Reforma letal en Salud

A la violencia que campea desde todos los flancos se ha sumado la potencial amenaza a la supervivencia que la reforma de salud representa para miles de colombianos. Pese a la muerte de decenas de muchachos en las calles y a la desaparición de muchos sin noticia de su paradero; no contento el Gobierno con atribuir a mafiosos la protesta desesperada de una sociedad que estalla como no se viera antes; no contento con hacer la vista gorda a la coartada en boga que convierte al civil inconforme en objetivo militar, y cocinar la conmoción interior como antesala de un autoritarismo sin barniz; impertérrito ante el repudio de gobiernos, medios y organismos de Derechos Humanos en el mundo, extiende este Gobierno su tentáculo reaccionario sobre el ya malhadado sistema de Salud. Policías embisten a médicos que atienden a manifestantes heridos, como apunta el Proyecto de Ley 010 contra el sistema público de salud y su red de hospitales en favor del servicio privado. Retirarlo es bandera del paro.

El tocado de flores que lo adorna no logra disipar sus miasmas: ni recupera él los hospitales, ni ofrece atención primaria en salud, ni responde a los derechos de sus trabajadores y, como modelo financiero, perfecciona la privatización en oligopolio. Sostiene Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana (a quien me permito glosar en adelante), que el proyecto asfixiará las finanzas de los hospitales públicos, única alternativa de salud para los diez millones de colombianos confinados en los extramuros de la patria. En la lógica que persigue la rentabilidad económica y no la social, liquidará los que resulten financieramente inviables (manes de la masacre perpetrada contra ellos en el gobierno de Álvaro Uribe). Tampoco vela el Gobierno porque paguen las EPS y los entes territoriales la deuda de $24 billones que ahorca a clínicas y hospitales. Resultado al canto, la masacre laboral de sus trabajadores, ya expuestos por la ilegalidad que rodea la contratación del 80% del personal de salud.

El proyecto extrema la negación de los servicios de salud, para provocar el desplazamiento de usuarios del sistema público al privado. El Ministerio decidiría cuáles servicios, procedimientos y medicamentos financiar con dineros públicos y cuáles delegar a las EPS para que el paciente las costee. Se reduciría drásticamente el tratamiento posible del médico general, de modo que el paciente tuviera que acudir al oneroso servicio privado. Enorme tronera se abriría en la financiación de un derecho fundamental indelegable.

En Colombia los recursos del sector son púbicos pero los manejan, alegremente, entidades privadas. Y el proyecto 010 refuerza el modelo de captación financiera ilegítima con que la Ley 100 privatizó la salud. La lógica del proyecto, afirma Corcho, no emana del derecho a la salud, sino de la intermediación financiera: es lógica comercial y mercantil. La Ley 100 desmontó la salud pública, el sistema preventivo que operaba en cada municipio. Los mejores sistemas de salud son públicos y descentralizados, aunque  prestadores privados y públicos puedan convivir. Es el Estado el que traza las políticas del sector, controla los recursos y los deposita, sin intermediarios, en clínicas, hospitales y entidades encargadas de la salud pública. Reformar el modelo no da espera. Pero no será radicalizando la Ley 100, origen del adefesio que rige, sino mediante la Estatutaria de 2015, que  reconoce la salud como derecho fundamental garantizado para todos por igual.

¿Qué mente torcida concibe moler a palos a médicos que auxilian heridos de bala por la Policía? La que ordena masacrar a la muchachada, ¿será la misma que condene a muerte por falta de atención médica a las legiones de colombianos que no podrán costear servicios particulares de salud?

 

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Y la salud-negocio, tan campante

