Gobierno Duque: el peor en muchos años

¿Qué pecado cometimos los colombianos para que se nos castigue con el peor gobierno en muchos años? Un rápido paneo sobre el estropicio mostrará que no lo es tanto por inepto como por trabajar con eficiencia admirable contra la mayoría de la población: la sitia, cuando no la condena al hambre, a la violencia, a miles de muertes evitables en la pandemia, al reino de la mediocridad en los puestos de mando. Todo ello, resultado de sus políticas en economía, en seguridad, en salud pública, en administración del Estado.

Cuando la crisis se enseñoreó del continente y se vistieron los barrios populares en Colombia de trapos rojos, nuestro país ocupó el primer puesto en desempleo y el último en inversión de emergencia para evitar que la tercera parte de su gente se redujera a una comida diaria. Y estará entre los pocos que porfíen en el modelo económico que la crisis destapó y profundizó. En vez de operar el golpe de timón que se impone por doquier, aquí se castigará con más ferocidad a las clases medias y trabajadoras, en favor de la camarilla de plutócratas que cogobierna con Duque, que vive y engorda de acaparar los recursos del Estado. Ya el decreto 1174 inició el camino de reforma laboral que castiga las garantías del trabajo. Y prepara reforma tributaria con IVA para todo y entierro definitivo del impuesto progresivo.

En seguridad y orden público, el balance nos devuelve a los peores días de la guerra: sólo en el primer mes de este año hubo 14 masacres y 21 líderes asesinados. Y el Gobierno ahí, como complacido en su muelle indolencia, esperando endilgar el incendio al castrochavismo, coco inveterado de sus campañas electorales. Pero es el Gobierno el que incendia. Por omisión. No aumenta el pie de fuerza donde se requiere, ni desmantela los grupos armados; judicializa a los sicarios y no a los autores intelectuales de la matanza.

En manejo de la pandemia, Bloomberg catalogó a Colombia como el tercer peor país, y el director del DANE reveló que, a enero 31, los muertos por covid no eran 50 mil sino 70 mil. En cifras relativas de contagios y muertes, superó a Brasil. Especialistas señalaron que, para evitar el desborde, se debió actuar antes. Las medidas de prevención y control del Gobierno fracasaron. No se controló la circulación del virus tras la primera ola, con identificación y aislamiento de sospechosos, rastreo de contactos, ejecución generalizada de pruebas y entrega rápida de resultados. Pese a la bonhomía del ministro Ruiz, la pandemia puso en evidencia las consecuencias de haber convertido la Salud en negocio privado. Y el arribo de la vacuna parece todavía más ficción que probabilidad.

Para los cargos de mando en el Gobierno, desliza Duque una tropilla de incompetentes –no todos, claro–. Tentáculos de pulpo viscoso, se apoderan aún de los órganos de control del Estado. Y colonizan, insaciables, la gran prensa. Caso de la hora, la designación de Bibiana Taboada como codirectora del Emisor, por la sola gracia de ser hija de Alicia Arango, cuyo mérito es, a su turno, ser parcera de Duque y del Gran Burundú del Ubérrimo. Con Taboada completa el CD su dominio del que no será más el Banco de la República sino el banco de una secta de ultraderecha comandada por un expresidente subjudice con delirio de poder.

¿Estaremos condenados para siempre a gobiernos de este jaez, todo incuria, violencia y privilegio? ¿Es que no existen en Colombia estadistas de la talla de un Humberto de la Calle, dueño de pensamiento universal, de la decencia que a este Gobierno le falta, de probada capacidad para agenciar el cambio indispensable, dentro de los parámetros de la democracia? Pobre es el que carece de lo necesario para llevar una vida digna. Pero lo es también el que no ve la riqueza que tiene al canto. Agucemos el ojo a tiempo.

 

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El centro, un milagro

Sí, es milagro la configuración de una mayoría de centro en esta democracia estrangulada por fuerzas retardatarias que perduran en estado puro o se reeditan al capricho de los tiempos. Heridas reabiertas que supuran y ya hieden en el tercer mandato del uribismo, son recuerdo viviente de la Violencia afilada por la jerarquía católica, de la Guerra Fría, de las guerrillas marxistas y el paramilitarismo, de la religión neoliberal. De todos los fanatismos, que se resolvieron en extremismo político.

