Cuando todo se vio perdido y mostró la guerra sus fauces otra vez, un como instinto de vida despertó. Se alzó la sociedad para exigir su puesto en decisiones de vida o muerte que la convocan hoy. Y para augurar, quién quita, nuevas formaciones políticas que abran el abanico del pluralismo y desborden la degradación de los partidos que dominan en Colombia. Riadas de marchantes clamaron por revisar de consuno y sin demora el Acuerdo de paz; marginaron a los políticos por su inutilidad en causas nobles, y por la vileza de otros que se impusieron en las urnas mediante sórdida campaña de mentiras. Al adalid de la guerra perpetua se le insubordinó la gente: la amordazada; la esperanzada; la desentendida; la que creyó con fe de carbonero que Uribe renegociaría el Acuerdo de La Habana pero lo vio, atónita, repetir sus exigencias de siempre, para dinamitar la paz.
Podrá aventurarse con la periodista Marcela Osorio que quizá se esté marcando un punto de inflexión en la sociedad colombiana. Con reanimación de la ciudadanía, unión de fuerzas sociales y creación de escenarios de debate en plazas, auditorios, universidades, periódicos, cabinas de radio e internet. Víctimas, indígenas, afrocolombianos, minorías LGBTI, empresarios, académicos y estudiantes convergen en la necesidad imperiosa de allegar consensos entre favorecedores y críticos del acuerdo suscrito con las Farc, bajo una divisa común: desempantanar la paz que por indolencia se nos escurría de las manos, y sepultar al monstruo que puja por devorarse a otros 300.000 colombianos.
Bien equipado de propuestas anda el movimiento social. La Federación de Estudiantes Universitarios, verbigracia, promotora de las marchas que el país no olvidará, pide participación de la sociedad civil en las sesiones de renegociación del Acuerdo, mientras promueve movilización deliberativa en otros ámbitos. Reivindica a las víctimas como centro del Acuerdo Ya, mantener el cese el fuego, superar la polarización; concebir las propuestas como un avance, no un retroceso en lo acordado ya; no negociar la verdad; impedir la transformación del diálogo nacional en “conversación entre caballeros” de canapé republicano. Y no conceder una vida más a los violentos. Declara María Alejandra Rojas, dirigente de la FEU: “la articulación de la paz no termina en la firma del Acuerdo, es allí donde comienza; así, nuestro trabajo seguirá”.
Por su parte, el cabildo abierto, creado por la Carta del 91, ofrece escenario sin par para discutir cambios y ajustes al convenio de La Habana. Convocado por el 0,5% de electores, podrá pedirle al Concejo municipal considerar peticiones de la ciudadanía, y el Congreso, reconocerles fuerza vinculante a las deliberaciones populares de estos cabildos. A la larga, podrán ellos implementar también los planes de desarrollo con enfoque territorial que el Acuerdo de paz contempla.
A la luz de los cambios posibles que dirigentes del No han formulado, tres condiciones vitales tendrán que ceder las Farc. Definir condiciones de privación de libertad para para sus responsables de crímenes atroces, restringir su participación en política mientras pagan pena, y reparar con dinero propio a las víctimas. No sorprendería que fuera Uribe el único líder del No en desechar esta salida. Acaso prefiriera seguir jugándose su suerte en cruzada interminable contra la paz, así se aprobara un acuerdo reformado con las Farc. Claro, le asistiría el derecho de seguir apadrinando la opción de ultraderecha, bien trajeada en su gobierno de ocho años. Mientras no acuda a la combinación de formas de lucha que le daría a su oposición rango de subversión armada contra el Estado de derecho, y sería antípoda de la rebelión de las masas depurada en movimiento democrático.
