por Cristina de la Torre | Abr 23, 2024 | Abril 2024, Crímen organizado, Conversaciones de Paz, Constitución de Colombia, Polarización social, Sustitución de cultivos, Guerrillas, Cultivos ilícitos, Paz Total, Fuerzas Armadas, Farc, ELN, Violencia, Reforma Rural, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Impunidad, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Corrupción, Actores del conflicto armado
Le llegó su hora a la paz: o se malogra en ciclos de violencia sin retorno o triunfa del cerco que amigos y enemigos le han tendido. De las equivocaciones de la Paz Total, por un lado; y por el otro, del cañoneo de todos los armados que convirtieron a Colombia en “una siniestra fábrica de víctimas”, a cuya vera se amasaron sin dolor capitales inmensos. Expresión de Gabriel Cifuentes Ghidini, autor de libro La Paz en su Laberinto, que todos deberíamos leer y apartes del cual me permito glosar aquí. Reflexión de hondo calado sobre el conflicto que arroja nueve millones de víctimas y cientos de miles de colombianos asesinados o desaparecidos.
En éste, su último capítulo, la crisis de orden público y la tímida presencia del Estado en los territorios más flagelados arrojan a la población en brazos de grupos criminales que se expanden en proporción directa al apocamiento de la Fuerza Pública. La paz suscrita en La Habana que el mundo aplaude y este Gobierno debía consolidar, pende de un hilo. Una calamidad. Porque ella no se contrajo a la mecánica de la reincorporación sino que diseñó soluciones a los problemas que dieron lugar al conflicto. El Acuerdo de 2016 es virtual modelo de desarrollo enderezado a vencer la exclusión y las desigualdades, y gravita sobre sobre ejes de participación política, reforma rural y combate a las economías ilegales.
De cuatro factores depende la Paz Total, señala nuestro autor: pleno reconocimiento de los Acuerdos de La Habana y su implementación; elaboración de un marco legal claro y fijación de tiempos para la negociación; fortalecimiento de la presencia militar y social del Estado en los territorios, y avance en una reforma a la justicia capaz de responder a la nueva ola de violencia. No puede el Estado renunciar a su deber de salvaguardar la seguridad y el orden público; ni cese el fuego significa abandonar comunidades a su suerte. Urge un modelo de seguridad preventiva por acción del Estado, complemento de la seguridad reactiva de la Fuerza Pública.
En el diálogo con el ELN no se vislumbra aun una salida a problemas cruciales como cese de hostilidades, desarme y reincorporación: ha dicho él que no entregaría las armas. Mas, “lejos de (sus) pretensiones estrafalarias, será inevitable la entrega de las armas, el compromiso de no seguir delinquiendo, la reparación a las víctimas y el aporte a la verdad”, apunta el autor: son esas las condiciones de la Ley, de la Constitución y del derecho internacional.
A su pretensión de incorporar reformas sociales conforme avanza la negociación, acota Cifuentes que la Constitución y el Acuerdo de 2016 abrazan ya el espectro de cambios deseables. Le resulta inconveniente avanzar en acuerdos parciales sin haber cimentado antes un pacto de base ni depuesto las armas; y, peor aun, que un actor todavía en armas lidere diálogos sociales en paridad de condiciones con el Estado. (Cogobierno armado, aventuramos aquí).
Reprocha Cifuentes a la insurgencia el haber sepultado su ideal político en las economías ilícitas, panacea de todos los armados y políticos que produjeron “una orgía de sangre y fuego”. Si la subversión se transformó en “horda criminal”, la asociación del Estado con el paramilitarismo y horrores como los falsos positivos comprometieron su legitimidad. Pasó el Estado del irrespeto a las reglas de la guerra a la inacción. Unos y otros habrán de rendir cuentas, ya nadie podrá saltarse las pruebas de la verdad y la justicia.
