por Cristina de la Torre | Jul 23, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Desplazados, Desplazamientos, Educación, Guerrillas, Industrialización, Julio 2024, Justicia, La paz, Pacto Histórico, Pacto Social, Proceso de paz, Progresismo, Reforma Agraria, Salud, Seguridad social, Tierras, Transición energética, Violencia
Ni señalamientos a la oligarquía esclavista, ni llamados al empoderamiento del constituyente primario, que algunos temían. En sorpresivo retorno a la idea del acuerdo nacional, le preguntó Petro al Congreso: ¿por qué no nos sentamos a hablar de un pacto político para cambiar normas que nos permitan reactivar la economía, hacer una reforma agraria seria e implementar la paz? ¿Por qué no logramos que este Congreso con este Gobierno pasen a la historia (cumpliendo) el Acuerdo de Paz? Y, como si se alinearan los astros, una docena de personalidades clamaba en El Espectador del mismo 20 de julio, desde pensares y sentires diversos, por el esquivo acuerdo nacional. Invitaba Fidel Cano, el director, a salir de la radicalización y disponernos a trabajar por un mejor país en el que quepamos todos. Colombia, afirmaba, no se puede dar el lujo de que su futuro se filtre por entre nuestras diferencias.
Sobre tres ejes de su discurso gira la propuesta del presidente: reforma agraria, transformación del territorio y eliminación de la guerra de las economías ilícitas. (El conflicto de hoy sería tercera fase de otras que pasaron a la historia: la violencia liberal-conservadora y la guerra contrainsurgente). Para conjurarla, la reforma agraria aprobada en el Acuerdo de La Habana, ley que prescribe la entrega de tres millones de hectáreas a los campesinos y la titulación de otros siete millones. Caramba, pasa un siglo y no sólo se impide a bala la redistribución de la tierra sino que ésta se concentra sin pausa, en un proceso veloz e infame que ha cobrado en las últimas décadas cientos de miles de vidas inocentes. Acaso menos radical que López Pumarejo y Carlos Lleras, agita ahora Petro la reforma agraria, pese a que no cuenta sino con el recurso de comprarla. Pero se congratula de que en apenas un año de su gobierno creciera 9% la economía campesina.
Por otros logros sacó pecho también en un discurso depurado, afirmativo. Dijo que en Colombia, el país más desigual del mundo según la OCDE, su Gobierno redujo 10% el número de pobres en un año. Y atribuyó el fenómeno al ajuste del salario mínimo y al control de la inflación en alimentos. Entonces insistió en un acuerdo pensado para vencer la pobreza y la exclusión, presupuestos de la paz y de la integración de los territorios excluidos. Entre las medidas que propondría a la discusión en mesas partidistas de concertación figura una de inversión forzosa del sistema bancario en proyectos a dos manos con el Estado en agricultura, vivienda, industria, turismo y economía popular. Alianza público-privada para proyectar estrategias de desarrollo, ya paladeada con el grupo Aval en la Guajira.
Mas, si de agenda para un pacto nacional se trata, ahí están también las líneas del Plan Nacional de Desarrollo -resultado de amplio consenso- escribe su autor, el excelso exdirector de Planeación Jorge Iván González. Brújula que ya es ley, apunta al ordenamiento del territorio alrededor del agua. Al derecho humano a la alimentación, que concreta los acuerdos de 2016: es la modernización del campo que, con su catastro multipropósito, ofrece los mecanismos del plan de choque para implementar la paz. A la transición energética, a la reindustrialización, a la convergencia regional y al mejoramiento de la calidad de vida con más recursos para salud, educación, servicios y asistencia social.
