por Cristina de la Torre | Mar 12, 2024 | Modelo de mercado, Marzo 2024, Reforma política, Protesta social, Desarrollo agrícola, Impuesto progresivo, Violencia, Reforma Rural, GEA, EPM, Especulación Financiera, Libre Mercado, Reforma tributaria, Reforma Fiscal, Banca, Derecha, Modelo Económico, Justicia, Corrupción, Modelo Económico en Colombia
Hoy vuelven ellas en defensa de sus privilegios como avanzada contra el reformismo, ave rara en el régimen más conservador del continente. Con excepciones que confirman la regla, como la de un Carlos Enrique Cavelier, empresario promotor de la productividad campesina. El cambio propuesto en este Gobierno -modesto por comparación con los derechos y necesidades de la mayoría- desafía la tradición del Estado que responde a intereses particulares de la clase dirigente y, en políticas públicas, concede espacios a razón de centímetros por metro, según el ímpetu del reclamante. O ni eso. Como se infiere de los cincuenta mil manifestantes del 7 de marzo arrastrados por una campaña de propaganda construida sobre la demagogia, la mentira y el miedo contra las reformas que cursan en el Congreso. Instrumento de una oposición letal a cambios elementales en un país donde trece millones de ciudadanos no hacen tres comidas diarias. Conspicuo doctrinero y activista de esta derecha cerril, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, blande mazos desde el flanco de un deshonroso exfiscal contra todo amago de transformación.
Pero el modelo de mercado que ha multiplicado gabelas a sus selectos beneficiarios va desnudando sus vergüenzas. Versión renovada del rentismo como política de Estado que, en palabras de Hernando Gómez Buendía, favorece -entre otros- con crédito subsidiado y exenciones tributarias a industriales y empresas con nombre propio. Matriz de conglomerados económicos, con la Carta del 91 derivaron éstos en tres grupos financieros dueños del país. El secreto, la forzosa intermediación de nuestra banca privada en el financiamiento del Gobierno. Y con escandaloso diferencial bancario: entre 2000 y 2016, la diferencia entre tasas de captación y de colocación fue del 102%. Un obstáculo severo al desarrollo económico, dirá nuestro analista. Como que una tajada macanuda de la deuda pública resulta contraída con bancos de los Grupos Aval, Davivienda y Empresarial Antioqueño.
Si la dupla capital público y privado resulta vital para el desarrollo en clave de reindustrialización, por qué no retomar el modelo de economía mixta que predominó en tiempos de Alberto y Carlos Lleras bajo la égida de la Cepal y dio lugar a la industrialización por sustitución de importaciones, adaptándolo a las condiciones de la hora. Entonces Colombia creció al 5.2%, la industria al 6.2% y los salarios al 5.4%. Por qué no volver a la planificación concertada con el sector privado, un paso en cuya dirección pudo perfilar el encuentro del Gobierno con grandes empresarios en diciembre. Fruto inicial, la inversión a dos manos de DPS y el grupo Aval para contribuir a mejorar la vida en la Guajira. No queremos que sea donación o ayuda humanitaria, declaró Sarmiento, la meta es ofrecer soluciones a los problemas estructurales. ¿Y no es esta la divisa del desarrollo? ¿Estaría el Grupo Aval dispuesto también a moderar réditos de su intermediación financiera para el Gobierno?
Las de Cavelier son iniciativas en marcha, efecto de demostración de su poder transformador si se proyectan como políticas de Estado. Entre otras, fundó una cooperativa para comprarles leche a campesinos reinsertados; empezaron con 1.000 litros y, a poco, llegaron a 60.000. De otro lado, a la reactivación de la red férrea que potenciará el transporte de carga y conectará el centro del país con los puertos, se han integrado firmas que a corto plazo trabajarán bajo la fórmula de Asociación Público-Privada. Pasos se dan. ¿Por qué no proyectarlos hacia un modelo formal de economía mixta con planificación concertada? ¿O rendirá más votos la oposición que obstruye y vocifera para ocultar con el griterío la intención de salvaguardar hasta la última migaja de sus privilegios?
