por Cristina de la Torre | Abr 9, 2024 | Abril 2024, Congreso de la República, Reforma a la salud, Derecho fundamental, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Ley Estatutaria de 2015, Seguridad social, Salud, Ciencia
Amigos y enemigos de la reforma a la salud sentaron inesperadamente posiciones de fuerza equivalentes que sugieren, no obstante, el agotamiento de la confrontación suicida y abren nuevos escenarios de negociación. En el término de 24 horas se precipitaron dos hechos que obligan a replantear el debate: el hundimiento del proyecto en el Senado y la intervención administrativa de las dos mayores EPS, Sánitas y Nueva EPS. Para no mencionar la solicitud de liquidación de Compensar. Una prueba más de que el sistema de aseguramiento financiero en salud hace agua, se suma a la liquidación de otras 119 en el pasado. Con la intervención de estas dos (que es medida de salvamento, pues expropiación de bienes del Estado no cabe), queda bajo el manto del Gobierno la mitad de los usuarios y éste tendrá que responder, mínimo, con la misma eficiencia al paciente y con la honradez en el manejo de los recursos que casi nunca brilló en las empresas de salud públicas y privadas. Dice el presidente que estudia alternativas para “reordenar el sistema”, principiando por la creación de una comisión asesora con representantes de clínicas, hospitales y pacientes.
En audiencia pública reconvino el presidente de la Corte Constitucional al ministro de Salud por el cálculo de la UPC y a los órganos de control por mirar desde la barrera la corrupción que devora al sistema de salud. Se comprometió el ministro Jaramillo a revisar el método de cálculo de la UPC y el delegado de la Fiscalía no pudo sino callar a la afirmación del alto magistrado de que “la corrupción seguirá siendo uno de los asuntos más claros por los cuales la salud no funciona”. No ha mucho concluyó la Contraloría que 26 EPS acusaban faltantes por $25 billones, así: $11.3 billones en deudas a Clínicas y hospitales, y $13.7 billones en reservas técnicas. Se habrían embolatado $11.8 billones girados en 2023 a cuatro EPS, denunció la exministra Carolina Corcho.
Razón le asiste a Acemi en decir que muchas de las estrategias de la reforma pueden implementarse reglamentando las normas existentes. Y el Gobierno avanza de hecho hacia la medicina preventiva en la Nueva EPS, diseñada en la Ley 1438/11; echará mano de la Ley 1122 de 2007 para formalizar a los trabajadores del sector, y a la Estatutaria de 2015 para abrir Centros de Atención Primaria por doquier y crear los equipos médicos necesarios en los territorios: ya van 70 en Córdoba. Para el analista Iván Jaramillo, con o sin reforma expedida por el Congreso, ésta podrá ejecutarse por vía reglamentaria. Ya el Plan de Desarrollo aprobó el giro directo a los hospitales, sin intermediación de las EPS (salvo para aprobar facturas), con lo cual recupera el Estado el control directo de los recursos de salud. Como sucede en casi todas las democracias, Costa Rica la más cercana. Pero queda el pendiente mayor, la naturaleza de las EPS; si pueden ellas seguir siendo aseguradoras, o bien, adaptarse a la nueva condición de gestoras de salud, en un modelo mixto (depurado, saneado y vigilado con rigor) que retribuya su trabajo.
Declara el ministro que la solución estructural a los vicios del modelo que rige no apunta a eliminar las EPS sino a transformarlas. Ana María Vesga, presidenta de Acemi, invita a convertir este debate en una gran mesa de diálogo nacional, para buscar entre todos los cambios y ajustes necesarios al sistema de salud. También las organizaciones más prestantes del sector, como el Colegio Médico Colombiano y la Asociación de Sociedades Científicas, proponen plan de choque y concertación sin demora. Nadie quede como culpable ante la historia de no haberlo empeñado todo en el diseño del mejor sistema posible de salud para los colombianos.
