Si no naufragó EPM con el desastre de Hidroituango, menos sufrirá ahora por un reajuste a la vista del modelo corporativo que la gobierna. Incierta la independencia de miembros de la junta renunciada frente a las firmas responsables de una afectación de $9,9 billones, se menoscabó la confianza entre las partes. Y sufrió el control recíproco entre el propietario público –Medellín– y el administrador privado –notables del empresariado antioqueño– Se desbalanceó el juego de pesos y contrapesos entre actores que en el Estado de bienestar se alían en vista del bien común. El caso no es fortuito, es frecuente vicisitud del modelo.
Mas al reiterado anuncio del alcalde Quintero de devolverle a la ciudadanía por vía judicial lo perdido, respondió la junta con espectáculo de pánico moral. Asistimos a la altisonante indignación de parte del empresariado que vive del recuerdo de la industrialización que fue, pero flaquea cuando el bolsillo de los amigos peligra. Así, el intento de recuperar el equilibrio corporativo en EPM y de reacomodar las cargas se resuelve en crisis. Y los que andan en campaña, Federico Gutiérrez, Luis Alfredo Ramos, Sergio Fajardo, se declaran preocupados por los sucesos e, indiferentes a la tronera que se abriría en las finanzas de EPM y del municipio si no se recupera la plata, arrojan fósiles de la caverna: que el alcalde es lobo con piel de oveja, amigo de ideologías (¡), castrochavista y azuzador de la lucha de clases. Ni piden explicaciones ni quieren saber (¿no saben?) si en Hidroituango se traspasaron las líneas del decoro por favorecer a contratistas amigos.
Según el alcalde, “algunos miembros [de la junta], lo sabe Medellín entera, tuvieron o tienen relaciones muy cercanas con los consorcios demandados”. En efecto, para mencionar sólo un caso, Andrés Bernal fue directivo de Sura, aseguradora en litigio potencial con EPM, mientras oficiaba como miembro de su junta directiva. Fue también directivo de Argos, gran proveedor de cemento y concreto de Hidroituango. En 2014, la junta de EPM declinó acción judicial contra Integral y Conconcreto por enormes sobrecostos en la presa Bonyic en Panamá, dizque por ser estas firmas “aliadas” de EPM. La Contraloría de Medellín reconvino a EPM por su “compadrazgo con los contratistas”. Paulina Aguinaga, concejal del CD, denunció que cuatro miembros de la junta directiva que acaba de renunciar participaron de aquella decisión.
Sobrecostos de billones hubo, dijo Quintero, en muchos proyectos: en Orbitel, en Antofagasta, en Bonyic, en Pore III, en Hidroituango; y “difícilmente alguien respondía”. Ejemplos de intereses cruzados pululan: tres exgerentes de EPM venían de Conconcreto, Integral y Argos: Juan Felipe Gaviria, Federico Restrepo y Juan Esteban Calle, respectivamente. “Cómo esperar, se pregunta Vargas Lleras, que una junta directiva con unos vínculos de amistad o de negocio tan fuertes pudiera tomar la decisión de demandar a Conconcreto, a Coninsa, Integral o Sura. Imposible”.
El gobernador Suárez llama al diálogo. Si en el pasado, dice, pudimos superar la violencia más dura provocada por el narcotráfico y el conflicto, hoy se impone el trabajo armónico de todos: academia, sector público y social, empresariado y ciudadanía. También en el pasado conjuraron ellos, todos a una, la fiebre privatizadora que amenazó a EPM. Ha vuelto el imperativo de sellar el boquete privatizador del más preciado bien público de Antioquia, esta vez mediante vasos comunicantes entre algún directivo de la empresa y sus contratistas. La salida, revitalizar el pacto público-privado que en EPM había alcanzado su más refinado grado de depuración y eficacia. Empezando por nombrar una junta directiva de probada independencia.