No le faltan al presidente, pues, insumos para una propuesta inicial de diálogo. Y da confianza, como respeto inspira su dignidad al pedir perdón y declararse responsable político por la podredumbre de Olmedo López en la UNGRD. Es el mismo mandatario que, a la primera sospecha sobre su propio hijo, lo endosó a la justicia. Que se oiga la recíproca: si, hablemos.
por Cristina de la Torre | Jun 25, 2024 | Banca, Capitalismo, Capitalismo Social, Economía productiva, Gustavo Petro, Impuesto progresivo, Junio 2024, Justicia tributaria, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Movimiento social, Neoliberalismo, Nueva Izquierda, Pensiones, Polarización social, Política de Estado, Política económica, Protesta social, Reforma tributaria, Reforma tributaria progresiva, Seguridad social, Socialdemocracia
No se trata apenas de que Petro quiera, o no, el acuerdo nacional: es que la contraparte quiera discutir y ajustar el modelo que aquel ofrece como alternativa de cambio. Que no es “neocomunista”, como la califica el mentor de la derecha más oscura, pues no apunta al derrocamiento del sistema sino al cambio de modelo: del molde neoliberal (que bloqueó el desarrollo, des industrializó, ensanchó las desigualdades y disparó la pobreza) al modelo mixto, concertado, de capitalismo social. Y cristaliza en dos escenarios: en seguridad social, devuelve al Estado la dirección de las políticas que garantizan derechos fundamentales no delegables como educación, pensiones y salud; rescata su iniciativa sobre las políticas y capacidad de control financiero, aún compartiendo gestión con el sector privado. En economía, afinca el desarrollo en el aparato productivo hacia la reindustrialización, mediante alianza de capital público y privado. Derrotero ya paladeado en Colombia y consolidado verbigracia por todos los gobiernos de izquierda y de derecha en el Brasil, sexta economía del mundo.
Claro, contra el Acuerdo conspira la exaltación retórica de las partes, acaso por llegar fortalecidas a un escenario de negociación en el único país de la región que hasta ahora estrena alternancia con la izquierda en el Gobierno y en campaña electoral con el recuerdo del estallido social pegado todavía a la piel.
Se quejan los empresarios de la incertidumbre que el presidente siembra con sus cambios de humor en la política oficial. Los saben cambios de humor, pero tal vez los magnifican para justificar derivas que en cualquier país se llaman huelga o sabotaje: dejaron de invertir 70 billones y pusieron en riesgo la economía. Claro que a ello contribuyeron las altas tasas de interés, pero el protagonista fue el temor autoinducido que indujo la desinversión. Más ¿a qué tanto drama? Quizás a la autocomplacencia en el privilegio que se recibe como por derecho divino. Recuerda la columnista Tatiana Acevedo que en Colombia la distribución de la riqueza opera de abajo hacia arriba: las mayorías (que ganan y tienen menos) subsidian a las minorías (que ganan y tienen más). La Carta del 91 dio a los banqueros un poder en la economía colombiana sin paralelo en el mundo.
Por su parte, Petro siembra miedo movilizando multitudes cuya resistencia querría transformar en poder constituyente. Esta utopía de democracia directa de Antonio Negri se sitúa por encima de las instituciones, del Estado, de la representación y de los partidos: es respuesta del anarquismo a los vacíos de la representación política en la democracia liberal. Voluntarismo episódico. Reedición del estado de opinión que distorsiona la veleidosa apelación del 91 a la democracia participativa.
Todos meten miedo. Todos parecen cañar. Y en el desconcertante vaivén sobre el Acuerdo, se escriben pronunciamientos en granito: dijo Petro que si se logra “un verdadero acuerdo nacional” en reformas legislativas, habría representación de otras fuerzas políticas. A poco, que la aprobación de la reforma pensional revivía la posibilidad del Acuerdo. Y Luis Carlos Reyes, ministro de Industria y Comercio, abunda en invitaciones al sector privado a concertar con el Gobierno la política industrial. Promete crédito amplio y subsidiado para inversiones en industria, energías renovables y agroindustria. Y el viejo Certificado de Abono Tributario para diversificar exportaciones.
