por Cristina de la Torre | Abr 2, 2024 | Abril 2024, Iglesia Católica, Estado laico, Paz Total, Fascismo, Violencia, La paz, Iglesias
Una velada incitación a la acción intrépida formula en plena misa el padre Chucho, en el país que se desangra. Advierte a grandes voces el prelado, Jesús Orjuela, que Colombia “se prepara para una guerra civil (pues) el pueblo sufre por un hombre que quiere destruir”. Evoca discurso y escenario de tonsurados que en tiempos de la Violencia instaron desde el púlpito a matar liberales, voz cantante del oscurantismo homicida del laureanismo que entre los fascismos había escogido el de Francisco Franco. Hieren doblemente sus palabras porque reabren heridas de aquella guerra santa y porque en la Iglesia ha terminado por prevalecer el compromiso con la paz. Monseñor Omar Sánchez, arzobispo de Popayán, reconvino al cura de marras: “uno no puede confesarse cristiano y manifestar signos de muerte … que destruyen vidas”, declaró. Se precave el prelado contra horrores que, si no obedecen hoy a conflicto entre liberales y conservadores, reeditan su pauta sangrienta: la insurrección retardataria cobró en solo un día 150 vidas en el pueblo de Ceilán.
Con la Violencia se respondió a las reformas sociales de la Constitución de 1936 pero, sobre todo, al desmonte del Estado confesional que perpetuaba el imperio de la Iglesia sobre la vida pública y privada en la nación. La Revolución en Marcha enfrentó el Concordato que imponía en la educación el dogma y la moral católicos y, fundando el orden político en la religión, extendía el régimen de privilegio de la Iglesia también al estatus ciudadano.
Jerarquía de la Iglesia y dirigencia conservadora alentaron, a una, la rebelión contra el “diabólico estatuto”. Alberto Lleras escribió: las campañas de tipo fascista vienen de “eclesiásticos ardorosos que están organizando campesinos y estimulando una cristiana insurgencia de clase”. Para la Iglesia, la reforma de López Pumarejo es sacrilegio; para el partido azul, un atentado a la identidad conservadora edificada en la simbiosis de lo sagrado y lo político. Recuerda Daniel Pécaut que, con apoyo del episcopado y de miembros del notablato económico, se crearon en Medellín organizaciones paramilitares como la llamada Alianza para la Fe.
En esta guerra contra la secularización del Estado descolló el fundamentalismo ultramontano de Monseñor Builes. Para el purpurado, “los obispos que no defenestran desde el púlpito la apostasía roja no son más que perros echados”. Y su Pastoral 10, 9, 44 reza: “si en las divinas escrituras se os llama Señor de los Ejércitos, contened las fuerzas del infierno (…) burlad sus sacrílegos intentos, tronadles en vuestra ira, conturbadlos en vuestro furor, quebrantadlos con barra de hierro y despedazadlos como artefacto de barro”. Ya el canonizado monseñor Ezequiel Rojas, había llamado a empuñar las armas contra los liberales en la Guerra de los Mil Días.
Las revoluciones liberales separaron hace siglos Iglesia y Estado, disolvieron el haz de poder que mezcló política y religión. Conquista admirable de la modernidad. Pero en Colombia es camino incierto marcado por pugilatos en la Iglesia, que se embarca en la Teología de la Liberación inspirada en Juan XXIII y alcanza su clímax en el Celam de Medellín en 1978, para desbarrancarse luego en el abismo reaccionario de Juan Pablo II y sellar con el broche ominoso de su sabotaje a la paz en el plebiscito de 2016.
