por Cristina de la Torre | Sep 26, 2023 | Septiembre 2023, Lucha antinarcóticos, Reforma a la salud, Derecho fundamental, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Adres, Fraude Electoral, Derecha, Seguridad social, Partidos, Salud, Corrupción, Clientelismo
Inesperadamente, para congoja de la derecha, después de 6 meses congelada, aprobó la Cámara ponencia positiva de la reforma a la salud y despejó el camino para discutir su articulado. Tras enjundioso proceso de divulgación, consulta y negociación, se han depurado los problemas alrededor de un asunto crucial: quién controla los fondos públicos de la salud. ¿El Estado, como es regla en todos los países; o bien, empresas privadas, a manos llenas y sin control, como sucede en el nuestro, lunar del mundo?
La batalla febril que los interesados han librado dice de la bolsa que no quieren soltar: $87 billones este año. Dueñas de su propia auditoría y hábiles en ardides contables, muchas EPS como Saludcoop se forraron en dinero de la ciudadanía desviando recursos del sistema a sus negocios particulares. Y no pocas financiaron campañas de políticos. De Roy Barreras, verbigracia, o de Efraín Cepeda (Semana) o de Cambio Radical que, según el concejal Alejandro Guerra, recibió de una EPS $500 millones en 2010. Adalides de la oposición a la reforma que derivó en ataque de espada y hoguera para adulterar su sentido y crucificar a la ministra Carolina Corcho, cuya distinción intelectual y moral pareció mancillar la equívoca prestancia de sus detractores. Rabo de paja.
La intermediación financiera de las EPS sobra. Pero el giro directo a hospitales no la desmonta, porque siguen ellas ejerciendo como ordenadoras del gasto. Deciden cuánto pagar, a quién, cuándo y por cuál servicio. Y, de preferencia, a sus propias clínicas. Conservan el poder de decisión sobre los recursos, mientras Adres se contrae a girar, vendada, lo que ellas digan.
Se toman las EPS atribuciones gratuitas de aseguradoras y de prestadoras del servicio médico. No son ni lo uno ni lo otro. Asegurador es el Estado, dueño único del fondo de salud; y prestadores son las clínicas y hospitales, no las EPS, que se limitan a hacer la gestión administrativa que la reforma reafirma y remuneraría con el 8% del fondo de salud. En el entendido de que no se repitan el millón de tutelas y las 300.000 quejas contra ellas; y de que ofrezcan fórmulas de pago de sus acreencias de $23 billones a los hospitales, que desfallecen de necesidad. Bienvenido el sistema mixto por el que abogan las EPS. Éste existe ya en prestación del servicio y, si se quisiera también en aseguramiento, bastaría con que aquellas invirtieran capital de su bolsillo. Lo que no puede pretenderse es ser aseguradoras privadas con dinero público, como ha ocurrido hasta ahora.
Libres de control, entre EPS floreció todo un ramillete de argucias para llenarse los bolsillos y birlar la ley: sobrefacturar medicamentos y procedimientos médicos, negar servicios, inflar el número de afiliados para derivar más aportes públicos, privilegiar pagos a clínicas de su propiedad. Y hasta armar un “cartel de las EPS”, según el doctor Fernando Galindo, cuando en 2011 la Superintendencia de Industria sancionó a 15 de ellas por configurar un trust de control de precios y negar servicios que debían prestar. En ese mismo año, el ministerio hizo la vista gorda ante la revelación de desfalco de $1.4 billones por Saludcoop.