El conflicto no enfrenta hoy comunismo y capitalismo, sino socialdemocracia y neoliberalismo. Para solucionarlo, no habría que inventar la rueda, sino poner a rodar la guardada por nuevos caminos. Si en ello va un margen de justicia social, bien vale un parto con dolor.
por Cristina de la Torre | Abr 26, 2024 | Abril 2024, Corrupción, Derecho fundamental, EPS, Estado Social, Pensiones, Política de Estado, Protesta social, Reforma a la salud, Reforma Agraria, Reforma pensional, Reforma tributaria, Salud, Seguridad social, Sistema de salud
López Pumarejo, Gaitán, Carlos Lleras, tres momentos del reformismo liberal que la caverna sofocó: al primero le opuso la Violencia, al segundo el magnicidio, al tercero el Pacto de Chicoral para sepultar la reforma agraria. Sueños siempre ahogados de los ignorados que, entre incógnitas, aciertos y asedios atrapa Petro al vuelo para darles el color y la textura de los nuevos tiempos. Sueños de la muchachada que se hizo matar en las calles, de las negritudes que lloraron de júbilo en su primera, única victoria electoral. Petro es momento de inflexión en muchos años, blanco sobre negro su discurso, según discurre de lo intolerable a lo anhelado y aterriza en lo posible: en reformas negociadas en duro muñequeo con mercaderes que arriesgan hasta un nuevo estallido social a su interés particular. A la opulencia de siempre sumaron acaparamiento de riqueza sin medida en estas décadas de economía de mercado, mientras se disparaban el hambre y las desigualdades.
Indigna el panorama. Según el PNA, 30% de los colombianos no alcanza hoy a hacer sus tres comidas. Pese a la amplia carnetización en salud, entre 2005 y 2020, 46.6% de las muertes pudieron evitarse. El año pasado registró Supersalud 1.240.000 reclamos, un tercio de ellos, casos de vida o muerte. El modelo de Salud invita al robo y al desgreño, pues nadie lo controla: billones desaparecen cada año y, sin los $23 billones que las EPS les adeudan, los hospitales desfallecen.
Los Fondos Privados de Pensiones, dice Salomón Kalmanovitz, administran en 2021 $317 billones de los colombianos, y multiplican con ellos su capital: invierten el 60% en empresas colombianas, varias de propiedad de esos Fondos. El GEA, dueño de Protección, invirtió $23 billones en empresas suyas; y el Grupo Aval, dueño de Porvenir, $6 billones en bancos de su propiedad; fuera de alianzas con Odebrecht. Son ahorros de personas que pueden haber cotizado sobre un sueldo de $5.5 millones durante 30 años, y reciben 1.8 millones; aparte, pagan prepagada y 12% a la EPS. ¡Una bribonada!
Todo ello, resultado de convertir los seguros de salud y pensiones en negocio de astutos usurpadores de la riqueza pública, y de hurtarle al Estado sus funciones económica, social, de intervención y control. Que hace agua el modelo lo confirma el propio Fukuyama, gurú de esta involución al capitalismo primitivo que quiso sellar el fin de la historia, a la caída del régimen soviético. Enmienda él la página del modelo que derivó en radical desigualdad, gracias al “atrincheramiento de las derechas que no quieren renunciar a sus privilegios Y Manuel José Cárdenas, analista internacional, fustiga a este capitalismo rentista que no transforma la riqueza en prosperidad general. Para enderezar el rumbo y mantener la democracia -escribe- los Estados deben ofrecer a sus ciudadanos seguridad, oportunidades, trabajo, prosperidad, dignidad, acabar la corrupción y los privilegios de unos pocos.
Principio del Estado social de derecho, que no nació en 1991 sino en 1936 con la Revolución en Marcha de López Pumarejo. Camino hacia el Estado promotor del desarrollo que en nuestros países fue variante del Estado de bienestar, interpeló a las mayorías con reforma agraria, tributaria, laboral, de educación laica, respeto a la propiedad (que conlleva función social) y al libre mercado (con controles).
