por Cristina de la Torre | Abr 23, 2024 | Abril 2024, Crímen organizado, Conversaciones de Paz, Constitución de Colombia, Polarización social, Sustitución de cultivos, Guerrillas, Cultivos ilícitos, Paz Total, Fuerzas Armadas, Farc, ELN, Violencia, Reforma Rural, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Impunidad, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Corrupción, Actores del conflicto armado
Le llegó su hora a la paz: o se malogra en ciclos de violencia sin retorno o triunfa del cerco que amigos y enemigos le han tendido. De las equivocaciones de la Paz Total, por un lado; y por el otro, del cañoneo de todos los armados que convirtieron a Colombia en “una siniestra fábrica de víctimas”, a cuya vera se amasaron sin dolor capitales inmensos. Expresión de Gabriel Cifuentes Ghidini, autor de libro La Paz en su Laberinto, que todos deberíamos leer y apartes del cual me permito glosar aquí. Reflexión de hondo calado sobre el conflicto que arroja nueve millones de víctimas y cientos de miles de colombianos asesinados o desaparecidos.
En éste, su último capítulo, la crisis de orden público y la tímida presencia del Estado en los territorios más flagelados arrojan a la población en brazos de grupos criminales que se expanden en proporción directa al apocamiento de la Fuerza Pública. La paz suscrita en La Habana que el mundo aplaude y este Gobierno debía consolidar, pende de un hilo. Una calamidad. Porque ella no se contrajo a la mecánica de la reincorporación sino que diseñó soluciones a los problemas que dieron lugar al conflicto. El Acuerdo de 2016 es virtual modelo de desarrollo enderezado a vencer la exclusión y las desigualdades, y gravita sobre sobre ejes de participación política, reforma rural y combate a las economías ilegales.
De cuatro factores depende la Paz Total, señala nuestro autor: pleno reconocimiento de los Acuerdos de La Habana y su implementación; elaboración de un marco legal claro y fijación de tiempos para la negociación; fortalecimiento de la presencia militar y social del Estado en los territorios, y avance en una reforma a la justicia capaz de responder a la nueva ola de violencia. No puede el Estado renunciar a su deber de salvaguardar la seguridad y el orden público; ni cese el fuego significa abandonar comunidades a su suerte. Urge un modelo de seguridad preventiva por acción del Estado, complemento de la seguridad reactiva de la Fuerza Pública.
En el diálogo con el ELN no se vislumbra aun una salida a problemas cruciales como cese de hostilidades, desarme y reincorporación: ha dicho él que no entregaría las armas. Mas, “lejos de (sus) pretensiones estrafalarias, será inevitable la entrega de las armas, el compromiso de no seguir delinquiendo, la reparación a las víctimas y el aporte a la verdad”, apunta el autor: son esas las condiciones de la Ley, de la Constitución y del derecho internacional.
A su pretensión de incorporar reformas sociales conforme avanza la negociación, acota Cifuentes que la Constitución y el Acuerdo de 2016 abrazan ya el espectro de cambios deseables. Le resulta inconveniente avanzar en acuerdos parciales sin haber cimentado antes un pacto de base ni depuesto las armas; y, peor aun, que un actor todavía en armas lidere diálogos sociales en paridad de condiciones con el Estado. (Cogobierno armado, aventuramos aquí).
Reprocha Cifuentes a la insurgencia el haber sepultado su ideal político en las economías ilícitas, panacea de todos los armados y políticos que produjeron “una orgía de sangre y fuego”. Si la subversión se transformó en “horda criminal”, la asociación del Estado con el paramilitarismo y horrores como los falsos positivos comprometieron su legitimidad. Pasó el Estado del irrespeto a las reglas de la guerra a la inacción. Unos y otros habrán de rendir cuentas, ya nadie podrá saltarse las pruebas de la verdad y la justicia.