Cuando parece la paz enfrentar un punto de quiebre, responde el comisionado Patiño a nuevas realidades de la guerra y vira hacia la territorialización de negociaciones. En Nariño se conversa ya con quienes sí quieren la paz.
por Cristina de la Torre | Mar 12, 2024 | Modelo de mercado, Marzo 2024, Reforma política, Protesta social, Desarrollo agrícola, Impuesto progresivo, Violencia, Reforma Rural, GEA, EPM, Especulación Financiera, Libre Mercado, Reforma tributaria, Reforma Fiscal, Banca, Derecha, Modelo Económico, Justicia, Corrupción, Modelo Económico en Colombia
Hoy vuelven ellas en defensa de sus privilegios como avanzada contra el reformismo, ave rara en el régimen más conservador del continente. Con excepciones que confirman la regla, como la de un Carlos Enrique Cavelier, empresario promotor de la productividad campesina. El cambio propuesto en este Gobierno -modesto por comparación con los derechos y necesidades de la mayoría- desafía la tradición del Estado que responde a intereses particulares de la clase dirigente y, en políticas públicas, concede espacios a razón de centímetros por metro, según el ímpetu del reclamante. O ni eso. Como se infiere de los cincuenta mil manifestantes del 7 de marzo arrastrados por una campaña de propaganda construida sobre la demagogia, la mentira y el miedo contra las reformas que cursan en el Congreso. Instrumento de una oposición letal a cambios elementales en un país donde trece millones de ciudadanos no hacen tres comidas diarias. Conspicuo doctrinero y activista de esta derecha cerril, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, blande mazos desde el flanco de un deshonroso exfiscal contra todo amago de transformación.
Pero el modelo de mercado que ha multiplicado gabelas a sus selectos beneficiarios va desnudando sus vergüenzas. Versión renovada del rentismo como política de Estado que, en palabras de Hernando Gómez Buendía, favorece -entre otros- con crédito subsidiado y exenciones tributarias a industriales y empresas con nombre propio. Matriz de conglomerados económicos, con la Carta del 91 derivaron éstos en tres grupos financieros dueños del país. El secreto, la forzosa intermediación de nuestra banca privada en el financiamiento del Gobierno. Y con escandaloso diferencial bancario: entre 2000 y 2016, la diferencia entre tasas de captación y de colocación fue del 102%. Un obstáculo severo al desarrollo económico, dirá nuestro analista. Como que una tajada macanuda de la deuda pública resulta contraída con bancos de los Grupos Aval, Davivienda y Empresarial Antioqueño.
Si la dupla capital público y privado resulta vital para el desarrollo en clave de reindustrialización, por qué no retomar el modelo de economía mixta que predominó en tiempos de Alberto y Carlos Lleras bajo la égida de la Cepal y dio lugar a la industrialización por sustitución de importaciones, adaptándolo a las condiciones de la hora. Entonces Colombia creció al 5.2%, la industria al 6.2% y los salarios al 5.4%. Por qué no volver a la planificación concertada con el sector privado, un paso en cuya dirección pudo perfilar el encuentro del Gobierno con grandes empresarios en diciembre. Fruto inicial, la inversión a dos manos de DPS y el grupo Aval para contribuir a mejorar la vida en la Guajira. No queremos que sea donación o ayuda humanitaria, declaró Sarmiento, la meta es ofrecer soluciones a los problemas estructurales. ¿Y no es esta la divisa del desarrollo? ¿Estaría el Grupo Aval dispuesto también a moderar réditos de su intermediación financiera para el Gobierno?
Las de Cavelier son iniciativas en marcha, efecto de demostración de su poder transformador si se proyectan como políticas de Estado. Entre otras, fundó una cooperativa para comprarles leche a campesinos reinsertados; empezaron con 1.000 litros y, a poco, llegaron a 60.000. De otro lado, a la reactivación de la red férrea que potenciará el transporte de carga y conectará el centro del país con los puertos, se han integrado firmas que a corto plazo trabajarán bajo la fórmula de Asociación Público-Privada. Pasos se dan. ¿Por qué no proyectarlos hacia un modelo formal de economía mixta con planificación concertada? ¿O rendirá más votos la oposición que obstruye y vocifera para ocultar con el griterío la intención de salvaguardar hasta la última migaja de sus privilegios?