por Cristina de la Torre | Mar 26, 2024 | Marzo 2024, Pensiones, Pacto Histórico, Gustavo Petro, Democracia Participativa, Democracia Plebiscitaria, Democracia Liberal, Neoliberalismo, Derecha, Reforma Agraria, Partidos, Izquierda, La paz, Salud, Educación, Justicia, Proceso de paz
El pionero es Uribe y Petro le sigue los pasos. Creyéndose carne y hueso del pueblo soberano, juegan ellos a la democracia directa sobre el cadáver de la representativa y del pluralismo, para derivar en democracia plebiscitaria. En Uribe, para hacerse reelegir; en Petro, para organizar el movimiento difuso que lo elevó al gobierno y prolongarlo más allá de 2026. Violenta este modelo las instituciones de la democracia liberal y sirve indistintamente a la derecha y a la izquierda, a ideologías y programas contrarios: Uribe pone las necesidades de las comunidades al servicio del neoliberalismo; y Petro moviliza masas, bajo la figura de proceso constituyente, en función de una reforma radical. Dos efectos inmediatos podrán desprenderse de este desafío. Uno, se congela el ya yerto Gobierno en funciones; dos, la oposición -verborrágica, insustancial- se unifica sembrando miedo y vuelve al mando.
Como si no fuera también él un poder constituido para ejecutar lo prometido, habló el presidente de constituyente, porque los poderes constituidos obstruyen sus reformas. Yo gané las elecciones para hacer el cambio y no puedo sino obedecer al voto popular, argumentó. El proceso constituyente principia por organizar comités municipales y cabildos abiertos, medios de la democracia directa del 91, que movilicen al pueblo y pueda éste desplegar en las calles su voluntad. Busca Petro que las fuerzas populares “desaten la organización y la movilización general”. Olvida que la democracia es el gobierno de las mayorías, pero también protege a las minorías. Y, en todo caso, controla la voluntad de los más, so pena de caer en tiranía de las mayorías.
De escuela parecida, practicó Álvaro Uribe su Estado de opinión como cruzada contra partidos, sindicatos y órganos de representación popular, intolerancia y caudillismo. Sus herramientas, consejos comunales de gobierno, agitación incesante por la reelección y por un fracasado referendo que buscó, entre otros, revocar el Congreso. Su ataque a las instituciones y a la división de poderes terminó en persecución letal a la Corte Suprema que juzgaba la parapolítica. Los consejos comunales humillaban a las instituciones: suplantaban a alcaldes, gobernadores, asambleas y concejos. “Necesitamos más Estado de opinión, insistía, (en el cual) la instancia judicial pueda ceder a la instancia de la gente. (Tal Estado) supone una comunidad en permanente deliberación y dispuesta a idear soluciones a los problemas”. (Del Escritorio de Uribe, Iela, Medellín, 2002) ¿Cuna del proceso constituyente en marcha?
Fetichizado el pueblo, convergen estos antagonistas en su pasión por la democracia del aplauso, que suplanta al Congreso y resulta de la ojeriza de constituyentes del 91 contra la democracia representativa. En el trasfondo, descalificación de los partidos, desactivación de la sociedad civil organizada en favor del líder. Uribe marchita a los partidos y Petro, en lugar de cohesionar su Pacto Histórico, flirtea con la masa amorfa. El caudillo sustituye a la institución.
