El hiperpresidencialismo de la nueva Constitución ecuatoriana es pálido reflejo de los excesos que se practican hoy en Colombia. Allá, la incursión del ejecutivo en los órganos de justicia y de control dizque busca medios para remontar los estragos de 20 años de neoliberalismo. Ver para creer. Pero en Colombia, no sólo va concentrando todos los poderes en la persona del Presidente Uribe, sino que quiere neutralizar la acción de la justicia contra el delito. Dígalo, si no, el rosario de escándalos que rodea al propósito de proteger contingentes del uribismo sindicados de aliarse con el crimen, y de burlar las decisiones de los tribunales contra funcionarios del alto gobierno.
Ultimo fruto del golpe de mano: la operación salvamento del Ministro Palacio, acusado de cohecho, por graciosa intervención del Consejo de la Judicatura donde debutan fichas del Presidente como el inefable Ovidio Claros. 5 de los 7 magistrados de la Sala que se pronuncia son uribistas, y al finalizar el año lo serán todos. Este hecho, unido a la reforma de la justicia que apadrina el ministro del ramo, se propone debilitar a la Corte Suprema (que procesa la parapolítica); abrir un boquete por donde escapen de sus celdas los implicados; y allanarle el camino a un proyecto de largo alcance afirmado en las elites más conservadoras y en nuevos sectores que a veces se disputan a sangre y fuego una posición de mando en la sociedad.
No otra cosa se infiere de la frescura con que el Presidente abraza la causa de su Ministro Valencia, hermano, promotor, jefe político y defensor en la sombra del Director de Fiscalías de Antioquia, sorprendido en andanzas íntimas con la mafia del narcotráfico. “Ni un paso atrás, Ministro”, le dijo Uribe, cuando el país y el mundo se preguntaban atónitos si un demócrata podía mantener en el cargo a un hombre en funciones presidenciales que así despreciaba su responsabilidad política. Pues si, al parecer el Presidente lo sabía todo.
Informa Semana que el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, le había advertido sobre graves sospechas de infiltración de la mafia en la Fiscalía de Medellín. Y reafirmó en Cambio que desde 2004 venía insistiéndole en la denuncia. En debate parlamentario memorable, se pregunta el senador Jorge Enrique Robledo por qué el gobierno no le paró bolas. ¿Acaso porque el funcionario viene protegido por su hermano desde Palacio, de la misma manera que el Presidente no actúa frente al Ministro como Jefe de Estado sino “como padrino”?
Pero del ascendiente de los Valencia en el alto gobierno participan los socios de Guillermo, el menor, miembros de “una banda peligrosísima de delincuentes, narcotraficantes y paramilitares”, dice Robledo. De Felipe Sierra, el empresario de aquella cofradía, se dice que se paseaba alegremente por los consejos comunales y de seguridad del Presidente Uribe.
Si en Ecuador se quiere justificar el autoritarismo en aras de “un mejor vivir”, en Colombia el gobierno atropella a los poderes públicos por ansia de gloria y para construir el nicho de poder que la venalidad reclama, por encima de la ley. Si el Presidente no fustiga ya la corrupción y la politiquería, será para no contradecir la entraña misma de su gobierno. Es de temer que tampoco podrá hablar ya contra el delito, que se pasea, desafiante, hasta en la Casa de Nariño.