por Cristina de la Torre | Dic 5, 2023 | Diciembre 2023, Crímen organizado, Estado liberal, Polarización social, Lavado de activos, Capitalismo Social, Capitalismo, Reforma Rural, Fraude Electoral, Especulación Financiera, Libre Mercado, Neoliberalismo, Modelo Económico, Partidos, Narcotráfico, Impunidad, Justicia, Corrupción, Clientelismo, Modelo Económico en Colombia
Conforme cambiaba el país y creía vencer mi ignorancia sobre él, mudaba yo de tercio sobre el clientelismo. Primero, contra el dogma políticamente correcto de mi generación, que lo tuvo por dominación atrabiliaria de amos contra vasallos. Me maravilló su acción integradora de la sociedad, que daba sentido de pertenencia política y promovía el ascenso de clases emergentes y de nuevas élites del poder. Y ahora, a la ligereza de leyes que inducen la desintegración de los partidos se suma la tormenta de una ética que ha convertido el proverbial sálvese quien pueda en panacea del haga plata como sea. En la relación de políticos mediadores de servicios del Estado con la población que en contraprestación les brindaba apoyo electoral, despuntaron nidos de corrupción, sí. Pero ésta, huevo de codorniz, evolucionó a ahuevo de águila negra empollado en la crisis de los partidos, en el narcotráfico y en la involución al individualismo utilitarista del capitalismo en bruto que la Carta del 91 apadrinó.
Más de un cambio de fisonomía ha sufrido el clientelismo, desde su origen en la hacienda decimonónica donde un señor subordina a la peonada a la vez como fuerza de trabajo, ejército privado y cauda electoral. Ya hacia mediados del siglo XX se nutre de profesionales de la política que medran en provincia y en barrios populares, nichos de poder cada vez más independientes del jefe político. Se pasa de la movilidad social por cooptación a la movilidad por creciente autonomía de líderes y grupos emergentes. Así como los partidos, nuestro clientelismo es policlasista: ni mecanismo de dominación de clase ni prerrogativa exclusiva del vulgo. Porque el clientelismo no sólo redistribuye recursos del Estado sino poder político. Cuando aquel transgrede los salones del Gun Club y del directorio político para instalarse como poder en los bajos fondos, lo resiente la vieja clase dirigente como un desafío.
Otra mutación empezó a gestarse con la Carta del 91. Muchos constituyentes desplegaron cruzada moralizante contra él: asimilaron tránsito de la tradición a la modernidad a tránsito del clientelismo a la ciudadanía. Dos figuras antagónicas simbolizaron la dicotomía entre buenos y malos: el ciudadano y el cacique clientelista – recordaba yo en texto que aquí gloso (“Clientelismo, revolcón y poder político”, Universidad Externado)-. El antídoto, suplantar la democracia representativa con la participativa. En nombre de la sociedad civil, mecánico agregado de hombres libres, se invitó a suprimir las deformidades del atraso: partidos, gremios y sindicatos.
La Constitución del 91 abrió puertas al predominio del modelo de mercado sobre el del capitalismo social y a la supremacía de la democracia liberal sin principio de solidaridad. De la crítica al Estado de partidos se saltó a la sociedad sin partidos, Nirvana de negociantes de todos los pelambres que practican como profesión el asalto al erario y a los recursos del Estado. Se ha degradado la política a actividad instrumental de los negocios, y disuelto la soberanía popular en la libertad del ciudadano-cliente. Territorio donde florece la versión del clientelismo utilitarista que roba votos o los compra en el libre mercado electoral.