El modelo de mercado privatizó hace 30 años la seguridad social en Colombia, enarbolando divisa anticorrupción. Mas, no podrá negarse hoy que la corrupción privada superó a la pública en el sector salud ¿A qué entonces bloquear los correctivos de fondo que este Gobierno propone -principiando por la instauración de un sistema único de información en el sector y de medios modernos, de probada eficiencia, en vigilancia y control contable y financiero? La ruda glotonería de Don Dinero terminaría por sacrificar el imperativo de una reforma que encara la nuez del problema: la corrosiva intermediación financiera de las EPS.
por Cristina de la Torre | Ago 22, 2023 | Agosto 2023, Campesinado, Sustitución de cultivos, Cultivos ilícitos, Desarrollo agrícola, Impuesto progresivo, Seguridad Alimentaria, Industrialización, Violencia, Desplazamientos, Inseguridad Alimentaria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, GEA, Especulación Financiera, Reforma Agraria, Tierras, Modelo Económico, Salud, Educación
Un escandaloso grado de concentración del poder económico sitúa a Colombia entre los países más desiguales del mundo. En depurado análisis (Le Diplo) concluye Libardo Sarmiento que entre nuestras 2.161.000 empresas sólo 50 definen el destino del país. Reciben ellas ingresos operacionales equivalentes al 36.7% del PIB y emplean apenas el 1.3% de la fuerza laboral. Las ganancias de las mil mayores empresas subieron el año pasado 40.8%. Cinco compañías bancarias controlan el 72% del sistema financiero. En esta estructura consolidada de nuestra economía, podrá el gran capital sortear con menos afugias la difícil coyuntura: un bajón de 24% en la inversión, inducido sobre todo por la elevación de las tasas de interés por el Banco Central, conlleva menos producción, menos crecimiento de la economía y amenaza el empleo. Más debilitadas para sortear la desaceleración se verán la pequeña y la mediana empresa, el grueso del empresariado.
En el Octavo Congreso Empresarial en Cartagena, Bruce MacMaster, vocero de la Andi, se hace eco de la insistencia del presidente en allegar acuerdos con la elite económica: con el empresariado y los gremios de la producción. Propone redoblar esfuerzos para acelerar el cambio y cerrar brechas en ingresos, educación y salud. Y revitalizar el modelo de asociación público-privada en dos momentos: primero, para enfrentar las dificultades de la desaceleración inyectando inversiones en infraestructura y construcción; y, puesta la mira en el largo plazo, embarcarse en la reindustrialización.
Concedida la distancia que pueda mediar entre el discurso y la real disposición a la acción, difícil calibrar la viabilidad de la propuesta. Y no porque al gran empresariado le signifique sacrificio o concesión de privilegios, pues dinamizar la economía, crear riqueza será siempre un buen negocio. Para ricos y pobres. Es que implicaría desplazar el eje del modelo especulativo y rentista al modelo productivo, ya reducido a su mínima expresión.
De la banca de fomento que durante casi todo el siglo XX fuera motor de la industria y la agricultura, no queda sino el recuerdo. Salvo el Banco Agrario. Señala Hernando Gómez Buendía que el sistema financiero está concentrado hoy en tres actores principales, e integrado a su turno en los mayores grupos empresariales: el GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), el grupo AVAL y el grupo Bolívar. Los dos primeros monopolizan los fondos de pensiones, principal ahorro de los colombianos.
Vino el salto, inesperadamente, de la Constitución del 91, que revolcó la forma de financiar los gastos del Estado. Desde entonces, no puede el Gobierno acudir al Banco de la República sino a la banca privada, que le presta con intereses elevados. “La deuda pública -escribe Gómez Buendía- es hoy fuente principal de las ganancias que reporta cada año la banca colombiana. En 20 años pasó (el sector financiero) de generar el 8.8% del PIB al 22% en 2017. Un cambio en la composición sectorial de la economía (casi) sin precedente en el mundo. La Carta igualitaria del 91 le entregó la economía del país a dos grupos financieros gigantes”.