Cuando parece la paz enfrentar un punto de quiebre, responde el comisionado Patiño a nuevas realidades de la guerra y vira hacia la territorialización de negociaciones. En Nariño se conversa ya con quienes sí quieren la paz.
por Cristina de la Torre | Abr 16, 2024 | Álvaro Uribe Vélez, Abril 2024, Parapolítica, Guerrillas, Farc, Violencia, AUC, Desplazamientos, Desplazados, JEP, Derecha, Paramilitarismo, Partidos, Uribismo, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Personajes, Impunidad, Justicia, Clientelismo, Actores del conflicto armado
Hay alborozo porque llega al fin la justicia, aunque atenuado el jolgorio por el miedo que se apoderó de esta Colombia sometida a crueldades no vistas en guerras pasadas. Así parece reaccionar el país al llamado a juicio del expresidente Uribe, salvo el círculo cada vez más encogido de sus amigos. El patriota bajado del cielo para redimir a su pueblo mutó a referente de fuerzas siniestras, de mano y corazón de piedra. No dejarán de supurar en la memoria nacional los 6.402 falsos positivos, hazaña que no lograron los dictadores del Cono Sur. Ni el homenaje que el político rindió al convicto general Rito Alejo del Río, después que la Procuraduría avalara petición de condena contra él como autor mediato del asesinato de Mario López a manos de paramilitares que jugaron fútbol con su cabeza. Muestra tenebrosa del recorrido de este hombre, hoy acusado de fraude procesal y soborno a testigos que lo vinculan a la creación de un grupo paramilitar.
Retoma la Fiscalía el expediente pletórico de pruebas de la Corte Suprema. Mas, genio y figura, se declara el procesado perseguido político, víctima de que quieran “abrirle las puertas de la cárcel sin pruebas”. Y, en uso de su proverbial habilidad manipuladora del electorado, agitará esa bandera en campaña para 2026. Pese a que el gran protagonista de la política se ha convertido en sombra del héroe, abatido bajo el fardo de sus excesos, que el país conoce ya y deplora.
Iván Cepeda, víctima en este proceso, se congratula de que nadie esté por encima de la justicia; pero invita a un acuerdo nacional construido sobre la verdad, no sobre el castigo, la venganza o la vendeta judicial. En gesto de grandeza, tiende su mano al acusado para sellar acuerdo de paz y reconciliación. Pero éste declara que no se allanará a trato igual con delincuentes, “como lo hicieron con las Farc, y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido”.
Acomodando los principios a su interés personal en cada circunstancia, nadie diría que hace sólo mes y medio propuso Uribe amnistía para recuperar derechos políticos de condenados. Y su Ley de Justicia y Paz de 2005, más que perseguir la paz, parecía una oferta de perdón, olvido e impunidad a violadores de derechos humanos. El proyecto quiso calificar como delito político la actividad paramilitar. Y la Corte Suprema determinó que sedición sólo hay en fuerzas que se oponen al Estado, no en aquellas que trabajan de consuno con él, como sucede con el paramilitarismo. Las Convivir, verbigracia, fueron organización paramilitar financiada y armada por el Estado. Pero Uribe insistió por años en su tesis: guerrillas y paramilitares podían ser beneficiarios del delito político de sedición. En tal moral acomodaticia, no sorprenden sus escrúpulos de hoy.
Este Gobierno avalaría ahora una ley de perdón judicial como instrumento de reconciliación: el proyecto anula condenas judiciales, archiva investigaciones en marcha, restablece los derechos políticos al afectado, y entrega a la persona del presidente la monárquica prerrogativa de concederlo. Recurso aplicado repetidas veces en nuestra historia, hoy entra en juego, no obstante, el derecho de las víctimas y se excluyen los delitos comunes y de lesa humanidad. En lugar de entregar poderes desbordados al príncipe, debería gestionarse en serio la ley que le falta a la paz para abordar negociación con subversivos y sometimiento con delincuentes comunes.