Gonzalo Sánchez piensa que por vez primera en décadas experimenta el país un cambio real, una ruptura democrática de modelos oxidados. Si en el ámbito del poder la coalición limita al Gobierno, en el de la ideología Petro invita a romper inercias y lanza tareas de sociedad que se materializan en reformas agraria, de salud, tributaria, educativa, pensional. Si lo dejan, se dirá, Petro sería un cuarto momento del reformismo liberal, esta vez con decidida vocación socialdemócrata.
por Cristina de la Torre | Abr 9, 2024 | Abril 2024, Carolina Corcho, Ciencia, Congreso de la República, Derecho fundamental, EPS, Ley 100, Ley Estatutaria de 2015, Reforma a la salud, Salud, Seguridad social, Sistema de salud
Amigos y enemigos de la reforma a la salud sentaron inesperadamente posiciones de fuerza equivalentes que sugieren, no obstante, el agotamiento de la confrontación suicida y abren nuevos escenarios de negociación. En el término de 24 horas se precipitaron dos hechos que obligan a replantear el debate: el hundimiento del proyecto en el Senado y la intervención administrativa de las dos mayores EPS, Sánitas y Nueva EPS. Para no mencionar la solicitud de liquidación de Compensar. Una prueba más de que el sistema de aseguramiento financiero en salud hace agua, se suma a la liquidación de otras 119 en el pasado. Con la intervención de estas dos (que es medida de salvamento, pues expropiación de bienes del Estado no cabe), queda bajo el manto del Gobierno la mitad de los usuarios y éste tendrá que responder, mínimo, con la misma eficiencia al paciente y con la honradez en el manejo de los recursos que casi nunca brilló en las empresas de salud públicas y privadas. Dice el presidente que estudia alternativas para “reordenar el sistema”, principiando por la creación de una comisión asesora con representantes de clínicas, hospitales y pacientes.
En audiencia pública reconvino el presidente de la Corte Constitucional al ministro de Salud por el cálculo de la UPC y a los órganos de control por mirar desde la barrera la corrupción que devora al sistema de salud. Se comprometió el ministro Jaramillo a revisar el método de cálculo de la UPC y el delegado de la Fiscalía no pudo sino callar a la afirmación del alto magistrado de que “la corrupción seguirá siendo uno de los asuntos más claros por los cuales la salud no funciona”. No ha mucho concluyó la Contraloría que 26 EPS acusaban faltantes por $25 billones, así: $11.3 billones en deudas a Clínicas y hospitales, y $13.7 billones en reservas técnicas. Se habrían embolatado $11.8 billones girados en 2023 a cuatro EPS, denunció la exministra Carolina Corcho.
Razón le asiste a Acemi en decir que muchas de las estrategias de la reforma pueden implementarse reglamentando las normas existentes. Y el Gobierno avanza de hecho hacia la medicina preventiva en la Nueva EPS, diseñada en la Ley 1438/11; echará mano de la Ley 1122 de 2007 para formalizar a los trabajadores del sector, y a la Estatutaria de 2015 para abrir Centros de Atención Primaria por doquier y crear los equipos médicos necesarios en los territorios: ya van 70 en Córdoba. Para el analista Iván Jaramillo, con o sin reforma expedida por el Congreso, ésta podrá ejecutarse por vía reglamentaria. Ya el Plan de Desarrollo aprobó el giro directo a los hospitales, sin intermediación de las EPS (salvo para aprobar facturas), con lo cual recupera el Estado el control directo de los recursos de salud. Como sucede en casi todas las democracias, Costa Rica la más cercana. Pero queda el pendiente mayor, la naturaleza de las EPS; si pueden ellas seguir siendo aseguradoras, o bien, adaptarse a la nueva condición de gestoras de salud, en un modelo mixto (depurado, saneado y vigilado con rigor) que retribuya su trabajo.