A la cabeza de aquellas fuerzas, la violencia entre partidos restaurada para ahogar en sangre las reformas liberales  –Estado y educación laicas, reforma agraria– que triunfaban por doquier y en Colombia intentó López Pumarejo. Hoy se extermina a todo un partido político, la UP; se asesina a los líderes del pueblo que reclaman tierras; se conspira con proyectos contra la libertad de pensamiento; se violenta la vida privada, y se enarbola la maltrecha bandera de la familia patriarcal como modelo único en la abigarrada diversidad de nuestra sociedad. Ángel de la guarda de los promotores de aquella contienda, la hipocresía de algunos obispos y cardenales engalanó como mandato divino su incitación a la violencia política y doméstica. Hoy renace en su voto contra la paz, en el ominoso bozal que impusieron al padre Llano, eminente pensador, por humanizar la figura de Jesús.

Cocinada al calor de la Guerra Fría, la doctrina de seguridad nacional convirtió en enemigo interno al contradictor político: pudo ser objetivo militar el liberal-comunista, como hoy lo sería el opositor señalado de guerrillero vestido de civil. A su vera, el paramilitarismo legalizado por los manuales militares de contrainsurgencia desde 1969, hasta su apoteosis en las Convivir del CD. Por su parte, las guerrillas marxistas invadieron el espacio de la alternativa democrática y legitimaron la tenaza iliberal de una dictablanda que no necesitó del golpe militar para acorralar a la oposición y al movimiento social. La desmovilización de las Farc y su compromiso con la paz dejarían sin bandera (sin el enemigo necesario) a la derecha guerrerista. De allí que se despeluque ella todos los días por volver a la guerra.

Por fin, a esta dinámica autocrática contribuyó en los últimos 30 años la tiranía del pensamiento único en economía: la religión neoliberal que emana en densas ondas desde la más refinada academia y desde los órganos del Estado que trazan la política económica y social. Todos los Carrasquilla en acción.

Todo el conservadurismo en acción contra el Centro político que reclama paz, respeto a los derechos civiles y políticos, genuina democracia liberal en Estado de derecho, capitalismo social garantizado por un Estado que controla los abusos del mercado y redistribuye beneficios del desarrollo. En acción contra este Centro (53% de los colombianos, según Invamer) que amenaza coligarse para ganar la presidencia y una mayoría parlamentaria.

Suculento plato electoral que quieren las extremas asaltar: el presidente, flamante miembro del eje Trump-Duque-Bolsonaro, se declara de “extremo centro”. Y meterá cuchara Uribe, verdugo de la paz, el de los “buenos muertos”, el de las “masacres con sentido social”. Más radical por la ferocidad del lenguaje y por la arbitrariedad de sus antojos que por su programa de reformas, Petro niega la existencia del Centro. Porque sí.

No puede tenerse por tibio a quien demanda democracia y equidad en un país que se sacude a girones la violencia ancestral contra todo el que se sitúe por fuera de la secta en el poder. Probado está: en este edén de águilas y tiburones cualquier desliz reformista puede costar la vida. Por eso la existencia del centro es un milagro.

Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz navidad y salud a los amables lectores.

 

 

 

 

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La antidemocracia refrendaria

En manos de extremistas como Álvaro Uribe, la democracia directa es un azote. Introducida por la Carta del 91 para ampliar la participación política, el uribismo puso no obstante la democracia directa al servicio del proyecto más reaccionario que floreciera en Colombia después de Laureano Gómez. Forma de participación complementaria de la representación política, lo mismo puede propiciar soluciones de fondo democrático que violentarlas. Por plebiscito se consagró en 1957 el derecho al voto femenino y se clausuró la dictadura; una consulta popular arrojó en 2018 casi 12 millones de votos contra la corrupción. Pero dos años antes, el CD boicoteó en plebiscito con mentiras catedralicias un acuerdo de paz logrado tras medio siglo de guerra y medio millón de muertos y desaparecidos. También ahora marcha el referendo de Uribe sobre embustes y cargas de odio contra la justicia transicional que es modelo para el mundo.

Pescó la derecha en los vacíos del modelo participativo que se ofreció como antídoto a la crisis que alcanzó su clímax en 1989. El enemigo sería ahora el clientelismo, máquina infernal de corrupción en los partidos y en el Estado, depositarios de la democracia representativa. En el reformismo moralizante de tantos que habían forjado entre clientelas su poder, respiraba el esnobismo de que la nuestra era una democracia sin ciudadanos. Dos figuras simbolizaron el antagonismo entre el oro y la escoria: el ciudadano y el cacique clientelista.

