforma rural integral.

Para Gutiérrez, el Acuerdo de Paz con las Farc fue un logro extraordinario, pero asimétrico: sin la fuerza de la contraparte, desprestigiada, la guerrilla cedió más que el Estado. Se recordará que desde el abrebocas de la negociación se sometió la insurgencia a no tocar el sistema político ni el modelo económico. El acuerdo final, señala Gutiérrez, no era revolucionario, ni siquiera reformista radical: su reforma rural no le llega a los tobillos al reformismo agrario del Frente Nacional.

Salvo en reinserción, el Gobierno ha birlado escrupulosamente los acuerdos. De los tres millones de hectáreas proyectadas para campesinos, se han entregado 30 mil. Saboteada por ley en curso que la desnaturaliza y por los llamados ejércitos anti restitución, la devolución de tierras usurpadas (unos 6 millones de hectáreas) es un tigre de papel. La coalición de gobierno hundió en el Congreso la reforma política y sus 16 curules de paz.

Pero el mayor incumplimiento es el de sustitución de cultivos. Los campesinos sustituyeron pero los pagos del Gobierno llegaron tarde y pocos y, nunca, los bienes públicos. En lugar de sustitución habrá fumigación, pues el Presidente y su ministro Trujillo porfían en el diagnóstico acordado, rodilla en tierra, con el defenestrado Trump: todos los problemas de este país, democracia ejemplar, se reducen al narcotráfico. Mas no desaparece la coca fumigando cultivos sino ofreciendo alternativas económicas a los cultivadores. Ni desaparece el narcotráfico atacando éste, el eslabón más débil de la cadena.

La paz con las Farc fue epílogo feliz de un conflicto sangriento que cobró ocho millones de víctimas para consolidar en Colombia el modelo de propiedad agraria más inequitativo del mundo y la colonización de vastos territorios del poder público por una alianza de políticos, ganaderos, paramilitares y uniformados que cifra su hegemonía en la guerra. Sí, en la guerra, camino expedito hacia la riqueza y el poder que sacrifica toda legitimidad, porque es receta de tiranos.

Para Gutiérrez, el Acuerdo está vivo, pero en términos de cumplimiento, este Gobierno lo destruyó a hachazos y taimadamente. Se diría sitiada la paz. Duro diagnóstico, que omite, sin embargo, imponderables capaces de revertir el desastre. Entre otros, la posibilidad de que el centro-izquierda conquiste esta vez la presidencia en las urnas y acometa sin demora la implementación de la paz. Ojo con el 2022.

 

 

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Verdad y simulación ensotanada

Intrépido defensor de su propia impunidad, vuelve al ataque Uribe contra la verdad que lo comprometería en delitos de marca mayor. Porfía en disolver la JEP, escenario de revelaciones sobre la guerra que cuestionan su inocencia y amenazan su libertad. En país donde la hipocresía ensotanada es ley, simula honor mancillado para salvar el pellejo. Se desenvuelve el expresidente con soltura en este reino de la mentira, en el hábito de disimulo y encubrimiento que, según el historiador Luis Alberto Restrepo, es en parte fruto del ejemplo y de la formación ética impartida durante seis siglos por la Iglesia Católica en Colombia. Por su parte, Eduardo Cifuentes, nuevo presidente de la JEP, adivina en quienes quieren derogarla el miedo a la verdad, justamente cuando este tribunal comienza a descubrir verdades completas y reconocimiento de responsabilidades.

Explorando en la Iglesia raíces de aquella doblez, se remonta el exsacerdote Restrepo a la Colonia, cuando los tonsurados cementaron mediante la educación el poder de la Corona, cuyo brazo político-religioso era la Iglesia. Piedra angular de su influencia, sin par en la América española. Tras el afán secularizador de los liberales en el siglo XIX, la Regeneración y el Concordato de 1887 restauraron la homogeneidad cultural que la Iglesia había impuesto. Le devolvieron la construcción de la nación sobre la trilogía cultural hispánica: la religión católica, la lengua castellana y la educación.

En su arista más abiertamente política, poderosos jerarcas del cuerpo de Cristo auparon con pasión la violencia: monseñor Ezequiel Rojas, canonizado por Juan Pablo II, exhortó a empuñar las armas contra los liberales en plena guerra de los Mil Días. Sugirió lo propio Monseñor Builes contra liberales y comunistas en tiempos de la Violencia. El cardenal López Trujillo, admirador del Medellín sin tugurios de Pablo Escobar, fue verdugo de curas y monjas comprometidos con los pobres. Y en el plebiscito de 2014, se sumó la jerarquía eclesiástica al sabotaje de la paz por la extrema derecha.