Bien merece un partido el programa de Petro que, de realizarse, cambiaría la fisonomía del país, mientras la derecha ve sucumbir el suyo en miasmas y tinieblas. Busca él implementar el Acuerdo de 2016, con su puntal de reforma agraria. Garantizar condiciones mínimas de vida digna en salud, pensiones, educación y trabajo. Una reforma judicial anclada en la verdad. Va por la transición energética, por el ordenamiento del territorio y por la paz. Desde todos los flancos se le pide al presidente no naufragar en la tentación del mesianismo, en la religión secular del caudillo, en la democracia plebiscitaria, expediente de los tiranos que en el mundo han sido. ¡A gobernar!
por Cristina de la Torre | Mar 19, 2024 | Marzo 2024, Reforma a la salud, Sistema de salud, EPS, Adres, Gustavo Petro, Salud, Impunidad, Corrupción
A juzgar por el delirante llamado del presidente Petro a una constituyente, que el propio Navarro Wolf desestimó por “innecesaria” ahora, no sorprendería que desoyera invitaciones a conciliar para salvar su proyecto bandera, la reforma a la salud, virtualmente hundida en el Senado. Se diría que a pesar de Gustavo Petro, en año y medio de tormenta sobre el sistema, tres pilares despejó ya el debate: potenciar la medicina preventiva, extender el servicio hacia los territorios y poblaciones olvidados y formalizar a los trabajadores del sector. Una cuarta, fuente de encendida controversia porque pone en juego los billonarios recursos del sistema, apunta a parar la sangría que los convierte en patrimonio privado de las EPS. En treinta años de administrarlos sin controles, habrán ellas superado con creces la corrupción que deploran en el viejo Seguro Social.
Pero ahora, ante el propósito de archivar el proyecto en la Comisión Séptima del Senado, surge la alternativa: la propuesta del senador Fabián Díaz modula la reforma y ofrece espacio razonable de conciliación entre las partes. Propone que la transición de las EPS a gestoras no transcurra en dos años sino en cinco. Revive la libre elección del ciudadano para ingresar al sistema, no ya sólo por los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Conserva en alcaldes y gobernadores la prerrogativa de designar gerentes de los hospitales públicos, pero seleccionados de lista previa integrada por los actores organizados de la salud. Ofrece mecanismos para evitar la fragmentación de redes de atención en salud y para definir responsables cuando fallen. Impone auditoría sobre la totalidad de los giros que el sistema emita. E invita a las partes todas a concertar la reforma, que le parece ineludible.
Recuerda Iván Jaramillo que con la reforma perderían las EPS el carácter de aseguradoras que ellas se han adjudicado, el manejo de los recursos financieros y de las redes de servicios. Ahora lo asumirían la ADRES y las secretarías de salud. Si bien no podrán aquellas seguir operando como intermediarias financieras, sí podrán direccionar los servicios y auditar la facturación. Agrega Jaramillo que a la reforma le faltaría un plan anticorrupción para conjurar peligros de desborde de costos por giro directo, fraude, facturación a discreción y falta de controles previos. Será imperativo redefinir todo el sistema de auditoría de cuentas, revisar toda la facturación y profesionalizar la auditoría.
En diciembre pasado concluyó el contralor general que los problemas financieros de las EPS no responden a falta de recursos sino a su uso irregular, toda vez que no hay control real sobre su facturación. “Hay muchos recursos invertidos durante muchos años que vale la pena saber a dónde fueron, a través de quién se contrataron y en capital de quiénes terminaron”, precisó. Y, sin embargo, la deuda de las EPS con las IPS asciende a $11.3 billones. Deuda con la red que no es de su propiedad, porque a sus clínicas y hospitales giran cumplidamente. El capital de las EPS parece crecer en razón directa de sus deudas con las IPS ajenas.
Allanarse a concertar la reforma de salud será prueba de fuego para el presidente Petro. Entre otras razones, porque sería un paso elocuente hacia el acuerdo nacional que Colombia anhela. Razón le asiste a la senadora Angélica Lozano en su lapidaria sentencia de que esta reforma, sin el diálogo que el Gobierno le hurta, no tiene sentido ni futuro. Como no parecería tener futuro, dice, un presidente que se niega a gobernar, a encontrar solución a los problemas del país. Y le pregunta a Petro si él quería luchar sólo por ser presidente, o quería ser presidente para gobernar.