El pacto para transitar de un país con 22 cerrado de la riqueza hacia otro con más democracia y equidad debería principiar por un compromiso de los banqueros con el cierre financiero, a tasas mínimas, de los proyectos de infraestructura y construcción, a punto de ejecución. Con jugosos aportes a la reforma agraria en marcha (titulación, compra, entrega de tierra a campesinos y sustitución de cultivos ilícitos con adjudicación de la parcela respectiva). Y, abordada la reactivación, proyectarla hacia el complejo estratégico de la industrialización. Grupos económicos: en reciprocidad por los favores recibidos, ¡la mano al dril!
por Cristina de la Torre | Ago 1, 2023 | Agosto 2023, Campesinado, Congreso de la República, Protesta social, Agencia Nacional de Tierras, Reforma tributaria progresiva, Pacto Histórico, Violencia, Gustavo Petro, Desplazamientos, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma Fiscal, Derecha, Reforma Agraria, Tierras, Modelo Económico, Izquierda, Política agraria, Salud, Educación, Corrupción, Sin categoría
Sí, fue golpe de suma cero: el triunfo de la derecha este domingo no podía resultar sino del naufragio de la izquierda. Pero será una victoria pírrica, con los días contados si, más allá de las urnas, no leen los elegidos el hambre del 28% de colombianos que disparó el estallido social de 2021, con sus 80 muertos, y amenaza con volver a perturbar el sosiego de la gente de bien en el segundo país más desigual del continente. Conquista de la vieja política reeditada en clanes, con todo su potencial de corrupción y aún de crimen. Los Char, los Barreto, los Gnecco, los Caicedo, los Turbay, los Torres, las Dilian Francisca recuperaron lo perdido hace cuatro años.
Pescaron en la incapacidad del Pacto Histórico para gobernar a todo tren; en la endeblez de una coalición que pareció armada sólo de ocasión, liderada por la Colombia Humana, un movimiento difuso de vocación caudillista que se niega organización de partido. Y, sin embargo, supo darse un programa de reformas que responde al general anhelo de cambio. Reformas como la agraria para moderar desigualdades intolerables entre sectores sociales, causa mayor de guerras que han cobrado medio millón de vidas, hoy en marcha. Como la de reformular el manejo de las finanzas territoriales para vencer desigualdades entre regiones, que debería integrarse al bloque de cambios que el Congreso discute.
Denuncia Mauricio Cabrera una “escandalosa concentración de la riqueza” en nuestro país. Pese a que ha mejorado el acceso a los bienes y servicios básicos, es cada vez más desigual la distribución del ingreso y de la riqueza. El Gini en este rubro es de 0.83 y en depósitos financieros es de 97%. Entre los tres tipos de activos que componen la riqueza -propiedad raíz, acciones en empresas y financieros en propiedad rural, Colombia es subcampeón mundial en peor distribución de la tierra: sólo el 1% de la población es dueña del 80% del territorio, revela Oxfam. Los 7.2 millones de hectáreas de tierra óptima para agricultura están casi por completo desaprovechados o dedicados a ganadería extensiva. En Sucre, nueve clanes familiares son dueños del 55% de la superficie del departamento.
Tarea medular de los nuevos alcaldes y gobernadores será el manejo de sus recursos. De los impuestos locales, de regalías y transferencias del Gobierno central. Su destino, el financiamiento de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Demuestran Oliver Pardo y William Reyes la necesidad de reformar el sistema de tributación en departamentos y municipios y de ampliar su autonomía para depender menos de las transferencias de la nación. E integrar esta innovación tributaria y de manejo de las finanzas territoriales al bloque de reformas en trámite y materia del gran acuerdo nacional, diríamos aquí.
En este horizonte y vista la proyección territorial del Plan Nacional de Desarrollo, otra fisonomía les esperaría a las reformas que son materia del acuerdo nacional. Ya el presidente Petro convoca a los mandatarios elegidos para “articular planes locales con el cambio”. Y éstos no son ajenos a los congresistas que participan de la misma lid política en las regiones. El apoyo parlamentario a las reformas derivaría naturalmente de la comunidad de intereses políticos que gravitan en torno a los programas de campaña de los elegidos: ellos atañen tanto a la rama legislativa del poder como a la rama ejecutiva de los gobiernos locales.