por Cristina de la Torre | Ago 1, 2023 | Agosto 2023, Campesinado, Congreso de la República, Protesta social, Agencia Nacional de Tierras, Reforma tributaria progresiva, Pacto Histórico, Violencia, Gustavo Petro, Desplazamientos, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma Fiscal, Derecha, Reforma Agraria, Tierras, Modelo Económico, Izquierda, Política agraria, Salud, Educación, Corrupción, Sin categoría
Sí, fue golpe de suma cero: el triunfo de la derecha este domingo no podía resultar sino del naufragio de la izquierda. Pero será una victoria pírrica, con los días contados si, más allá de las urnas, no leen los elegidos el hambre del 28% de colombianos que disparó el estallido social de 2021, con sus 80 muertos, y amenaza con volver a perturbar el sosiego de la gente de bien en el segundo país más desigual del continente. Conquista de la vieja política reeditada en clanes, con todo su potencial de corrupción y aún de crimen. Los Char, los Barreto, los Gnecco, los Caicedo, los Turbay, los Torres, las Dilian Francisca recuperaron lo perdido hace cuatro años.
Pescaron en la incapacidad del Pacto Histórico para gobernar a todo tren; en la endeblez de una coalición que pareció armada sólo de ocasión, liderada por la Colombia Humana, un movimiento difuso de vocación caudillista que se niega organización de partido. Y, sin embargo, supo darse un programa de reformas que responde al general anhelo de cambio. Reformas como la agraria para moderar desigualdades intolerables entre sectores sociales, causa mayor de guerras que han cobrado medio millón de vidas, hoy en marcha. Como la de reformular el manejo de las finanzas territoriales para vencer desigualdades entre regiones, que debería integrarse al bloque de cambios que el Congreso discute.
Denuncia Mauricio Cabrera una “escandalosa concentración de la riqueza” en nuestro país. Pese a que ha mejorado el acceso a los bienes y servicios básicos, es cada vez más desigual la distribución del ingreso y de la riqueza. El Gini en este rubro es de 0.83 y en depósitos financieros es de 97%. Entre los tres tipos de activos que componen la riqueza -propiedad raíz, acciones en empresas y financieros en propiedad rural, Colombia es subcampeón mundial en peor distribución de la tierra: sólo el 1% de la población es dueña del 80% del territorio, revela Oxfam. Los 7.2 millones de hectáreas de tierra óptima para agricultura están casi por completo desaprovechados o dedicados a ganadería extensiva. En Sucre, nueve clanes familiares son dueños del 55% de la superficie del departamento.
Tarea medular de los nuevos alcaldes y gobernadores será el manejo de sus recursos. De los impuestos locales, de regalías y transferencias del Gobierno central. Su destino, el financiamiento de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Demuestran Oliver Pardo y William Reyes la necesidad de reformar el sistema de tributación en departamentos y municipios y de ampliar su autonomía para depender menos de las transferencias de la nación. E integrar esta innovación tributaria y de manejo de las finanzas territoriales al bloque de reformas en trámite y materia del gran acuerdo nacional, diríamos aquí.
En este horizonte y vista la proyección territorial del Plan Nacional de Desarrollo, otra fisonomía les esperaría a las reformas que son materia del acuerdo nacional. Ya el presidente Petro convoca a los mandatarios elegidos para “articular planes locales con el cambio”. Y éstos no son ajenos a los congresistas que participan de la misma lid política en las regiones. El apoyo parlamentario a las reformas derivaría naturalmente de la comunidad de intereses políticos que gravitan en torno a los programas de campaña de los elegidos: ellos atañen tanto a la rama legislativa del poder como a la rama ejecutiva de los gobiernos locales.