por Cristina de la Torre | Ene 30, 2024 | Enero 2024, Violencia, Capitalismo Social, Capitalismo, GEA, Especulación Financiera, Libre Mercado, Socialdemocracia, Neoliberalismo, Derecha, Modelo Económico, Internacional, Salud, Justicia, Corrupción, Clientelismo
Una inmensa marea de argentinos protestó este 24 de enero contra el desmantelamiento del Estado y la libertad de mercado a todo trance que el presidente Milei se propone. Movilización proporcional a su plan de revivir, extremándolo, el capitalismo en bruto que ofreció ríos de leche y miel, pero disparó la desigualdad, la pobreza y la exclusión en la región. Anacrónico mentor del neoliberalismo que despuntó en el Chile de Pinochet, Milei se postró de hinojos en Davos ante la “revolución conservadora” que hasta sectores del gran capital resienten ya. Pero amigos tiene: por él deliran figuras de la caverna como María Fernanda Cabal, enemiga del “buenismo”, pues la gente, dice, quiere autoridad, libertad y orden. No igualdad.
El mundo está en peligro, advirtió apocalíptico, sus valores se encuentran cooptados por una visión que inexorablemente conduce al socialismo. Sin la versatilidad de Hayek, el doctrinero mayor, repite la trampa de meter totalitarismo soviético y socialdemocracia en el mismo saco. Así, toda versión de capitalismo social, redistributivo, le resulta marxista-leninista. Reivindica sin atenuantes la propiedad privada, el mercado libre y el gobierno limitado. La justicia social, dice, es injusta porque es violenta: se financia con impuestos que el Estado cobra mediante coacción. El Estado no es la solución, es el problema. Lo dirá también César Gaviria, paladín del neoliberalismo en Colombia, en su batalla contra la “estatización” de la salud, derecho ciudadano privatizado en su Gobierno, que quisiera perpetuar como negocio particular.
Al lado de la privatización de funciones y de empresas del Estado, se le dio preeminencia al sector financiero. Gracias a nuestra Carta del 91, terminó la economía del país en manos de dos grupos financieros gigantes: el GEA y el Grupo Aval. Tal su poder, que en los primeros 20 años del modelo la participación del sector financiero en el PIB pasó de 8,8% al 22%. Caso único en el mundo.
La apertura económica, otro puntal del modelo de mercado, desindustrializó. Golpeó dramáticamente la agricultura colombiana, por la radical reducción de aranceles a las importaciones agropecuarias. Se empezó aquí por eliminar las instituciones del sector: Incora, Idema, Caja Agraria. El senador Jorge Robledo verificó que, en los siete primeros años de apertura, las importaciones del sector pasaron de 700 mil toneladas a siete millones. Hasta las hojas de plátano para envolver tamales se compraron en el extranjero. En 30 años, la participación del agro en el PIB cayó del 27% al 7%; y en la industria, del l9% al 11%.
Con apertura económica indiscriminada y veloz en países que hacían sus primeras armas en industria o avanzaban en su sofisticación se frenó el sector y retrocedió a la producción de bienes primarios: minerales, petróleo, materias primas. Ya proponía Smith condenar los países pobres a producir esos bienes y, a los ricos, especializarlos en bienes acabados. Mientras en aquellos crece la pobreza, en éstos aumenta la riqueza.
Señala el teórico Hernán Fair que, como teoría y proyecto político, el neoliberalismo condensa las ideas-fuerza de la nueva derecha que privilegia el mercado y la iniciativa privada sobre el Estado y lo público. Su odiada antípoda, los proyectos democráticos, igualitarios y distributivos. En doctrina y en práctica, se afirma en los privilegios del capital concentrado, y naturaliza niveles inaceptables de pobreza, desempleo, precarización laboral, desigualdad y marginalidad.