No se sabe si el expresidente Uribe resultaría absuelto o condenado. En todo caso, repugna crear leyes con nombre propio. Para una justicia restaurativa, ahí está la JEP con su proceso integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
por Cristina de la Torre | Abr 2, 2024 | Abril 2024, Iglesia Católica, Estado laico, Paz Total, Fascismo, Violencia, La paz, Iglesias
Una velada incitación a la acción intrépida formula en plena misa el padre Chucho, en el país que se desangra. Advierte a grandes voces el prelado, Jesús Orjuela, que Colombia “se prepara para una guerra civil (pues) el pueblo sufre por un hombre que quiere destruir”. Evoca discurso y escenario de tonsurados que en tiempos de la Violencia instaron desde el púlpito a matar liberales, voz cantante del oscurantismo homicida del laureanismo que entre los fascismos había escogido el de Francisco Franco. Hieren doblemente sus palabras porque reabren heridas de aquella guerra santa y porque en la Iglesia ha terminado por prevalecer el compromiso con la paz. Monseñor Omar Sánchez, arzobispo de Popayán, reconvino al cura de marras: “uno no puede confesarse cristiano y manifestar signos de muerte … que destruyen vidas”, declaró. Se precave el prelado contra horrores que, si no obedecen hoy a conflicto entre liberales y conservadores, reeditan su pauta sangrienta: la insurrección retardataria cobró en solo un día 150 vidas en el pueblo de Ceilán.
Con la Violencia se respondió a las reformas sociales de la Constitución de 1936 pero, sobre todo, al desmonte del Estado confesional que perpetuaba el imperio de la Iglesia sobre la vida pública y privada en la nación. La Revolución en Marcha enfrentó el Concordato que imponía en la educación el dogma y la moral católicos y, fundando el orden político en la religión, extendía el régimen de privilegio de la Iglesia también al estatus ciudadano.
Jerarquía de la Iglesia y dirigencia conservadora alentaron, a una, la rebelión contra el “diabólico estatuto”. Alberto Lleras escribió: las campañas de tipo fascista vienen de “eclesiásticos ardorosos que están organizando campesinos y estimulando una cristiana insurgencia de clase”. Para la Iglesia, la reforma de López Pumarejo es sacrilegio; para el partido azul, un atentado a la identidad conservadora edificada en la simbiosis de lo sagrado y lo político. Recuerda Daniel Pécaut que, con apoyo del episcopado y de miembros del notablato económico, se crearon en Medellín organizaciones paramilitares como la llamada Alianza para la Fe.
En esta guerra contra la secularización del Estado descolló el fundamentalismo ultramontano de Monseñor Builes. Para el purpurado, “los obispos que no defenestran desde el púlpito la apostasía roja no son más que perros echados”. Y su Pastoral 10, 9, 44 reza: “si en las divinas escrituras se os llama Señor de los Ejércitos, contened las fuerzas del infierno (…) burlad sus sacrílegos intentos, tronadles en vuestra ira, conturbadlos en vuestro furor, quebrantadlos con barra de hierro y despedazadlos como artefacto de barro”. Ya el canonizado monseñor Ezequiel Rojas, había llamado a empuñar las armas contra los liberales en la Guerra de los Mil Días.
Las revoluciones liberales separaron hace siglos Iglesia y Estado, disolvieron el haz de poder que mezcló política y religión. Conquista admirable de la modernidad. Pero en Colombia es camino incierto marcado por pugilatos en la Iglesia, que se embarca en la Teología de la Liberación inspirada en Juan XXIII y alcanza su clímax en el Celam de Medellín en 1978, para desbarrancarse luego en el abismo reaccionario de Juan Pablo II y sellar con el broche ominoso de su sabotaje a la paz en el plebiscito de 2016.
