CONFLICTO INTERNO |
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TEMAS / Columnas sobre CONFLICTO INTERNO
La Paz Total necesita un viraje
Cuando menos se esperaba, en la trama más punzante entre antagonistas, podría terminar Petro emulando a Álvaro Uribe: repetiría el desatino de conceder estatus político a organizaciones criminales. Lo intentó el expresidente en 2005 tras el Pacto de Ralito con las Autodefensas, pero la Corte Suprema esquivó el lance, pues la mayoría de sus jefes eran una y misma cosa con el poder mafioso y el narcotráfico.
Calibrar diálogo con el ELN
Respira aires de superioridad moral que riñe con conductas non-sanctas, aun en situación de guerra. La religión como marca de origen en el ELN sacralizó la vocación redentora del revolucionario y -como en toda guerra santa- pareció justificarlo todo: la tiranía del jefe fundador que pasó por las armas en sus propias filas a cuanto contradictor amenazara hacerle sombra
Reforma agraria: manos a la obra
Todo indica, por ahora, que no se repetirá esta vez el sino de casi un siglo: a cada intento de reforma agraria, respuesta sangrienta de los señores de la tierra, con su avanzada armada. Pretexto invariable, la lucha contra el comunismo, que pretende colectivizar la tierra.
¿Y la verdad de los empresarios?
Tanto alarde de dignidad ofendida entre empresarios de discutible honradez en el conflicto mueve a sospecha: ¿para salvar la cara y la faltriquera, seguirán endilgando a otros sus culpas? Nuestro paramilitarismo no se contrae a la acción de derechas armadas en la guerra. Muchos empresarios, políticos, militares, funcionarios y narcotraficantes semejan electrones del átomo que gravitan en torno a un núcleo de pistoleros: integran una y misma cosa.
Perdón y olvido para quién
Si la Violencia enfrentó a liberales y conservadores, hay quienes presentan el conflicto del último medio siglo como confrontación entre patriotas y el “enemigo interno”. Pero mucho ha cambiado. No se mueve ya la gente por banderías de partido sino por derechos políticos y sociales; y un nuevo actor ocupa el estrado de la política: las víctimas. Sin ellas, sin ajustarse a los límites jurídicos de la amnistía, sin verdad, reparación y garantía de no repetición, vano será cualquier intento de perdón y olvido. Acudir en el ocaso del poder a la autoamnistía para escamotear el juicio de la historia es viejo recurso de dictadores; como los militares argentinos en 1983. No quiera el expresidente Uribe contemplar siquiera tan desapacible expediente. Muchos esperan de él la gallardía de allanarse a la verdad, el más preciado regalo que diera a sus compatriotas. Y aporte fecundo a las memorias del conflicto.
Colombia: ¿violencia política sin fin?
En la violencia más reciente, entre 1950 y 2016, la justificación ideológica de la guerrilla se afirmó en la existencia de una sociedad injusta y antidemocrática que era preciso cambiar. El Estado legitimó su violencia argumentando lazos de los alzados con una conspiración internacional. La propaganda de los gobiernos trocó la violencia rural entre colombianos en el producto magnificado de una conspiración foránea. Y el paramilitarismo, firme aliado de terratenientes, ejerció la suya amparado en el derecho de defensa personal; y dio por subversiva toda movilización social.
La izquierda insurrecta se justificó en el derecho de rebelión contra el tirano y la democracia restringida del Frente Nacional, que asimiló a las dictaduras militares de la región. A la acción armada contra el Estado sumó la guerrilla crímenes horrendos como el secuestro; y el fusilamiento por “traición” de disidentes políticos en sus propias filas. Respondió el establecimiento con un reformismo pobretón pero, sobre todo, con una cruzada anticomunista envolvente (que hoy renace con vigor inusitado). Elemento central de esta violencia fue la alianza contrainsurgente y acaparadora de tierras entre políticos, hacendados, narcotraficantes y uniformados, que ya Mancuso señalara como germen del paramilitarismo.