A falta de populismo en regla, en Colombia el clientelismo ha sido el sistema. Hemos sugerido aquí aportes suyos a la movilidad y la cohesión sociales. Pero en su deriva actual, ha terminado por acentuar la precariedad ideológica de los partidos y por disparar la corrupción en la política. La alternativa no será restaurar el clientelismo sino repolitizar la política, sobre tres parámetros: modernizarla, democratizarla y vencer la impunidad de la clase política corrupta.
por Cristina de la Torre | Nov 28, 2023 | Noviembre 2023, Campesinado, Protesta social, Lavado de activos, Industria agrícola, Paz Total, Justicia tributaria, Desarrollo agrícola, Seguridad Alimentaria, Industrialización, Violencia, Desplazamientos, Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Derecha, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Tierras, Partidos, Uribismo, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, La paz, Política agraria, Posconflicto, Impunidad, Acuerdos de paz, Justicia, Corrupción, Modelo Económico en Colombia, Actores del conflicto armado
Con patético gesto de tragedia descubre nuestra derecha el agua tibia: que el catastro podría conducir a la reforma agraria, sin alzamiento revolucionario ni alharaca, como lo demostró hace décadas don Hernán Echavarría Olózaga. El exministro Andrés Valencia adivina ahora, perspicaz, el aleteo de aquella reforma tras el proyecto para modular el predial. El gran latifundio acapara en este país 80% de la tierra feraz, apenas si la explota, paga impuestos irrisorios o ninguno, lleva 30 años bloqueando la información sobre propiedad y uso de la tierra y, sin embargo, vocifera, protesta, amenaza. Perora Jaime Alberto Cabal desde el uribismo contra este atentado a la iniciativa privada, a la inversión, al derecho de propiedad. También a Germán Vargas le resulta “confiscatorio” el impuesto predial, si bien sueña con la aprobación del proyecto, “para ahora sí ver millones de colombianos marchando enfurecidos”.
La iniciativa apunta, por el contrario, a proteger el bolsillo del contribuyente, a poner topes al impuesto. Pero este señorío de fusta y de motosierra, arrellanado en privilegios que asume como graciosa concesión del destino, tergiversa el proyecto y aprovecha para reivindicar lo suyo: la tierra casi siempre pelada, acaso con vaca por hectárea, rentando por valorización o como lavado de activos. Especulación y delito. Esta belicosa avanzada ha tenido siempre por diabólica la alternativa de ponerla a producir. Peor aún, si el catastro multipropósito es instrumento de la reforma rural contemplada en el Acuerdo de Paz que este Gobierno sitúa en el centro del acuerdo nacional: productividad, inclusión territorial y desarrollo productivo de la tierra son su divisa.
Tres décadas llevamos tratando de actualizar el catastro. En 915 municipios el valor de la tierra figura por menos de la quinta parte del real: avalúo enano y precio comercial astronómico. Si el fenómeno cunde en la Costa Norte, hay en Girardot propiedades que pueden valer hasta $5.000 millones y figuran por sólo $300 millones. Y la desigualdad en favor de la gran propiedad campea: en 2009 el avalúo catastral de sus predios era siete veces menor que el de la hectárea en minifundio. Así mismo se calcula el impuesto.
Mas el interés del catastro desborda el meramente fiscal, fuente principal de ingresos del municipio. Es que contempla el valor económico del predio, su uso, su vocación económica y su dueño. Resulta determinante en planificación y ordenamiento del territorio, y da seguridad jurídica a la propiedad.
Para el empresario y exministro Echavarría, el impuesto a la tierra ataca la pobreza en el campo. Porque compele a invertir en actividad productiva, no especulativa: ante el impuesto real sobre el predio, tendría su propietario que explotarlo a derechas o venderlo. Mucha tierra se liberaría, bajaría su precio en el mercado y, en medida semejante, los precios de los alimentos. Milagro de la tierra que pasa de manos improductivas a manos productivas. Si estuviera ella bien grabada, no andaría acaparada -sentencia. Una revolución sin gota de sangre. Y es esto lo que aterroriza literalmente al aguerrido latifundismo: no sólo por el nuevo destino de la tierra sino por el ahorro de sangre.