Pero el episcopado de Colombia se compromete ahora como mediador en el conflicto y apasionado animador de la reconciliación. Tal vez comprendió que la mengua del rebaño responde a la derrota de la opción social por los pobres; donde no podían sino germinar flores carnívoras como esta del padre Chucho, desapacible émulo de monseñor Builes.
por Cristina de la Torre | Mar 5, 2024 | Marzo 2024, Crímen organizado, Guerrillas, Paz Total, ELN, Clan del Golfo, Violencia, Gustavo Petro, Capitalismo, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Actores del conflicto armado
Se diría que la vieja guerrilla ha vuelto a la política. Pero no ya inspirada en la toma del Estado capitalista para instaurar el socialismo, sino en la suplantación del poder popular para prevalecer como dictadura armada en los territorios y para mejor usufructuar las economías ilegales. Divisa que desnaturaliza su formal disposición al cambio y a la paz. Está por establecerse en qué medida emulan estos grupos al Clan del Golfo en atentados a líderes sociales, 33% de los cuales son dirigentes de Acción Comunal, la organización de mayor arraigo en las comunidades: así eliminan su poder social y amedrentan a la población.
Pero el asedio de grupos armados al poder popular no sólo cobra líderes en organizaciones de base; los negociadores del ELN en particular proceden a su vez contra los diálogos regionales en ciernes y cuya matriz es, precisamente, la participación de las comunidades, directa y libre de coacción. Apuntarían ellos a destruir la autonomía de las organizaciones sociales para monopolizar la agenda en estos espacios colectivos, pese a la legitimidad de la palabra y del quehacer de los pobladores que ninguna mesa puede alienar. De paso, al descalificar los diálogos regionales, desvela el Comando Central del ELN (Coce) su crisis ideológica, de representación y de autoridad.
Juliette de Rivero, vocera de la ONU, sostiene que la violenta incursión de grupos armados en los territorios compromete la gobernabilidad en 206 municipios, destruye su tejido social y la supervivencia física y cultural de la población. Se hace eco del viraje hacia negociaciones regionales, pide al Gobierno formalizar diálogo directo y permanente con las organizaciones de base, fortalecer la gobernabilidad del Estado y su política de seguridad.
Insistiendo en dialogar por su cuenta y riesgo, el Frente Comunero del ELN aplaude la decisión del Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, de convertir la paz en eje de su gobierno, y pide instalar mesa en ese departamento. Para el mandatario, los diálogos no pueden ser sólo con los armados sino con todos los actores del territorio. En la misma dirección van los gobernadores de Arauca, Meta y Chocó, destinatarios de la regionalización del diálogo que el presidente Petro ofreció en su correría por el Pacífico, y que en Nariño suscitó multitudinaria manifestación de apoyo. El EMC se sumaría al modelo de negociación por bloques.
La idea no podía sino precipitar la crisis en el ELN, pues pone en riesgo el control que el Coce aspira a ejercer sobre los mandos regionales de esa guerrilla, cuando salta a la vista la falta de representatividad de la vieja dirigencia y de sus delegados en la mesa nacional. Carlos Arturo Velandia, antiguo comandante del grupo armado, ha dicho que el 70 por ciento de la organización no está representado en ella.
Otty Patiño, comisionado de paz, señala que no son ya los viejos del ELN quienes dirigen la guerra. Ignoran que la guerrillerada es petrista, que proyecta sus ideales en las propuestas de cambio del presidente y se aviene a trocar las armas por la política. En entrevista concedida a Cambio, afirma Patiño que las comunidades están hartas de la guerra y de los abusos de los armados. Hace votos porque los negociadores de paz sean quienes están librando la guerra. Antonio García ejercería un liderazgo “muy negativo”, basado en la vieja idea de que es el arma lo que le da identidad al revolucionario. Pues no es el arma, responde Patiño, es su disposición a transformar la realidad.
Remata el Comisionado con una advertencia perentoria: el Gobierno no dialogará con grupo armado que amenace o mate a firmantes de paz o a líderes sociales. Será línea roja de la negociación.
