“Nosotros hemos sostenido durante años que hubo convivencia del Estado con el paramilitarismo; pero es diferente que lo digan las víctimas a que lo diga el directo y máximo responsable”. Estas palabras de Paola García, cuyos padres fueron asesinados por paramilitares, dan categoría política al reconocimiento de Mancuso —jefe de aquellos victimarios— de los crímenes cometidos. A la confirmación de su alianza con empresarios, hacendados, políticos y militares, que gestó la parapolítica: tuvimos, dijo, alcaldes, gobernadores, congresistas y hasta presidente alcanzamos a ayudar a nombrar. No avanzó nombres ni precisiones. Rodrigo Londoño, comandante de las extintas Farc, reconoció que, pese a sus anhelos de justicia social, los ataques de esa guerrilla a la Fuerza Pública desataron “ríos de sangre” entre civiles. Aunque genérica, más exculpatoria que contrita, la confesión de personeros supremos del horror abre avenidas a la verdad plena del conflicto. Y revela el tejido de justificaciones morales y políticas con el que quisieron legitimar su violencia.
Elocuente ilustración al seguimiento de la ideología que animó a los contendientes, expuesta con maestría a la luz de los acontecimientos por Jorge Orlando Melo, en su último libro Colombia: las razones de la guerra. Para el autor, la violencia es elemento central de la historia de Colombia. Tres ideas entresacadas de la obra:
En la violencia más reciente, entre 1950 y 2016, la justificación ideológica de la guerrilla se afirmó en la existencia de una sociedad injusta y antidemocrática que era preciso cambiar. El Estado legitimó su violencia argumentando lazos de los alzados con una conspiración internacional. La propaganda de los gobiernos trocó la violencia rural entre colombianos en el producto magnificado de una conspiración foránea. Y el paramilitarismo, firme aliado de terratenientes, ejerció la suya amparado en el derecho de defensa personal; y dio por subversiva toda movilización social.
La izquierda insurrecta se justificó en el derecho de rebelión contra el tirano y la democracia restringida del Frente Nacional, que asimiló a las dictaduras militares de la región. A la acción armada contra el Estado sumó la guerrilla crímenes horrendos como el secuestro; y el fusilamiento por “traición” de disidentes políticos en sus propias filas. Respondió el establecimiento con un reformismo pobretón pero, sobre todo, con una cruzada anticomunista envolvente (que hoy renace con vigor inusitado). Elemento central de esta violencia fue la alianza contrainsurgente y acaparadora de tierras entre políticos, hacendados, narcotraficantes y uniformados, que ya Mancuso señalara como germen del paramilitarismo.
Sostiene Melo que el choque entre guerrillas y paramilitares —con apoyo del Estado y de amplios sectores sociales— explica la larga duración del conflicto colombiano y las formas de violencia extrema que adoptó. Si bien no se justifica ya un proyecto político paramilitar ni el insurreccional de la guerrilla, 70 años de conflicto armado arrojan un país más inclinado a la derecha, a reformas de epidermis que no toquen la ortodoxia capitalista. Y concluye: quienes propendan al cambio deberán abrevar en el núcleo del individualismo ilustrado de los derechos del hombre y el ciudadano; en la búsqueda de la sociedad libre, igualitaria y creativa que el propio Marx había retomado de Locke y de Rousseau. Con proyecto de reformas creíble expresado en lenguaje que defina claramente recursos, mecanismos y procesos.
Quedaría demostrado que la violencia sólo conduce a más violencia y al refinamiento de los mecanismos de dominación. Lo que se infiere, entre otras, de la tibia pero inédita contrición de Mancuso y Londoño. Tras la paz con las Farc, la verdad trae nueva esperanza del fin de la violencia.