En el corazón de nuestras guerras estuvo siempre el conflicto por la tierra. Repartir, restituir, formalizar, industrializar, extender los apoyos del Estado a toda la población del campo son componentes de la reforma agraria que la gran propiedad rural ha frustrado desde 1936. Es hora de acometerla, desde el catastro multipropósito, como estandarte mayor del acuerdo nacional y presupuesto inescapable de la paz. Sin reforma agraria no habrá paz.
por Cristina de la Torre | Sep 5, 2023 | Septiembre 2023, Campesinado, Crímen organizado, Conversaciones de Paz, Paz Total, Estado Social, ELN, Clan del Golfo, Violencia, Gustavo Petro, Desplazamientos, Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Tierras, Conflicto armado, Narcotráfico, La paz, Política agraria, Justicia, Corrupción, Actores del conflicto armado
Acostumbradas ciertas elites a acapararlo todo, aun allí donde había corrido sangre, se rasgan las vestiduras al primer intento del presidente Petro por reivindicar a los damnificados de la tierra. Que se cocina “expropiación expres” alerta a grandes voces la derecha aunque el Gobierno, que bien pudiera echar mano de las muchas leyes que en Colombia autorizan la expropiación de tierra feraz inexplotada, se la compra en cambio al latifundismo, a precio comercial y con recursos públicos. Es que para responder a la emergencia de millones de campesinos expropiados a bala o por amenaza de muerte, quiere el ministerio agilizar el mecanismo de compra de tierra en procesos de extinción de dominio reglados estrictamente por la norma legal.
Otro mecanismo, consagrado en la Ley de restitución de tierras, afectaría predios arrebatados a sus dueños y adquiridos después por terceros “de buena fe”. El caso de Argos, empresa del mayor conglomerado económico, ha tensionado todas las fibras del gran capital. Pero, tras 22 sentencias judiciales, nunca pudo esta firma demostrar buena fe exenta de culpa al comprar tierras habidas tras masacres y desplazamiento de campesinos en Montes de María. Hoy las “dona”, no a los labriegos, sino a una fundación de su propiedad.
Agudizada al extremo nuestra ya atávica desigualdad en propiedad agraria, no más mencionar el sistema de privilegio enardece a una franja grande del poder de fusta y al de motosierra, coligados en grosero amancebamiento de medio siglo. Si conflicto agrario y conflicto armado se retroalimentan, con Petro corren parejas desiguales: consistente se ve el marco de la reforma rural, y azaroso, el de la paz total. Y los grandes interesados en que nada cambie atizan las dificultades de la paz para ocultar bajo esa alfombra verdades de a puño, brutales en su depurada simplicidad, que el presidente expresó el 30 de agosto.
Desde 1936 se instituyó en Colombia, como en las democracias todas, que la tierra tiene función social y que, en tal virtud, se la puede expropiar si no se explota. Una y otra vez lo refrendó la ley, apunta el primer mandatario. Y, sin embargo, este Gobierno no expropia. Compra. Parafraseando su discurso, dirá que los expropiados aquí fueron los campesinos, a sangre y fuego de hombres armados aliados con funcionarios públicos que seguían órdenes de quienes se quedarían con la tierra. Senadores de la república ordenaron masacres como la de Macayepo: “votaban las leyes por la mañana y por la noche hacían las listas de los que iban a morir”. Argos se quedaría con tierra de desplazados tras la masacre, acaso pensando de buena fe que no se había regado ella con sangre; pero después de 22 fallos judiciales, no devolvía la tierra que había comprado por tres pesos. Por codicia, por egoísmo social.
Sin justicia no habrá paz, abunda el presidente: la justicia y la verdad son la antesala de la paz, así como la injusticia y la desigualdad son la antesala de la violencia. Insiste en la reconciliación, punto final de la guerra y punto inicial de una era de paz. Tenemos que dialogar, dice, pero el diálogo no puede ser sino entre iguales.