Una vergüenza. Miles de médicos, enfermeras y auxiliares que exponen todos los días la vida por salvar vidas llevan meses sin recibir salario. Su recurso desesperado, la protesta callejera. Y es porque no tienen los hospitales cómo pagarles, pues hasta septiembre pasado les adeudaban las EPS $21,4 billones, como el propio ministro lo reconoció. Genio y figura de las aseguradoras privadas, agraciadas por la Ley 100 como depositarias de los recursos públicos de Salud para enriquecerse como intermediarias financieras del sistema y ahorrarse, casi siempre, la atención básica en salud que los colombianos requieren. Bien encorsetada mantienen los sucesivos gobiernos la Ley Estatutaria que elevó la Salud a derecho fundamental y cuya reglamentación operaría el cambio de modelo que el país pide a gritos. El de Duque propone, en cambio, la Ley 010, que recaba en las deformidades de la que rige y abre nuevas troneras a la privatización de los fondos públicos del sector.
Cifras alarmantes le revela a Juan Gossaín el jefe de la Asociación Colombiana de Hospitales, Juan Carlos Giraldo (El Tiempo, 15, IV): a 31 de diciembre del año pasado, las EPS debían a clínicas y hospitales $10,6 billones; aunque aquellas han registrado en la pandemia utilidades billonarias. Este Gobierno, bedel de los poderosos, discípulo aconductado de la coartada neoliberal que socializa pérdidas y privatiza ganancias, les compró parte de la cartera por $407,000 millones. En la tapa del abuso, Coomeva, Medimás y Nueva EPS; las cumplidas, Sanitas, Sura, Compensar y Mutual.
De otro lado, se especula con los precios de medicamentos imprescindibles en el tratamiento del Covid: farmacéuticas hay que desabastecen por cálculo y reaparecen con precios a veces duplicados, como en el caso del Fentanil. Y el Estado quieto, mudo, sordo o cómplice en la indolencia del dejar hacer-dejar pasar, paraíso de los aventajados del mercado que terminan, por inercia, convertidos en uñones sin cárcel. Dígalo, si no, la alcahuetería de liquidar epeeses sin exigirles antes liquidar obligaciones con los hospitales: ¡se volaron con la deuda!
La Ley 100 es simplemente un sistema de captación financiera ilegítima que privatizó la salud, afirma Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana (Pacifista 2020). No es un sistema preventivo sino diseñado para vender servicios ante el hecho cumplido de la enfermedad. Sobre todo si es catastrófica, como el cáncer, tan costosa en cuidados y medicamentos, que revierte como jugoso negocio para las EPS; más aún, cuando le pasan al Gobierno infladísima la factura.
Propone la Federación un sistema encarrilado por las rutas que la Estatutaria trazó: desde la salud como derecho fundamental autónomo, garantizado sin distingos para toda la población. El Estado asegurará el acceso de cualquier colombiano a prevención de enfermedades, a diagnóstico, tratamiento y recuperación garantizados. La salud no es un servicio, es un derecho. Debe ejercerse por prescripción del médico y cuidando con rigor las finanzas del sistema. Para ello se requiere desarrollar la Ley Estatutaria con una ordinaria que los sucesivos ministros se han empeñado en boicotear: “desde Alejandro Gaviria –señala Isaza– hasta el ministro actual, lo que han hecho es pisotear la Ley Estatutaria y profundizar la Ley 100”.
Puntas del iceberg en este modelo concebido como empresa de mercaderes: su criminal desprecio por la entidad humana, por la seguridad social y laboral del personal de salud. Y su alarmante lentitud en vacunación contra el Covid, convertida en gesta heroica por la hiperbólica palabrería de un presidente sin noción del ridículo. Lo mínimo necesario para contrarrestar la pandemia sería masificar las pruebas y triplicar el ritmo de vacunación. ¿Demasiado pedirle al negocio?

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Gobierno Duque: el peor en muchos años

¿Qué pecado cometimos los colombianos para que se nos castigue con el peor gobierno en muchos años? Un rápido paneo sobre el estropicio mostrará que no lo es tanto por inepto como por trabajar con eficiencia admirable contra la mayoría de la población: la sitia, cuando no la condena al hambre, a la violencia, a miles de muertes evitables en la pandemia, al reino de la mediocridad en los puestos de mando. Todo ello, resultado de sus políticas en economía, en seguridad, en salud pública, en administración del Estado.

Cuando la crisis se enseñoreó del continente y se vistieron los barrios populares en Colombia de trapos rojos, nuestro país ocupó el primer puesto en desempleo y el último en inversión de emergencia para evitar que la tercera parte de su gente se redujera a una comida diaria. Y estará entre los pocos que porfíen en el modelo económico que la crisis destapó y profundizó. En vez de operar el golpe de timón que se impone por doquier, aquí se castigará con más ferocidad a las clases medias y trabajadoras, en favor de la camarilla de plutócratas que cogobierna con Duque, que vive y engorda de acaparar los recursos del Estado. Ya el decreto 1174 inició el camino de reforma laboral que castiga las garantías del trabajo. Y prepara reforma tributaria con IVA para todo y entierro definitivo del impuesto progresivo.