La democracia directa, refrendaria, fue corolario político del modelo de mercado que el Consenso de Washington imponía en el subcontinente, como contrapartida a las dictaduras del Cono Sur. Pero repitió la receta autoritaria, ahora en formato de neopopulismo, desde Fujimori en el Perú hasta Uribe en Colombia. Dictadores desembozados y tiranos en ciernes elegidos por el pueblo legitimaron su mano más o menos dura en la corrupción del sistema político. Pero, lejos de erradicarla, la ahondaron.

A Colombia se proyectó el diagnóstico de la crisis que pesaba sobre estos países: dictaduras y dictablandas hacían agua; se decretó agotado el modelo proteccionista; se imponía una transición que armonizara libertad política con libertad económica sin atenuantes. Se trataba de compatibilizar cambio económico y modernización política. Había que transitar de la democracia representativa a la democracia directa del individuo en ejercicio pleno de su libertad; del Estado social, promotor del desarrollo, al Estado adaptado a las necesidades del neoliberalismo, del clientelismo a la ciudadanía. La Carta del 91, diría Rafael Pardo, transformó las reglas del juego político y cambió el modelo de desarrollo.

Entre reformas vitales del 91 (la ampliación de derechos, la tutela), cobró ruidoso protagonismo la ideología que exaltaba la democracia “participativa”. A su vez, la laxitud de la norma que permitía la creación de partidos fracturó el monopolio del bipartidismo tradicional, sí, pero debilitó a las organizaciones políticas y al sistema de partidos. Atomizados los odiados partidos, mistificada la democracia directa, desactivada la sociedad civil, surgió el escenario  donde medrara el primer demagogo con ganas de jugar a la tiranía de las mayorías. Al Estado de opinión.

Décadas lleva Uribe practicando la democracia directa que sirve a su proyecto de vocación neofascista: con consejos comunales que descuartizan la institucionalidad, con manipulación oprobiosa del plebiscito por la paz, con su nuevo referendo contra la Justicia. A despecho de la Carta del 91, el uribismo interpretó modernización política como amancebamiento de clientelismo y neopopulismo. Esta versión de democracia directa es espejismo de cepa antidemocrática, a leguas de la genuina participación política.

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Gobierno reaccionario

Últimos efectos de demostración: sabotaje a las curules de las víctimas y descalificación del proceso de paz por “semifallido”. Se ha reinstalado en Colombia la cepa del autoritarismo, a instancias de una fuerza conservadora y violenta que evoca a cada paso los tiempos de Laureano Gómez: la fuerza del uribismo. Para no mencionar su correlato natural, la predilección por el corporativismo, que arroja al presidente Duque en brazos de intereses particulares adueñados del poder para mandar en provecho propio. En política, la cosa se ha resuelto sobre todo como cruzada contra la paz; falazmente barnizada en rosadito-legalidad para la galería de afuera, riñe todos los días con los actos de gobierno. Hipocresía pura.

A los dispositivos de un Estado policivo y chuzador; a la fallida asonada del primer mandatario contra la JEP; al sistemático boicot del Acuerdo que nos redime de la guerra; a la masacre de líderes y reinsertados que se expande porque la Seguridad no apunta a sus determinadores, se suman ahora dos finas perlas: una, pretende impedir la representación directa de las víctimas en el Congreso, afincada en la Constitución y la ley. Como si le faltaran viandas, ofrece el presidente a la glotonería de los partidos tradicionales las 16 curules asignadas a la Colombia olvidada, mártir del conflicto.

Otra perla, la trampa de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez que, en ilusa profilaxis de su gestión antes de rendir cuentas, adjudica a la contraparte sus propios desaciertos: declara que el de la paz es un proceso “semifallido”, por incumplimiento de las Farc. La secundan, al punto, intrépidos alfiles del presidente eterno: el general Ruiz Barrera, de Acore, el locuaz Alfredo Rangel. Pero el país sabe de la perversa modorra, cuando no del sabotaje que preside la implementación de la paz en este Gobierno. Luce, sí, como una flor en el desierto, algún avance en reincorporación de desmovilizados a cargo del comisionado Archila. En boca de la titular de Gobierno, la observación desnaturaliza la paz. Y no faltará quien se sienta autorizado a redoblar la cacería de desmovilizados de la guerrilla más antigua del continente que, sin embargo, entregó las armas y se incorporó a la vida civil. Hecho de resonancia en el mundo, contra el cual parecen conspirar este Gobierno y los viudos de la guerra que lo rodean.

