A siete billones de pesos ascienden por ahora los costos del desastre de Ituango. Y ya muestra sus fauces el secular patrón del abuso que en contratación público-privada socializa las pérdidas y capitaliza en la faltriquera del negociante de turno las ganancias. EPM propone descargar la billonaria pérdida en la ciudadanía, feriando empresas que a ésta le pertenecen. Y pone en riesgo la inversión social de Medellín, que se nutre mayormente de EPM. Pero el gobernador Luis Pérez echa mano de concluyente informe de la Contraloría según el cual EPM tomó decisiones sin sustento técnico suficiente, para notificar que la autoridad departamental no responderá por los errores técnicos del consorcio constructor. Si la contingencia, dice Pérez, no se presentó por fallas geológicas sino por errores en la construcción, entonces son los contratistas quienes deben responder: Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa. Con más veras, se dirá, si median dudas sobre la pulcritud del contrato que enganchó a la firma brasileña.
Mas, para ganar liquidez en la emergencia, lejos de apretar a los responsables, EPM venderá su participación en ISA, en las chilenas Aguas de Antofagasta y Cururos. El retraso en las obras de Hidroituango engloba lucro cesante de $4 billones (dinero que en tres años no recibirá por suministro de energía), $2 billones para concluir la obra y $1 billón por contingencia de las comunidades afectadas. Globo optimista, pues sólo dentro de cuatro meses se conocerá el grado de destrucción producido en la sala de máquinas, corazón de la obra.
Según la Contraloría, el taponamiento de los túneles diseñados para regular el cauce obedeció más a criterios económicos (de ahorro) que técnicos. “En su reemplazo, EPM construyó el túnel que al colapsar generó la falla del sistema (…) EPM perdió el control hidráulico del proyecto y el plan de contingencia no tenía previsto el riesgo catastrófico ocurrido”. Además, ocultó información e incumplió sistemáticamente las obligaciones que la autoridad ambiental le imponía. De palabra, que no de obra, pues nunca se impuso ésta sobre el negligente. Para el contralor Maya, los daños sociales y ambientales causados son incalculables. El ente de control registró 35 hallazgos disciplinarios y penales, hoy en manos de la Procuraduría y la Fiscalía.
Grave. Asegura la Fiscalía tener evidencia seria de pagos irregulares en la contratación de Hidroituango. El Espectador (2, 28, 17) informa que el alcalde Federico Gutiérrez denunció en esa fecha irregularidades en la contratación de EPM con Camargo Correa, y la fiscalía le abrió a la firma investigación preliminar, previa inspección judicial a las oficinas de EPM en Medellín. La concejal del Centro Democrático Maria Paulina Aguinaga había denunciado las irregularidades en la contratación que hoy ocupan la atención de la Fiscalía; sus cuantiosas adiciones y modificaciones a los contratos. Y El País de España revelaba que el grupo brasileño había pagado sobornos a altos funcionarios de Latinoamérica por valor de 788 millones de dólares. A la manera de Odebrecht. ¿A más de incompetente corrupto?
Concejales de Medellín apoyarían la venta de acciones de EPM en ISA; pero piden a los órganos de control que, amortiguada la emergencia, señalen a los responsables del desastre. De fracasar el proyecto, las pérdidas serían de $9 billones y sumirían en crisis las finanzas de la ciudad. El exviceministro Daniel Quintero remata: si en lugar de los contratistas brasileros asume EPM esos costos, cada familia de Medellín perdería $20 millones. Y se confirmaría el negro sino: con complicidad del primer necio que pasa por gerente, cualquier angurriento sin escrúpulos podrá embolsillarse la empresa más querida de los antioqueños.