En seguridad y orden público, el balance nos devuelve a los peores días de la guerra: sólo en el primer mes de este año hubo 14 masacres y 21 líderes asesinados. Y el Gobierno ahí, como complacido en su muelle indolencia, esperando endilgar el incendio al castrochavismo, coco inveterado de sus campañas electorales. Pero es el Gobierno el que incendia. Por omisión. No aumenta el pie de fuerza donde se requiere, ni desmantela los grupos armados; judicializa a los sicarios y no a los autores intelectuales de la matanza.

En manejo de la pandemia, Bloomberg catalogó a Colombia como el tercer peor país, y el director del DANE reveló que, a enero 31, los muertos por covid no eran 50 mil sino 70 mil. En cifras relativas de contagios y muertes, superó a Brasil. Especialistas señalaron que, para evitar el desborde, se debió actuar antes. Las medidas de prevención y control del Gobierno fracasaron. No se controló la circulación del virus tras la primera ola, con identificación y aislamiento de sospechosos, rastreo de contactos, ejecución generalizada de pruebas y entrega rápida de resultados. Pese a la bonhomía del ministro Ruiz, la pandemia puso en evidencia las consecuencias de haber convertido la Salud en negocio privado. Y el arribo de la vacuna parece todavía más ficción que probabilidad.

Para los cargos de mando en el Gobierno, desliza Duque una tropilla de incompetentes –no todos, claro–. Tentáculos de pulpo viscoso, se apoderan aún de los órganos de control del Estado. Y colonizan, insaciables, la gran prensa. Caso de la hora, la designación de Bibiana Taboada como codirectora del Emisor, por la sola gracia de ser hija de Alicia Arango, cuyo mérito es, a su turno, ser parcera de Duque y del Gran Burundú del Ubérrimo. Con Taboada completa el CD su dominio del que no será más el Banco de la República sino el banco de una secta de ultraderecha comandada por un expresidente subjudice con delirio de poder.

¿Estaremos condenados para siempre a gobiernos de este jaez, todo incuria, violencia y privilegio? ¿Es que no existen en Colombia estadistas de la talla de un Humberto de la Calle, dueño de pensamiento universal, de la decencia que a este Gobierno le falta, de probada capacidad para agenciar el cambio indispensable, dentro de los parámetros de la democracia? Pobre es el que carece de lo necesario para llevar una vida digna. Pero lo es también el que no ve la riqueza que tiene al canto. Agucemos el ojo a tiempo.

 

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De regreso al Estado social

No se ha necesitado (por ahora) una sublevación popular. El coronavirus se encargó de destapar las taras de una economía montada sobre el hambre, la inequidad y el desempleo. De un capitalismo que agota en sus excesos, no digamos la posibilidad del bienestar, sino la supervivencia misma de millones de colombianos. Si muchos vacilan todavía entre morir de hambre o del virus, éste empaña también la rosada aurora del modelo que concentró la riqueza –como jamás lo registrara la historia– en una élite económica mimada hasta la obscenidad por gobiernos y legisladores. Hasta en la divisa de socorrer a los más pobres con fondos de pensiones que pertenecen a las regiones, alargó el Gobierno la uña para entregárselos a bancos y grandes empresas. Pese a que el Banrepública acababa de destinarle $23,5 billones a la banca y a que en el mes de agosto pasado amasó el sistema financiero $65,2 billones de utilidades.

Pero, efecto insospechado de la pandemia, ésta le devolvió al Estado control de la salud pública e instrumentos de dirección de la economía. Tras mucho errar y vacilar, apareció el viernes en pantalla el presidente Duque en aparente dominio de su función frente a la crisis. ¿Iniciaba el renacer de lo público que, por efecto de demostración, acaso no tuviera ya reversa? Pasado el trance, tal vez acuse también Colombia el golpe a la globalización que fue panacea de unos cuantos e infierno de la mayoría. Y corrija el rumbo hacia la producción de riqueza con equidad, empleo formal y respeto por el ambiente. Ejemplos hay en la historia reciente: a la Gran Depresión de los años 30 respondió Roosevelt con el New Deal que conjuró la pobreza y el desempleo, y enrutó a Estados Unidos por el camino del Estado social, que hoy volvería a ofrecerse como solución a crisis parecida.