A la voz de revivir el acto legislativo que por mayoría de votos aprobó el Congreso en 2017 para entregar 16 curules en la Cámara a víctimas certificadas del conflicto en los territorios materia de reparación, antepone el presidente Duque un proyecto que se las arrebata. Por enésima vez en la historia de nuestra democracia de castas, seguirían aquellas comunidades excluidas, sin voz, sin voto, sin opción, a la buena de Dios y del destino trazado por los chupasangre de siempre. ¿Será ésta otra dádiva por gobernabilidad que el Presidente concede a la politiquería? ¿Acaso no recela la rabia que  semejante atropello pueda sumarle a la protesta callejera? Tendría que vérselas también con El Consejo de Estado, a punto de resucitar las curules, no para pícaros de los partidos que pasarían por víctimas, sino para sus destinatarios originarios: las organizaciones sociales, étnicas y raizales.

La propuesta de Duque es inconstitucional y escamotea la paz. La diatriba de Gutiérrez, la desconceptúa. Brincarse las normas constitucionales que crean las curules de víctimas y ordenan implementar la paz es resucitar la arbitrariedad que signó el régimen de la Seguridad Democrática. Presidente y ministra parecen marchar hacia la meca soñada: hacer invivible la paz, para volver a hacer invivible la república.

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La vocación autoritaria del uribismo

No es ventolera de circunstancia, es una vocación. Pasión por la arbitrariedad y la fuerza administradas en provecho de un caudillo decadente en república bananera. Involución potenciada por la demagogia que florece en el miedo y la desesperanza, el uribismo se reedita como nostalgia del autoritarismo que dio cobijo a la Violencia. Y nada de cuanto este movimiento diga o haga debería sorprender. En iniciativa que huele a golpe de Estado, el parlamentario del Centro Democrático Álvaro Pava propone hundir por mayoría electoral los fallos de la Corte Constitucional sobre derechos fundamentales, participación política y funciones del Congreso. Ni más ni menos. Podrían así desaparecer las libertades de pensamiento, de cátedra y de prensa; los derechos al aborto y a la diversidad sexual. O volver al Estado de confesión religiosa. O consagrar la ubérrima transformación del Estado de derecho en república estamental de militares, latifundistas, curas, paramilitares, importadores de carros y el vulgo ignaro. La Edad Media en el siglo XXI. Sueño sujeto al desenlace del proceso penal que la Corte Suprema inicia hoy contra el expresidente Uribe.

Beneficiario sin par de la democracia directa que la Carta del 91 introdujo de buena fe, Álvaro Uribe puso referendo y consejos comunales al servicio de un despotismo deslustrado cuya alma bautizó José Obdulio como Estado de opinión. Golosina envenenada para embaucar a la masa, acorralar a las minorías y amancebarse con el gran capital. Con el mismo desdén de aquellos constituyentes hacia la “partidocracia” y la democracia representativa, se disfrazó Uribe de campesino pobre y aduló a la pobrecía mientras le reducía el ingreso y ensanchaba, entre otras, su hacienda de 1.479 hectáreas. Encarnó, con singular fidelidad, el neopopulismo que desde los años 90 se extendía en la región.

A distancia sideral del populismo de un Perón en Argentina, de un Vargas en Brasil (que pese a sus defectos industrializó, redistribuyó ingresos e integró las mayorías a la política) éste de Fujimori y Uribe fue paraíso de la derecha: en política, hijo bastardo del populismo latinoamericano; en economía fue su antípoda, pues suplantó el desarrollo por un capitalismo montaraz. El neopopulismo es eco de la desigualdad económica y política de las dictaduras del Cono Sur, primeras en adoptar el Consenso de Washington que sacrificó el Estado social en el altar del mercado. La diferencia será de grado, no de naturaleza, anotaba yo en 2005 (Álvaro Uribe o el Neopopulismo en Colombia).

Astro del nuevo arquetipo sería Fujimori, expresivo referente del mandatario colombiano, cuyos pasos éste siguió. Desde los consejos comunales hasta la cacería a los tribunales de justicia y la clausura del Congreso (que el peruano consumó y Uribe propuso en la primera versión de su referendo de 2003). Lleva el nuestro décadas persiguiendo a las Cortes que procesaron, primero, a su bancada de parapolíticos; ahora, a conmilitones suyos en la JEP y al mismísimo expresidente en la Suprema. Otros rasgos tomará Uribe prestados del archiconocido modelo de la personalidad autoritaria: intolerancia ante la opinión divergente, ansia patológica de poder personal y militarismo impenitente.

