Los Nule son migaja en sólo uno de los 35 frentes de contratación que el “gobierno en la sombra” de Samuel Moreno habría abierto para robarse a Bogotá. En informe que hará historia, revela Semana la inmensidad del latrocinio, a cuya cabeza se habría puesto por vez primera el alcalde mismo de la capital. Una junta secreta administraba desde Miami el saqueo a 35 entidades o contratos, de cuyo valor se extraía hasta la mitad. Mordidas había para los contratistas, mientras éstos les garantizaran su porcentaje a los hermanos Moreno. El contrato de recaudo del Sistema Integrado de Transporte, negocio de 64 billones, dejaría mordida de 56 millones diarios para los Moreno y Tapia durante 16 años. Un edificio en Miami que aquellos compraron en remate por US25 millones representaría sólo el 5% del “producido” de Bogotá. Con la plata de los bogotanos se enriquecieron hampones de la empresa privada, y de la gama entera de los partidos.
Muestra al canto, la Fiscalía indaga a 17 concejales de todo el espectro político: 6 de la U, 3 de Cambio Radical, 2 del Polo, 2 del Partido Liberal, 2 verdes, 1 del PIN y otro del partido Conservador. Queda su autoridad en entredicho para ejercer control político sobre el gobierno distrital. La oposición en el Concejo al proyecto de endeudamiento del Distrito sin cuyos recursos se paraliza el desarrollo de Bogotá huele a retaliación contra Petro, por su espantable denuncia del cartel de la contratación. Huele a revanchismo contra la persona del burgomaestre, así apareje boicot a obras indispensables para desatascar el tráfico de la ciudad. De tal envión obstruccionista se infieren a la vez la dimensión del desafuero y la talla de la muralla que la derecha le levanta a una opción progresista. Los errores de Petro y su agreste personalidad le vienen a aquella providencialmente para tenderle la encerrona, cuando la campaña electoral despega y más de uno teme ir a la cárcel.
Va in crescendo la campaña. Informa La Silla Vacía sobre reunión de concejales de Cambio Radical en casa de Julio César Argote –uno de los investigados- para improbar el proyecto de endeudamiento, o cercenarlo. “No podemos permitir –se dijo- que con recursos públicos haga Petro sus dos campañas: la de la presidencia, y otra para evitar que lo revoquen”. Lo que en cristiano significa: si una buena alcaldía le da prestigio a Petro, entonces mejor que se hunda la ciudad. Mezquindad comparable a la de sus colegas que se habrían robado los recursos de la salud en Bogotá.
Frente jugosísimo del asalto a la capital fue el de los hospitales, que concejales habrían exprimido hasta la última gota de sangre. Consistía el negocio en inflar astronómicamente los gastos, y en construir nuevos hospitales donde la sisa podía llegar al 30%. Según el informe de marras, así se habrían repartido en Bogotá: el hospital de Kennedy para el concejal José Juan Rodríguez, el de Santa Clara para Jorge Salamanca, el de San Rafael para Jorge Durán, los de Chapinero y Fontibón para Andrés Camacho, el de San Blas para Darío Fernando Cepeda y el de Meissen para el ex secretario de Salud Héctor Zambrano.
Los contratos de servicios pasaron en la capital de 12 mil a 38 mil entre 2010 y 2011. ¿Acaso esta explosión de nómina paralela reblandeció el espíritu crítico de los jefes del Polo hasta provocar, incluso, su ruidosa defensa del ya cuestionado alcalde que lo eximía de toda responsabilidad política? Aquellos dirigentes les deben explicaciones al país y a sus prosélitos por alcahuetear los presuntos delitos de un mandatario que gobernaba en nombre de su partido. Y si es su divisa unir fuerzas para el cambio, urge su repudio sin atenuantes a la cleptocracia de Samuel.