Podrá haber girado el péndulo hacia la derecha, mas, para no invocar espíritu de patria sino el sentido práctico de neutralizar a tiempo otra explosión de ira social, dignatarios locales, parlamentarios y Gobierno deberían ser la primera piedra de un pacto nacional que no da espera.
por Cristina de la Torre | Jun 13, 2023 | Congreso de la República, Junio 2023, Fiscalía General de la Nación, Reforma política, Protesta social, Reforma a la salud, Reforma tributaria progresiva, Gustavo Petro, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma Fiscal
La muerte misteriosa del coronel Óscar Dávila, subjefe de seguridad del presidente Petro, es tragedia que repica en la crisis de gobierno cuyo clímax escaló a escándalo de chuzadas y supuesto ingreso no explicado de $15.000 millones a la campaña presidencial. Denuncia el abogado Miguel Ángel del Río que la víspera de su muerte le había revelado el oficial amenazas de la Fiscalía contra él y que, según ella, correría sangre. El jurista se queja de “la infame persecución de la Fiscalía”. Subalternos de Dávila habrían intervenido en uso irregular de polígrafo contra empleada de la entonces jefa de Gabinete, Laura Sarabia. Pone este hecho la nota de horror en la atmósfera envenenada que la oposición ha construido sobre las protuberantes equivocaciones del primer mandatario. El ataque encadena, uno tras otro, día tras día, gazapos del Ejecutivo magnificados hasta configurar, dice el presidente, un golpe blando.
En la crisis de Gobierno que congela las reformas, corazón de su proyecto, parece debatirse Petro entre la apelación directa al pueblo y la recomposición del acuerdo institucional con otras fuerzas. Entre exhibir poder en las calles y volver a barajar la coalición política cuya disolución precipitó hace dos meses, cruzando ahora líneas que se tuvieron por infranqueables en las reformas de salud, trabajo y pensiones. El recurso a la movilización popular promete más como presión para recomponer la alianza política que le dio gobernabilidad, que para suplantarla.
Con Petro, el modelo de confrontación contra elites ranchadas en la inercia conservadora que nada cede, o muy poco, correría parejas con el de concertación plural en pos de un objetivo común. Acuerdo sobre lo fundamen tal para los ingleses, es modalidad socialdemócrata de liberalismo. El primero, rousseauniano, reta con el discurso contestatario que lubrica una radical descalificación del sistema; el segundo persigue el cambio paso a paso pactando consensos con fuerzas disímiles. Tal la experiencia del Frente Amplio Uruguayo, que gobernó 16 años, y ahora el de Boric en Chile.
En el fragor de la protesta, rendido a la seducción de su propia oratoria, se allanó el líder sin embargo a la vía institucional del cambio. No son estas reformas radicales, dijo, apenas tratan de garantizar derechos esenciales de la gente. El cambio que el pueblo eligió debe tramitarse con respeto de las instituciones. Al Congreso “le solicitamos con todo respeto, desde nuestras ganas de justicia y de paz (aprobar) las reformas que le garantizan al pueblo sus derechos. No es una solicitud violenta, irrespetuosa o armada; es una solicitud popular”. Y agregó: el Gobierno está abierto a discutirlas, a aceptar cambios, pero “ninguno que afecte los derechos de la gente”.
¿Hace mella el golpe blando? Escribe Óscar Guardiola que no hay en éste conspiración sino manipulación de la opinión con información inflada: ruido. “Se trata de amplificar el volumen y multiplicar las fuentes hasta hacer perder el criterio de juicio. No busca golpear de manera inmediata al adversario (…) busca golpearnos a todos, empujarnos a un estado de ansiedad, mortificación y pánico. Entonces no razonamos, reaccionamos”. Y es en tal ambiente donde florecen los fascismos. Camino expedito para el golpe blando será la incapacidad ejecutiva del Gobierno, su estentórea inhabilidad para comunicar, su debilidad por la autocomplacencia.