Declara el ministro que la solución estructural a los vicios del modelo que rige no apunta a eliminar las EPS sino a transformarlas. Ana María Vesga, presidenta de Acemi, invita a convertir este debate en una gran mesa de diálogo nacional, para buscar entre todos los cambios y ajustes necesarios al sistema de salud. También las organizaciones más prestantes del sector, como el Colegio Médico Colombiano y la Asociación de Sociedades Científicas, proponen plan de choque y concertación sin demora. Nadie quede como culpable ante la historia de no haberlo empeñado todo en el diseño del mejor sistema posible de salud para los colombianos.
por Cristina de la Torre | Ene 24, 2024 | Corrupción, Derecha, Enero 2024, Impunidad, Internacional, Izquierda, Justicia, Paramilitarismo, Parapolítica, Policía Nacional, Protesta social, Reforma Agraria, Seguridad social, Socialdemocracia, Uribismo, Violencia
Como un patadón en la espinilla debió de sentir Álvaro Uribe el arribo de Bernardo Arévalo a la presidencia de Guatemala. Es triunfo del pueblo que hizo respetar su decisión en las urnas contra la corrupción de cuello blanco adueñada del Estado en ese país. Pero lo es también del hombre que puso tras las rejas a la cúpula de tal poder, un presidente comprendido, y su acción catalizó la protesta popular como opción política del cambio: Iván Velásquez. El mismo investigador estrella de la parapolítica que mandó a la cárcel a 50 parlamentarios, miembros casi todos de la bancada uribista. Una razón poderosa obraría en el expresidente para pasar de incógnito ante la elección que alegra a los demócratas del continente: a ella tributó su odiado verdugo.
En uno y otro país hizo historia Velásquez, aunque a elevado costo: a exiliarse para salvar la vida lo obligó la persecución del DAS en Colombia y, tras cuatro años de investigar por encargo de la ONU a la satrapía de Guatemala, en 2018 lo expulsó en represalia ese Gobierno. En movilizaciones sin precedentes, vitoreaba el pueblo a su “héroe”. Pero ya desde antes, el 19 de octubre de 2017, escribiría Uribe que Velásquez, “afiliado a la extrema izquierda, (había corrompido) a la justicia colombiana y debería estar preso”. Venía de señalar que su antagonista estaba “pasado de que lo expulsaran de Guatemala”. En 2022 declaró Paloma Valencia que “el nombramiento de un enemigo acérrimo del partido y del jefe del partido de oposición como ministro de Defensa no es sólo un desafío, es una amenaza”.
La clamorosa victoria de Arévalo dio lugar a una asonada judicial que buscó golpe de Estado contra el electo presidente: quiso negar su inmunidad, desarticular su partido, anular la elección popular y, para perplejidad del mundo, boicoteó durante once horas la ceremonia de asunción del mando. Es que no se jugaba sólo la promesa de erradicar la corrupción y la impunidad. Con Bernardo Arévalo renacía de sus cenizas el mandato del padre, Juan José Arévalo, que, tras una dictadura de 15 años, instauraba en 1945 un gobierno de “socialismo espiritual”, hoy reformulado por el vástago en clave de democracia social. Con intervalo de 80 años, padre e hijo levantan idéntico blasón de democracia y equidad, en un país humillado en el despotismo y la pobreza.
Profesor, humanista, escritor, el primer Arévalo intentó una reforma agraria anclada en el principio de función social de la propiedad, que sólo lograría su sucesor Jacobo Arbenz en 1951. Pero el código laboral de Arévalo erradicó el trabajo forzado heredado de la Colonia, amplió los derechos ciudadanos, universalizó el voto y el seguro social. El nuevo Arévalo, profesor, sociólogo, filósofo, se propone pasar la página de la historia: cerrar el capítulo de la corrupción y construir los cimientos de una sociedad democrática donde las instituciones se pongan sin ambigüedades al servicio del pueblo.
No será fácil. La derecha ultramontana de Guatemala porfiará en el sino del golpismo latinoamericano, en modalidad de cerco jurídico, o bien, en la de Trump, que la ultraderecha de Colombia quisiera intentar. Noticias UNO revela informe de inteligencia de la Policía según el cual fuerzas radicales de oposición se propondrían desestabilizar el gobierno: pasar de manifestaciones callejeras a toma violenta del Palacio de Nariño y del Capitolio por grupos de asalto que fuercen la renuncia del presidente. Se perora a sotto voce en Medellín.