Podrá haber girado el péndulo hacia la derecha, mas, para no invocar espíritu de patria sino el sentido práctico de neutralizar a tiempo otra explosión de ira social, dignatarios locales, parlamentarios y Gobierno deberían ser la primera piedra de un pacto nacional que no da espera.
por Cristina de la Torre | Jul 4, 2023 | Pensiones, Julio 2023, Gustavo Petro, Capitalismo, Seguridad social, Modelo Económico, Partidos, Izquierda, Salud
Graves definiciones enfrentan los partidos. Dos propuestas de coalición antagónicas ponen sobre el tapete, no tanto la polarización que ha llegado a su clímax, como el alcance ideológico de posturas que van desde el variado tinglado del reformismo hasta la caverna irredenta. Inesperada cosecha en partidos que agonizan por falta absoluta de ideas y de interlocución con un país en crisis. El Gobierno se propone reconstruir su coalición moderando el contenido de las reformas e instalar mesas técnicas de discusión con liberales, conservadores y seguidores de la U. Sabrá que con la mayoría alcanzada en las urnas no le basta para ejercer como gobierno de partido. Vargas Lleras, impetuosa figura de la ultraderecha, propone coalición de oposición con todas las colectividades del establecimiento contra el Gobierno que nos tocó en desgracia, según él, contra todo amago de renovación. Aspira a triunfar en los comicios de octubre combatiendo fórmulas de cambio que responden a los anhelos del electorado. Vea usted.
Pero hace sólo dos semanas escribió César Gaviria: “estamos preparados para concretar acuerdos y sentar bases para el diálogo en el que participen diversos sectores de la sociedad… para abordar los aspectos problemáticos de las reformas. Somos sus aliados, presidente, no un obstáculo”. Dilian Francisca Toro, presidenta de la U, declaró que estudiará la iniciativa; pero que se inclina por la independencia, por aprobar lo que sea necesario y negar lo que perjudique al ciudadano.
Mientras sostiene Vargas que su coalición evitaría una catástrofe, Carlos Enrique Cavelier, notable del empresariado que juega como otro actor definitorio en la crisis, postula lo contrario: si no conversamos y sacamos algo en común, ponemos la democracia en juego. Colombia necesita reformas, agrega, y volver a la industrialización. Enmienda él la desobligante página que MacMaster, jefe de la Andi, escribió contra el ministro Ocampo y su reforma tributaria, y que mereció la protesta de la exministra Cecilia López. Para ella, “este país tiene más chance con un gobierno de izquierda que con uno de derecha para empezar los cambios por los que hemos peleado toda la vida”.
En sustitución de cultivos, el Gobierno prepara titulación masiva de pequeños fundos de coca y alternativas de nuevos productos industrializados. Tras la hecatombe de la apertura económica que golpeó la industrialización lograda y sacrificó sectores enteros de la producción nacional, vuelve Petro sus pasos sobre el desarrollo que crea riqueza, empleo y bienestar. Para revertir el desastre que significa la caída en participación de la industria en el PIB del 25% en 1991 al 11.5% hoy.
El nuevo paradigma sentó sus reales en una súbita apertura comercial, desregulación de la economía y privatización de empresas y funciones del Estado. Corolario suyo fue la privatización de la seguridad social, (salud y pensiones) y el desmonte de las garantías laborales que la OIT consagra para el mundo. Al rescate del principio solidario, no mercantil de esos servicios se suma la búsqueda de un viraje en el modelo económico que adapte logros modernizantes del pasado a la dinámica de los tiempos. En eso andamos. Queriendo apenas nivelarnos con democracias de capitalismo social.
¿A qué tanta vocinglería, aun en boca del presidente que postula las reformas? Ojalá recupere Petro el tono de su invitación inaugural a construir con la oposición “una gran nación pacífica, moderna y democrática”. Ojalá los pinitos de aliento reformista que reverdecerían a los partidos tradicionales den la talla del cambio que el país espera. Aunque no suscribieran cada inciso, cada coma de las reformas, saldrían del pantano de la irrelevancia.