Oscuro iluminado, profeta de lo fracasado, rescata Milei del fango el modelo que vende como “moralmente superior” para imponerlo a mazazos. Y se permite, en su fanfarronería, llamar “comunista asesino” al presidente de Colombia.
por Cristina de la Torre | Nov 21, 2023 | Noviembre 2023, Polarización social, Reforma a la salud, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Gustavo Petro, Seguridad social, Salud, Corrupción
No, no hay en salud acuerdo sobre lo fundamental. El presidente Petro apunta al manejo público de los suculentos fondos públicos del sector, que las EPS administran como cosa propia y sin control; de donde resulta impracticable la extensión del servicio a todos los colombianos sin distingos, como la Carta manda. Por su parte, el expresidente Uribe, autor de la Ley 100 que así lo dispuso, propone mantener las prerrogativas de las EPS. Acaso se sume a la discriminatoria “solución” de jefes de partidos y exministros que, lejos de conjurar el problema de cobertura real, lo agrava: que las EPS concentren su atención en las ciudades donde florece, entre otros, el negocio de la integración vertical, mientras el Estado asume el servicio en el campo y en las regiones apartadas. La carne para ellas, para el Estado el hueso. Agalludos.
Con mucho, concederá giro directo a hospital por servicio a EPS desfinanciada. Sabe que el poder no está en quien gira sino en quien ordena el gasto. Pedirá, claro, democratizar más la salud, no trocarla en lucha de clases, ni estatizarla. Confundirá (para confundir) estatización con el control público de los recursos de salud que opera en todas las democracias modernas de economía mixta. Sólo por alebrestar el coco del comunismo, tan caro al arsenal propagandístico de la derecha.
En síntesis feliz de la reforma que recoge 10 años de estudio riguroso, expresa Petro: su objetivo prioritario es construir un modelo preventivo donde equipos médicos lleguen por rutina a todos los hogares. Garantizar que los recursos de salud no se pierdan sino que lleguen directamente a clínicas y hospitales. Que las EPS se concentren en montar sus jurisdicciones de salud y en la referencia de sus afiliados, tareas que el Estado remunerará. Fortalecer la red pública de hospitales y dar garantías laborales al personal médico.
Reconoce el Contralor General, Carlos Mario Zuluaga que, si bien cabe estudiar un reajuste de la UPC, el sistema de salud no está desfinanciado; antes bien, se pregunta por qué las EPS adeudan $13 billones a los hospitales: “urge saber hacia dónde se movieron los recursos”. Revisar por qué las EPS ejercen, de manera discrecional, el pago de deudas a unos prestadores de manera inmediata y a otros no. Es la red hospitalaria del país la que está desfinanciada. Hay que revisar, agrega, el comportamiento y flujo de los recursos cuando ingresan a las EPS. El director de Adres, Félix Martínez, propone auditoria forense, ojalá con expertos internacionales, a los fondos de salud: que nos digan dónde se queda la plata, dónde se pierde. Según “La Pulla”, premio Simón Bolívar, la deuda de las EPS a los hospitales es de $16 billones.
Para la exministra Carolina Corcho, tenemos mucha plata en salud y muy pobres resultados, porque la cadena de intermediación no aporta valor agregado. El manejo privado de los billones de la salud es un grave error de diseño de la Ley 100, y explica la quiebra del sistema. Ahora bien, un consenso construido sobre la exclusión de muchos no es consenso: es un indefensable moral y político.
Mucho ha concedido ya el Gobierno y podría sacrificar más, pero no el eje de la reforma que es mandato de las urnas. Lejos de resolverse en retiro del proyecto, el tinto en Palacio se insinúa como apertura del acuerdo nacional. Entonces, cafecito con todos: con partidos, gremios y organizaciones sociales. Y no para frustrar el cambio sino para sellar sus modos, tiempos y alcances. A falta de gobierno de coalición, es lo que el tinto con todos puede dar. Un Potosí.