Coda. Sentido pésame por la muerte de Roberto Hinestroza Rey.
por Cristina de la Torre | Mar 12, 2024 | Modelo de mercado, Marzo 2024, Reforma política, Protesta social, Desarrollo agrícola, Impuesto progresivo, Violencia, Reforma Rural, GEA, EPM, Especulación Financiera, Libre Mercado, Reforma tributaria, Reforma Fiscal, Banca, Derecha, Modelo Económico, Justicia, Corrupción, Modelo Económico en Colombia
Hoy vuelven ellas en defensa de sus privilegios como avanzada contra el reformismo, ave rara en el régimen más conservador del continente. Con excepciones que confirman la regla, como la de un Carlos Enrique Cavelier, empresario promotor de la productividad campesina. El cambio propuesto en este Gobierno -modesto por comparación con los derechos y necesidades de la mayoría- desafía la tradición del Estado que responde a intereses particulares de la clase dirigente y, en políticas públicas, concede espacios a razón de centímetros por metro, según el ímpetu del reclamante. O ni eso. Como se infiere de los cincuenta mil manifestantes del 7 de marzo arrastrados por una campaña de propaganda construida sobre la demagogia, la mentira y el miedo contra las reformas que cursan en el Congreso. Instrumento de una oposición letal a cambios elementales en un país donde trece millones de ciudadanos no hacen tres comidas diarias. Conspicuo doctrinero y activista de esta derecha cerril, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, blande mazos desde el flanco de un deshonroso exfiscal contra todo amago de transformación.
Pero el modelo de mercado que ha multiplicado gabelas a sus selectos beneficiarios va desnudando sus vergüenzas. Versión renovada del rentismo como política de Estado que, en palabras de Hernando Gómez Buendía, favorece -entre otros- con crédito subsidiado y exenciones tributarias a industriales y empresas con nombre propio. Matriz de conglomerados económicos, con la Carta del 91 derivaron éstos en tres grupos financieros dueños del país. El secreto, la forzosa intermediación de nuestra banca privada en el financiamiento del Gobierno. Y con escandaloso diferencial bancario: entre 2000 y 2016, la diferencia entre tasas de captación y de colocación fue del 102%. Un obstáculo severo al desarrollo económico, dirá nuestro analista. Como que una tajada macanuda de la deuda pública resulta contraída con bancos de los Grupos Aval, Davivienda y Empresarial Antioqueño.
Si la dupla capital público y privado resulta vital para el desarrollo en clave de reindustrialización, por qué no retomar el modelo de economía mixta que predominó en tiempos de Alberto y Carlos Lleras bajo la égida de la Cepal y dio lugar a la industrialización por sustitución de importaciones, adaptándolo a las condiciones de la hora. Entonces Colombia creció al 5.2%, la industria al 6.2% y los salarios al 5.4%. Por qué no volver a la planificación concertada con el sector privado, un paso en cuya dirección pudo perfilar el encuentro del Gobierno con grandes empresarios en diciembre. Fruto inicial, la inversión a dos manos de DPS y el grupo Aval para contribuir a mejorar la vida en la Guajira. No queremos que sea donación o ayuda humanitaria, declaró Sarmiento, la meta es ofrecer soluciones a los problemas estructurales. ¿Y no es esta la divisa del desarrollo? ¿Estaría el Grupo Aval dispuesto también a moderar réditos de su intermediación financiera para el Gobierno?
Las de Cavelier son iniciativas en marcha, efecto de demostración de su poder transformador si se proyectan como políticas de Estado. Entre otras, fundó una cooperativa para comprarles leche a campesinos reinsertados; empezaron con 1.000 litros y, a poco, llegaron a 60.000. De otro lado, a la reactivación de la red férrea que potenciará el transporte de carga y conectará el centro del país con los puertos, se han integrado firmas que a corto plazo trabajarán bajo la fórmula de Asociación Público-Privada. Pasos se dan. ¿Por qué no proyectarlos hacia un modelo formal de economía mixta con planificación concertada? ¿O rendirá más votos la oposición que obstruye y vocifera para ocultar con el griterío la intención de salvaguardar hasta la última migaja de sus privilegios?
por Cristina de la Torre | Feb 27, 2024 | Febrero 2024, Campesinado, Guerrillas, Fuerzas Armadas, ELN, Violencia, AUC, Restitución de Tierras, Paramilitarismo, Uribismo, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, Impunidad, Justicia, Actores del conflicto armado
¡Como si nos faltaran mesnadas y grupos armados! Sin medir el riesgo de revivir las Convivir – germen del paramilitarismo al que muchos ganaderos se asociaron de buena gana- José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, invita a integrar Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera para responder a la inseguridad que también a ellos afecta. Se trata de “construir un tejido social que los proteja de los bandidos”, redes de apoyo pacíficas que adviertan a las autoridades sobre riesgo o comisión de delitos contra empresarios de bien.
