Hace 31 años desapareció la Guerra Fría bajo los adoquines del muro de Berlín. Pero la caverna no abandona en Colombia el señuelo de la lucha de clases, rojo Lucifer dirigido contra la democracia, la propiedad, el mercado, la armonía laboral y la religión. Cuando aquella derecha irredenta es mandacallar en la lucha contra los oprimidos, en el proyecto que les hurta el pan, los humilla, los acorrala a coces o los mata. Y al primer amago de protesta pone el grito en el cielo, cierra filas tras el patriota de turno y vocifera “¡azuzan la lucha de clases!”.
Grito de guerra que parte del notablato antioqueño pone en boca de su estafeta, Federico Gutiérrez, para desconceptuar al alcalde Quintero, acusado de petrista de la odiada Bogotá, usurpador del gobierno corporativo de EPM. Empresa gloria de la comarca encarnada en prohombres que se cuidan celosamente de responder si por incuria o de mala fe avalaron obras en Hidroituango que a la ciudadanía le representarán pérdidas faraónicas. Hueco el señalamiento del exalcalde Gutiérrez, pues no logra tapar la pepa de la crisis en EPM: el ruidoso silencio de la junta renunciada, de los alcaldes y gerentes que la acompañaron en la dirección de la empresa cuando incurrió en pérdidas astronómicas, así en la construcción de la presa como en proyectos anteriores. Sólo en dos de ellos, Porce lll y Bonyic, hubo sobrecostos cercanos a los $4 billones, con los mismos constructores convocados hoy a conciliación por el desastre de Hidroituango. Los pasivos de EPM habrían pasado de $2,6 billones a $33,6 billones.
Grito de guerra, “¡es la lucha de clases!”, que bodegueros del uribismo enrostran a quienes critican la jerarquía de prioridades del Gobierno que entrega a una empresa extranjera y corrupta, Avianca, abultados recursos negados a las mipymes desfallecientes o a los 13.800.000 colombianos que según el DANE llevan meses sin recibir ingresos.
Contrasta violentamente la largueza de este gobierno para proteger (sin garantías cantadas) el monopolio de Avianca con su mezquindad para auxiliar a los millones de desempleados adicionales y de vulnerables que tornaron a la pobreza y llevan meses viviendo del aire. Ni renta básica, ni crédito a quienes más lo necesitan, ni plan de choque para crear empleo, ni préstamo directo del Banco de la República que la oposición ha propuesto desde el comienzo de la pandemia y ahora también la Andi para paliar el hambre y reanimar la economía. Es que el Gobierno cree reactivarla desde la oferta, no desde la demanda: no solventa a los consumidores. ¿Con qué podrán ellos comprar los productos ofrecidos? Acaso sospeche Duque que la pregunta encubra la lucha de clases.
Torva intención del mismo jaez tendrían también los inconformes con “la más agresiva reforma laboral y pensional de los últimos 30 años”, según la CUT, tramposamente publicitada como piso de protección social. El proyecto abre puertas a la precarización del trabajo y cercena derechos irrenunciables del trabajador. Y la consigna coloniza territorios insospechados: Santiago Pérez, abogado de la universidad Sergio Arboleda, acusa a Salomón Kalmanovitz de promover la lucha de clases porque el historiador recuerda la desapacible condición de hacendado esclavista que defendió a bala la institución de la cual derivó su fortuna, y dio nombre a ese centro académico.
Sí, hay lucha de clases en Colombia, opresión organizada desde arriba sobre mayorías atropelladas, maniatadas, embozaladas. De momento, es la élite de derecha en el poder la que despliega múltiples formas de lucha contra las clases populares: desde violencia económica hasta tolerancia con masacres. La inversión del discurso es conocida picardía de propaganda política.