Pero el episcopado de Colombia se compromete ahora como mediador en el conflicto y apasionado animador de la reconciliación. Tal vez comprendió que la mengua del rebaño responde a la derrota de la opción social por los pobres; donde no podían sino germinar flores carnívoras como esta del padre Chucho, desapacible émulo de monseñor Builes.
por Cristina de la Torre | Mar 5, 2024 | Marzo 2024, Crímen organizado, Guerrillas, Paz Total, ELN, Clan del Golfo, Violencia, Gustavo Petro, Capitalismo, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Actores del conflicto armado
Se diría que la vieja guerrilla ha vuelto a la política. Pero no ya inspirada en la toma del Estado capitalista para instaurar el socialismo, sino en la suplantación del poder popular para prevalecer como dictadura armada en los territorios y para mejor usufructuar las economías ilegales. Divisa que desnaturaliza su formal disposición al cambio y a la paz. Está por establecerse en qué medida emulan estos grupos al Clan del Golfo en atentados a líderes sociales, 33% de los cuales son dirigentes de Acción Comunal, la organización de mayor arraigo en las comunidades: así eliminan su poder social y amedrentan a la población.
Pero el asedio de grupos armados al poder popular no sólo cobra líderes en organizaciones de base; los negociadores del ELN en particular proceden a su vez contra los diálogos regionales en ciernes y cuya matriz es, precisamente, la participación de las comunidades, directa y libre de coacción. Apuntarían ellos a destruir la autonomía de las organizaciones sociales para monopolizar la agenda en estos espacios colectivos, pese a la legitimidad de la palabra y del quehacer de los pobladores que ninguna mesa puede alienar. De paso, al descalificar los diálogos regionales, desvela el Comando Central del ELN (Coce) su crisis ideológica, de representación y de autoridad.
Juliette de Rivero, vocera de la ONU, sostiene que la violenta incursión de grupos armados en los territorios compromete la gobernabilidad en 206 municipios, destruye su tejido social y la supervivencia física y cultural de la población. Se hace eco del viraje hacia negociaciones regionales, pide al Gobierno formalizar diálogo directo y permanente con las organizaciones de base, fortalecer la gobernabilidad del Estado y su política de seguridad.
Insistiendo en dialogar por su cuenta y riesgo, el Frente Comunero del ELN aplaude la decisión del Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, de convertir la paz en eje de su gobierno, y pide instalar mesa en ese departamento. Para el mandatario, los diálogos no pueden ser sólo con los armados sino con todos los actores del territorio. En la misma dirección van los gobernadores de Arauca, Meta y Chocó, destinatarios de la regionalización del diálogo que el presidente Petro ofreció en su correría por el Pacífico, y que en Nariño suscitó multitudinaria manifestación de apoyo. El EMC se sumaría al modelo de negociación por bloques.
La idea no podía sino precipitar la crisis en el ELN, pues pone en riesgo el control que el Coce aspira a ejercer sobre los mandos regionales de esa guerrilla, cuando salta a la vista la falta de representatividad de la vieja dirigencia y de sus delegados en la mesa nacional. Carlos Arturo Velandia, antiguo comandante del grupo armado, ha dicho que el 70 por ciento de la organización no está representado en ella.
Otty Patiño, comisionado de paz, señala que no son ya los viejos del ELN quienes dirigen la guerra. Ignoran que la guerrillerada es petrista, que proyecta sus ideales en las propuestas de cambio del presidente y se aviene a trocar las armas por la política. En entrevista concedida a Cambio, afirma Patiño que las comunidades están hartas de la guerra y de los abusos de los armados. Hace votos porque los negociadores de paz sean quienes están librando la guerra. Antonio García ejercería un liderazgo “muy negativo”, basado en la vieja idea de que es el arma lo que le da identidad al revolucionario. Pues no es el arma, responde Patiño, es su disposición a transformar la realidad.
Remata el Comisionado con una advertencia perentoria: el Gobierno no dialogará con grupo armado que amenace o mate a firmantes de paz o a líderes sociales. Será línea roja de la negociación.