Discurso idéntico al que justificó la creación de aquellas cooperativas que, con pretexto de legítima defensa, derivaron en la mayor fuerza homicida de una guerra que cobró 9 millones de víctimas. Así justificó su creación Pedro Juan Moreno, a nombre del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe: tenían ellas “el propósito altruista de interrelacionar la población civil con las autoridades legítimamente constituidas y crear entre la ciudadanía de bien una conciencia de colaboración con las instituciones del Estado…” Fedegán las apoyó, el puño en alto, y pidió que hubiera Convivir en todos los municipios y veredas.
Cómo negar que ganaderos fueron víctima de extorsión, abigeato y secuestro por las guerrillas. Que estas asesinaron a José Raimundo Sojo, directivo de Fedegán y, no ha mucho, el ELN secuestró al ganadero Heriberto Urbina. Mas las agresiones derivaron al punto en pretexto contrainsurgente para organizarse en autodefensas. Junto con paramilitares y narcotraficantes, se ensañaron ellas en la población inerme, a bala y motosierra, y operaron una contrarreforma agraria que arrebató 6 millones de hectáreas a pequeños campesinos.
Con razón descalifica el Ministro de Defensa la iniciativa: el Gobierno no patrocina o promueve proyectos que vinculen particulares a organizaciones de reacción contra el delito, declara, porque son formas de autodefensa. La Fuerza pública es la única autorizada para combatir la delincuencia. Una cosa es la colaboración de la ciudadanía con la autoridad y otra, la organización de grupos ciudadanos para enfrentarla. No demoró el ganadero Ofo Morón, coordinador del CD en el Cesar, en acusarlo de “alfil” de la izquierda. Y Joaquín Ovalle lo instó a renunciar: un tipo que ataca a los ciudadanos de bien, espetó, apoya a la delincuencia.
Nada nuevo bajo el sol. Hace casi 90 años, la defensa armada de grandes fundos ahogó en la Violencia la reforma agraria de López Pumarejo. Desde entonces, resurge ésta periódicamente; hasta el año pasado cuando, a la voz de reforma rural, de titulación y restitución de tierras, exhibió una ruidosa senda de camionetas fantasma que transportaban hombres en camuflado y armados. Pese a que el Gobierno les compra ahora tierras a precio de oro, quieren los ganaderos ganar con cara y con sello.
Vienen bien apertrechados de oscuros pergaminos. En cabeza de Convivires fungieron paramilitares. Salvatore Mancuso y dos ganaderos de renombre fundaron la Horizonte. El Espectador revela archivos sobre participación de reconocidos dirigentes ganaderos en la Convivir Papagayo. Declaró Hasbún a la Fiscalía haber fundado un grupo paramilitar en compañía de ganaderos, 91 de los cuales contribuyeron a financiarlo. El investigador Mauricio Romero recuerda (Razón Pública, 16,7,18) que en 2006 admitió la dirigencia de Fedegán que su gremio había financiado a paramilitares en el pasado.