Ingrid: “La guerra fracasó”
Violento el contraste. Literalmente. Mientras el Gobierno Duque innova en horrores contra la protesta ciudadana, pisotea el Acuerdo de Paz y reanima el conflicto, Ingrid Betancur y Rodrigo Londoño protagonizan perturbador encuentro entre víctimas de secuestro y sus victimarios, pero ambos abrazan el principio de la reconciliación: su repudio a la guerra. Aunque con reservas sobre el tono “acartonado” de sus adversarios y abundando en reclamos, dijo ella que “quienes actuaron como señores de la guerra y quienes los padecieron nos levantamos al unísono para decirle al país que la guerra es un fracaso, que sólo ha servido para que nada cambie y para seguir postergando el futuro de nuestra juventud […]. Esta es nuestra verdad colectiva y [sobre ella] debemos construir una Colombia sin guerra”. Pidió perdón Timochenko “con la frente inclinada y el corazón en la mano”; y reafirmó que no debe responderse a la violencia con más violencia. Largo y tortuoso recorrido debieron transitar las Farc desde la exculpatoria calificación de “error” a sus 21.000 secuestros, hasta reconocerlos como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Santos: prueba ácida para el Ejército
En muestra de pundonor que devuelve dignidad al Estado democrático, un expresidente de la República reconoce la responsabilidad del Ejército como institución en el genocidio de los llamados falsos positivos. Por vez primera se sindica del horror al Arma mayor sin acudir al socorrido expediente de las manzanas podridas. Ante la Comisión de la Verdad pidió Juan Manuel Santos perdón, “desde lo más profundo de mi alma”, a las madres de los sacrificados en esta larga “cadena de crímenes horrendos”. Con 6.402 casos alcanzó la infamia su más alta cota en el Gobierno de Álvaro Uribe, cuyo ministro de Defensa fue Santos. Una práctica criminal del Ejército, dijo, por la cual se sentía él moralmente comprometido. Si bien hizo cuanto pudo para descubrirla y la cortó de un tajo, se permitió al principio largos meses de inacción frente a rumores de hechos que le resultaban inconcebibles. A principios de 2007 se toparía con los primeros casos, lo que condujo a la destitución de 30 altos oficiales (3 generales comprendidos), a instrucción perentoria de respeto al DIH –que la doctrina Damasco recogería después– y a la identificación de los comandantes asociados a los hechos.
6.402 atrocidades de la seguridad democrática
Ya no cabe duda. El encarnizamiento de Álvaro Uribe contra la JEP denuncia pánico en el expresidente. Terror de ver imputado su Gobierno por la comisión del 78% de falsos positivos, una atrocidad sin paralelo en el Continente. Juego de niños parecerán los crímenes de las dictaduras latinoamericanas frente a estos 6.402 asesinatos certificados de civiles inocentes por soldados que ejecutaron una política de exterminio torpemente aupada desde la cima del poder entre 2002 y 2008. Que a ello condujo la Directiva No. 25 del entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, sobre pago de recompensas por captura o muerte de insurgentes. Ponerle precio a la muerte fue prefabricar éxitos militares con falsas bajas guerrilleras y hacer la vista gorda ante comandantes que exigían a la soldadesca “ríos de sangre”.
Verdad y simulación ensotanada
Intrépido defensor de su propia impunidad, vuelve al ataque Uribe contra la verdad que lo comprometería en delitos de marca mayor. Porfía en disolver la JEP, escenario de revelaciones sobre la guerra que cuestionan su inocencia y amenazan su libertad. En país donde la hipocresía ensotanada es ley, simula honor mancillado para salvar el pellejo. Se desenvuelve el expresidente con soltura en este reino de la mentira, en el hábito de disimulo y encubrimiento que, según el historiador Luis Alberto Restrepo, es en parte fruto del ejemplo y de la formación ética impartida durante seis siglos por la Iglesia Católica en Colombia. Por su parte, Eduardo Cifuentes, nuevo presidente de la JEP, adivina en quienes quieren derogarla el miedo a la verdad, justamente cuando este tribunal comienza a descubrir verdades completas y reconocimiento de responsabilidades.
Cristina de la Torre