Coda. Reconforta el saber sanos y salvos a Sergio Jaramillo, Héctor Abad y Catalina Gómez tras el criminal ataque de Rusia a civiles inermes en Ucrania.
por Cristina de la Torre | Jun 4, 2023 | Junio 2023, Reforma a la salud, EPS, Ley 100, Adres, Derecha, Partidos, Uribismo, Salud, Impunidad, Corrupción
Es la plata. La plata ajena, la plata de los colombianos. A la voz de querer recuperarla para extender a todos el servicio de salud, gritan las alarmas. La sociedad del privilegio, que favoreció siempre a los grupos de poder con la tajada más jugosa del patrimonio de la comunidad, se transforma por milagro en víctima de un atentado contra la equidad, contra el decoro, contra la democracia y… la libertad de empresa. Contra el mejor sistema de salud del mundo. Mas choca tal apología con la realidad. En entrevista de Yamid Amat al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo (El Tiempo) cayó una confesión no pedida como roca de granito sobre la rosada demagogia que encubre la rapacidad de las EPS, ruidosamente apadrinadas por la Andi, por los jefes de los partidos de derecha y sus exministros de salud.
“Dicen las EPS que les quitaron 90 billones para entregárselos a Adres”, apunta el periodista, y Jaramillo responde: “no se los hemos quitado, ellas son intermediarias entre el paciente y el hospital; ahora vamos a pagar directamente a clínicas y hospitales (…) No pierden los 90 billones porque ese dinero no es de ellas, es de los colombianos para pagar el servicio de salud”. “Pero dicen que entonces van a desaparecer”, insiste Amat. “Si lo dicen es porque hay gato encerrado. ¿Es que se está haciendo un uso diferente (con ese dinero)?” Lapsus fatal que pone blanco sobre negro la verdad.
Panegírico y escándalo culminan en la propuesta de archivar la reforma, y guardan proporción con la escala del abuso que la Ley 100 les ha permitido durante 30 años. Si el modelo que rige privilegia la medicina curativa (para sectores urbanos pudientes) sobre la atención primaria, preventiva, extendida a todos los sectores y regiones, es porque esta última no abulta el bolsillo de las EPS: su rentabilidad “sólo” es social. El negocio empieza por administrar -sin controles- el 8% del Producto Interno Bruto, presupuesto de salud que el año entrante podrá ascender a 100 billones, y se resuelve en mil prácticas que van desde el favoritismo en un Estado rentista hasta el delito. Como financiar clínicas propias con fondos de la salud, modelo que Saludcoop entronizó y se generalizó en las EPS; negar servicios y sobrefacturar; inducir la quiebra de hospitales públicos reteniéndoles pagos hasta por 23 billones a la fecha. Negocio redondo éste de la Salud Ley 100 para feriantes que ponen el grito en el cielo cuando un Gobierno osa seguir la línea de las democracias maduras: depositar en la esfera pública el control de los fondos públicos de un servicio público.
Si la cuarta parte de la Colombia profunda no accede a la salud y casi 700 de los 1.123 municipios carecen de hospital y hasta de puesto de salud porque en zonas pobres no prospera ésta como negocio; si las estadísticas reportan decenas de miles de muertes evitables, una reforma se impone. Y ésta podrá perfeccionar un sistema mixto de afiliación, de servicio y aún de aseguramiento, si los particulares interesados aportan capital propio. Para comenzar, prohibir a particulares la integración vertical. En todo caso, el deplorable recorrido financiero de las EPS exige alternativas para sanear el sistema y blindarlo contra la corrupción que lo subyugó. Líneas infranqueables serán no apenas el giro directo de Adres a los hospitales sino su progresiva consolidación como ordenador del gasto, con auditoría propia o del sector privado. O de ambos. Y la creación del sistema único y público de información para el sector.