Proponen César Ferrari y Jorge Iván González cambiar en Colombia la mirada de la economía: volver a la inversión pública y aumentarla. Financiarla con mayor recaudo fiscal, mediante tributación progresiva que reduzca exenciones y eleve tarifas de impuestos al patrimonio y a la renta de personas naturales (en particular a los dividendos). Invertir regalías en grandes proyectos de infraestructura –formidables creadores de empleo–; en proyectos estratégicos como el de carreteras de tercer nivel. Frenar el déficit en balanza de pagos, aumentando exportaciones y reduciendo importaciones: reindustrializar. Actualizar el catastro y extraer de allí ingresos vitales para los municipios.

El catastro multipropósito, programa que en buena hora emprende este Gobierno, pintará el mapa de la propiedad rural, de su valor económico, su estado jurídico y su componente social y ambiental. No sólo servirá para tasar el impuesto predial sino para planificar el desarrollo, en función de la ocupación de la tierra y de su vocación productiva. Queda, sin embargo, una interrogante crucial: ¿por qué aplaza la formalización de los siete millones de hectáreas que están en la raíz del conflicto armado, y la identificación de los baldíos abusivamente ocupados?

Con todo ello vendría la reactivación del campo. No apenas para dinamizar la producción, sino para garantizar la seguridad alimentaria. Vencido el virus, Colombia no será la misma. Ya se ha dicho. Será el momento de rediseñar el contrato social. Con menos capitalismo y más humanismo, dirá el profesor Augusto Trujillo; con menos ética del éxito y más ética de solidaridad, con menos competitividad y más cooperación. Con miras al Estado social como alternativa al estallido social. Para que el coronavirus no se ofrezca como problema de orden público sino de política pública. ¿Se rendirá Duque a la evidencia, o disparará contra los indignados?

 

 

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El aborto libre, inaplazable

A cada avance en derechos de la mujer replica el fanatismo con una violencia que respira odio hacia el género femenino. Y el aborto es blanco suculento. Curas, jueces, pastores, galenos, tinterillos, politicastros y mujeres que castigan en otras sus propias desgracias cierran filas contra la que escoge no ser madre, para hundirla en disyuntivas fatales: muerte por aborto clandestino e inseguro, estigmatización social, cárcel. La caverna se hace sentir. Ya porque la Corte Constitucional legalice el aborto cuando peligre la vida de la madre, haya malformación del feto o resulte de violación el embarazo. Ya porque reconozca la libre decisión y autonomía reproductiva como derecho fundamental de la mujer. Ya porque el exministro Juan Pablo Uribe acate orden constitucional de reglamentar el aborto en aquellos casos para salvar las vallas que se le interponen. Ya porque la derecha lo tergiverse todo.

Como sucedió con la Clínica de la Mujer en Medellín. Pensada para prestar atención integral a las mujeres de menores recursos, aborto legal incluido, derivó en cruzada político-religiosa que, a instancias del entonces procurador Ordóñez, malogró el proyecto. En la ciudad católica y violenta, doce obispos encabezaron un alzamiento de Savonarolas que saltó de los púlpitos a las calles e hizo derribar los muros incipientes del “centro abortista (que pretendía) separar a la mujer de la maternidad”. Y ahora, no bien se conoce el proyecto de reglamentación del aborto terapéutico, se confabula la derecha, no para debatirlo, sino para desandar todo el camino y recaer en la prohibición total del aborto. Porque, vuelve Ordóñez, aquí “no existe el derecho a matar […] y menos a los que están por nacer”.

Consecuencia inesperada, bálsamo para el país que puja por romper las cadenas del oscurantismo, el magistrado Alejandro Linares propone la legalización total del aborto en los tres primeros meses de gestación. Para Profamilia, ésta sería pilar de una verdadera equidad de género que erradique la discriminación; y paso de gigante en salud pública, pues el aborto inseguro pesa allí como una pandemia. Por otra parte, negarle a la mujer el aborto terapéutico puede ser condenarla a muerte o esclavizarla de por vida a una criatura nacida para sufrir. Pese a los tres casos de aborto permitido, se le interponen barreras sin fin: estigma, desinformación, criminalización, sabotaje e inducción al aborto con riesgo de muerte. Los obstáculos al aborto legal y seguro comportan violencia contra la mujer. En buena hora se propone reglamentación del aborto, taxativa en obligaciones y sanciones para quien lo boicotee.

Ella especifica las obligaciones de EPS y hospitales con la mujer que aborta: valoración completa de su estado de salud; información precisa sobre riesgo posible,  procedimiento, tratamiento, medicamentos y cuidados derivados. Certificación inmediata para proceder al aborto, urgente y gratuita si el embarazo procede de violación. La mujer tendrá derecho a decidir libremente, sin presión, coacción o manipulación de nadie. Si personal administrativo o médico de la IPS usa esos recursos, intervendrán la Procuraduría, la Fiscalía o la Policía. Ninguna IPS podrá negar el servicio.