Con todo, el acuerdo nacional no podrá ser subsidiario de una “paz total” que de momento revuelve a tirios y troyanos, a grupos armados de carácter político que apuntan a la suplantación del poder (como el ELN) con otros (como el Clan del Golfo, las autodefensas o la Oficina de Envigado) cuyo fin exclusivo es enriquecerse: una cosa es la insurgencia y, otra, el crimen organizado. Pero la fuerza de los hechos compromete en esta guerra no sólo a toda la gama de sus ejecutores armados sino a sus determinadores y a sus beneficiarios directos o indirectos. Y se sabe: sin reforma agraria, seguirá la guerra.
por Cristina de la Torre | Ago 29, 2023 | Agosto 2023, Campesinado, Industria agrícola, Industrialización, Violencia, Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Tierras, Política agraria, Corrupción
El acuerdo para comprar tierra a ganaderos, más que solución económica de reforma agraria, sugiere concertación con un sector preñado de enemigos del campesinado. Sería una transacción política que intercambia ademán de paz contra haciendas a precios inflados por rentas artificiales, y pone en salmuera la opción más favorable para el Gobierno: los baldíos. Capítulo final en la saga de agresión y despojo al labriego fue la contrarreforma agraria ejecutada en estos 40 años por una troika de gamonales, paramilitares y políticos. Un botón de muestra salta a la vista: el exgobernador de Córdoba y exgerente del Fondo Ganadero en ese departamento, Benito Osorio, fue sentenciado a prisión por expropiación de tierras en asocio de paramilitares: promovió él en Urabá la expulsión de 130 familias y, a instancias de notarios, negoció sus predios a huevo. Estos terminaron en Fedegán.
Escéptico se muestra el profesor Mauricio Velásquez con el recurso a tierras del gremio y propone, en su lugar, el de titulación de baldíos, previo barrido predial. El catastro servirá para asignar predios mediante una ley de tierras que desatasque los baldíos. Aunque, precisa, más que comprarla para redistribuir, se trata de enfrentar el nudo del problema: en regiones inmensas, la guerra ha dejado en interinidad los derechos sobre la tierra y este vacío desata, a su vez, otro ciclo de guerra.
Mas la ministra Jhenifer Mojica se aplica a la ejecución de la reforma agraria más ambiciosa en 60 años, con presupuesto reforzado en función de una meta no negociable: vencer el hambre que postra a un tercio de la población; vencer la miseria de la ruralidad que agrupa la cuarta parte de la población pero concentra el 60% de la pobreza. En respuesta a la amenaza de recesión, baja intereses del 18 al 8% para la economía popular en el campo y ofrece financiamiento integrado para riego, infraestructura, almacenamiento y transformación industrial. Con este propósito, reaviva alianzas público-privadas de envergadura, como la sellada entre el Ministerio, el Banco Agrario, Finagro, Alquería y Asoleche, en industrialización del sector lácteo.
La seguridad alimentaria dependerá de transformar el latifundio improductivo en tierra cultivable, explica la funcionaria. Su instrumento principal, la compra de tierras feraces a precio comercial. El objetivo final será reunir 3 millones de hectáreas en cuatro administraciones con destino al campesinado. A la fecha se han comprado 33.000 hectáreas; entre éstas, la titulación represada de gobiernos anteriores y adjudicaciones de la SAE, se han emitido 1.200.000 títulos. Y se ha dinamizado la restitución.
Pero Velásquez desestima la fracasada fórmula de entrega individual de tierra y reivindica la pauta de la reforma rural integral con enfoque territorial: pide ley de tierras y esfuerzo sostenido del catastro capaces de entregar el predio y formalizarlo en un mismo proceso administrativo. Fuente principal de formación del fondo de tierras será la recuperación de baldíos y ésta deberá coincidir con el barrido predial. Comprar 3 millones de hectáreas, dice, no parece posible ni financiera ni administrativamente. Referente de esa ley sería la de Lula en Brasil, que adjudicó baldíos a campesinos y agroindustriales por igual. Objetivo del “cerrado” fue la producción en gran escala, de potencia agrícola.
En la tarea de diversificar fuentes de adquisición de tierras, se ofrecen los baldíos como opción principal. Porque abundan y porque, siendo informales, resultan más baratos. Si, además, se sigue la guía de don Hernán Echavarría que hermana catastro y reforma agraria, reventaría una revolución pacífica en el campo. Entonces mucho ganadero castigaría el precio artificioso de su fundo.