El dilema entre movilización y concertación podrá ser falso. A la postre, cuestión de énfasis. Pero aquí salta a la vista la urgencia de volver a la concertación en democracia para salvar el cambio que las mayorías anhelan. Sin ejecutorias que respondan a las expectativas creadas, la popularidad del presidente podrá estacionarse en un lánguido 26%, y los manifestantes, contraerse al núcleo místico de los aduladores.
por Cristina de la Torre | Feb 13, 2023 | Protesta social, Colombia Humana, Polarización social, Reforma pensional, Reforma a la salud, EPS, Gustavo Petro, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma Fiscal, Reforma Agraria, Febrero 2023
Prevaleciendo sobre los partidos, las masas se toman las calles; unas en defensa de las reformas, otras en contra. En legítimo derecho de expresión colectiva, evocan ellas no obstante una deriva inesperada de 1991: la democracia refrendaria –vecina de la autocracia– que Uribe llevó a su apogeo y que parece tentar a Petro. El presidente busca avivar la iniciativa del Gobierno y dibujar mejor la personalidad de su Colombia Humana, en sintonía con la explosión social que desnudó desigualdades inauditas nunca resueltas. Esta le dio a la polarización política categoría de polarización social, y no faltó en la derecha quien denunciara consternado “el nacimiento de la lucha de clases”. Mientras propone Petro “reforma laboral para más estabilidad en el trabajo, pensional para que ningún viejo muera en la calle, de salud para volverla derecho real”, se estampa la oposición en la frente el inri de enemiga del cambio que el pueblo pide.
Pero advierte el editorialista de El Espectador contra la peligrosa tesis de que el triunfo de Petro en las urnas significa la refrendación de sus reformas. No. La democracia, dice, no es una carta blanca. El Gobierno cumple con presentar las reformas prometidas y el Congreso las aprueba, o no. Petro es presidente de todos los colombianos, no sólo de los que votaron por él. Y así ha procedido hasta ahora: formó Gobierno de coalición y empezó a negociar con las EPS la reforma a la salud, como negoció la tributaria.
Cruda paradoja arroja la Carta del 91, pues a veces provoca efectos contrarios a su prospecto original. Quiso la democracia directa y ésta se deformó en el ardid del Estado de opinión; en democracia plebiscitaria afincada en un caudillo, azarosa receta que en más de un país dio lugar a la dictadura. Quiso abrir el compás a nuevas opciones políticas y logró la Onic; mas el efecto de bulto fue la atomización de los partidos en una riada de microempresas electorales construidas alrededor de figurines sin ideas. Hoy son federaciones de poderes locales sin cohesión programática, a menudo salpicados de corrupción. De los partidos como factor de cohesión en la sociedad colombiana casi nada queda. Y en ese vacío floreció el caudillismo.
Y, sin embargo, estos partidos y movimientos políticos encarnan la democracia representativa. Por remota que parezca la reforma política, su designación en las urnas los unge como representantes del pueblo en el Congreso, escenario por antonomasia de la deliberación política, la decisión legislativa y el control del gobernante. La movilización callejera complementa la acción parlamentaria, no la sustituye.
Aleccionadora la embestida caudillista que cada tanto muestra sus orejas. Álvaro Uribe se montó, como en su mejor potro, en ideólogos del 91 que denostaban cuanto dijera de organización en la sociedad. Mucho le sirvió aquella ofensiva contra el Estado, a fuer de lucha contra la politiquería; contra partidos, sindicatos y órganos de representación política, las instancias mediadoras del constitucionalismo liberal. Minimizado el Estado, desactivada la sociedad, brotaría el caudillo, mentor de la receta falaz: “necesitamos más Estado de opinión, dijo, en el cual la instancia judicial pueda ceder a la instancia de la gente”. (Del Escritorio de Uribe, Icla, 2002).