Colombia –escribe nuestro autor– se ahoga hoy en un pantano de mentiras, crímenes y violencias solapadas tras cuyos bastidores medran los poderosos, algunos obispos y clérigos incluidos: o son autores intelectuales del horror o lo legitiman. Casi todos ellos se excluyeron de la JEP y esquivan la Comisión de la Verdad. Pero una mayoría aplastante de sacerdotes y obispos trabaja por las comunidades olvidadas y por la paz, con frecuencia a despecho del Gobierno.

Un llamado trascendental formula Restrepo al episcopado católico: pedir perdón públicamente por los errores de la institución en el pasado y en el presente. Este reconocimiento, apunta, sería sanador para la sociedad colombiana y podría abrir la puerta a un sinceramiento nacional. Movería a altos oficiales, políticos, terratenientes y empresarios de toda laya a decir la verdad, a asumir su responsabilidad en el conflicto y a pedir perdón a las víctimas. El triunfo de la verdad acerca del conflicto sería paso decisivo hacia la paz y derrota del recurso a la simulación, ensotanada o no.

Coda. Decapitado el eje Trump-Duque-Bolsonaro, se impone ahora el desafío de reconstruir la democracia, atropellada en estos países por un caudillismo de fantoches; por el abuso de poder, la corrupción, la violencia, la exclusión, el neoliberalismo y la desigualdad. Llegó la hora de frenar la carrera que nos arrastraba por involución hacia el Eje fascista de entreguerras: el de Berlín-Roma-Tokio. Sirva también la epifanía que esta elección en Estados Unidos aparejó para recomponer las relaciones con ese país desde el respeto entre Estados y nunca más desde el complejo de bastardía con que el gobierno de Duque humilló a Colombia ante la Estrella Polar.

 

 

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Ante la JEP, silencios que matan

Si no mediaran tantos muertos, sería pintoresca paradoja. El general Montoya y dirigentes de la Farc, jefes que fueron de ejércitos rivales durante medio siglo, confluyen ahora sin pestañear en el mismo atajo: callan la verdad o la dicen a medias –forma menos honrosa todavía de callar– sobre secuestro y falsos positivos, ignominias de la guerra. Manes de la historia. Hace ya casi un siglo autoritarismos de signo político contrario entre Alemania y Rusia acudieron a idénticos métodos de fuerza bruta. Métodos comunes a Ortega y Bolsonaro.

Se presenta Montoya ante la JEP, tribunal creado para ventilar la verdad, pero decide enmudecer y evadir señalamientos de once militares en esos estrados, antes que esclarecer responsabilidades si las tuviere. En pequeñez que ultraja a las víctimas, deposita la culpa de los falsos positivos en soldados que le resultan ignorantes, pobres, sin maneras en la mesa. ¿Serían por eso proclives a actos horripilantes que repugnan a la serenísima alta oficialidad? Pero ¿no ejecutaban órdenes? ¿De quién? ¿Nada sabe Montoya, su comandante en jefe entre 2006 y 2008, cuando se registró la mayoría de los 5.000 asesinatos de inocentes para presentarlos como bajas en combate?

Según informe de este diario, la JEP exhumó hace dos semanas 54 cadáveres en el cementerio de Dabeiba que serían víctimas de falsos positivos, pues a ellos se llegó por confesión de uniformados. Ese pueblo sería “un tapete de muertos”, dijo un  defensor de víctimas, y varios militares le confesaron a la JEP haber convertido su cementerio en una fosa común. Miles de víctimas se encontrarían en cementerios regados por todo el país. Para la Fiscalía, en el de Valledupar habría más de 500 víctimas, muchas de ellas falsos positivos del Batallón La Popa.

Por su parte, miembros del antiguo secretariado de las Farc ofrecen un pronunciamiento exculpatorio del secuestro. Reconocen su “equivocación” al “retener” civiles por el grave daño que pudieron causarles; pero esta declaración naufraga como un desliz en la mar de justificaciones que convierte a esa comandancia en víctima del destino que le impuso medios heterodoxos para financiar su guerra, su guerra heroica, y la redujo a la impotencia para controlar abusos de la guerrillerada. Otra vez el soldado raso. De los 27.023 secuestros asociados al conflicto entre 1970 y 2010, las guerrillas perpetraron 24.482, el 90%. Inhumanidad extrema de un crimen que los exfarc edulcoran trivializando la crueldad, naturalizando la humillación y la sempiterna amenaza de muerte contra sus plagiados. Para El Espectador, las Farc embolatan con “retazos de verdad”.