El aborto libre terminará por salvar la vida y la libertad de miles de mujeres. Según la Corte, “no es posible someter a la mujer a sacrificios heroicos y a ofrendar sus propios derechos en favor de terceros”. Derechos en el Estado moderno, que no incursiona en la moral privada. Meterse en la cama de la gente es abuso de dictadores; y de purpurados que se brincan el Estado laico. El aborto libre, sobreviviente del odio que florece en los pantanos, no da espera. ¡Adelante, magistrados!

 

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Salud: un pasito adelante, un salto atrás

Se desborda Gustavo Morales, portavoz de las EPS, en elogios a la política de salud consignada en el Plan de Desarrollo y el Acuerdo de Punto Final. Signo ominoso de que no será éste el gobierno que ataque las causas de la crisis, llegada a su clímax tras 27 años de larguezas del Estado con los mercaderes de la enfermedad. No tocará el modelo Ley-100, en virtud del cual renuncia el Estado a prestar el servicio público de salud, derecho fundamental que confía a negociantes particulares; a quienes entrega, por contera, los fondos del sector y su manejo, a la mano de Dios, sin vigilancia ni control. Funciones por lo demás impracticables, pues el poder público se despojó de su sistema de información y de las herramientas de regulación necesarias para modular sus deudas, contener el desangre por robo continuado de recursos y desfalcos faraónicos como el de Saludcoop. El ministro de la cartera parece debatirse entre el anhelo de acertar y el deber inescapable de apadrinar un modelo de salud agonizante en la opulencia de las EPS; en la negación del servicio a la ciudadanía, en una retórica de “equidad” que es hoja de parra de medidas enderezadas a remachar el paradigma de la salud como negocio.

Hará bien el Gobierno en pagar sus deudas a las EPS y saldar directamente las de los hospitales. Pero tendrá primero que saber cuánto se debe, a quién y por qué. Y ¿cómo hacerlo si carece de información propia, si en lugar de forzar la intervención de los entes de control se enreda licitando una auditoría independiente? ¿Otra hojita de parra para velar la invitación del Plan a la “autorregulación de los gastos entre agentes de la salud?

Se propone el Gobierno, de otro lado, marcarles techo a los recobros de las EPS. Más allá de la sana intención, el efecto previsible, según Carolina Corcho, Vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, es que éstas reducirán más costos negando servicios y maniatarán a los médicos. Por encima de la Constitución que manda suprimir el sistema Pos-Nopos y cubrir casi todos los servicios con los recursos que el Estado les gira (UPC), porfiarán en lo que saben hacer: Si se mantiene el Nopos, las EPS podrán apropiarse  parte sustancial de la UPC y cobrar –a menudo fraudulentamente— la mayoría de servicios por Nopos. Negocio redondo.

Tres perlas del Plan de Desarrollo dan lustre a este modelo de capitalismo montarás: primero, involuciona a la villanía del exministro Palacios que se aplicó en tiempos de Uribe a cerrar hospitales públicos por no ser “rentables”. Como si no derivaran sus penurias en gran medida de las platas que les adeudan. Como si valiera un higo la rentabilidad social. Segundo, dizque por principio de solidaridad, sacarán del Sisbén a los menos infortunados entre desdichados: 2.500.000 pobres tendrán ahora que cotizar para salud. Tercero, el Plan propone recortar el presupuesto de salud pública: la cuarta parte se convertiría en “subsidios a la oferta” (a las EPS), y los recursos no ejecutados pasarían a la Nación.

Concluye la doctora Corcho que el Acuerdo de Punto Final no corrige las fallas estructurales del sistema, origen de las deudas: “El Gobierno compra tiempo con recursos de los colombianos, aplaza la debacle”, y perpetúa el negocio de la salud. Una vez más, se trueca la misión social de la salud pública por el interés comercial. Con el agravante de que la crisis financiera y misional del sistema podrá ahora postrarlo hasta desaparecerlo. Remedios a la mano: en vez del utópico “sinceramiento” de las cuentas, imponer la intervención de los entes de control. Y allanarse al mandato de la Ley Estatutaria de Salud. Lo demás es dar un salto atrás… o al vacío.

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