Con la economía de mercado vendría la democracia refrendaria, arma predilecta del uribismo. Democracia de mayorías confeccionadas para aplastar al disidente e imponerse como la voluntad general del buenazo de Rousseau. Voluntad única, indivisible y absoluta, como único, indivisible y absoluto será el poder que raya en dictadura, hoy ambientado en Estado de opinión. Se sabe: el uribismo no es pera en dulce; más parece tantico de cianuro filtrado entre jaculatorias y madrazos.

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Tierra y más tierra o el uribismo insaciable

 

No le basta a la caverna con sabotear la devolución de las tierras robadas en la guerra; va también por los baldíos. Al proyecto de ley de María Fernanda Cabal contra la restitución de predios se suma ahora el del copartidario Rubén Darío Molano, para desmontar el último instrumento de reforma agraria: la Ley 160 de 1.994, soporte de la Reforma Rural suscrita en el Acuerdo de Paz. Tal contrarreforma volvería picadillo lo que queda de economía campesina, en el altar de la gran propiedad rural. Y, en su anhelo de reavivar la contienda, agudizaría esta derecha rapaz el conflicto agrario del que se nutre, sazonado en sangre, desde hace 200 años.

Carambola doble, en el país de mayor concentración de la tierra en el mundo: en lugar de trabajar sus haciendas, especula el latifundio con ellas y alarga su mano peluda hacia los baldíos de la Nación con destino legal al campesinado pobre. Contra la probada superioridad en productividad de la agricultura familiar sobre la gran empresa agroindustrial, el vocero del CD anuncia exultante el retroceso, que acabaría de sumir en la pobreza a 13 millones de pobladores del campo. Más tierra recibirían los grandes terratenientes y, por añadidura, una jugosa tajada de los $78,5 billones que en gabelas tributarias les concede este Gobierno a las élites. Para honrar tradición de privilegios en la cual Agro Ingreso Seguro fue un episodio más de raponazo de subsidios destinados a pequeños agricultores que aterrizaron en bolsillos de pomposos apellidos.

Si la Ley 60 reserva los baldíos para familias pobres, el proyecto del CD los entrega al grandes inversionistas, así no sean sujeto de reforma agraria. Si el baldío para el campesino sería de una Unidad Agrícola Familiar,  el propuesto le reconocerá hasta 3.000 hectáreas al ocupante “de buena fe” antes de 1989. Convierte la expropiación (por falta de explotación) en “mecanismo residual” y, en consecuencia, también la redistribución de tierra. Porque las Zidres apuntan a la misma tierra de la pequeña agricultura.

El candidato a Nobel de Economía y colombianista, Albert Berry, ha demostrado que la productividad de la tierra es mucho mayor en pequeños fundos. Si cuenta con apoyo social, técnico y financiero, y si se le suministra tierra, el campesino crea más valor y empleo. Porque la agricultura familiar es intensiva en mano de obra, explota productos de alto valor y amplía la seguridad alimentaria de la población. José Leibovich probó que la economía campesina aporta el 60% a la producción agrícola total y 35% de los alimentos que consumen los colombianos. La productividad del minifundio sería 4 veces mayor que la de la gran propiedad. La talanquera está en el acceso a la tierra. Y en los apoyos financiero, tecnológico y comercial del Estado, acaso como quiso hacerlo el DRI.

Pero, se sabe, el acaparamiento violento de la tierra se amanceba con el poder político. La caverna del campo encubrió bajo el estruendo de la guerra su grosero engullir de tierras y más tierras; y hoy prepara la tarascada de gracia para eternizar el suelo patrio como su finca particular, a menudo en asocio del narcoparamilitarismo. De postre vino AIS, fondos públicos con los que remachaba Álvaro Uribe el apoyo de la crema latifundaria a su segunda reelección y, Uribito, el cupo para sucederlo. 51 aportantes a las campañas de elección y reelección de Uribe desembolsaron $687 millones y recibieron $44.000 millones entre subsidios y créditos blandos de AIS.

Sí, un vuelco se impone. Mas no para hundir más al campo en el infierno, sino para restituir predios, redistribuir tierra, desarrollar la economía campesina con el instrumental moderno e invertir la lógica del apoyo estatal, ahora para redimir al campesino y modernizar el campo. Vade retro este uribismo insaciable.

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