Quiera Petro empujar la reforma que devuelva su fuerza a los partidos, canales cimeros de expresión organizada de la ciudadanía. Y él mismo, en vez de caer en la tentación del caudillismo, aplicarse a la organización de sus huestes en partido. Sabrá, claro, que no basta con agitar reformas, que es preciso organizar a la gente en torno a ellas. Pasar de la revuelta social a un programa político sustantivo de cambio, como lo propone Daniel Pécaut. Saltar del caudillo al jefe de partido. Si no, la movilización popular será flor de un día.
por Cristina de la Torre | Nov 8, 2022 | Reforma tributaria progresiva, Impuesto progresivo, Economía extractivista, Reformas liberales, Reforma tributaria, Reforma Fiscal, Modelo Económico, Política económica, Justicia, Corrupción, Clientelismo, Modelo Económico en Colombia, Noviembre 2022
En treinta años de campaña contra la búsqueda de igualdad y democracia económica que fuera idea tutelar del liberalismo, nunca había llegado su partido tan lejos como esta vez contra la reforma tributaria más progresiva en la historia de Colombia. Salvo, tal vez, la adhesión de muchos en el notablato liberal a la desafiante respuesta del conservatismo a la reforma de marras en 1936. A instancias del jefe César Gaviria, promotor del modelo que sacrificó justicia social al mercado y socio del banquero mayor, entregó ahora la bancada liberal hasta su último aliento para hundir la reforma que exacerba la avaricia de la plutocracia. No lo logró, pero contribuyó a cercenar la quinta parte a su potencial de recaudo original.
Hundió el impuesto a los muy terrenales negocios de las iglesias; empujó la exoneración del gravamen a las megapensiones, el más grosero símbolo de privilegio; luchó contra afectaciones al patrimonio, a las zonas francas, a las bebidas azucaradas que minan la salud de la gente. Y se empleó a fondo por la deducibilidad de regalías en el cálculo del impuesto de renta para petroleras y carboneras. Acaso porque, según Las2orillas, fue accionista Gaviria de la firma de hidrocarburos MC2, socia del Grupo Aval. Si el otro jefe liberal, Germán Vargas, negó de plano la reforma, Gaviria soñó con reducirla a la mitad. Deshonrando la memoria de la colectividad que había empuñado la bandera de los pobres, desdeñaban aquellos ahora el pronunciamiento popular de las calles y las urnas, al cual responde esta reforma proyectada sobre todo para ampliar el gasto social en un país atribulado por la pobreza. Reforma que acerca por fin a Colombia al promedio impositivo de América Latina.
Las regalías son pago por usufructuar el subsuelo irreparable de la nación. ¿Por qué habría de regalárseles a firmas opulentas que, aun en tiempo de bonanza, se niegan a ajustar en mísero 3% el impuesto que se les cobra por doquier? Su tasa efectiva de tributación es 38%, no el 80% que la fantasiosa Andi le atribuye. Hasta 1989 se pagaba 2% de impuesto sobre el patrimonio; hoy lo revive este Gobierno con canon de 1% en promedio y el establecimiento se desgañita a voces de ¡terremoto, calamidad, desastre! Varias veces lo entregaron nuestros ricos con emoción patriótica para financiar las guerras de la Seguridad Democrática; pero ahora, cuando de los pobres y de la paz se trata, resulta un atentado contra la sagrada propiedad.
Atribuye la prensa el texto de objeciones de Gaviria a la reforma a Juana Caballero, vinculada a la empresa de Santiago Pardo, tributarista de Sarmiento Angulo. Si la compinchería entre elites económica y política viene de vieja data, se afianza con la privatización y la preeminencia que el sector financiero cobra con el modelo neoliberal que Gaviria introdujo. Liberalizado el sector, explica Hernando Gómez Buendía, se concentra en pocos bancos, que se enriquecen escandalosamente con las gabelas de Gaviria: no podrá el Gobierno acudir al Banco Central sino al onerosísimo crédito de la banca privada. La deuda pública es hoy fuente principal de las ganancias de la banca colombiana, explica Gómez, que han cambiado la composición sectorial de la economía: en 20 años, pasaron los bancos de generar el 8.8% del PIB al 22% en 1.917. Un cambio sin precedentes en el mundo. La Carta del 91 -remata- acabó por entregarle la economía del país a grupos financieros gigantes: al Grupo Empresarial Antioqueño, al Grupo Bolívar y al Grupo Aval. Y el franciscano ajuste del 5% en impuestos al sector provocó, empero, más de una protesta. Abominable.