Coda. Sentido pésame por la muerte de Roberto Hinestroza Rey.
por Cristina de la Torre | Mar 12, 2024 | Modelo de mercado, Marzo 2024, Reforma política, Protesta social, Desarrollo agrícola, Impuesto progresivo, Violencia, Reforma Rural, GEA, EPM, Especulación Financiera, Libre Mercado, Reforma tributaria, Reforma Fiscal, Banca, Derecha, Modelo Económico, Justicia, Corrupción, Modelo Económico en Colombia
Hoy vuelven ellas en defensa de sus privilegios como avanzada contra el reformismo, ave rara en el régimen más conservador del continente. Con excepciones que confirman la regla, como la de un Carlos Enrique Cavelier, empresario promotor de la productividad campesina. El cambio propuesto en este Gobierno -modesto por comparación con los derechos y necesidades de la mayoría- desafía la tradición del Estado que responde a intereses particulares de la clase dirigente y, en políticas públicas, concede espacios a razón de centímetros por metro, según el ímpetu del reclamante. O ni eso. Como se infiere de los cincuenta mil manifestantes del 7 de marzo arrastrados por una campaña de propaganda construida sobre la demagogia, la mentira y el miedo contra las reformas que cursan en el Congreso. Instrumento de una oposición letal a cambios elementales en un país donde trece millones de ciudadanos no hacen tres comidas diarias. Conspicuo doctrinero y activista de esta derecha cerril, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, blande mazos desde el flanco de un deshonroso exfiscal contra todo amago de transformación.
Pero el modelo de mercado que ha multiplicado gabelas a sus selectos beneficiarios va desnudando sus vergüenzas. Versión renovada del rentismo como política de Estado que, en palabras de Hernando Gómez Buendía, favorece -entre otros- con crédito subsidiado y exenciones tributarias a industriales y empresas con nombre propio. Matriz de conglomerados económicos, con la Carta del 91 derivaron éstos en tres grupos financieros dueños del país. El secreto, la forzosa intermediación de nuestra banca privada en el financiamiento del Gobierno. Y con escandaloso diferencial bancario: entre 2000 y 2016, la diferencia entre tasas de captación y de colocación fue del 102%. Un obstáculo severo al desarrollo económico, dirá nuestro analista. Como que una tajada macanuda de la deuda pública resulta contraída con bancos de los Grupos Aval, Davivienda y Empresarial Antioqueño.
Si la dupla capital público y privado resulta vital para el desarrollo en clave de reindustrialización, por qué no retomar el modelo de economía mixta que predominó en tiempos de Alberto y Carlos Lleras bajo la égida de la Cepal y dio lugar a la industrialización por sustitución de importaciones, adaptándolo a las condiciones de la hora. Entonces Colombia creció al 5.2%, la industria al 6.2% y los salarios al 5.4%. Por qué no volver a la planificación concertada con el sector privado, un paso en cuya dirección pudo perfilar el encuentro del Gobierno con grandes empresarios en diciembre. Fruto inicial, la inversión a dos manos de DPS y el grupo Aval para contribuir a mejorar la vida en la Guajira. No queremos que sea donación o ayuda humanitaria, declaró Sarmiento, la meta es ofrecer soluciones a los problemas estructurales. ¿Y no es esta la divisa del desarrollo? ¿Estaría el Grupo Aval dispuesto también a moderar réditos de su intermediación financiera para el Gobierno?
Las de Cavelier son iniciativas en marcha, efecto de demostración de su poder transformador si se proyectan como políticas de Estado. Entre otras, fundó una cooperativa para comprarles leche a campesinos reinsertados; empezaron con 1.000 litros y, a poco, llegaron a 60.000. De otro lado, a la reactivación de la red férrea que potenciará el transporte de carga y conectará el centro del país con los puertos, se han integrado firmas que a corto plazo trabajarán bajo la fórmula de Asociación Público-Privada. Pasos se dan. ¿Por qué no proyectarlos hacia un modelo formal de economía mixta con planificación concertada? ¿O rendirá más votos la oposición que obstruye y vocifera para ocultar con el griterío la intención de salvaguardar hasta la última migaja de sus privilegios?
por Cristina de la Torre | Feb 27, 2024 | Febrero 2024, Campesinado, Guerrillas, Fuerzas Armadas, ELN, Violencia, AUC, Restitución de Tierras, Paramilitarismo, Uribismo, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, Impunidad, Justicia, Actores del conflicto armado
¡Como si nos faltaran mesnadas y grupos armados! Sin medir el riesgo de revivir las Convivir – germen del paramilitarismo al que muchos ganaderos se asociaron de buena gana- José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, invita a integrar Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera para responder a la inseguridad que también a ellos afecta. Se trata de “construir un tejido social que los proteja de los bandidos”, redes de apoyo pacíficas que adviertan a las autoridades sobre riesgo o comisión de delitos contra empresarios de bien.