Y por lo alto: Jorge Visbal, expresidente de Fedegán, fue sentenciado a 9 años de prisión por vínculos con paramilitares; el exgobernador de Córdoba y gerente del Fondo Ganadero de ese departamento, Benito Osorio, a 19 años, por la misma razón. ¿Puede Lafaurie ignorar el engendro que incursionó en el gremio? ¿Mide él las previsibles consecuencias de su juego con candela?
por Cristina de la Torre | Feb 19, 2024 | Febrero 2024, Crímen organizado, Conversaciones de Paz, Guerrillas, Fuerzas Armadas, ELN, Clan del Golfo, Violencia, Gustavo Petro, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Corrupción, Actores del conflicto armado
Tras un año largo de altibajos y desatinos de Danilo Rueda, Otty Patiño, el nuevo comisionado, reencuentra por fin el propósito estratégico que da sentido a una negociación de paz: erradicar toda gobernanza de ilegales armados en el territorio y lograr su reincorporación a la vida civil, sin fusiles y ateniéndose a la ley. Se trata de devolverle al Estado el monopolio de la fuerza y de la justicia en todos los rincones del país y volcarlo al cambio social, que es prenda de paz.
Empieza Patiño por encarar a la contraparte que viola, una y otra vez, el cese el fuego. Paro armado del ELN en el Chocó, ataque del EMC a una ruta escolar con saldo de dos muertos y a una patrulla del Ejército en Cauca son actos de deslealtad con los acuerdos pues el cese no es permiso para delinquir, les dice, y advierte que la Fuerza Pública podrá actuar en forma “pronta y eficaz” para prevenir y neutralizar hechos de esa laya. Violaciones que confirman el doble rasero de estos grupos: mientras ensanchan su guerra y sus dominios, hablan de paz en la mesa y pontifican y exigen y se indignan y ultrajan la dignidad del presidente. ¿Cuántos de los 27.000 confinados por el último paro armado del ELN acudirán al llamado? ¿Cuántos entre los dolientes de sus decenas de miles de secuestrados? Pero sueñan los elenos con copar el paisaje entero de la política liderando ellos, emisarios del pueblo, la participación de la sociedad toda en la construcción del país añorado. Y querrán colonizar proyectos de laboriosa factura como los Planes de Desarrollo Territorial (PDET), primeros en resultados de la implementación del Acuerdo de Paz.
El cese el fuego ha traído raudales de oxígeno a los armados que lo suscriben, y poco o ningún alivio a las comunidades en los territorios. Para ellas la cosecha no es siquiera franciscana (como lo aventura mi pasada columna); y para aquellos es ventaja de libre acción, ahora sin acometida de la Fuerza Pública, hasta prevalecer por bala y acorralamiento de la población. Sostiene Maria Victoria Llorente, directora de la FIP, que la reducción de índices de violencia en algunas zonas no responde al cese el fuego sino al asentamiento del grupo armado que venció a sus contendores en disputa por el control de economías ilegales, del territorio y de sus gentes. Pero no cesa allí la crueldad del amo contra los pobladores: éste atempera el espectáculo de sus excesos refinando métodos.
Los PDTE son parte del punto uno del Acuerdo de Paz, que busca cambiar la estructura del campo, asegurar los derechos de la población y revertir la miseria y el conflicto. Los PDTE priorizan las zonas más pobres y martirizadas por la guerra, 170 municipios, para acelerar su desarrollo mediante trabajo de comunidades y autoridades a la par. A octubre de 2023, se habían registrado 33.007 iniciativas en educación, salud, reactivación económica, producción agropecuaria, seguridad alimentaria y construcción de paz; producto de 16 encuentros comunitarios en las 16 subregiones que ejecutan ya sus planes de desarrollo.
Acaso el avance hacia aquellos objetivos en los diálogos derive, por su propia dinámica, en supeditación del cese el fuego a dos ceses previos que las comunidades piden a gritos: cese de hostilidades contra ellas, íntimamente atado al cese multilateral del fuego entre armados. Y extensión de los PDTE a un número creciente de municipios. Garantía de su carácter genuinamente democrático será que el Estado preserve con celo la iniciativa sobre ellos. Con su cambio de foco en la negociación, reaviva Patiño la esperanza de paz. Y el presidente Petro cierra con broche de fierro al notificarle al Clan del Golfo: “si no son capaces de desmantelar sus grupos, serán destruidos por el Estado”.
