¿Incuria? ¿Insolencia? ¿Indignación porque el Hospital San Vicente Fundación de Medellín entregue lo mejor de la medicina a la población más pobre? En su abominable política de proteger el negocio de las EPS, el Gobierno estrangula a clínicas y hospitales. El de San Vicente, patrimonio moral y científico de los antioqueños y de Colombia, pionero en trasplante de órganos en América Latina, teme cerrar servicios de cirugía y medicina interna. Sus salas de urgencias colapsan con miles de pacientes adicionales de Saludcoop y Comeva, a quienes éstas han negado atención médica en otras instituciones. Lleva meses rogando a sus proveedores que, por demorar pagos, no le suspendan el suministro de medicamentos, de alimentos para los enfermos, de lavandería. No pudo cubrir este mes la factura de energía, agua y gas. Glotonas incontinentes mimadas de la Ley 100, no le pagan las EPS los $300.000 millones que le adeudan. Y el Gobierno ha dejado desbordar su flujo regular de fondos por encima de los $40.000 millones.
Pero este hospital se juega la vida por la vida de los pacientes. Desde su presidente, doctor Julio Ernesto Toro, hasta el último camillero, todos comparten allí la ética de no negarle a nadie afecto, consideración y atención avanzada si la requiere. Lleva 102 años haciéndolo, y no se precia de ser institución de puertas abiertas sino sin puertas. Encabezará mañana en la capital antioqueña el plantón nacional de protesta de clínicas y hospitales que se precipitan, todos, al abismo: $12 billones les deben las EPS, $5,3 de ellos a los hospitales públicos. Sin amago de pago. Y el ministro ahí. Con sus luces de bengala en la prensa y sus paños de agua tibia, que tampoco aplica. Su compromiso de mejorarle al San Vicente el flujo de fondos del día a día suscrito en noviembre pasado, se ha traducido en disminución sostenida de los mismos.
Ahora les propone a clínicas y hospitales endeudarse para remediar la iliquidez que los paraliza. En lugar de obligar a las EPS a honrar sus deudas con ellos, blinda las arcas de Alí Babá y convierte a los acreedores en deudores: lejos de entregarles lo que en sana ley les corresponde –dineros de los colombianos sustraídos con dolo por las EPS– les deja el hueco y lo agranda. Al parecer, cocina el funcionario decretos para negarle la salud (¡y la vida!) a quien no se afilie al sistema. Y para forzar a los ya afiliados a renovar contrato con las EPS, dizque en vista de un nuevo pacto social que estafará al ciudadano, le conculcará derechos adquiridos y le mezquinará los servicios de salud hasta la inopia. Burlando la Ley Estatutaria y su consagración de la salud como derecho fundamental, desafía el ministro a la sociedad y se insubordina contra el orden constitucional desde la entraña misma del poder.
El San Vicente simboliza la crisis hospitalaria del país y es a la vez emblema de tantas IPS que descuellan. Hace 51 años practicó el primer implante de mano en el continente. David Acevedo, el campesino intervenido, sigue labrando a dos manos su parcela. La comunidad científica del mundo registró la hazaña con asombro. Y las que le siguieron: trasplantes de riñón, de hígado, de tráquea y el impensable de intestino. Hace una década sorprendió con el trasplante de un hígado partido en dos, para sendos beneficiarios. Referente de innovación científica en Colombia y afuera, la institución vuelca su saber sobre la población olvidada. “Así enfrentamos –dice el doctor Toro- el binomio más difícil del ser humano: la compleja enfermedad y la profunda desprotección”. Anverso de esta divisa, la ruindad del Gobierno que asfixia a este hospital y a cientos más en el país.