Si cabe esperar tramoya de fuerzas oscuras en Guatemala, en Colombia una intentona de golpe sería aventura de energúmenos venidos a menos. Allá y acá, brilla la evocación de Iván Velásquez: “podrán cortar todas las flores, pero siempre volverá la primavera”.
por Cristina de la Torre | Nov 21, 2023 | Carolina Corcho, Corrupción, EPS, Gustavo Petro, Ley 100, Noviembre 2023, Polarización social, Reforma a la salud, Salud, Seguridad social, Sistema de salud
No, no hay en salud acuerdo sobre lo fundamental. El presidente Petro apunta al manejo público de los suculentos fondos públicos del sector, que las EPS administran como cosa propia y sin control; de donde resulta impracticable la extensión del servicio a todos los colombianos sin distingos, como la Carta manda. Por su parte, el expresidente Uribe, autor de la Ley 100 que así lo dispuso, propone mantener las prerrogativas de las EPS. Acaso se sume a la discriminatoria “solución” de jefes de partidos y exministros que, lejos de conjurar el problema de cobertura real, lo agrava: que las EPS concentren su atención en las ciudades donde florece, entre otros, el negocio de la integración vertical, mientras el Estado asume el servicio en el campo y en las regiones apartadas. La carne para ellas, para el Estado el hueso. Agalludos.
Con mucho, concederá giro directo a hospital por servicio a EPS desfinanciada. Sabe que el poder no está en quien gira sino en quien ordena el gasto. Pedirá, claro, democratizar más la salud, no trocarla en lucha de clases, ni estatizarla. Confundirá (para confundir) estatización con el control público de los recursos de salud que opera en todas las democracias modernas de economía mixta. Sólo por alebrestar el coco del comunismo, tan caro al arsenal propagandístico de la derecha.
En síntesis feliz de la reforma que recoge 10 años de estudio riguroso, expresa Petro: su objetivo prioritario es construir un modelo preventivo donde equipos médicos lleguen por rutina a todos los hogares. Garantizar que los recursos de salud no se pierdan sino que lleguen directamente a clínicas y hospitales. Que las EPS se concentren en montar sus jurisdicciones de salud y en la referencia de sus afiliados, tareas que el Estado remunerará. Fortalecer la red pública de hospitales y dar garantías laborales al personal médico.
Reconoce el Contralor General, Carlos Mario Zuluaga que, si bien cabe estudiar un reajuste de la UPC, el sistema de salud no está desfinanciado; antes bien, se pregunta por qué las EPS adeudan $13 billones a los hospitales: “urge saber hacia dónde se movieron los recursos”. Revisar por qué las EPS ejercen, de manera discrecional, el pago de deudas a unos prestadores de manera inmediata y a otros no. Es la red hospitalaria del país la que está desfinanciada. Hay que revisar, agrega, el comportamiento y flujo de los recursos cuando ingresan a las EPS. El director de Adres, Félix Martínez, propone auditoria forense, ojalá con expertos internacionales, a los fondos de salud: que nos digan dónde se queda la plata, dónde se pierde. Según “La Pulla”, premio Simón Bolívar, la deuda de las EPS a los hospitales es de $16 billones.
Para la exministra Carolina Corcho, tenemos mucha plata en salud y muy pobres resultados, porque la cadena de intermediación no aporta valor agregado. El manejo privado de los billones de la salud es un grave error de diseño de la Ley 100, y explica la quiebra del sistema. Ahora bien, un consenso construido sobre la exclusión de muchos no es consenso: es un indefensable moral y político.
Mucho ha concedido ya el Gobierno y podría sacrificar más, pero no el eje de la reforma que es mandato de las urnas. Lejos de resolverse en retiro del proyecto, el tinto en Palacio se insinúa como apertura del acuerdo nacional. Entonces, cafecito con todos: con partidos, gremios y organizaciones sociales. Y no para frustrar el cambio sino para sellar sus modos, tiempos y alcances. A falta de gobierno de coalición, es lo que el tinto con todos puede dar. Un Potosí.
Coda. Aplauso cerrado para Cecilia Orozco, premio Simón Bolívar a la vida y obra de una periodista.