A esta versión responde Ingrid Betancur con un primer reclamo: no deberían las Farc hablar de “errores”, “equivocaciones” y “retenciones” para referirse al crimen del secuestro. Dice que el suyo fue un acto de venganza contra un ser humano. Que buscan justificar castigos como su encadenamiento de años, no para protegerla sino para castigarla. “El mayor peligro que yo corría (eran) ellos, su violencia, su decisión de matarme […] Su ensañamiento fue producto de un sadismo personal combinado con fanatismo ideológico en un espacio humano donde la arbitrariedad de los fusiles hacía oficio de ley […] El secretariado (encubría) sistemáticamente los desmanes de su tropa, así como lo hace hoy…”.

La justicia transicional exige verdad plena y a nadie exime. Los de  Montoya y   la Farc son silencios que matan porque revictimizan a las víctimas. Así el senador Uribe, excomandante Supremo de las FF MM durante el periplo más negro de los falsos positivos, eleve a Montoya a héroe de la patria. También  elevó a Rito Alejo del Río, y éste se desplomó a la cárcel.

 

 

 

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Gobierno reaccionario

Últimos efectos de demostración: sabotaje a las curules de las víctimas y descalificación del proceso de paz por “semifallido”. Se ha reinstalado en Colombia la cepa del autoritarismo, a instancias de una fuerza conservadora y violenta que evoca a cada paso los tiempos de Laureano Gómez: la fuerza del uribismo. Para no mencionar su correlato natural, la predilección por el corporativismo, que arroja al presidente Duque en brazos de intereses particulares adueñados del poder para mandar en provecho propio. En política, la cosa se ha resuelto sobre todo como cruzada contra la paz; falazmente barnizada en rosadito-legalidad para la galería de afuera, riñe todos los días con los actos de gobierno. Hipocresía pura.

A los dispositivos de un Estado policivo y chuzador; a la fallida asonada del primer mandatario contra la JEP; al sistemático boicot del Acuerdo que nos redime de la guerra; a la masacre de líderes y reinsertados que se expande porque la Seguridad no apunta a sus determinadores, se suman ahora dos finas perlas: una, pretende impedir la representación directa de las víctimas en el Congreso, afincada en la Constitución y la ley. Como si le faltaran viandas, ofrece el presidente a la glotonería de los partidos tradicionales las 16 curules asignadas a la Colombia olvidada, mártir del conflicto.

Otra perla, la trampa de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez que, en ilusa profilaxis de su gestión antes de rendir cuentas, adjudica a la contraparte sus propios desaciertos: declara que el de la paz es un proceso “semifallido”, por incumplimiento de las Farc. La secundan, al punto, intrépidos alfiles del presidente eterno: el general Ruiz Barrera, de Acore, el locuaz Alfredo Rangel. Pero el país sabe de la perversa modorra, cuando no del sabotaje que preside la implementación de la paz en este Gobierno. Luce, sí, como una flor en el desierto, algún avance en reincorporación de desmovilizados a cargo del comisionado Archila. En boca de la titular de Gobierno, la observación desnaturaliza la paz. Y no faltará quien se sienta autorizado a redoblar la cacería de desmovilizados de la guerrilla más antigua del continente que, sin embargo, entregó las armas y se incorporó a la vida civil. Hecho de resonancia en el mundo, contra el cual parecen conspirar este Gobierno y los viudos de la guerra que lo rodean.

A la voz de revivir el acto legislativo que por mayoría de votos aprobó el Congreso en 2017 para entregar 16 curules en la Cámara a víctimas certificadas del conflicto en los territorios materia de reparación, antepone el presidente Duque un proyecto que se las arrebata. Por enésima vez en la historia de nuestra democracia de castas, seguirían aquellas comunidades excluidas, sin voz, sin voto, sin opción, a la buena de Dios y del destino trazado por los chupasangre de siempre. ¿Será ésta otra dádiva por gobernabilidad que el Presidente concede a la politiquería? ¿Acaso no recela la rabia que  semejante atropello pueda sumarle a la protesta callejera? Tendría que vérselas también con El Consejo de Estado, a punto de resucitar las curules, no para pícaros de los partidos que pasarían por víctimas, sino para sus destinatarios originarios: las organizaciones sociales, étnicas y raizales.

La propuesta de Duque es inconstitucional y escamotea la paz. La diatriba de Gutiérrez, la desconceptúa. Brincarse las normas constitucionales que crean las curules de víctimas y ordenan implementar la paz es resucitar la arbitrariedad que signó el régimen de la Seguridad Democrática. Presidente y ministra parecen marchar hacia la meca soñada: hacer invivible la paz, para volver a hacer invivible la república.

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