Coda. Aplauso cerrado para Cecilia Orozco, premio Simón Bolívar a la vida y obra de una periodista.
por Cristina de la Torre | Nov 7, 2023 | Noviembre 2023, Estado liberal, Constitución de Colombia, Protesta social, Polarización social, Reforma a la salud, Derecho fundamental, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Estado Social, Capitalismo Social, Estado de Derecho, Reformas liberales, Capitalismo, Libre Mercado, Neoliberalismo, Seguridad social, Modelo Político, Modelo Económico, Salud, Personajes, Justicia, Corrupción, Modelo Económico en Colombia
Y dele con el sambenito de la ideología. Opositor político, dirigente de EPS, jefe gremial, académico de everfit en regla o caudillo que se respete descalificará desde su propio arsenal de ideas-fuerza la reforma a la salud: proyecto estatizante de inocultable sabor comunista, dirá, se brinca el criterio técnico y financiero que encumbró a este sector en Colombia al podio de los mejores del mundo. Teme Álvaro Uribe el arribo de un “empadronamiento socialista” en afiliación al sistema de salud, la supeditación de las EPS al Estado y augura una explosión de burocracia y politiquería en el sector. Carlos Caballero lo secunda: esta reforma respondería al “prurito ideológico de estatizar”.
Bronco recurso de propaganda que evade los términos reales de la lid: una dura confrontación entre ideas del Estado social que concibe la salud como derecho fundamental inalienable y el refocilado Estado liberal radical que la privatiza y menea la ficción ideológica de neutralidad de la técnica; para no llamarla por su nombre, el lucro, cosechado precisamente por negación del servicio. Se dirime, pues, si las EPS se subordinan al Estado -como sucede en economías mixtas y lo teme el expresidente- o si se sigue subordinando el Estado al bolsillo y a los abusos de las EPS.
Se remonta la disyuntiva a la Constitución misma, que consagra a un tiempo el derecho fundamental a la salud y el derecho de libertad económica en su dimensión de libertad de empresa, como lo registra el muy ponderado estudio de Jaime Gañán, Los muertos de la Ley 100, que aquí glosamos. Estos principios jurídicos -sostiene- entran en colisión, termina por prevalecer el principio de libertad económica que opera como negación de servicios y estalla, por fin, en riadas de tutelas. La tensión entre el derecho social y el derecho económico cristaliza en la ineficacia del sistema.
Si, dos ideologías se enfrentan aquí. La del Estado social, cuyos presupuestos de salud, vida, igualdad y dignidad humana consagra nuestra Carta, por un lado, y por el otro, el derecho de libre iniciativa económica para derivar utilidad privada. Pero si el primero se aparta del socialismo al reconocer el derecho de libertad económica, otorga al Estado capacidad de intervención para regular la economía y presidir la política social. El segundo evoluciona desde la economía liberal ultramontana (con su valor absoluto de libertad económica) hacia la libertad regulada, limitada por los fines del Estado social: el interés general y el bien común. Si la protección de los derechos sociales entra en crisis es porque la Carta del 91 coincide con la entronización del modelo neoliberal, que burla la economía social de mercado del Estado de bienestar.
En el modelo Ley 100 la salud parece ser un bien más de tráfico mercantil que un derecho fundamental: el aseguramiento en salud escala a negocio sin par. Su racionalidad económica, que baja costos para maximizar ganancias, opera por negación masiva de servicios por las EPS. Las tutelas se desbordan. El año pasado registró 114.313 por salud, 58.3% más que el año anterior.
La Ley Estatutaria de Salud de 2016 protocolizó el principio de la salud como derecho fundamental y servicio público esencial. Y la función de dirección del Estado en el sector, enderezada a promover la salud, prevenir la enfermedad y suministrar atención primaria a todos los colombianos. El choque de ideologías se traduce en defensa de la salud como negocio administrado por los grupos financieros, o bien, en su afirmación como servicio público. Se impone un acuerdo razonable que controle la mano invisible del mercado con la mano visible del Estado.