Tras ocho años de gobiernos que sabotearon la expedición de una ley ordinaria enderezada a reglamentar la Estatutaria de Salud, llegó la hora de hacerlo. Moderen los adversarios de la reforma su libido de poder y de riqueza. Allánense a un acuerdo cifrado en parámetros de ética pública y justicia social.
por Cristina de la Torre | Ene 30, 2023 | Reforma a la salud, Derecho fundamental, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Ley Estatutaria de 2015, Adres, Salud, Corrupción, Enero 2023
Los negociantes que llevan tres décadas volviendo fiesta los recursos públicos de salud sufren pánico de perder la piñata que este año alcanzará 73 billones. Callan frente a desfalcos billonarios como el de Saludcoop o deudas de las EPS por $23 billones que ahogan a clínicas y hospitales. Desesperan. No faltan quienes mienten y tergiversan hasta dibujar la imagen de un salto fatal del paraíso al infierno. Grosera deformación de una reforma inspirada en la Ley Estatutaria de 2015 que elevó la salud a derecho fundamental y desde hace años estudian con esmero las asociaciones médicas y científicas, de pacientes, hospitales, trabajadores y organizaciones sociales.
El proyecto recoge las ideas madre, que este Gobierno cooptó: en pos de una salud plena para todos, mejorar la calidad y el acceso a los servicios desde la atención primaria y preventiva hasta la especializada, promoviendo la equidad en un marco de sostenibilidad financiera. Propone fortalecer la red de hospitales públicos, devolverle al Estado la iniciativa en políticas de salud y el control de sus dineros. No más administración privada de recursos públicos: habrá, como en toda democracia, administración pública de los recursos públicos. El régimen será centralizado en lo financiero desde la Adres y descentralizado en el servicio. La junta directiva de este órgano será tripartita, integrada por empresarios, gobierno y trabajadores. Se vinculará a estos últimos mediante contrato laboral formal. Por razones de eficiencia y de transparencia, se creará un sistema único de información que operará en línea y en tiempo real. Y se adoptarán los sistemas más desarrollados de vigilancia participación y control.
El proyecto invita a reconocer las desigualdades de un sistema que consagra cobertura universal en el papel, pero en los hechos resulta discriminatorio. Que estar afiliado al sistema no siempre significa recibir el servicio lo demuestran los 308 niños que el año pasado murieron por desnutrición, el record de Colombia en muerte materna entre los países de la Ocde, los 630 municipios que carecen de dispensarios de salud rurales, los 20 millones de colombianos que en los territorios reciben precaria o nula atención médica, las 250.000 tutelas y el millón de quejas ante la Supersalud por desatención médica.
Con todo, señala la ministra Carolina Corcho que el proyecto de reforma construye sobre lo construido, reconoce logros de la Ley 100 y desvirtúa el rebuscado fatalismo de sus detractores. El sistema recupera el manejo de sus recursos, pero no será estatizado. No elimina el aseguramiento en salud, pues éste sigue nutriéndose de los aportes de empresarios, trabajadores y del presupuesto nacional que, gracias a la Ley 100, no representa ya 3% sino 8% del PIB. Así deba hacerse efectiva para todos, la cobertura de casi 100% del sistema es otro logro del modelo vigente. Se avanza en el control de precios de medicamentos logrado, y hacia la producción nacional de drogas, con el sector privado. Tampoco entrega el sistema a alcaldes y gobernadores. Cambia, eso sí, el mecanismo de pagos a clínicas y hospitales: no ya por medio de las EPS, sino mediante giro directo de la Adres a los prestadores, en su mayoría privados. Tampoco desaparecen las EPS, éstas permanecen en el sistema de redes integrales e integradas de salud, que son públicas, privadas y mixtas.
Este modelo, más preventivo que curativo, avanza innovaciones como la de los primeros 1.007 de 20.000 equipos de personal médico desplazados a hogares en los territorios. Les seguirá la construcción de hospitales y puestos de salud. Elocuente señal del horizonte que la reforma abre. Tras el rigor técnico y de prospectiva que la informa, respira, sin eufemismos, un principio moral y político: la salud es derecho pleno de todos, no un negocio.