por Cristina de la Torre | Ene 30, 2024 | Enero 2024, Violencia, Capitalismo Social, Capitalismo, GEA, Especulación Financiera, Libre Mercado, Socialdemocracia, Neoliberalismo, Derecha, Modelo Económico, Internacional, Salud, Justicia, Corrupción, Clientelismo
Una inmensa marea de argentinos protestó este 24 de enero contra el desmantelamiento del Estado y la libertad de mercado a todo trance que el presidente Milei se propone. Movilización proporcional a su plan de revivir, extremándolo, el capitalismo en bruto que ofreció ríos de leche y miel, pero disparó la desigualdad, la pobreza y la exclusión en la región. Anacrónico mentor del neoliberalismo que despuntó en el Chile de Pinochet, Milei se postró de hinojos en Davos ante la “revolución conservadora” que hasta sectores del gran capital resienten ya. Pero amigos tiene: por él deliran figuras de la caverna como María Fernanda Cabal, enemiga del “buenismo”, pues la gente, dice, quiere autoridad, libertad y orden. No igualdad.
El mundo está en peligro, advirtió apocalíptico, sus valores se encuentran cooptados por una visión que inexorablemente conduce al socialismo. Sin la versatilidad de Hayek, el doctrinero mayor, repite la trampa de meter totalitarismo soviético y socialdemocracia en el mismo saco. Así, toda versión de capitalismo social, redistributivo, le resulta marxista-leninista. Reivindica sin atenuantes la propiedad privada, el mercado libre y el gobierno limitado. La justicia social, dice, es injusta porque es violenta: se financia con impuestos que el Estado cobra mediante coacción. El Estado no es la solución, es el problema. Lo dirá también César Gaviria, paladín del neoliberalismo en Colombia, en su batalla contra la “estatización” de la salud, derecho ciudadano privatizado en su Gobierno, que quisiera perpetuar como negocio particular.
Al lado de la privatización de funciones y de empresas del Estado, se le dio preeminencia al sector financiero. Gracias a nuestra Carta del 91, terminó la economía del país en manos de dos grupos financieros gigantes: el GEA y el Grupo Aval. Tal su poder, que en los primeros 20 años del modelo la participación del sector financiero en el PIB pasó de 8,8% al 22%. Caso único en el mundo.
La apertura económica, otro puntal del modelo de mercado, desindustrializó. Golpeó dramáticamente la agricultura colombiana, por la radical reducción de aranceles a las importaciones agropecuarias. Se empezó aquí por eliminar las instituciones del sector: Incora, Idema, Caja Agraria. El senador Jorge Robledo verificó que, en los siete primeros años de apertura, las importaciones del sector pasaron de 700 mil toneladas a siete millones. Hasta las hojas de plátano para envolver tamales se compraron en el extranjero. En 30 años, la participación del agro en el PIB cayó del 27% al 7%; y en la industria, del l9% al 11%.
Con apertura económica indiscriminada y veloz en países que hacían sus primeras armas en industria o avanzaban en su sofisticación se frenó el sector y retrocedió a la producción de bienes primarios: minerales, petróleo, materias primas. Ya proponía Smith condenar los países pobres a producir esos bienes y, a los ricos, especializarlos en bienes acabados. Mientras en aquellos crece la pobreza, en éstos aumenta la riqueza.
Señala el teórico Hernán Fair que, como teoría y proyecto político, el neoliberalismo condensa las ideas-fuerza de la nueva derecha que privilegia el mercado y la iniciativa privada sobre el Estado y lo público. Su odiada antípoda, los proyectos democráticos, igualitarios y distributivos. En doctrina y en práctica, se afirma en los privilegios del capital concentrado, y naturaliza niveles inaceptables de pobreza, desempleo, precarización laboral, desigualdad y marginalidad.
Oscuro iluminado, profeta de lo fracasado, rescata Milei del fango el modelo que vende como “moralmente superior” para imponerlo a mazazos. Y se permite, en su fanfarronería, llamar “comunista asesino” al presidente de Colombia.