Discurso idéntico al que justificó la creación de aquellas cooperativas que, con pretexto de legítima defensa, derivaron en la mayor fuerza homicida de una guerra que cobró 9 millones de víctimas. Así justificó su creación Pedro Juan Moreno, a nombre del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe: tenían ellas “el propósito altruista de interrelacionar la población civil con las autoridades legítimamente constituidas y crear entre la ciudadanía de bien una conciencia de colaboración con las instituciones del Estado…” Fedegán las apoyó, el puño en alto, y pidió que hubiera Convivir en todos los municipios y veredas.
Cómo negar que ganaderos fueron víctima de extorsión, abigeato y secuestro por las guerrillas. Que estas asesinaron a José Raimundo Sojo, directivo de Fedegán y, no ha mucho, el ELN secuestró al ganadero Heriberto Urbina. Mas las agresiones derivaron al punto en pretexto contrainsurgente para organizarse en autodefensas. Junto con paramilitares y narcotraficantes, se ensañaron ellas en la población inerme, a bala y motosierra, y operaron una contrarreforma agraria que arrebató 6 millones de hectáreas a pequeños campesinos.
Con razón descalifica el Ministro de Defensa la iniciativa: el Gobierno no patrocina o promueve proyectos que vinculen particulares a organizaciones de reacción contra el delito, declara, porque son formas de autodefensa. La Fuerza pública es la única autorizada para combatir la delincuencia. Una cosa es la colaboración de la ciudadanía con la autoridad y otra, la organización de grupos ciudadanos para enfrentarla. No demoró el ganadero Ofo Morón, coordinador del CD en el Cesar, en acusarlo de “alfil” de la izquierda. Y Joaquín Ovalle lo instó a renunciar: un tipo que ataca a los ciudadanos de bien, espetó, apoya a la delincuencia.
Nada nuevo bajo el sol. Hace casi 90 años, la defensa armada de grandes fundos ahogó en la Violencia la reforma agraria de López Pumarejo. Desde entonces, resurge ésta periódicamente; hasta el año pasado cuando, a la voz de reforma rural, de titulación y restitución de tierras, exhibió una ruidosa senda de camionetas fantasma que transportaban hombres en camuflado y armados. Pese a que el Gobierno les compra ahora tierras a precio de oro, quieren los ganaderos ganar con cara y con sello.
Vienen bien apertrechados de oscuros pergaminos. En cabeza de Convivires fungieron paramilitares. Salvatore Mancuso y dos ganaderos de renombre fundaron la Horizonte. El Espectador revela archivos sobre participación de reconocidos dirigentes ganaderos en la Convivir Papagayo. Declaró Hasbún a la Fiscalía haber fundado un grupo paramilitar en compañía de ganaderos, 91 de los cuales contribuyeron a financiarlo. El investigador Mauricio Romero recuerda (Razón Pública, 16,7,18) que en 2006 admitió la dirigencia de Fedegán que su gremio había financiado a paramilitares en el pasado.
Y por lo alto: Jorge Visbal, expresidente de Fedegán, fue sentenciado a 9 años de prisión por vínculos con paramilitares; el exgobernador de Córdoba y gerente del Fondo Ganadero de ese departamento, Benito Osorio, a 19 años, por la misma razón. ¿Puede Lafaurie ignorar el engendro que incursionó en el gremio? ¿Mide él las previsibles consecuencias de su juego con candela?