En esta sociedad del privilegio, inmóvil, sus elites -la del trapo rojo a la cabeza- juzgan apocalíptico todo gesto de cambio en democracia. Así se autoinflige el Partido Liberal el puntillazo final. Responsos se le rezan ya.8
por Cristina de la Torre | Dic 3, 2019 | Paro Nacional, Reforma Fiscal, Movimiento social, Diciembre 2019
En el espectáculo de un país que sale del hueco, respira y pide el cambio, como no se viera en 60 años, dos fuerzas formidables parecen correr a la caza de candados: la vanidad del presidente y la insubordinación de los energúmenos que lo rodean. En su conmovedora insustancialidad, incapaz de dimensionar el significado y la potencia de este pronunciamiento ciudadano, pretende él responder a sus demandas con propaganda sobre lo cuestionado. Diluir en el tiempo, en el espacio, en mil inquietudes sueltas la negociación con los personeros del paro. Para atomizar, dilatar y evadir núcleos duros de la protesta como los de cumplimiento integral del Acuerdo de paz y política de seguridad.
De otra parte, la derecha frenética de su partido le blande garrote para que asuma por fin, de frente, sin miramientos “mujeriles”, como un varón, contra el terrorista que habita en cada estudiante, indígena, artista, trabajador, gay, ambientalista o feminista que grita y canta sus reclamos en la calle. Contra la gente toda y su concierto de cacerolas. Se reivindica lo elemental: seguridad, educación, trabajo, salud, salarios y pensiones decentes, paz. Y la alegría de vivir. Anatema. Ruge la caverna, y caen todas las hojas de parra. Desnudando la pulsión golpista que heredó de sus mayores, Fernando Londoño le pide al Presidente de la República apartarse del cargo “mientras negocia” y que en su lugar gobierne Marta Lucía Ramírez. Juan Carlos Pastrana insta a militarizar cada esquina, pues “terroristas y malandrines no deben tener movilidad alguna”. Rafael Nieto acusa a Dilan de ser responsable de su propia muerte, por participar en protestas. Y Álvaro Uribe considera legítima la patada que un miembro del Esmad le propina en la cara a una muchacha.
Codiciosa, provinciana, acostumbrada a prevalecer a golpes, sin el recorrido civilizador que da la democracia, a la primera voz de descontento se cala su antifaz la clase dirigente, para no ver sino el billón de pesos que el paro ha costado a sus negocios, poner el grito en el cielo y cuidarse de mencionar los $50 billones que sus malandrines, esos sí, se roban cada año. Ahora cogobierna en pleno, manu militare, evocando el tenebroso Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala. Y reduce a modesta proporción la agenda rural del tratado de Paz, que contempla Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), sustitución de cultivos ilícitos y restitución de tierras.
Respuesta primera de Duque al 21N: el Gobierno impulsará su paz con legalidad, giro que supone ilegal la paz acordada e incorporada en la Constitución. Contrae la implementación del Acuerdo a la reincorporación de desmovilizados y a algunos programas PDET. Ilegal le parecerá la Ley de restitución de tierras, hoy en capilla por iniciativa de María Fernanda Cabal. Ricardo Sabogal, exdirector de Restitución de Tierras, revela que él y funcionarios suyos sufrieron persecución y amenazas: varios fueron asesinados. Muchas de esas tierras, dice, terminaron en gente prestante, pese a saber que habían sido despojadas o compradas a la brava. Tampoco brinda Duque garantías en seguridad rural: no desmonta el paramilitarismo, exterminador principal de líderes sociales, y reduce el control territorial a militarización. De remate, sabotea la sustitución de cultivos.
Parsimonia en tan graves materias o para mantener el paquetazo sabrá hoy a provocación. Harta de violencia y de mordaza, la gente exige solución civilizada a sus problemas y espera poder ventilarlos en democracia, sin riesgo de muerte. ¿Sabrá el Poder cuán difícil le resultará en adelante presumirse demócrata y sin embargo disparar? El Presidente decidirá si escoger el diálogo constructivo, o bien, verse atrapado sin salida.
